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Agenda ICERO: impunidad en la mira

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El cálculo presentado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, respecto a la composición de la Cámara de Diputados según el cual a Morena y sus aliados les corresponden 366 escaños, reabre la discusión de la <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/elecciones-2024/2024/6/7/chocan-en-el-ine-por-sobrerrepresentacion-de-morena-aliados-en-el-congreso-330592.html" target="_blank" rel="noopener">sobrerrepresentación política en México.</a>
Esta estimación representa el 73% de los curules, cuando el porcentaje de votos obtenidos en conjunto fue del <a href="https://computos2024.ine.mx/diputaciones/nacional/partido-politico-candidatura-independiente" target="_blank" rel="noopener">54.7%</a>. Esto significa que de mantenerse esta asignación de escaños, la coalición Sigamos haciendo historia tendrá una sobrerrepresentación del 19%, cuando la Constitución establece el límite en 8%. 
Para entender cuál es el dilema al que se enfrentan el INE y el Tribunal Electoral, y cuáles son los factores a considerar al interpretar la Ley, creemos que es importante dar un paso atrás y recordar el propósito del Poder Legislativo.
<h2>Contexto histórico</h2>
La Constitución política de México establece un sistema presidencial que adopta el principio de división de poderes. Esto significa que nuestro diseño institucional implementa un sistema de frenos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con el objetivo de limitar la acumulación del poder político. 
En este entramado institucional, el Poder Legislativo no sólo es el encargado de aprobar leyes, sino que en todo tiempo va a fungir como representante de la voluntad ciudadana. 
Debido a ello, en nuestro país ha existido una lucha durante décadas para que el Congreso de la Unión tenga una conformación multipartidista, y por ende, represente distintos grupos de la sociedad.
Durante los años sesenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) detentó la representación de la mayoría. En esta época, el Congreso estaba conformado únicamente por aquellos diputados que obtenían más votos en el distrito en el que compitieron, es decir, solo había diputados de mayoría relativa. 
El resultado de este diseño institucional fue que los espacios disponibles para diferentes grupos minoritarios eran inexistentes, pues el partido hegemónico obtenía la mayor cantidad de escaños. 
Si bien, el resto de los partidos llegó a tener escaños de mayoría relativa bajo este sistema, tal modelo obstaculizó la representación de las minorías partidistas en la toma de decisiones. Al otorgar el escaño únicamente al partido victorioso, los intereses del sector de la ciudadanía que no había votado por el partido hegemónico no eran atendidos. Así, la composición de la Cámara no representaba necesariamente la voluntad de la ciudadanía. 
Tras el aumento de movimientos sociales y la clara falta de representación en el partido hegemónico de ese entonces, la reforma electoral de 1963 creó la figura denominada “Diputados de partido”. 
Este nuevo concepto le daba cinco diputados a aquellos partidos que obtuvieran un mínimo de 2.5% de la votación. Además, con este régimen se le otorgaba un diputado más por cada medio punto porcentual a los partidos, teniendo como límite 20 diputados de partido. 
Si bien esta reforma abrió un espacio para que existiera mayor participación por parte de otros partidos políticos, fue hasta 1977 que los llamados diputados de partido aumentaron. 
A partir de ese año los ahora llamados diputados de representación proporcional aumentaron a 100 y los diputados de mayoría relativa a 300. Además bajó a 1.5% el porcentaje mínimo para obtener diputados de representación proporcional. 
Estas modificaciones constitucionales contribuyeron de manera sustanciosa a la inclusión de las minorías en el Congreso. Sin embargo, tras su implementación, la mayoría del PRI en el Congreso se sostenía. En 1986 se introdujo una nueva reforma para aumentar de 100 a 200 los diputados de representación proporcional.
Diez años después, tras la demanda ferviente de los partidos minoritarios por tener más escaños, se introdujo la cláusula constitucional de sobrerrepresentación para quedar de la siguiente manera:
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; 
Estas dos fracciones del artículo 54 fueron el resultado de décadas de lucha para conformar un congreso realmente representativo.  
La siguiente gráfica ilustra el proceso paulatino de construcción del pluralismo democrático en el Congreso mexicano, hasta la actual legislatura.
<figure id="attachment_1416966" aria-describedby="caption-attachment-1416966" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-1416966" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/representacion-600x400.jpg" alt="Gráfica de representación en el Congreso " width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/representacion-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/representacion-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/representacion-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/representacion.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1416966" class="wp-caption-text">Gráfica de representación en el Congreso.</figcaption></figure>
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En la gráfica anterior podemos observar cómo los candados y reformas constitucionales sí abrieron paso a un sistema de mayor representatividad en México. Sin embargo, este avance parece estar en riesgo con la conformación del posible Congreso que se muestra en la siguiente imagen. 
<figure id="attachment_1416968" aria-describedby="caption-attachment-1416968" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-1416968" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/congreso-2024-600x400.jpg" alt="Congreso 2024" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/congreso-2024-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/congreso-2024-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/congreso-2024-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/congreso-2024.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1416968" class="wp-caption-text">Congreso 2024</figcaption></figure>
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Sin entrar en el dilema ya abordado por muchos especialistas sobre <a href="https://aristeguinoticias.com/1806/aristegui-en-vivo/enterate/ya-no-transfieren-votos-sino-curules-es-un-fraude-a-la-constitucion-jorge-alcocer-enterate/" target="_blank" rel="noopener">la transferencia de curules que maquinó Morena desde 2018</a>, la estrategia de este partido es obtener los escaños mediante diferentes partidos de la misma coalición. De esta forma,  no se llega a los máximos de representación permitidos constitucionalmente, pero se logra la obtención de la mayoría calificada. 
<h2>¿Qué hay detrás del dilema?</h2>
El futuro de la representación en México y con ello del sistema de frenos y contrapesos está en manos del INE, la institución encargada de interpretar si la transferencia de diputados entre partidos de una coalición contraviene o no lo que dicta la constitución. 
Habiendo expuesto la trascendencia histórica de los plurinominales en nuestro sistema democrático es relevante que el INE y, en caso de que se presente una impugnación, el Tribunal Electoral, se haga la famosa pregunta de juristas ¿Cuál es el espíritu de la norma? ¿Qué pretendió la legislatura al momento de regular la concentración de escaños en un solo partido? 
El dilema atendido con el cúmulo de reformas electorales de los años 60, 70 y 80, y que sigue teniendo relevancia, es el de la representación de la ciudadanía en el Congreso. Limitar el porcentaje de escaños que puede tener una fuerza política busca que los ciudadanos tengan una representación directamente proporcional a la preferencia que expresaron en las urnas. 
Si bien al momento de establecer la cláusula de sobrerrepresentación el término que decidieron emplear fue “Partido político”, la realidad es que la relevancia política que las coaliciones tienen hoy en día es mayor. Por ello es sumamente importante, al interpretar la ley, no atenerse estrictamente a la norma, sino considerar el espíritu de la misma y las consecuencias de su aplicación exacta. 
El debate sobre si en conjunto la coalición “Sigamos haciendo historia” debería o no conservar la sobrerrepresentación del 19% -hasta ahora estimada- reabre la discusión sobre la importancia de limitar la concentración de la representación en una única fuerza política. La confirmación de la composición del próximo Congreso debe tomar en cuenta que el potencial problema va más allá de sí hay o no un respaldo generalizado al movimiento político encabezado por la futura presidenta, sino que más bien el dilema de la sobrerrepresentación contraviene la igualdad de los votos.  La cláusula de sobrerrepresentación constituye uno de los pilares fundamentales para el sistema de contrapesos legislativo y su interpretación en el contexto de coaliciones partidistas debe buscar garantizar la mayor representatividad posible. 
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¿Cuál es el riesgo de la sobrerrepresentación? El dilema tras la elección de diputados federales

En nuestro país la lucha anticorrupción se ha vuelto un tema recurrente en la agenda pública desde hace décadas, sin que podamos identificar cambios sustanciales que permitan avizorar resultados tangibles a un problema persistente. A pesar de las diversas iniciativas implementadas y los recursos públicos invertidos, los resultados en la lucha anticorrupción siguen siendo limitados. Esto se debe a que muchas estrategias parten de supuestos idealistas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, ignorando la realidad de la corrupción e impunidad estructural que permea al país.
México se enfrenta a un problema persistente y creciente de corrupción e impunidad, arraigado en las estructuras del sistema. Las soluciones tradicionales han demostrado ser insuficientes. El nuevo gobierno, producto de un proceso democrático inédito y con un fuerte respaldo social, se encuentra en una posición privilegiada para impulsar una nueva agenda anticorrupción e integridad pública basada en soluciones innovadoras y de eficacia probada.
Un análisis crítico del enfoque anticorrupción actual revela una confusión fundamental sobre la víctima principal de este fenómeno. Si bien es cierto que la sociedad y la ciudadanía sufren las consecuencias de la corrupción, es el Estado quien resulta directamente perjudicado. Actos como el cohecho, el peculado o el desvío de recursos públicos impactan directamente al erario y la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. Un gobierno que entienda que cada peso desviado es un peso que no le permitirá cumplir con sus promesas, entenderá que la democracia requiere de agentes íntegros que cuiden al Estado, dentro y fuera de su estructura.
A partir de este planteamiento es que proponemos un enfoque que no traslade a la sociedad civil la carga de investigar y denunciar la corrupción, sino que contemos con mecanismos que, adicionalmente, empoderen a los agentes estatales íntegros y a aquellas personas que, desde el sector privado interactúan con el Estado, para actuar en su defensa con el respaldo de la ley y mediante procesos legales claros y con incentivos correctos. En este contexto, la figura del qui tam, proveniente del derecho anglosajón, ofrece una perspectiva valiosa y probada que debemos contemplar en nuestro sistema legal.
El qui tam es un modelo legal con una larga historia que permite a los delatores de irregularidades actuar en nombre del Estado para proteger los intereses de este en su nombre y representación. Lejos de ser considerados traidores, los delatores son vistos como héroes que ayudan a combatir la corrupción desde adentro. Este mecanismo legal ha sido particularmente exitoso en Estados Unidos, donde la False Claims Act ha sido una herramienta clave en la lucha contra el fraude al gobierno. Desde su reforma en 1986, se han presentado decenas de miles de demandas qui tam, resultando en la <a href="https://www.justice.gov/opa/pr/false-claims-act-settlements-and-judgments-exceed-268-billion-fiscal-year-2023" target="_blank" rel="noopener">recuperación de más de 75 mil millones de dólares para el erario público</a>.
La efectividad de este modelo se refleja en las recompensas otorgadas a los delatores, <a href="https://www.justice.gov/opa/media/1339306/dl?inline" target="_blank" rel="noopener">que han superado los 8 mil millones de dólares en total</a>. Estas recompensas, que suelen ser un porcentaje de los fondos recuperados, incentivan a las personas a denunciar actos de corrupción y contribuyen a la detección de fraudes que de otra manera podrían pasar desapercibidos.
A partir de un análisis detallado de este modelo tan exitoso, es que proponemos la adopción de un mecanismo de delatores de corrupción en México, inspirado en el modelo qui tam. Sin embargo, somos conscientes que el sistema jurídico e institucional mexicano tiene sus propias particularidades. Por lo tanto, no se trata de copiar el modelo estadounidense, sino de traducirlo y adaptarlo a la realidad mexicana.
En respuesta a la invitación de Impunidad Cero de construir soluciones concretas a problemas persistentes, nuestra propuesta incluye reformas constitucionales y legales, así como innovaciones en los ámbitos administrativo y penal. Específicamente, proponemos la creación de un procedimiento administrativo específico para delatores, que incluya medidas de protección y recompensas económicas para quienes denuncien actos de corrupción. En el ámbito penal, buscamos incorporar la figura de la acción penal por particulares delatores de hechos de corrupción en el Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiéndole ejercer la acción penal en casos de corrupción y recibir recompensas por su colaboración.
Consideramos que es el momento de revitalizar la lucha anticorrupción en México y que las propuestas de campaña en esta materia se hagan realidad. Nuestra aportación busca sumar a los esfuerzos existentes y contribuir a la construcción de un marco legal que permita superar la impunidad y la corrupción.
Invitamos a las y los lectores a profundizar en esta propuesta consultando el estudio &#8220;Propuesta de Mecanismos de Delatores de Corrupción en México&#8220;, publicado por Impunidad Cero y disponible para descarga gratuita <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=198&amp;t=propuesta-de-mecanismos-de-delatores-de-corrupcion-en-mexico" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
* Gastón Alberto Hinojosa García (<a href="https://x.com/gastonhinojosag" target="_blank" rel="noopener">@gastonhinojosag</a>) es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es asociado de las áreas de resolución de disputas y anticorrupción en Von Wobeser y Sierra; actualmente está en un secondment en Marval, O’Farrell y Mairal en Buenos Aires, Argentina. Dante Preisser Rentería (<a href="https://x.com/DantePreisser" target="_blank" rel="noopener">@dantepreisser</a>) es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.  Actualmente es Of Counsel en Brócoli Consultoría y Profesor Invitado de Derecho Administrativo en el Colegio de México.

Mecanismos de delatores de corrupción: un nuevo enfoque en la agenda de integridad pública de México

La violencia hacia las mujeres y niñas representa una de las violaciones más frecuentes, reiteradas y generalizadas de los derechos humanos a nivel global. Las mujeres viven bajo la amenaza constante de sufrir distintos tipos de violencia, que en su expresión más grave se materializa en el delito de feminicidio. La violencia feminicida es un reflejo de la compleja intersección entre la desigualdad de género, la impunidad sistémica y la falta de políticas eficaces.
Un recorrido por los periódicos locales nos da cuenta de diversos casos de feminicidio: el hallazgo de los cuerpos sin vida de <a href="https://la-lista.com/genero/2024/01/19/doble-feminicidio-en-tlalnepantla-autoridades-hallan-cuerpos-de-mujeres-en-refrigerador" target="_blank" rel="noopener">Salud y Aurora</a> en un refrigerador de Tlanepantla; <a href="https://aristeguinoticias.com/0712/mexico/hallan-muerta-en-ecatepec-a-yolotzin-enfermera-desaparecida-en-la-gam/" target="_blank" rel="noopener">Yolitzin</a>, una enfermera que fue encontrada sin vida en Ecatepec una semana después de ser reportada como desaparecida; <a href="https://www.infobae.com/mexico/2023/08/27/el-cuerpo-de-fernanda-abigail-reportada-como-desaparecida-en-leon-fue-localizado-sin-vida/" target="_blank" rel="noopener">Fernanda Abigail</a> fue reportada como desaparecida en León, Guanajuato, y días después vecinos la encontraron envuelta en bolsas negras, y un espantoso y nutrido etcétera.
En este contexto, el pasado 17 de enero el Gobierno federal publicó una <a href="https://twitter.com/GobiernoMX/status/1747670115200753740" target="_blank" rel="noopener">infografía</a> en la que se presume que entre 2018 y 2023 hubo una reducción del 38.6 % en la violencia feminicida. Sin embargo, la información ha sido presentada de manera engañosa.
Por un lado, en la gráfica presentada sólo se utiliza información de diciembre de cada año, no cifras del año completo. Además, aunque nos dicen que las cifras son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no especifican si retoman datos del número de víctimas o del número de carpetas de investigación.
<h2>Pero entonces, ¿hay o no una reducción de la violencia feminicida?</h2>
En Impunidad Cero nos dimos a la tarea de analizar la base de datos de víctimas publicada por el SESNSP para identificar si hay una disminución de las víctimas de feminicidio. Encontramos que si comparamos 2018 con 2023 pasamos de 919 víctimas de feminicidio a 848. La reducción es del 8 % no del 38.6 % como sugiere la información tergiversada.
La disminución en la tendencia de feminicidios muestra cambios pequeños que aún no sabemos si se van a sostener en el tiempo y no nos sirven para evaluar si la estrategia del gobierno ha sido adecuada.
Se deja a un lado el hecho de que aún existen problemas con la clasificación y reclasificación de las carpetas de investigación de los homicidios de mujeres, ya que los homicidios de mujeres se clasifican como no intencionales en mayor medida que los homicidios de los hombres a nivel nacional cerca del 55 % contra 32 %.
De igual manera, aunque desde 2015 la SCJN emitió una sentencia para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio, algunos casos siguen siendo investigados como homicidio doloso. <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&amp;t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-2022" target="_blank" rel="noopener">En 2021 sólo el 27 % de los homicidios intencionales se investigó como feminicidio </a><a href="#_ftn1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref1">1</a>.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1365030" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/Porcentaje-de-mujeres-victimas-de-homicidio-doloso-y-feminicidios.jpg" alt="Gráfica con el porcentaje de mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio por estado." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/Porcentaje-de-mujeres-victimas-de-homicidio-doloso-y-feminicidios.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/Porcentaje-de-mujeres-victimas-de-homicidio-doloso-y-feminicidios-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/Porcentaje-de-mujeres-victimas-de-homicidio-doloso-y-feminicidios-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/Porcentaje-de-mujeres-victimas-de-homicidio-doloso-y-feminicidios-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Estas deficiencias en el registro de la información guardan una relación importante con el origen de la cifra negra en feminicidios. Por eso, aunque puede parecer una buena noticia que haya 8 % menos víctimas, la realidad es que no podemos saber con certeza si esto se debe a una buena estrategia  de prevención de feminicidios, o si la estadística de incidencia delictiva simplemente no los está capturando apropiadamente.
No debemos minimizar la situación distorsionando la información, ya que puede mandarse el mensaje erróneo de que en México no hay una crisis de violencia de género, provocando que tanto autoridades como sociedad abandonen a las mujeres que se enfrentan diariamente a esta violación de sus derechos.
Máxime porque el Estado aún tiene una gran deuda en cuanto al esclarecimiento de casos de violencia feminicida. Desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal, menos de la mitad (43 %) de los feminicidios registrados han concluido en una sentencia condenatoria. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Dado el contexto electoral en el que nos encontramos, es importante recordar que seguimos necesitando una política de prevención y erradicación del feminicidio, y que necesitamos prestar atención a propuestas de campaña que apuesten por estrategias para reducir la impunidad. Tales como impulsar acciones de prevención de la violencia de género, fortalecer las capacidades de investigación de los delitos, promover alternativas al punitivismo y<a href="https://www.opinion51.com/invitada-itzel-actualizar-protocolos-feminicidio/" target="_blank" rel="noopener"> actualizar los protocolos de feminicidio en México</a>.
Si quieren conocer algunas recomendaciones puntuales, les invitamos a leer nuestro informe Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022 disponible <a href="https://www.impunidadcero.org/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="https://twitter.com/ImpunidadCeroMx" target="_blank" rel="noopener">@ImpunidadCeroMx</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Jáuregui, Helga y López Monserrat. Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio. Impunidad Cero, 2022. Disponible <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&amp;t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-2022" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ibídem.

¿Hay o no hay una reducción de la violencia feminicida en México?

En México los casos de desaparición constituyen una crisis humanitaria que va en aumento. Durante 2022 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) alcanzó la cifra récord de 9,068 personas desaparecidas y no localizadas. El 74 % de estos registros corresponde a hombres y el 26 % restante a mujeres.
Aunque existen esfuerzos impulsados por colectivos de familiares de víctimas de desaparición y por la sociedad civil, aún persisten carencias importantes para la atención de estos casos en el ámbito institucional. A casi 5 años de su entrada en vigor, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas (Ley General MDP) continúa sin ser plenamente implementada. Estas carencias resultan en falta de coordinación y respuesta por parte de algunas autoridades en casos de desapariciones.
Ante dicho panorama la crisis de desaparición en México continúa en aumento. Durante 2022 la tasa estatal promedio de hombres desaparecidos fue de 11 por cada 100,000 hombres, mientras que la tasa estatal promedio de mujeres desaparecidas fue de 3.36 por cada 100,000 mujeres. Además, de acuerdo con el Mapa de hallazgos de fosas clandestinas publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se estima que en México se han localizado 5,698 fosas clandestinas.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1349696" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/evolucion-en-el-numero-de-registros-de-desapariciones.jpg" alt="Gráfica con la evolución en el número de registros de desapariciones" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/evolucion-en-el-numero-de-registros-de-desapariciones.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/evolucion-en-el-numero-de-registros-de-desapariciones-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/evolucion-en-el-numero-de-registros-de-desapariciones-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/evolucion-en-el-numero-de-registros-de-desapariciones-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Frente al  incremento de delitos de desaparición y la persistente impunidad que dificulta la investigación, esclarecimiento y sanción de estos casos, México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos. Por esta razón, en nuestra más reciente investigación “Impunidad en Delitos de Desaparición” buscamos analizar con datos la impunidad considerando tanto delitos de desaparición forzada, como desaparición cometida por particulares.
<h2>Índices de impunidad en el fuero local y federal</h2>
A partir de solicitudes de información a los poderes judiciales estatales y federal, y retomando el cálculo de impunidad acumulada que desarrollamos en el informe sobre <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&amp;t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-2022">Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022</a> nos dimos a la tarea de medir la impunidad en casos de desaparición.  
En esta <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=196&amp;t=impunidad-en-delitos-de-desaparicion-en-mexico-2023">Impunidad en delitos de desaparición en México</a> encontramos que el número de sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares es mínimo en relación con los casos registrados en el RNPDNO. De 2019 a 2022 el RNPDNO registró 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares. Esto se traduce en que, en este periodo, la impunidad acumulada por ambos delitos de desaparición, en el fuero local, fue de 99.6 % a nivel nacional.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1349697" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/impunidad-acumulada-en-casos-de-desapariciones.jpg" alt="Gráfica con los datos de la impunidad acumulada en los casos de desaparición." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/impunidad-acumulada-en-casos-de-desapariciones.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/impunidad-acumulada-en-casos-de-desapariciones-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/impunidad-acumulada-en-casos-de-desapariciones-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/impunidad-acumulada-en-casos-de-desapariciones-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Si consideramos los casos atraídos por el fuero federal el panorama no es muy distinto. A nivel federal, de 2006 a 2022, la impunidad acumulada para los delitos de desaparición forzada de personas fue de 98.5 % y para los delitos de desaparición cometida por particulares fue de 100 %. Esto resulta en una impunidad acumulada global para ambos delitos del 99 por ciento.
<h2>¿Cómo llegamos hasta aquí?</h2>
Si bien los delitos de desaparición se encuentran tipificados en la Ley GMDP, en el país persisten problemas en la homologación de los tipos penales del delito de desaparición.
La Ley General es de aplicación en toda la república, sin embargo esta ley no obligó a los estados a eliminar sus propias regulaciones o suprimir los delitos de desaparición forzada en sus códigos penales. Incluso hubo estados que crearon leyes de desaparición estatales acorde a la Ley General. Lo que implica que la regulación de los tipos penales de desaparición se encuentre en varios ordenamientos distintos.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1349699" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/regulacion-de-tipos-penales-de-desaparicion.jpg" alt="Regulación de tipos penales en casos de desaparición." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/regulacion-de-tipos-penales-de-desaparicion.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/regulacion-de-tipos-penales-de-desaparicion-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/regulacion-de-tipos-penales-de-desaparicion-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/regulacion-de-tipos-penales-de-desaparicion-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
No todos los ordenamientos estatales coinciden con los tipos penales establecidos en la Ley General. Hay estados que sólo regulan la desaparición forzada y este tipo penal puede o no aplicarse a particulares y hay estados que sí poseen ambos tipos penales, es decir desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
Esta falta de uniformidad en los tipos penales repercute en la manera en que cada estado presenta sus cifras para estos delitos, pues no todos los estados las presentan bajo las dos tipificaciones establecidas en la Ley General.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1349701" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/leyes-estatales-de-desaparicion.jpg" alt="Mapa con las leyes estatales sobre desaparición." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/leyes-estatales-de-desaparicion.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/leyes-estatales-de-desaparicion-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/leyes-estatales-de-desaparicion-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/12/leyes-estatales-de-desaparicion-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
De manera similar, la figura de persona no localizada plantea una cuestión de profunda complejidad tanto en el ámbito legal como en el social. Según la Ley General, se define a una persona “no localizada” como aquella cuya ubicación es desconocida y cuya ausencia no guarda relación con la comisión de un delito. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Aunque dicha  definición parece sencilla, su aplicación encierra una serie de desafíos y contradicciones que repercuten directamente en los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus seres queridos.
A la complejidad de dicho panorama legal debemos agregar el rezago en materia de identificación forense. De acuerdo con el INEGI, el 37.5 % de los cadáveres y/o restos humanos recibidos por la FGR o alguna de las Unidades Estatales en 2022 no han sido identificados. Si bien existen esfuerzos importantes en el desarrollo de laboratorios de servicios periciales y/o servicios médico forense, estos no han sido suficientes. Sigue siendo necesario garantizar la asignación de recursos e implementar políticas públicas que garanticen el desarrollo de capacidades necesarias para el correcto ejercicio de las funciones de dichas instancias.
Esta investigación constituye un primer esfuerzo por cuantificar la impunidad para delitos de desaparición y por conocer el impacto de esta crisis humanitaria en México. Sin embargo, es importante destacar que la falta de transparencia en la información del RNPDNO dificulta la comprensión de la crisis de desapariciones en México, problema que se extiende a la contabilización y sistematización de las fosas clandestinas. Desde Impunidad Cero reafirmamos que la rendición de cuentas y transparencia son esenciales para garantizar la integridad de las investigaciones y búsquedas. Deseamos que todas las víctimas de desaparición en el país vean garantizado su derecho a ser buscadas, que haya reparación del daño, que se acceda a la justicia y que la sociedad mexicana conozca la verdad.
Consulta el informe completo <a href="https://www.impunidadcero.org/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Artículo 2. Fracción XVII. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

¿Qué hay detrás de la impunidad en delitos de desaparición?

En los últimos años han habido varios cambios en el sistema mexicano de fiscalización y rendición de cuentas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción buscó dotar a los ciudadanos de más herramientas para participar de manera activa en la lucha contra la corrupción.
En este camino, una de las grandes deudas ha sido la negativa de permitir que las y los ciudadanos se constituyan como víctimas en casos de corrupción.  El desconocimiento de esta calidad implica negarles el derecho a presentar pruebas, contar con acompañamiento legal, medidas de protección, reparación del daño y los demás contenidos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La exigencia de castigo y sanción de actos de corrupción que ha ejercido la sociedad civil ha venido acompañada de la solicitud ante los órganos jurisdiccionales del reconocimiento como víctimas para poder acceder a todos estos derechos  y participar en un proceso que realmente esté encaminado a no dejar impunes estos actos.  Sin embargo, la mayoría de las resoluciones niegan que exista este derecho.
<h2>¿Por qué se niega la calidad de víctima a quien denuncia corrupción?</h2>
En México todos los delitos protegen bienes y derechos, por ejemplo, el delito de homicidio busca salvaguardar la vida; el delito de lesiones, la integridad física; la violación protege la libertad sexual, etc. Para los delitos de corrupción se considera que el bien que se vulnera es el correcto funcionamiento de la administración pública y por lo tanto no se valora como un derecho de un particular o de la ciudadanía en general, sino que se considera una violación al estado mismo, a su manejo y funcionamiento.
En este sentido, si una persona acude a las Fiscalías  a denunciar actos de corrupción no será reconocida como víctima del delito, pues el estado en sí no considerará que sus derechos personales han sido dañados.
Este principio ha sido utilizado por distintos niveles del poder judicial y aunque sí existen autoridades que reconocen que las personas denunciantes sean consideradas como víctimas, como es el caso del J<a href="https://newsweekespanol.com/2022/02/juez-otorga-calidad-de-victimas-a-ciudadanos-de-aguascalientes-en-investigacion-caja-negra/" target="_blank" rel="noopener">uzgado Quinto de Distrito en Aguascalientes</a>, el criterio generalizado es no darles ese reconocimiento.
En febrero de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-11/221107-AR-162-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">Amparo en Revisión 162/ 2022</a> que no se pueden considerar como víctimas a las personas que hayan denunciado actos de corrupción. Esto, al estimar que la calidad de víctima sólo se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de tus derechos y como ya mencionamos, en los delitos de corrupción no se considera que se violen los derechos del denunciante, sino del Estado mismo.
<h2>Entonces, si los ciudadanos no podemos darle seguimiento a los casos de corrupción, ¿qué instituciones sí pueden?</h2>
De acuerdo al artículo 17 fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior de la Federación es la encargada de formular denuncias de hecho por las presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto. A su vez, el artículo 18 de fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de la Función Pública es la encargada de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas omisiones o delitos cometidos por servidores públicos
Por ello, las dos instituciones que por ley tienen derecho a denunciar y dar seguimiento a las denuncias de estos casos, son los organismos internos de control y los entes de fiscalización superior, que a nivel federal son la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). En estas instituciones se debe concentrar y consolidar la gran tarea de denunciar e impulsar los procesos penales para que se sancionen actos de corrupción y evitar su reincidencia.
<h2>Los resultados de la ASF y de la SFP en la investigación y sanción de actos de corrupción</h2>
En Impunidad Cero revisamos la información sobre las denuncias iniciadas por parte de las Entidades de Fiscalización Superior y el avance que tienen, lamentablemente el resultado fue que no sólo existen pocas denuncias, sino que no existen sentencias condenatorias por las irregularidades detectadas.  Las cifras tanto de ASF como de la SFP  muestran que ninguna de estas instituciones ha sido capaz de llevar a cabo esta tarea de manera óptima.
La SFP presentó sólo 173 denuncias en el periodo de 2015 a 2022 ante la FGR por irregularidades y posibles hechos de corrupción cometidos por servidores públicos. La institución con mayor número de denuncias de hechos es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 57 % de las denuncias de hechos registradas.   La irregularidad más común fue falsificación de documentos (27 %),  seguido de uso ilícito de atribuciones y facultades (23 %), peculado (12 %), cohecho (10.4 %) y ejercicio abusivo de funciones (10.4 %).
Pero la mayoría de estas denuncias aún se encuentran en proceso. El 58.4 % se encuentran en investigación, el 8.7 % están en trámite, en el  .6 % de los casos no se ha ejercido acción penal y sólamente el 32.4 % se han concluido. 
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Quizá el dato más grave es que de los procesos concluidos, no existe una sola sentencia condenatoria, el 85.5 % concluyó por no ejercicio de la acción penal, el 5.5 % fue archivado, el 3.6 %  finalizó por sobreseimiento, y solo en un caso se realizó un informe de presunta responsabilidad administrativa y un acuerdo reparatorio. 
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La situación para la Auditoría Superior de la Federación no es más esperanzadora, pues como revelamos en nuestra investigación “<a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=181&amp;t=datos-abiertos-de-fiscalizacion-para-el-combate-a-la-corrupcion" target="_blank" rel="noopener">Datos abiertos de fiscalización para el combate a la corrupción</a>”, la ASF presentó 962 denuncias de hechos relacionados con las Cuentas Públicas de 1998 a 2016 y de estas el 64.6 % se encuentran en integración, el 2.9 % se judicializaron, el 1.8 % tienen sentencia, y sólo en siete asuntos se condenaron los hechos, lo que equivale al .6 %.
Los ciudadanos y ciudadanas no tenemos derecho a darle seguimiento a las denuncias pero las instituciones encargadas de hacerlo, aquellas que se han apropiado del monopolio de la acción penal y de la participación en los procesos de denuncia, tampoco están haciendo su trabajo. El discurso de empoderamiento a la ciudadanía para que participe de forma activa en la lucha contra la corrupción debe venir acompañado de una mirada más amplia, aquella que nos permita intervenir en los procesos para que las denuncias de corrupción no sean sólo archivadas.
<a href="https://twitter.com/ImpunidadCeroMx" target="_blank" rel="noopener">@ImpunidadCeroMx</a>

Delitos de corrupción: el inquebrantable monopolio de la acción penal

Recientemente el gobierno de El Salvador anunció que <a href="https://www.seguridad.gob.sv/abril-2023-el-mas-seguro-de-la-historia/" target="_blank" rel="noopener">abril de 2023 fue el mes más seguro</a> en la historia del país. El comunicado señala que durante 24 días se registraron cero homicidios y que 9 de cada 10 homicidios que ocurrieron ya fueron resueltos. Esto puede generar la falsa percepción de que su estrategia de seguridad es un ejemplo para el resto de los países de la región, especialmente si recordamos que hasta hace algunos años El Salvador era <a href="https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/Global-Peace-Index-Report-2015_0-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">uno de los países más violentos</a> de América Latina y que apenas en 2019 registró el <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/27/suman-62-asesinatos-dia-mas-violento-gobierno-nayib-bukele-orix/" target="_blank" rel="noopener">día más violento </a>en 20 años.
Las acciones de seguridad implementadas en El Salvador son resultado del <a href="https://elfaro.net/es/202303/el_salvador/26785/Un-a%C3%B1o-de-r%C3%A9gimen-de-excepci%C3%B3n-se-consolida-un-estado-militar-y-policial.htm" target="_blank" rel="noopener">régimen de excepción</a> que se impuso luego de que se diera a conocer (y se rompiera) un <a href="https://elpais.com/internacional/2021-12-08/ee-uu-sanciona-a-dos-funcionarios-de-bukele-por-las-negociaciones-encubiertas-con-las-pandillas-salvadorenas.html?event_log=oklogin" target="_blank" rel="noopener">pacto entre el gobierno y grupos criminales</a>. En este contexto de suspensión de derechos y de publicación de decretos para reformar el sistema de justicia del país, se inauguró el “<a href="https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2023-02-03/mega-carcel-para-pandilleros-genera-polemica-en-el-salvador" target="_blank" rel="noopener">Centro de Confinamiento del Terrorismo</a>”, un complejo con capacidad para albergar cerca de 40 mil personas. Sin embargo, <a href="https://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26318/los-expedientes-ocultos-del-regimen-cientos-de-arrestos-por-nerviosismo-y-ficha-policial" target="_blank" rel="noopener">detrás del desmantelamiento de pandillas </a>en realidad hay una aplicación discrecional del régimen de excepción, detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso.
Si bien el <a href="https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights" target="_blank" rel="noopener">Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos </a>de Naciones Unidas contempla la posibilidad de establecer la suspensión de derechos en casos de emergencia, la excepción debe ser temporal y no debe estar fundada en motivos de discriminación. Contrario a estas obligaciones internacionales <a href="https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/04/el-salvador-state-emergency-systematic-human-rights-violations/" target="_blank" rel="noopener">se han documentado</a> detenciones basadas en la apariencia, así como casos de tortura, desaparición y muerte de personas bajo custodia del estado. Estas violaciones a los derechos humanos ponen en evidencia que en El Salvador no hay programas de prevención y que no hay una ruta clara en su estrategia de seguridad para dar fin al régimen de excepción.
Pero el problema no sólo es de El Salvador. Entre 2010 y 2020 la <a href="https://blogs.iadb.org/ideas-matter/en/how-to-reduce-imprisonment-in-latin-america/" target="_blank" rel="noopener">población penitenciaria en América Latina se incrementó </a>en un 76 % debido al aumento en arrestos, condenas asociadas a delitos no violentos relacionados con drogas (como posesión), e incremento en la duración de las penas. Latinoamérica no sólo ha apostado por el punitivismo, sino que lo ha hecho mediante <a href="https://www.cambridge.org/core/books/abs/prisons-and-crime-in-latin-america/justice-institutions-in-latin-america-the-arrest-and-convict-machine/13A0AF9F642CCFB6199F8F54B316A54E" target="_blank" rel="noopener">sistemas de justicia </a>tan frágiles que dependen de la flagrancia, las confesiones (usualmente obtenidas en condiciones ilegales), obstáculos a la defensa efectiva y corrupción, resultando en tasas altas de encarcelamiento.
<h2>El uso de la prisión en México</h2>
México no se queda atrás en el uso excesivo de la prisión. En 2020, en promedio 300 personas al día fueron encarceladas y el 85 % de las personas que ingresaron a los centros penitenciarios <a href="https://front.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/" target="_blank" rel="noopener">no tenían una sentencia</a>. Además, se han denunciado las <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/RuleOfLaw/OverIncarceration/CNDH_Mexico.pdf">condiciones de hacinamiento</a> de la población penitenciaria en diferentes ocasiones y se ha documentado la forma desproporcionada en que el Covid-19 afectó a esta población, así como las deficiencias para <a href="https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Informe-COVID-ca%CC%81rceles-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">garantizarles atención médica</a>.
A pesar de las condiciones penitenciarias del país, en el reciente análisis sobre percepciones de impunidad que hicimos en Impunidad Cero evidenciamos la profunda aprobación entre los mexicanos de las sanciones punitivas. El 86 % de las personas entrevistadas en la Encuesta Ómnibus Nacional Académico (ONA) 2022 <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> estuvieron totalmente o algo de acuerdo con la frase “todos los delitos deben ser sancionados con cárcel” y 76 % con que todas las personas acusadas de un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si lo cometieron. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Esta puede ser una de las principales razones por las que las y los representantes optan por legislar soluciones basadas en <a href="https://elpais.com/mexico/2023-01-31/ciudad-de-mexico-busca-castigar-los-ataques-con-acido-a-traves-de-la-ley-malena.html" target="_blank" rel="noopener">tipificar nuevos delitos</a>, intensificar el uso de la prisión preventiva oficiosa o <a href="https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-capitalino-incremento-penas-y-sanciones-por-tala-arboles-3868-1.html" target="_blank" rel="noopener">aumentar las penas ya existentes</a>, lo que se le conoce como <a href="https://lr.law.qut.edu.au/article/download/39/38/39-1-78-1-10-20120525.pdf" target="_blank" rel="noopener">populismo punitivo</a>.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1296420" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2023/06/encuesta-sobre-delitos-y-carcel-600x382.jpg" alt="Encuesta sobre si todos los delitos se deben sancionar con cárcel" width="600" height="382" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/encuesta-sobre-delitos-y-carcel-600x382.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/encuesta-sobre-delitos-y-carcel-768x489.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/encuesta-sobre-delitos-y-carcel-1024x652.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/encuesta-sobre-delitos-y-carcel.jpg 1100w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<h2>Repensar otras formas de justicia</h2>
La aprobación generalizada de las sanciones punitivas recae en una visión de justicia punitivista o <a href="https://plato.stanford.edu/entries/justice-retributive/" target="_blank" rel="noopener">retributiva</a>. Bajo esta perspectiva, se considera que las personas que realizan actos ilícitos merecen sufrir un castigo proporcional. Es decir, se centra en el castigo al ofensor como <a href="https://newsroom.unsw.edu.au/news/business-law/do-harsher-punishments-deter-crime" target="_blank" rel="noopener">herramienta para disuadir</a>. Sin embargo, aunque tendemos a pensar todo lo contrario, la cárcel no es sinónimo de justicia, en realidad <a href="https://www.cambridge.org/core/books/abs/social-dominance/more-of-them-in-prison-the-better-institutional-terror-social-control-and-the-dynamics-of-the-criminal-justice-system/0A756307EC94DE94975BAE578795D10C" target="_blank" rel="noopener">perpetúa las desigualdades</a> y las medidas punitivas tienen un gran riesgo de terminar en violaciones a derechos humanos que no solucionan de fondo la situación de violencia e impunidad del país.
Por eso, tenemos que repensar la justicia. La justicia restaurativa permite un enfoque alternativo de justicia, centrado en reparar el daño a las víctimas y a la comunidad. Incluso, bajo esta concepción de justicia, nuestro sistema de justicia penal considera otras <a href="https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2021/09/Reporte-MASC_Final_Sept21_II.pdf" target="_blank" rel="noopener">soluciones alternativas</a> a los conflictos, como la reparación del daño o la mediación, medidas que han probado ser efectivas para acercar la justicia a las víctimas y despresurizar el sistema de justicia.
El caso de El Salvador pone de manifiesto lo atractivo de las sanciones punitivas para disminuir la inseguridad, pero también los riesgos de violaciones a los derechos humanos que estas medidas conllevan. En el contexto mexicano de instituciones débiles y una creciente militarización de la seguridad pública no podemos darnos el lujo de ignorar estos riesgos. Por eso, es más que necesario repensar la justicia. Aprobar el uso generalizado de sanciones penitenciarias en un país donde las instituciones de procuración de justicia tienen capacidades de investigar disminuidas, donde impera la impunidad, y donde hay un sistema penitenciario ineficaz, significa también aprobar el castigo y la violación sistemática de derechos humanos.
* Helga Jauregui (<a href="https://twitter.com/helga_jau" target="_blank" rel="noopener">@helga_jau</a>) es analista de datos en Impunidad Cero.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> La encuesta fue realizada por Data OPM entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 2022. Tuvo una muestra probabilística representativa con tamaño de 1,000 personas, esto quiere decir que los resultados obtenidos permiten generar estimaciones aplicables a mexicanos y mexicanas de 18 años o más.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Impunidad Cero, Percepciones de Impunidad 2023. Disponible <a href="https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/186/contenido/1687293262F23.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

La cárcel como castigo: aprendizajes para México desde El Salvador

En los últimos días hemos atestiguado las opiniones, tuits, reportajes y también memes sobre el juicio de Genaro García Luna. Los comentarios que más frecuentemente se han suscitado abordan la presentación de los testigos, la conformación del jurado y la mediatización del proceso, pero quizás una de las preguntas más importantes, es: ¿por qué el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está acusando al exsecretario de seguridad pública del sexenio de Felipe Calderón de recibir sobornos del narcotráfico?
¿Quién es Génaro García Luna y por qué su juicio resulta relevante? Referirnos a Génaro García Luna, implica hacer un viaje en el tiempo de más de tres sexenios atrás, pues su trayectoria institucional y política se remonta al gobierno de Ernesto Zedillo cuando se incorporó al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en donde permaneció alrededor de diez años. Después, su ascenso político lo llevó a sumarse a la Policía Federal Preventiva, en donde fue titular de la recién creada Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2001.
Durante el periodo de Felipe Calderón, García Luna tuvo más relevancia y poder, ya que fungió como secretario de Seguridad Pública. Dicho poder se extendería más allá del gobierno mexicano, ya que también se reflejó en los tratos y cercanía con las agencias antidrogas, de inteligencia y de armas de Estados  Unidos.
<h2>¿Por qué se encuentra en juicio?</h2>
Tras varios señalamientos de haber incurrido en actos de corrupción, entre los que destacan una denuncia por parte de Javier Herrera Valles, el excoordinador de la Policía Federal, García Luna fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de proteger y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa mientras fungía como funcionario en el gobierno de Felipe Calderón. García Luna enfrenta tres cargos criminales por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, otro más por delincuencia organizada también cometido en Estados Unidos y el último por haber mentido en una declaración a las autoridades norteamericanas  al momento de su arresto.
Recordemos que el sistema de justicia penal estadounidense es diferente al nuestro en varios aspectos. Si bien la reforma penal en México del 2008 buscó construir un sistema compuesto por reglas procesales de otros países, entre ellos de Estados Unidos, también se sumaron reglas de Argentina y Chile. Así, ambos ordenamientos comparten características como la oralidad, los actos tendientes a preparar el juicio, mecanismos para despresurizar el sistema de justicia, el otorgamiento de mayores facultades a la policía, la profesionalización de la investigación y del procedimiento penal, entre otras más.
Sin embargo, lo que quizás se observa más son las diferencias, entre las que resalta el performance legal, que involucra la sala de juicios y la teatralidad de las audiencias; tampoco cuentan con un código nacional que unifique los procesos como en el caso de nuestro país, esto implica que el proceso penal varía entre los estados y la federación. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
La competencia local o federal, es decir, qué autoridades investigarán y sancionarán, se determina dependiendo de la autoridad que haya emitido la ley que contiene el delito que se persigue. Si esta ley fue creada por el Congreso de los Estados Unidos, el caso será de conocimiento federal. En el caso de García Luna los delitos que le acusan son relacionados con el narcotráfico, un delito federal,  por esa razón la oficina que acusa es el Departamento de Justicia. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
El proceso penal federal en Estados Unidos inicia con la etapa de investigación, en la que pueden participar la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI); la Agencia Antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); el Servicio Secreto de los Estados Unidos (United States Secret Service, USSS) y la Oficina de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, DHS/HSI) <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> quienes investigan la existencia de un posible crimen. Una vez que obtienen evidencias acuden al órgano encargado de realizar la acusación, que en el sistema federal es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En el caso de García Luna la agencia que realizó la investigación fue la DEA, <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> y la acusación la está presentando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (que para efectos de la acusación podemos decir que es un símil de la Fiscalía General de la República en nuestro país). Para que el Departamento de Justicia obtenga una orden de arresto debe contar con elementos que indiquen que existe causa probable que la persona sospechosa cometió el crimen y acudir ante una persona juez ajena a la prosecución. Esta  orden debe ser otorgada por escrito. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
En México, los requisitos para  la tramitación de la orden de aprehensión son distintos: a) tiene que existir una denuncia o querella y b) que el hecho delictuoso tenga como sanción pena privativa de libertad. En el Amparo en Revisión 1090/2017 la primera sala de la SCJN resolvió que, conforme al sistema penal acusatorio, no es necesario que la resolución del juez de control, en la que se ordena la aprehensión de una persona, deba constar por escrito, ya que precisamente en la audiencia el juez de control de manera oral pronuncia su decisión.
Sin embargo, para llevarse a cabo la ejecución de la orden, el juez de control debe proporcionar una constancia que contenga:  a) los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral y b) la copia del audio y video de la audiencia relativa, que permitan a los elementos encargados de ejecutar la orden identificar plenamente a la persona imputada e inconformarse de la decisión que afecta su derecho a la libertad personal. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
En el caso de los Estados Unidos, una vez que sucede la detención, se llevará a cabo una audiencia muy parecida a la audiencia inicial que tenemos nosotros, en la que un juez (diferente a quien otorgó la orden de arresto) escucha la acusación y determina si se sostiene y también determina la medida cautelar que se le va a imponer a la persona acusada. Asimismo, se le pregunta por primera vez a la persona imputada si se declara culpable o inocente, tal como lo hemos podido ver en películas o series.
Posteriormente comienza la etapa de Discovery (descubrimiento), en la que tanto el Departamento de Justicia como la defensa se preparan para el juicio, en donde estudian y analizan el caso, hablan con testigos y preparan sus estrategias. Esto equivale, hasta cierto punto, a la etapa de investigación complementaria y la etapa intermedia en el sistema mexicano, que tienen como finalidad la preparación del juicio mediante la revisión de los elementos probatorios que se tienen, por ejemplo los testigos. Precisamente esto ha sido muy relevante en el juicio de García Luna, debido a que gran parte de la acusación se sostiene en los testigos protegidos con los que cuenta el Departamento de Justicia.
Previo a que se inicie el juicio se cuenta con la posibilidad de proponer un Plea Bargaining (acuerdo de culpabilidad), parecido a lo que ocurre aquí con el procedimiento abreviado, que es una forma de terminar el proceso de manera anticipada en la que la persona imputada acepta su responsabilidad en el hecho que se le imputa, así como la sanción propuesta.
Las siguientes etapas procesales Preliminary Hearing (Audiencia preliminar) y Pre-Trial Motions (peticiones previas al inicio del proceso) están destinadas a depurar y preparar el caso para el juicio, se ofrecen y admiten los medios probatorios si el juez considera que se cometió el crimen, se programa el día para el juicio, acciones parecidas que pueden encontrarse en nuestra etapa intermedia por ejemplo, el descubrimiento probatorio, en la que las partes se dan a conocer los medios de prueba que tienen, los acuerdos probatorios que delimitan los hechos y circunstancias particulares de los hechos, lo que da lugar al auto de apertura a juicio oral con el que se programa el inicio de juicio.
Actualmente, el proceso de García Luna se encuentra en la etapa de  juicio, en la que después de conformar el jurado, y presentar los alegatos iniciales por parte del Departamento de Justicia (por ser el órgano que sostiene la acusación), se están recibiendo, interrogando y contrainterrogando a las personas testigos ofrecidas por esta institución. Aquí operan las objeciones atendiendo al tipo de pregunta (especulativas, sugestivas, repetitivas, entre otras). Después de la presentación del órgano de acusación, procederá la defensa de García Luna a realizar sus alegatos, exponer su teoría del caso y las pruebas con las que cuenta, que serán presentadas al jurado.
Hablando de la figura del jurado, éste se conforma por personas ciudadanas, quienes durante todo el desarrollo del juicio se reunirán y escucharán las teorías del caso tanto del estado, como la defensa, y no podrán ser influenciados por agentes externos, como la prensa, para tomar su decisión de encontrar inocente o culpable a la persona acusada.
Si bien el jurado es quien emite el veredicto sobre inocencia o culpabilidad, la persona juez es quien pronuncia la sentencia, atendiendo el mínimo y máximo de sanción que prevé su ordenamiento legal. En el caso de nuestro sistema, la inexistencia de un jurado causa que las personas jueces no sólo dirijan el juicio sino que también decidan con base al debate y pruebas presentadas si encuentran culpable o inocente a una persona, si García Luna es procesado en nuestro país, en caso de ser llevado a juicio y encontrado responsable, será por un tribunal conformado por personas jueces, no por ciudadanos.
<h2>¿Y ahora qué sigue?</h2>
Aún falta mucho para saber el destino de García Luna en la justicia estadounidense. Los titulares se han enfocado en hablar sobre los detalles de las personas testigos, o la importancia de investigar a otros personajes políticos de alto nivel en México.
Hay que recordar que con independencia de lo que suceda en este juicio, García Luna también tiene órdenes de aprehensión en México, lo que implicará eventualmente nuestro propio seguimiento y análisis.
Este tipo de casos más allá del morbo político, representan retos para nuestro (no tan nuevo) sistema de justicia penal, que en el tiempo de su funcionamiento ha dejado muchas reflexiones y dudas sobre su eficacia.
Desafortunadamente las soluciones que se proponen consisten en endurecer las sanciones y limitar los derechos de las personas en conflicto con la ley durante el procedimiento, esto no abona en nada para resolver los problemas de confianza, cercanía y socialización que tiene nuestro sistema procesal y no disminuye la incidencia e impunidad de los delitos. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>
Necesitamos repensar el rumbo de nuestro sistema, <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> sin que se instrumentalice como medio político, ni electoral. El acceso a la justicia es un derecho social que un estado democrático debe asegurar, tanto en los casos que involucran a expolíticos de alto nivel, como en los que afecten a cualquier otra persona.
Proceso penal estadounidense
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1261149" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2023/02/Proceso-penal-estadounidense-600x300.png" alt="Proceso penal estadounidense" width="600" height="300" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/02/Proceso-penal-estadounidense-600x300.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/02/Proceso-penal-estadounidense-768x385.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/02/Proceso-penal-estadounidense-1024x513.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/02/Proceso-penal-estadounidense.png 1418w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Virginia Morgan. Disponible <a href="https://eu.vlex.com/vid/unidos-america-55888272" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> U.S. Department of Justice, Federal and State Legal Systems. Disponible <a href="https://www.justice.gov/usao/justice-101/faq" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> U.S. Department of Justice, Steps in Federal Criminal Process. Disponible <a href="https://www.justice.gov/usao/justice-101/investigation" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Disponible <a href="https://www.propublica.org/article/genaro-garcia-luna-soborno-juicio-dea-mexico-cartel" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Disponible <a href="https://www.justice.gov/usao/justice-101/charging" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Primera Sala de la SCJN, Amparo en Revisión 1097/2017.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Esto queda demostrado en diversos análisis al respecto. Desde Impunidad cero damos cuenta de un aspecto de esta problemática en nuestro recientemente publicado: Índice de Impunidad en homicidio doloso y feminicidio que puedes consultar <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&amp;t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-2022" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> En nuestra Guía para darle seguimiento a una denuncia podrás encontrar la explicación detallada de cada una de las etapas del procedimiento penal en México. Disponible <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=172&amp;t=guia-para-darle-seguimiento-a-una-denuncia" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Law & Order: el juicio de García Luna

En el mundo, casi 1 de cada 3 mujeres (el 35 %) ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja, o bien, violencia sexual infligida por otra persona, sin incluir el acoso sexual. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
De acuerdo con los resultados de la ENDIREH 2021, 70.1 % de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación, a lo largo de la vida laboral el 27.9 %, 14.4 % de tipo sexual. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Estas prácticas de abuso de poder se manifiestan en todos los contextos de interacción humana, espacios públicos o privados, en la familia, en la comunidad y, por supuesto, en los lugares de trabajo. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
La violencia sexual en el espacio laboral daña la autoestima, la salud, la integridad física y psicológica, la libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo profesional, atentando contra la igualdad de oportunidades laborales; afecta por supuesto a la víctima, pero también al entorno del cual forman parte ella y el agresor.
Existen diversos mecanismos para la prevención, atención y sanción de las violencias dentro del espacio laboral que principalmente obedecen a disposiciones internacionales. Se han publicado Protocolos de actuación para los casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, tanto para los que ocurren en el servicio público como para los del sector privado, con mayor o menor nivel de detalle y de complicación en los procedimientos.
En cuanto a las medidas que el propio lugar de trabajo impone, independientemente del inicio de un procedimiento penal (si se configuran delitos y la víctima decide seguir ese camino), son de carácter administrativo.
Estas deben cumplir de acuerdo con la ley y con diversos fines preventivos represivos, correctivos, disciplinarios o de castigo. Es decir, que las medidas disciplinarias o sanciones se enfocan principalmente a la erradicación de la conducta y el castigo del responsable, pero además deberían promover un cambio de actuación en la sociedad y en los potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente establecidas en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de reparar las violaciones a los derechos humanos. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Necesitamos cambiar el enfoque puramente punitivista a uno de justicia restaurativa, que reintegre la dignidad, ayude a reorientar a la víctima en su vida, y garantice que no se repitan los hechos que ocasionaron vulneración a los derechos contribuyendo a la prevención, lo que se conoce como medidas de satisfacción y garantías de no repetición,
Así el combate a la impunidad en este espectro más amplio constituye un factor fundamental para la realización de los derechos humanos, tanto por impedir la continuación de los actos violatorios no perseguidos, como porque restituye el goce del derecho mediante la reparación del daño. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Si no hay reparación del daño para la víctima se envía a toda la comunidad el mensaje de que la violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Con el afán de resolver este problema es preciso observar su origen. La violencia de género constituye una expresión de desigualdad, manifiesta en todos los espacios, que tiene consecuencias de índole estructural y sistemática, para el cual no podemos esperar respuestas particulares como si se tratara de hechos aislados. Las personas que ejercen estas conductas requieren ser involucradas, no sólo castigadas.
En ese sentido, las sanciones administrativas ofrecen la posibilidad de restaurar los ambientes laborales afectados, así como de reeducar a las personas criadas en un sistema que históricamente ha puesto a unos sobre otras.
Para erradicar estas violencias (citando a Marcela Lagarde, el referimos a erradicación implica ir a sus raíces estructurales y desmontarlas <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>) es preciso preguntarnos qué necesita quien fue agredida, qué necesita quien agredió, así como las necesidades del entorno que lo presenció.
De ahí la importancia de emplear mecanismos sugeridos por la justicia restaurativa, que ofrecen la posibilidad de colocar a la persona afectada en el centro de la solución, considerando sus necesidades y su voluntad, garantizando la posibilidad de relatar los hechos con libertad, protegiéndola del estigma social por haber hablado sobre sus experiencias y sin forzarla a pasar por tortuosos interrogatorios, evitando la revictimización.
A la persona responsable le ayudará a reconocer y responsabilizarse del daño que cometió y repararlo, le incentivará a contar la verdad y motivará su deconstrucción personal, abonando a la no repetición.
La participación de todo el entorno en la solución del conflicto y la reparación del daño puede contribuir a la regeneración de los espacios laborales seguros con el fin garantizar el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
<a href="https://twitter.com/ImpunidadCeroMx" target="_blank" rel="noopener">@ImpunidadCeroMx</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> RESPETO a las mujeres: Prevención de la violencia contra las mujeres. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 (WHO/RHR/18.19). Licencia: CC BY-MC-SA 3.0 IGO.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> En 2016 representaba el 11.2%.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Numeral 20 de la Recomendación 35 del Comité CEDAW.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Amparo en Revisión 554/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> SERRANO, Sandra, Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la interpretación y aplicación de los derechos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fundación Konrad Adenauer, México, 2013, p. 119.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Corte IDH. Caso González y otras (Campo algodonero) Vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párr. 400.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Lagarde de los Ríos, Marcela, El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, en Mujeres, globalización y derechos humanos, 2006.

Justicia restaurativa como respuesta a la violencia sexual  en los espacios laborales

Justicia restaurativa, respuesta a la violencia sexual en espacios laborales

Desde su campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador generó enormes expectativas en el terreno del combate a la impunidad en casos de corrupción, al asegurar que la corrupción era el problema más grande del país y que se acabaría en cuanto iniciara su gobierno. Uno de los principales compromisos del presidente ha sido que se investigaría a cualquier persona involucrada en actos de corrupción, sin importar quién fuera, y que no habría más impunidad. Por ello, en la segunda mitad de su gestión, es importante analizar los avances o pendientes de algunos de los grandes casos de corrupción que han estado en la luz pública ¿Qué ha pasado con estos grandes casos? ¿Cuáles son las vías por las que se les puede sancionar? ¿Qué avances se han logrado? Y más importante, considerando que la impunidad es la falta de investigación y sanción ante una falta o un delito, ¿ya no hay impunidad en estos casos de corrupción?
Antes de analizar los casos, veamos brevemente las vías por las que se les puede sancionar. En México, existen dos vías principales para sancionar actos de corrupción, la administrativa y la penal. La vía administrativa sanciona faltas administrativas graves o no graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y sus sanciones pueden ir desde amonestaciones, hasta la inhabilitación del servidor público. En <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=154&amp;t=la-impunidad-administrativa-en-mexico-la-ineficiencia-del-sistema-que-genera-impunidad" target="_blank" rel="noopener">esta investigación</a> puedes conocer los niveles de impunidad administrativa en todo el país. Mientras que la vía penal sanciona delitos contemplados en el Código Penal Federal o en los distintos códigos penales de los estados. Adicionalmente, podemos contemplar una tercera vía que prevé otros delitos que también son constitutivos de actos de corrupción en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los cuales se castigan con multas y prisión, dependiendo del tipo penal correspondiente.
A pesar de que desafortunadamente existen muchos casos de corrupción que se podrían utilizar para este análisis, nos vamos a centrar en tres por su conocimiento popular y su trascendencia mediática. Uno de los casos que por su dimensión política y social atrajo enorme atención mediática es el de Emilio Lozoya, quien fue director de PEMEX durante parte del sexenio de Enrique Peña Nieto. Otro caso que es ampliamente conocido, principalmente por la dimensión de los montos involucrados en actos de corrupción, es el de Rosario Robles Berlanga, que en ese mismo sexenio fungió como titular de las entonces secretarías de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) y de Desarrollo Social (SEDESOL). Y finalmente, uno de los casos más recientes es el de Delfina Gómez Álvarez, quien actualmente funge como Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal.
En el caso del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya fue señalado por comprar empresas a sobreprecio <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>, recibir sobornos de la empresa Odebrecht <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> y aparecer en los Panamá Papers, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> tras lo cual se le iniciaron diversos procedimientos. El procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada de investigar y sancionar irregularidades de servidores públicos federales, desembocó en la inhabilitación del funcionario por 10 años para ejercer cargos públicos. Adicionalmente, se le acusó por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que una vez iniciado el procedimiento penal, se solicitó su extradición desde Málaga, España.
Durante meses su defensa buscó evitar su comparecencia presencial y el exfuncionario intentó acogerse al criterio de oportunidad, una terminación anticipada del procedimiento contemplada en el Código Nacional de Procedimiento Penales que implica que si el acusado brinda mayor información sobre el delito del que se le acusa, con ello logre un beneficio en su sentencia. Asimismo, una vez iniciado su procedimiento se le impuso la medida cautelar de brazalete localizador. Sin embargo, en octubre de 2021, Lozoya fue objeto de críticas por haber sido visto en un restaurante lujoso de la Ciudad de México y tras el escándalo, en noviembre de 2021, el exservidor público compareció y ahora le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, además de que se le negó el acceso al criterio de oportunidad. Lozoya llevó su proceso en libertad durante un año y medio antes de que se le dictara prisión preventiva y la fiscalía ha solicitado un total de 59 años de prisión por todos los delitos de los que se le acusa.
El caso de Rosario Robles se desarrolló de manera distinta. A diferencia de los delitos por los que se acusa a Emilio Lozoya, a la exsecretaria de Desarrollo Social se le denunció por ejercicio indebido de la función pública tras los hechos ocurridos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y revelados en la famosa investigación “<a href="https://front.animalpolitico.com/estafa-maestra/" target="_blank" rel="noopener">La estafa maestra</a>”. A la exfuncionaria también se le iniciaron procedimientos penal y administrativo y, al igual que a Lozoya, la SFP la inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, la acusación penal realizada a Robles ha generado controversia en la opinión pública, pues a diferencia de Lozoya, no se le imputa la comisión de los hechos delictivos como cohecho o delincuencia organizada, sino la omisión en avisar a su superior jerárquico de la comisión de delitos. A pesar de que este delito tiene una pena mucho menor que los delitos que se le imputan a Lozoya, Rosario Robles lleva dos años y medio en prisión preventiva justificada, medida que se tomó desde su primera comparecencia a la que acudió de forma voluntaria. Asimismo, la defensa ha acusado diversas faltas al debido proceso, entre ellas destaca la imposición de prisión preventiva fundamentada en la utilización de un documento falso.
A la fecha Robles continúa perteneciendo al 43% de la población carcelaria que se encuentra privada de su libertad por prisión preventiva y sin sentencia firme. Además, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar de prisión preventiva no debe durar más de dos años y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente que podría generar la revisión y posible revocación de esta medida cautelar para Rosario Robles, por haber superado los dos años en prisión preventiva.
Finalmente, en el caso de la actual secretaria de Educación Pública, a Delfina Gómez se le acusó de retener el 10% del sueldo a 472 trabajadores entre 2012 y 2015 durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco para financiar al partido Morena, obteniendo mediante este esquema 2 millones 264 mil 612 pesos. Los partidos políticos tienen la obligación de informar al INE los ingresos privados que obtengan para financiar su proyecto político. Ante esto, el INE reconoció que se había cometido este hecho y el Tribunal Electoral ratificó su decisión, declarándose de manera fehaciente la violación a la norma. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Si bien a simple vista podría parecer que lo ocurrido en Texcoco sólo fue una violación a la Ley General de Partidos Políticos <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> y que el caso no quedaría impune por la ratificación del Tribunal Electoral, la realidad es que la acciones llevadas a cabo por la entonces presidenta municipal tiene consecuencias legales por demás relevantes, tanto por la vía penal como la administrativa. La Ley General en Materia de Delitos Electorales <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> prohíbe solicitar a subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política. A siete años de ocurrido este hecho y a casi un mes de ratificada la sentencia por parte del Tribunal Electoral, no se ha iniciado procedimiento penal alguno. Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> sanciona a los servidores públicos que busquen obtener cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, calificando este acto como cohecho. Sin embargo, por la vía administrativa tampoco se ha seguido procedimiento alguno para sancionar, amonestar o inhabilitar a la actual funcionaria.
Estos casos son emblemáticos por los montos, la cobertura mediática y los altos niveles en el gobierno federal actual y anterior de cada persona. En los casos de Lozoya y Robles, la vía administrativa sí resultó en una inhabilitación de 10 años para cada funcionario. Por su parte, en el caso de la secretaria Gómez no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo a pesar de existir la posibilidad. En cuanto a la vía penal, en ninguno de los dos primeros se ha pasado a la etapa de juicio y actualmente ambos imputados siguen en prisión preventiva y en espera de ser llamados a juicio. En cuanto a la secretaria Gómez, tampoco se ha abierto, que sea de conocimiento público, alguna investigación penal por los posibles delitos cometidos que ya mencionamos.
Si bien los tres casos son constitutivos de faltas penales y administrativas, no todos han seguido el mismo camino y el único de los tres en el que se han omitido investigaciones en los ámbitos administrativo y penal es el de la actual secretaria de Educación. Aunque aún es difícil adelantar conclusiones sobre cómo terminarán estos grandes casos de corrupción, la realidad es que todavía queda un largo camino para asegurar que no quedarán impunes. A pesar del discurso, estos tres casos sirven como ejemplos para ver que todavía no termina el combate a la impunidad en casos de corrupción.
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>* Itzel Jiménez Ríos es asistente de investigación en <a href="https://twitter.com/ImpunidadCeroMx" target="_blank" rel="noopener">@ImpunidadCeroMx</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ASF-documento-el-sobreprecio-que-Pemex-pago-a-AHMSA-por-la-chatarra-de-Agro-Nitrogenados-20200725-0006.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aparecen-nuevos-sobornos-de-Odebrecht-en-Mexico-por-9.2-mdd-20211026-0118.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Disponible <a href="https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/8/19/panama-papers-el-pasaporte-de-lozoya-en-los-archivos-de-mossack-fonseca-189891.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Disponible <a href="https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/4399/0" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Disponible <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130420.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Disponible <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_200521.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Disponible <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

¿Ya no hay impunidad en casos de corrupción en México?

La procuración de justicia es uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia penal, y puede llegar a ser el principal cuello de botella para el esclarecimiento de los delitos. Mejorar el desempeño y servicio de estas instituciones debe ser una prioridad permanente para todos los estados que quieran combatir la impunidad. Sobre todo considerando un contexto en el que más del 90% de los delitos que ocurren en México no se denuncian.
Por ello, en Impunidad Cero uno de los esfuerzos centrales de nuestro trabajo está en analizar el desempeño de las instituciones de procuración de justicia del país. Este año, por cuarta ocasión<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>, presentamos el Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (IEDF) 2021, en el que además de actualizar los indicadores hacemos un  análisis para describir algunas de las tendencias que evidencian la necesidad de continuar mejorando estas instituciones.
Este año destacan tres importantes innovaciones en el índice. En primer lugar, se realizó por primera vez un análisis histórico de los indicadores, de 2016 a 2020, para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. En segundo lugar, incorporamos el indicador de transformación digital, ya que la pandemia evidenció la necesidad de que las procuradurías y fiscalías del país cuenten con sistemas informáticos eficaces que ayuden con la recepción de denuncias y la gestión de los casos.  Finalmente, hicimos un análisis de los procesos de selección de fiscales y procuradores en el país, con el fin de observar qué tan independientes son estos procesos de los otros poderes y del cambio de gobierno en los estados.
El IEDF 2021 se integra por ocho indicadores que analizan la estructura, operación y resultados de las fiscalías y procuradurías del país. Entre los indicadores analizados se encuentran la tasa de fiscales o agentes del ministerio público (MP) por 100 mil habitantes -así como su carga de trabajo-, el presupuesto ejercido per cápita por las procuradurías y fiscalías, su transformación digital, y el tiempo de espera en el MP. Además, se considera la confianza en el MP y la efectividad en la resolución de casos y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.
En esta edición del Índice, Nuevo León ocupa el primer lugar, con un total de 68.6 puntos, seguido de Yucatán (68.4), Chihuahua (65.6), Guanajuato (63.6) y Sonora (61.5). Por otro lado, Puebla se encuentra en el último lugar con 36 puntos, antecedido de Morelos (36.1), Veracruz (36.2), Nayarit (37.3) y Oaxaca (40.2). Es importante considerar que ninguna institución logra superar los 70 puntos de un total de 100.
<a href="https://front.animalpolitico.com/agenda-icero-impunidad-en-la-mira/lo-bueno-y-lo-malo-de-las-fiscalias-estatales/indice-estatal-de-desempenio/" rel="attachment wp-att-819730"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-819730 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/12/Indice-estatal-de-desempenio.png" alt="" width="1704" height="1210" /></a>
<a href="https://front.animalpolitico.com/agenda-icero-impunidad-en-la-mira/lo-bueno-y-lo-malo-de-las-fiscalias-estatales/indice-estatal-de-desempenio-2/" rel="attachment wp-att-819731"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-819731 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/12/Indice-estatal-de-desempenio-2.png" alt="" width="1774" height="872" /></a>
Las buenas noticias
Como buenas noticias, destacan principalmente que la tasa de fiscales y agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes aumentó en 23% de 2016 a 2020 a nivel nacional, lo que también provocó una reducción en la carga de trabajo de los MP. Además, un aspecto positivo y crucial para construir legitimidad en las instituciones de procuración de justicia es que la confianza en estas instituciones ha aumentado un poco en los últimos años, pasando de 9.7% a 10.9% de 2016 a 2020.
Otro aspecto a destacar es que a consecuencia de la pandemia, diversas instituciones aceleraron sus procesos de desarrollo de nuevos canales alternativos de recepción de denuncias, como plataformas digitales de denuncia, lo cual significó un avance positivo, ya que 12 fiscalías o procuradurías cuentan con sistemas que permiten denunciar en línea y 21 instituciones cuentan con alternativas de pre-denuncia u otros medios como el uso de WhatsApp, videollamadas o números telefónicos.
Las malas noticias
Sin embargo, no todas las tendencias son positivas. Por ejemplo, a pesar de que de 2016 a 2020 el presupuesto per cápita destinado a estas instituciones aumentó 17.1% en términos nominales, en términos reales bajó 2.3%, lo que significa que este cambio no ha sido suficiente para enfrentar los efectos de la inflación. Además, la efectividad de las procuradurías y fiscalías para resolver los casos que reciben disminuyó 20% de 2019 a 2020, lo que impactó directamente en la probabilidad de esclarecer un delito en México, que pasó de 1.3% para 2018 a 1% para 2020.
Finalmente, analizamos los procesos de selección de las y los titulares de las fiscalías y procuradurías del país, debido a que consideramos que este proceso es de la mayor importancia para mantener fiscales autónomos y de preferencia transexenales, con el fin de que investiguen los delitos sin influencia o indicaciones de ningún poder, particularmente de los poderes ejecutivos. Sin embargo, notamos que después de las elecciones de 2021, se dieron algunos cambios de los fiscales generales con los cambios de gobierno.
<a href="https://front.animalpolitico.com/agenda-icero-impunidad-en-la-mira/lo-bueno-y-lo-malo-de-las-fiscalias-estatales/procesos-de-seleccion/" rel="attachment wp-att-819732"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-819732 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/12/procesos-de-seleccion-.png" alt="" width="1856" height="1372" /></a>
<a href="https://front.animalpolitico.com/agenda-icero-impunidad-en-la-mira/lo-bueno-y-lo-malo-de-las-fiscalias-estatales/procesos-de-seleccion-2/" rel="attachment wp-att-819733"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-819733 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/12/Procesos-de-seleccion-2.png" alt="" width="1738" height="588" /></a>
En este sentido, en 10 estados del país las y los candidatos son propuestos directamente por el poder ejecutivo en una terna y sólo en 13 estados se incluye una lista amplia de candidatos a fiscal general que puede, o no, ser el resultado de una convocatoria abierta. En ambos grupos el legislativo es el poder que selecciona al candidato o candidata ganadora. Además, en cinco estados el congreso local únicamente ratifica la elección del titular del ejecutivo. Y finalmente, solamente en cuatro estados el ejecutivo no está involucrado o se involucran instituciones ciudadanas, lo que puede generar procesos con mayor autonomía.
Las instituciones estatales de procuración de justicia son una pieza esencial en el combate de la impunidad en el país, pues son el contacto directo con la ciudadanía que experimenta un delito. Si bien algunas de las tendencias son positivas, todavía se requiere aumentar los esfuerzos realizados hasta el momento para lograr una gestión de los casos más eficiente que ayude a reducir la impunidad. Además, es necesario mejorar los procesos de selección de las y los titulares para contar con instituciones verdaderamente autónomas de cualquier poder. Construir un Estado de derecho en México pasa inevitablemente por consolidar, fortalecer y mejorar nuestras instituciones de procuración de justicia.
<a href="https://twitter.com/ImpunidadCeroMx" target="_blank" rel="noopener">@ImpunidadCeroMx</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías es un ejercicio que hemos realizado desde 2017. Agradecemos a Guillermo Zepeda y Paola Jiménez por la elaboración de las ediciones anteriores de este trabajo (<a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=49&amp;t=ranking-de-fiscalias-y-procuradurias-estatales-en-mexico" target="_blank" rel="noopener">2017</a>, <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&amp;t=indice-estatal-de-desempeno-de-procuradurias-y-fiscalias-2018" target="_blank" rel="noopener">2018</a> y <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=123&amp;t=indice-estatal-de-desempeno-de-procuradurias-y-fiscalias-2019" target="_blank" rel="noopener">2019</a>) y por la base metodológica que se tomó como referencia para la elaboración del IEDF 2021.

Lo bueno y lo malo de las fiscalías estatales

¿Cuánto gasto público se destina a nivel estatal en México para contar con un Estado de derecho sólido y libre de impunidad? ¿Existe alguna relación entre este gasto y los niveles de impunidad en el país? ¿Cómo se relacionan estas variables con otros fenómenos sociales, como la violencia familiar o la movilidad social? ¿Cómo ha cambiado la priorización del combate a la impunidad en las entidades? Contar con una respuesta objetiva a estas preguntas es un paso crítico para consolidar un Estado de derecho sólido y libre de impunidad en México. A continuación se presentan los principales resultados del estudio <a href="https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=157&amp;t=presupuesto-estatal-para-el-combate-a-la-impunidad-cuanto-gastan-los-estados-y-que-impacto-tiene-en-la-seguridad-y-la-justicia" target="_blank" rel="noopener">Presupuesto estatal para el combate a la impunidad: ¿Cuánto gastan los estados y qué impacto tiene en la seguridad y la justicia</a>, publicado recientemente por Impunidad Cero, en el cual se busca responder estas preguntas.
¿Qué entendemos por gasto para combatir la impunidad y cuánto se está invirtiendo? 
El gasto estatal en el combate a la impunidad se define como la suma de los recursos presupuestales destinados a la procuración de justicia, impartición de justicia y seguridad pública. Con base en esta definición, se encontró que en 2019 el total de recursos erogados por parte de todas las entidades federativas en este concepto fue de $172,879 millones de pesos constantes de 2018. Este monto equivale a 0.77% del producto interno bruto (PIB), es decir, $3.74 pesos por persona al día. En promedio, se destina el 50% del gasto a labores de seguridad pública, el 25% a la procuración de justicia o fiscalías y el 25% restante a la impartición de justicia o poder judicial. Este análisis se llevó a cabo con información de las cuentas públicas y los presupuestos de egresos de las 32 entidades federativas para el periodo 2006 a 2020. El nivel de gasto en 2019 se compara favorablemente respecto con 2015, cuando el total era de $144,517 millones de pesos constantes de 2018, equivalentes a 0.68% del PIB, o $3.26 per cápita al día. Es decir, se observa un incremento de alrededor de 3.5% por año y un 15% acumulado entre 2015 y 2019. Sin embargo, los niveles de gasto son sumamente asimétricos entre las entidades, con diferencias de hasta 4 veces el monto erogado entre una y otra. Cabe señalar que entre 2006 y 2020 también se ha observado que cada vez más estados publican su información presupuestal con mayor transparencia.
 ¿Cuál es la relación entre los niveles de impunidad y el gasto para combatirla?
Una vez que se cuenta con el nivel de gasto destinado al combate a la impunidad a nivel estatal, es posible analizar su relación con indicadores que miden la solidez del Estado de derecho y los niveles de impunidad. En particular, analizamos dicha relación utilizando cuatro indicadores: el índice global de impunidad, la impunidad en homicidios dolosos, la efectividad en la procuración de justicia, y la tasa de homicidios. En general, nuestro análisis encuentra que un mayor gasto destinado al combate a la impunidad se relaciona con un mejor índice global de impunidad y una mayor efectividad en la procuración de justicia. Mientras que en aquellos estados con menor gasto aumenta la impunidad en homicidios dolosos. Las variables que tienen una relación más fuerte con el índice global de impunidad son el gasto del poder judicial estatal y la suma del gasto en los tres rubros.
¿Existe relación entre el gasto para combate a la impunidad y otras variables sociodemográficas?
En este estudio analizamos la relación entre la impunidad y otras variables sociodemográficas. Este análisis parte de investigaciones recientes en México sobre la relación entre niveles de violencia y descomposición del tejido social. Nuestra investigación encuentra que las entidades con mayores índices de delitos relacionados con abuso y acoso sexual presentan un mayor nivel de impunidad. Asimismo, encontramos que aquellos estados con mayor movilidad social presentan mayor efectividad en la procuración de justicia. Finalmente, observamos una relación significativa entre la tasa de homicidios y la violencia contra la mujer y la violencia familiar, ilustrando un vínculo ampliamente estudiado respecto a la relación entre la violencia hacia la mujer, la estructura patriarcal y la violencia generalizada en la sociedad.
La importancia de los Planes Estatales de Desarrollo
Finalmente, en el documento se analiza si la lucha contra la impunidad es un eje estratégico en los planes estatales de desarrollo (PED). Lo anterior es relevante ya que las leyes presupuestales dictan que el gasto público debe destinarse a aquellos programas prioritarios contenidos en los PED; si estos últimos no conceden prioridad al combate a la impunidad, no sorprende que el gasto para estos rubros sea bajo. En términos cuantitativos, las menciones al término impunidad en los PED crecieron en 19 de las 32 entidades federativas entre 2015 y 2019 y el número de menciones promedio pasó de 4.3 a 8.6 menciones. En términos cualitativos las entidades que presentan al combate a la impunidad como un eje rector o prioridad del gobierno crecieron de 7 a 11. Adicionalmente hay 11 estados que presentan el combate a la impunidad únicamente asociado a un objetivo, estrategia o línea de acción particular; 9 donde la impunidad sólo se presenta como parte del diagnóstico inicial del PED; y un Estado que no menciona el término impunidad en su PED. Se concluye que el tema de impunidad ha tomado mayor relevancia en años recientes, al aumentar el número de estados que lo considera un eje estratégico de su gobierno. Integrar el combate a la impunidad como eje rector en los PED es un paso fundamental para posibilitar el aumento de recursos en estas tareas.
Reflexiones finales
Los recursos totales que se destinan para combatir la impunidad en las entidades federativas se han incrementado en los últimos años en términos per cápita y reales. Asimismo, existe evidencia de que los estados que más gastan en estas labores presentan mejores indicadores sobre la solidez del Estado de derecho y menores niveles de impunidad. Estamos convencidos que de continuar esta línea de investigación, en el futuro será posible confirmar la relación causal entre el gasto en el combate a la impunidad y los indicadores analizados, así como un entendimiento más amplio de las interrelaciones entre la impunidad y la política social. Para ello, es deseable que grupos de investigadores multidisciplinarios estudien qué tipo de gastos en específico tienen una mayor incidencia y, por ende, son más efectivos en reducir los índices de impunidad. El estudio completo y la base de datos pueden consultarse en <a href="http://www.impunidadcero.org" target="_blank" rel="noopener">www.impunidadcero.org</a>.
* Roberto Durán Fernández es doctor en Economía por la Universidad de Oxford y profesor en el Departamento de Economía y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Arturo Ramírez Verdugo es doctor en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"></a><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a> Se agradece el apoyo en la investigación y organización de la base de datos de Mariana Flores Lizaola y Edgar Hernández del Ángel, así como los comentarios de Irene Tello Arista y Luna Mancini.

¿Cuánto gastan los estados en combatir la impunidad y qué impacto tiene en la seguridad y la justicia?

¿Cuánto gastan los estados en combatir la impunidad?

Por: Equipo de Impunidad Cero
Este mes Impunidad Cero cumple 5 años desde que inició su trabajo. Durante estos años, hemos ido recopilando una serie de lecciones aprendidas que nos han permitido analizar, medir y visibilizar la impunidad en México. Por ello, consideramos importante compartir estas lecciones y aprendizajes para combatir la impunidad, para seguir sumando al trabajo de otras organizaciones y personas que se dedican a este y otros temas de fortalecimiento del Estado de Derecho.
¿Cuál es el problema y cómo enfrentarlo? 
Es importante regresar a las inquietudes que dieron origen a nuestra organización; una pregunta clave en este proceso fue ¿por qué investigar sobre impunidad? En Impunidad Cero creemos que la impunidad está al centro de una gran cantidad de problemas que enfrenta nuestro país, como lo son la corrupción, la violencia de género y la violencia generalizada, pero también la ineficiencia del servicio público e incluso la pérdida de vidas como consecuencia de catástrofes tan impredecibles como un temblor. Para nosotras, la impunidad va más allá de la que se genera cuando un delito no se sanciona y afecta diversas esferas de nuestra vida diaria.
La impunidad se presenta cada vez que se le dice a una persona que acude ante el Ministerio Público a denunciar un delito que ahí no es o que no procede su denuncia; cuando una institución decide no ser transparente en su forma de investigar a los servidores públicos que actúan de forma irregular; o cuando se construye una carretera con irregularidades que provocan un socavón y la muerte de personas. En nuestras investigaciones hemos advertido que uno de los principales problemas en torno a la impunidad es comprender lo que esta significa y, sobre todo, cómo afecta y trasciende en nuestra vida diaria. Debido a la importancia que tiene el tema y al impacto que tiene en nuestras vidas es que uno de nuestros objetivos permanentes es crear <a href="https://www.impunidadcero.org/articulos.php?c=6&amp;t=investigaciones" target="_blank" rel="noopener">investigaciones</a> con el más alto rigor y siempre de forma empírica, con el fin de producir materiales confiables y, particularmente, útiles para poder hacerle frente a este problema que vivimos día a día.
Propuestas y colaboración, uno de nuestros pilares 
Además de realizar investigaciones rigurosas, hemos intentado que cada proyecto tenga un componente de propuestas concretas que permitan idear qué se necesita para salir de estos problemas. Por ejemplo, gran parte de nuestros estudios de <a href="https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/142/contenido/1605024010E66.pdf" target="_blank" rel="noopener">impunidad en homicidios dolosos y feminicidios</a> se ha dedicado a analizar las capacidades de investigación instaladas en las fiscalías, así como a resaltar la importancia de mejorar la investigación basada en policías de investigación, peritos, analistas y ministerios públicos.
Respecto a nuestra investigación de <a href="https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/154/contenido/1627486139N92.pdf" target="_blank" rel="noopener">impunidad en responsabilidades administrativas</a>, una de las recomendaciones es homologar los procesos de responsabilidad administrativa y la información de seguimiento de los mismos, para poder identificar de manera más clara por qué tantas de las faltas cometidas por funcionarios públicos no terminan en una sanción firme y así mejorar estas partes en las que falla el sistema.
Sin embargo, de nada sirve idear y proponer soluciones si estas no se comparten con las autoridades responsables de atender estas problemáticas. Por ello, en estos 5 años nos hemos enfocado en generar alianzas y acuerdos de colaboración con diversas fiscalías y procuradurías estatales, quienes son las autoridades encargadas de investigar los delitos que ocurren en el país. Al final, el tener propuestas concretas que se derivan de nuestras investigaciones y poder compartirlas con las autoridades ha sido uno de los mayores impactos que hemos tenido como organización.
La importancia de medir para mejorar 
Para poder evaluar cualquier política pública es necesario contar con datos que nos permitan identificar las fallas y tomar medidas para corregirlas. Por eso, en todas nuestras investigaciones hacemos análisis basados en evidencia, utilizando los datos disponibles que generan las propias instituciones y que nosotras mismas generamos utilizando las herramientas de transparencia y de acceso a la información pública.
Por ejemplo, para medir la impunidad en homicidios dolosos y feminicidios es indispensable conocer el número de investigaciones iniciadas en las procuradurías y fiscalías, así como cuántos de estos casos llegan a tener una sentencia condenatoria. Para medir la impunidad administrativa es necesario conocer el número de denuncias y quejas por faltas administrativas, así como la cantidad y los tipos de sanciones impuestas a los funcionarios públicos. Y para conocer los esfuerzos institucionales en combatir la impunidad es necesario evaluar el porcentaje del gasto destinado a las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Por supuesto, buscamos que nuestras investigaciones sean transparentes, por lo que desarrollamos la herramienta <a href="https://www.impunidata.org/" target="_blank" rel="noopener">impunidata.org</a>, que permite visualizar y descargar los datos disponibles sobre justicia, así como los que generamos en nuestras investigaciones. También desarrollamos la página <a href="http://www.impunidadadministrativa.com/" target="_blank" rel="noopener">impunidadadministrativa.com</a> en la que se pueden visualizar todos los datos sobre impunidad administrativa que recopilamos para nuestra más reciente publicación al respecto.
Herramientas prácticas para acceder a la justicia
Derivado del trabajo en conjunto con las autoridades, hemos tenido oportunidad de desarrollar diversas herramientas de denuncia. Por ejemplo, en 2020 creamos el <a href="https://denuncia.org/wp-content/uploads/2020/11/Carnet-de-denuncia-de-violencia-de-genero.pdf" target="_blank" rel="noopener">Carnet de denuncia de casos de violencia de género</a> junto con la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, el cual fue creado para apoyar a las mujeres que viven violencia para saber desde cómo identificarla hasta cómo denunciarla y qué esperar del proceso penal. Este Carnet también lo desarrollamos para un <a href="https://denuncia.org/wp-content/uploads/2021/03/Carnet-de-denuncia-de-casos-de-violencia-de-ge%CC%81nero_FINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">contexto nacional</a> y más recientemente para el estado de <a href="https://denuncia.org/wp-content/uploads/2021/08/Carnet_SLP_para_imprimir.pdf" target="_blank" rel="noopener">San Luis Potosí</a>, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del estado, y tenemos el objetivo de seguir adaptando este material con los estados que quieran sumarse a esta iniciativa.
Estos carnets, así como las guías ciudadanas que hemos desarrollado, como las guías <a href="https://denuncia.org/wp-content/uploads/2020/09/Guia-contra-la-corrupcion-en-ministerios-publicos-para-imprimir.pdf" target="_blank" rel="noopener">contra la corrupción</a> y <a href="https://denuncia.org/wp-content/uploads/2020/09/Guia-contra-la-violencia-de-genero-en-ministerios-publicos-para-imprimir.pdf">contra la violencia de género</a> en ministerios públicos o la <a href="https://denuncia.org/wp-content/uploads/2020/09/Guia-practica-para-denunciar-un-delito-para-imprimir.pdf" target="_blank" rel="noopener">Guía práctica para denunciar un delito</a>, son completamente gratuitas y todas están disponibles para su descarga en <a href="http://denuncia.org" target="_blank" rel="noopener">denuncia.org</a>. Este sitio es una fuente de orgullo para nuestro equipo y nos ha mostrado la gran necesidad que tienen las personas de contar con información accesible y fácil de entender para saber cómo y dónde denunciar un delito. Además de las guías, en el sitio se puede encontrar un <a href="https://denuncia.org/localizador-de-ministerios-publicos/" target="_blank" rel="noopener">localizador de ministerios públicos</a>, <a href="https://denuncia.org/guia-por-delito/" target="_blank" rel="noopener">guías individuales</a> para saber cómo denunciar diferentes delitos y un <a href="https://denuncia.org/directorio-osc/" target="_blank" rel="noopener">directorio de organizaciones</a> que apoyan y acompañan a las víctimas, el cual está en constante crecimiento. Desde su lanzamiento, <a href="http://denuncia.org" target="_blank" rel="noopener">denuncia.org</a> ha sido visitada por más de 100 mil personas y diariamente crecen las personas que la utilizan.
Del abogañol al español, la importancia de socializar el derecho
Cuando pensamos en derecho, posiblemente se nos viene a la mente un hombre vestido de traje que usa portafolios y trae muchos expedientes, que además habla con palabras que no entendemos. Desde Impunidad Cero buscamos romper con esa imagen, creando con nuestros materiales una nueva imagen de lo que imaginamos sobre el derecho. La importancia de hacer el derecho disponible para todas las personas, mediante un lenguaje sencillo y claro, resulta trascendental en la búsqueda de la verdad y acceso a la justicia, pilares de nuestro sistema jurídico. Es por ello que para nosotras socializar conceptos legales responde a la gran necesidad de romper las barreras lingüísticas, sociales y culturales que implica el abogañol.
A partir de ejemplos sencillos, intentamos desde aterrizar conceptos clave como denuncia, querella y delito, hasta narrar las funciones de los operadores jurídicos como ministerios públicos o jueces de ejecución. Asimismo, buscamos abordar historias para dar a conocer de forma clara el panorama actual sobre las injusticias en nuestro país, ya que el ponerle nombre y rostro a los casos de abuso nos permite ejemplificar la trascendencia del derecho en la vida de las personas.
El derecho debe ser una herramienta frente al poder público, y en los casos de violencia de género, el derecho debe fungir como herramienta de resistencia frente a la violencia machista e institucional, ya que estar informadas nos permite hacer escuchar nuestras voces. Sacar el derecho de los libros y volverlo parte de nuestra cotidianidad permite que la brecha entre el derecho y lo humano sea cada vez más corta.
Estas 5 lecciones son aplicables para muchos otros proyectos que se dedican al tema de impunidad y fortalecimiento del Estado de Derecho, por lo que para nosotras es indispensable compartir estas herramientas y estar abiertas a implementar otras. Si tienes alguna lección que te gustaría compartirnos, escríbenos a <a href="mailto:contacto@impunidadcero.org" target="_blank" rel="noopener">contacto@impunidadcero.org</a>.
* Irene Tello Arista (<a href="https://twitter.com/itelloarista" target="_blank" rel="noopener">@itelloarista</a>) es directora ejecutiva. Itzel Jiménez Ríos (<a href="https://twitter.com/itzeljimrioss" target="_blank" rel="noopener">@itzeljimrioss</a>) es asistente de investigación. Leslie Jiménez Urzua (<a href="https://twitter.com/Les_IJU" target="_blank" rel="noopener">@Les_IJU</a>) es coordinadora de proyectos, Miguel Gómez Jácome (<a href="https://twitter.com/MikeGomezJ" target="_blank" rel="noopener">@MikeGomezJ</a>) es coordinador de comunicación y Monserrat López Pérez (<a href="https://twitter.com/MonLopez_" target="_blank" rel="noopener">@MonLopez_</a>) es analista de datos, todos de <a href="https://twitter.com/ImpunidadCeroMx" target="_blank" rel="noopener">@ImpunidadCeroMx</a>.

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