EU nombra nueva jefa de misión diplomática para Venezuela en medio de diálogos y tensiones tras captura de Maduro
Estados Unidos designó este jueves a Laura Dogu, como nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, en un proceso para restablecer sus relaciones bilaterales tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro.
Washington y Caracas avanzan hacia la reanudación “gradual” de sus relaciones, rotas desde 2019, en la Venezuela pos-Maduro, de la que el presidente Donald Trump dice estar a cargo.
Delcy Rodríguez asumió el poder en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, de quien era vicepresidenta.
Desde entonces, dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y liberación de presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares.
Laura Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo condición de anonimato.
Era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015. Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.
Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.
Trump tiene en buena estima a Delcy Rodríguez e incluso invitó a la mandataria a una reunión en Estados Unidos, en una fecha por determinar.
La agenda de Rodríguez incluye una reforma a la ley de Hidrocarburos, que se tratará en primera discusión este jueves en el Parlamento venezolano con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.
En cuanto a la liberación de presos políticos en el país, la ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 detenidos, con 143 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el gobierno anunció un “número importante” de liberaciones.
“Lucha estoica”
En la madrugada del jueves, las autoridades venezolanas excarcelaron al yerno de Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.
Rafael Tudares está casado con una de las hijas de González Urrutia, candidato en las presidenciales del 28 de julio de 2024 en lugar de la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada para participar en los comicios.
Maduro fue proclamado reelecto por las autoridades. González Urrutia partió al exilio en España y denunció fraude. Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia.
Tudares fue luego detenido el 7 de enero de 2025 por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela. Fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El exrival de Maduro calificó el fallo de “represalia”.
“Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, escribió Mariana González en X.
“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año”, añadió.
González Urrutia dijo en X que la excarcelación de su yerno “refuerza” sus pedidos por “la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”.
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El proceso avanza a cuentagotas. Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.
También Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, así como el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.
“Sin temor alguno”
Rodríguez está en teoría encargada del gobierno hasta el regreso de Maduro, preso en Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.
La Constitución estipula que gobernará hasta por seis meses, cuando deben convocarse nuevas elecciones.
La nueva presidenta, sin embargo, ha tomado rienda total del gobierno. El miércoles reestructuró los mandos militares, con el nombramiento de generales para 12 de las 28 comandancias regionales en todo el país.
La mandataria ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.
Trump dijo el miércoles en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy, muy listos”, en referencia a Rodríguez, y la Casa Blanca anunció una visita de la presidenta en una fecha aún por definir.
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“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades”, dijo el miércoles Rodríguez sin referirse a la invitación.
Venezuela es, de igual modo, aun el principal aliado de Cuba. En una llamada con Rodríguez, el presidente Miguel Díaz-Canel le manifestó el “respaldo” de La Habana, según un posteo en X este jueves.
La mandataria sigue bajo sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.
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Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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