Sin derechos para la niñez, no hay humanidad para nadie
El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos recuerda la adopción de la Declaración Universal de 1948, pero también —y sobre todo— la urgencia de revisar qué tan real es ese compromiso en la vida de millones de personas. Este año, bajo el lema global “Nuestros derechos cotidianos”, la reflexión nos invita a mirar no solo las grandes causas universales, sino los derechos que deberían acompañar a cada persona en su día a día. Y si hablamos de lo esencial, entonces no hay mejor lugar para empezar que en la infancia.
Las niñas, niños y adolescentes representan casi un tercio de la población mundial. lo que subraya su peso demográfico y la responsabilidad global de garantizar su bienestar. En México, de acuerdo con el INEGI, hay 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, cerca del 30 % de la población nacional.
Sin embargo, su realidad evidencia que los derechos humanos no se ejercen plenamente desde el inicio de la vida. La violencia, la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la falta de condiciones dignas continúan marcando la experiencia de millones de niñas y niños. En un mundo que se declara defensor de la dignidad humana, las vulneraciones hacia los derechos de la niñez y adolescencia siguen siendo una contradicción inaceptable.
Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 1959 y fortalecida con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, establece principios fundamentales: el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; a un nombre y una nacionalidad; a la protección contra el maltrato; a la educación; a la salud; al juego; a la participación, y a crecer en entornos seguros y amorosos. Este marco normativo, aceptado prácticamente por todos los países del mundo, establece que la infancia es un grupo prioritario y que su bienestar debe ser una responsabilidad compartida entre Estado, familias y sociedad.
Pero los derechos, como recordamos cada 10 de diciembre, no se garantizan solamente declarándolos. Se necesitan políticas, recursos, instituciones fuertes y una profunda convicción social. Es así que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado este año: los derechos humanos deben estar al centro de cualquier política o respuesta pública. Y, en ese sentido, las niñas y los niños deben estar aún más al centro. No hay verdadera política de derechos humanos si las experiencias de la niñez quedan relegadas.
En Save the Children lo vemos cada día: cuando una niña puede ir a la escuela sin miedo; cuando un niño recibe atención emocional después de vivir violencia; cuando una familia accede a oportunidades para dar a sus hijos una vida digna; cuando un adolescente encuentra información confiable sobre salud mental; cuando una comunidad trabaja para erradicar prácticas dañinas normalizadas. Todos estos logros no son abstractos: son la materialización concreta de los derechos humanos en la vida cotidiana.
Niñez en desventaja
Pese a los avances legales, la realidad nos obliga a reconocer que la niñez sigue siendo uno de los grupos más vulnerados.
En México, millones de niñas y niños viven en condiciones de pobreza; muchos experimentan violencia física o psicológica en el hogar; otros enfrentan barreras para acceder a servicios básicos de salud, educación o protección. A nivel global, se estima que millones de niñas y niños viven en zonas de conflicto; las migraciones forzadas alcanzan cifras récord; la crisis climática amenaza directamente su futuro, y las desigualdades digitales amplifican brechas de aprendizaje.
Estos desafíos no son nuevos, pero se multiplican en el siglo XXI. Hoy, garantizar los derechos de la niñez exige atender dimensiones que en 1948 ni siquiera podía imaginarse: el derecho a la privacidad digital, la protección frente a desinformación y discursos de odio, los riesgos tecnológicos, las crisis ambientales, las epidemias globales y la creciente desigualdad estructural.
Hay muchos problemas que afectan a la niñez, pero el más grave es que no se les considera un grupo prioritario. Con frecuencia, los derechos de niñas y niños se ven como un tema complementario y no como el eje que debe guiar las decisiones públicas. Se habla de infraestructura, seguridad o crecimiento económico sin reconocer que ninguna política será sostenible si no prioriza a la niñez y adolescencia. Entre más temprano se vulneran los derechos de una persona, mayores son los efectos acumulados a lo largo de su vida.
Poner a la niñez en el centro
Poner a la niñez en el centro implica reconocer que el bienestar de las niñas, niños y adolescentes no es un tema secundario ni accesorio, sino un indicador esencial de la salud democrática, social y económica de un país. Significa entender que no basta con garantizar su supervivencia: es necesario asegurarles condiciones reales para desarrollarse plenamente, libres de violencia y con oportunidades equitativas sin importar su origen, contexto o condición.
También supone asumir que las decisiones públicas —el presupuesto, las leyes, los programas y las prioridades del Estado— deben partir de su perspectiva. Cuando las políticas se diseñan pensando primero en la niñez, se fortalecen las familias, las comunidades y el futuro común. Y, sobre todo, implica reconocer que cada acción u omisión del mundo adulto impacta de manera directa en su presente y en su futuro, por lo que protegerles y escucharles no es una concesión, sino una responsabilidad ética impostergable.
Un compromiso impostergable
Cada año, el Día de los Derechos Humanos pretende recordarnos que la dignidad humana es —o debería de ser— universal. Pero este recordatorio no puede ser retórico. Si realmente creemos en la esencia de la Declaración Universal, tenemos que empezar por asegurar que todas las niñas y niños vivan en entornos que les permitan desarrollarse plenamente.
Esto no es solo un principio moral: es una decisión estratégica. Las sociedades que cuidan a sus niñas, niños y adolescentes garantizan su propio futuro. Invertir en educación, protección, salud mental, bienestar económico y prevención de la violencia es invertir en estabilidad, productividad y cohesión social.
Hoy, la pregunta central no debería ser “¿qué conmemoramos este 10 de diciembre?”, sino “¿qué estamos dispuestos a transformar para que los derechos humanos se vivan desde la niñez”. Porque cuando un país protege a sus niñas y niños, está protegiendo su humanidad.
En Save the Children México reafirmos este compromiso todos los días: seguir trabajando, con evidencia y desde el terreno, para que cada niña, niño y adolescente viva sus derechos no solo como un ideal, sino como una experiencia cotidiana.
Porque los derechos humanos empiezan en la niñez. Y es allí donde también debe empezar la justicia.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Cuál es la capacidad militar de Venezuela y cómo puede responder a un eventual ataque de EE.UU.
- Así es el USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo que EE.UU. envió a las costas del Caribe y que costó US$13.000 millones
- “EE.UU. pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela”: la carta que Maduro le envió a la OPEP denunciando la amenaza militar de Washington
