Aprender en paz
Desde una perspectiva de derechos humanos, el aprendizaje no es solo una aspiración o un resultado deseable, sino un derecho exigible. Así lo reconocen la Constitución, los tratados internacionales y la legislación educativa. Pero ese derecho no se ejerce en el vacío. Requiere condiciones mínimas para que niñas, niños y adolescentes puedan estar, aprender y participar plenamente.
Hoy, en distintas regiones del país, una pregunta se vuelve ineludible: ¿cómo se ejerce el derecho a aprender cuando la violencia forma parte de la vida cotidiana?
No se trata de una preocupación local ni excepcional. Tiene que ver con comunidades escolares donde las clases se interrumpen, se suspenden o cambian de modalidad de manera recurrente; con estudiantes que enfrentan trayectorias educativas fragmentadas; con familias que intentan sostener la escuela en contextos marcados por el miedo y la incertidumbre. En esos escenarios, el derecho a aprender se debilita, aunque existan escuelas y calendarios.
Desde Mexicanos Primero hemos sostenido que abrir escuelas y garantizar su funcionamiento regular es una condición central del derecho a aprender. Lo ha sido siempre y sigue siéndolo. Sin embargo, hoy el problema es aún más grave, ya que en muchos territorios del país ni siquiera esa condición mínima se cumple de manera sostenida. La interrupción recurrente de las clases presenciales debilita la base sobre la que deberían sostenerse los procesos educativos.
El cierre o la suspensión de clases presenciales tiene efectos claros y ampliamente documentados, debido a que se rompe la continuidad del proceso educativo, se debilita el vínculo con docentes se pierde un espacio clave de socialización, convivencia y esparcimiento para niñas, niños, y se profundizan desigualdades preexistentes. Esta afectación se vuelve aún más grave cuando las interrupciones ocurren en contextos atravesados por la violencia. En muchos casos, las escuelas no cierran por razones pedagógicas, sino por condiciones de inseguridad que obligan a modificar o suspender la vida escolar.
De acuerdo con un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), titulado “Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe”. La evidencia muestra que la exposición a violencia deja huellas duraderas en la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes, y dificulta procesos clave como la atención, la memoria y la concentración, a través de mecanismos mediadores como el estrés crónico, la ansiedad y otras afectaciones a la salud mental, que son condiciones básicas para aprender. Cuando el cuerpo y la mente se organizan para sobrevivir, el aprendizaje deja de ser una posibilidad real.
Aquí aparece un punto clave para la discusión educativa nacional. Cuando la escuela deja de funcionar de manera regular por razones de violencia, no solo se pierden horas de clase, sino que también se rompe el vínculo pedagógico y se pierde uno de los pocos espacios de protección, contención emocional y referencia adulta disponibles para niñas, niños y adolescentes. En estados como Sinaloa -pero no solo ahí- esta realidad se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
La educación a distancia puede ser una alternativa en determinados contextos. Sin embargo, cuando la escuela se interrumpe por situaciones de violencia, el proceso educativo se desplaza fuera del espacio escolar, donde no siempre existen las condiciones de estabilidad, acompañamiento y bienestar emocional necesarias para sostener el aprendizaje. El estrés, la incertidumbre y el miedo asociados a estos contextos se filtran en la experiencia educativa. En estos casos, la virtualidad difícilmente compensa la ausencia de la escuela y, en muchos casos, profundiza el aislamiento y el abandono silencioso.
Hablar del derecho a aprender en paz implica ampliar la mirada sin perder el foco. La recuperación de aprendizajes y los ajustes pedagógicos son indispensables y deben seguir siendo una prioridad. Sin embargo, en contextos marcados por dinámicas de inseguridad, ese esfuerzo requiere una respuesta más amplia y articulada. La escuela no es un espacio ajeno a estas realidades, algunas violencias se expresan dentro de ella, otras la atraviesan desde el entorno y muchas la desbordan. Reconocerlo no es responsabilizar a la escuela, sino dimensionar el contexto en el que hoy intenta cumplir su función.
Aprender en paz no es un privilegio ni una aspiración abstracta. Es la condición mínima para ejercer el derecho a la educación y recuperar lo que se ha visto afectado por meses de interrupciones y contextos de violencia. Hoy, en México, esa condición está en riesgo.
* Nuria González Elizalde (@GlezNu) es directora general de Mexicanos Primero Sinaloa
(@MexicanosloSin).
La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
