¿Los pactos o negociaciones con cárteles son un camino para la paz?
La marcas del dolor nunca van desaparecer
pero la verdad
la justicia
la reparación
la paz
harán posible transitar del dolor
hacia una vida con dignidad
A estas alturas del camino, mejor dicho, del sexenio, el compromiso de la autodenominada cuarta transformación de “pacificar” al país, proveer justicia a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y acabar con la impunidad no sólo ha quedado diluido, sino que ha tomado un giro inesperado. Desde el Estado se ha optado por negar y minimizar la problemática de desaparición de personas en México. La falta de certeza sobre dónde están y qué pasó con las personas desaparecidas se profundiza aceleradamente mientras el camino para encontrarles se ha vuelto difuso, pues aunque se ha creado institucionalidad y mecanismos para atender esta problemática, han sido poco efectivos e insuficientes.
Desde 2018, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre cambiar el paradigma de seguridad pública y darle paso a la construcción de paz a través de la adopción de modelos de justicia transicional sonaba razonable, sobre todo para las familias y colectivos que están buscando desde hace más de veinte años. Su narrativa nos sedujo y creó altas expectativas sobre lo que pudo ser en términos de detener la violencia, las desapariciones y resolver los temas que en sexenios pasados no se atendieron. Sin embargo, esas expectativas se esfumaron luego de ver cómo la propuesta de paz que se implementó está cimentada bajo una lógica securitaria. Es decir, el proyecto está atado a la continuidad en la estrategia de militarización del país. Así, el proceso de “pacificación” se aborda desde una perspectiva de seguridad y no desde un enfoque de derechos humanos.
No es cosa menor que sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que tiene a su cargo la implementación de este proceso, que incluye programas de reconstrucción del tejido social con intervenciones locales en territorios específicos, prevención de adicciones, entrega de pensiones y programas sociales y, por supuesto, los operativos antidrogas que de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad son complementarios a “las acciones de prevención y atención a las causas estructurales de la violencia (sic)”. Por ello, no deja de ser paradójico que aunque en este sexenio se declaró oficialmente “el final” de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, la política de seguridad con enfoque bélico continúe y tenga mayor alcance al amparo de las dinámicas criminales que siguen causando estragos en la sociedad mexicana.
La falta de reconocimiento pleno sobre las implicaciones que tiene esta ola de violencia, producto de la confluencia entre grupos del narcotráfico y el Estado, permite que la desaparición de personas siga ocurriendo de manera sistemática y generalizada como un método de control socioeconómico. Es precisamente esto lo que ha orillado a los familiares de personas desaparecidas a actuar por iniciativa propia, a buscar alternativas para detener la desaparición que se ha vuelto una práctica cotidiana, frente a la cual la promesa de pacificación que hizo el presidente resulta contradictoria y no incluye explícitamente las demandas de las víctimas y familiares de personas desaparecidas.
Prueba de ello es la carta -dirigida a los líderes de los cárteles mexicanos- en la que madres buscadoras de Tamaulipas han expuesto cómo identifican que quienes nos gobiernan se han dedicado a ‘fabricar’ operaciones y acciones justificando el combate a la inseguridad, invirtiendo miles de millones de pesos sin resultados contundentes. Consideran que el despliegue de fuerzas armadas en el país es un pretexto para mantener una guerra que narrativamente se terminó, pero en los hechos se mantiene feroz y compleja desdibujando cada vez más las fronteras de los perpetradores de la desaparición y haciendo evidente que vivimos en un contexto de vidas desechables y necropolítica.
La carta, además de hacer una especie de diagnóstico sobre las causas de la desaparición, es un llamado del colectivo Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas a grupos del narcotráfico para llegar a un “acuerdo de paz y erradicación de la desaparición y la desaparición forzadas de personas”. Lo primero que quisiera rescatar es la claridad con la que las mujeres buscadoras analizan, ven y nombran a la desaparición. Por otro lado, me quedaron resonando algunas preguntas que quisiera plantear acá sin fines exhaustivos, sino para colectivizar la reflexión: ¿A quién le toca construir la paz? ¿Qué paz necesitamos? ¿Qué paz queremos? ¿Los pactos o negociaciones con cárteles son un camino para la paz? ¿Estamos en un momento político oportuno para abrirnos al diálogo con estos grupos criminales?
Es importante enmarcar que este llamado se da en un contexto donde la búsqueda de personas desaparecidas se ha vuelto una actividad de riesgo: en lo que va del sexenio han sido asesinadas 12 familiares de víctimas de desaparición, de las cuales 8 eran madres buscadoras; aunado a la falta de vías efectivas de comunicación, seguimiento y atención a las víctimas de desaparición y sus familiares por parte de las autoridades competentes. Ante la negativa del Ejecutivo federal de escuchar de primera mano las necesidades y demandas de las madres buscadoras, han tenido que redirigir sus esfuerzos. En ese sentido, este acuerdo de paz o “pacto social” significa una acción urgente de buscar respuestas de los otros actores involucrados.
De ahí su relevancia, pues abrió la posibilidad de establecer canales de comunicación con esa figura que en abstracto conocemos como cárteles, pero de cuya presencia y operación tenemos pocas certezas. Delia Quiroa, activista y miembro del colectivo de búsqueda Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, se ha referido a esta propuesta de pacto “como un acto desesperado”; sin embargo, desde lo personal considero que va más allá. Lejos de juzgarlo de “bueno” o “malo” me parece legítimo y una forma de llamar la atención sobre lo que el Estado mexicano no ha podido hacer: hablar sobre la posibilidad de transitar de un escenario de confrontación y violencia hacia un proceso de negociación que nos lleve a la paz. No perdamos de vista que la paz, al igual que la verdad y la memoria, se construyen con base en las distintas vivencias y perspectivas que tienen los actores implicados de un mismo hecho, teniendo siempre la experiencia de las víctimas al centro.
Lo que está impulsando el sexenio actual, desde la maquinaria institucional, solamente tiene una visión de cómo tendría que ser esa paz, no la pone a consideración de las víctimas, no la problematiza, la adapta o la confronta con las partes involucradas. Por su parte, el camino que han tomado madres buscadoras para solicitar a los cárteles que detengan las desapariciones y les permitan buscar ha resonado en otros estados del país, en otros colectivos y llegó a oídos del ejecutivo federal, quien dijo estar de acuerdo con la propuesta del “pacto de paz”.
Aunque no lo suscribió de manera formal, el presidente sí aseguró que le parecía importante reconocer el llamado que estaban haciendo activistas y madres buscadoras. Ante estas declaraciones, uno de los grupos a quien se dirigió la carta, el Cártel del Noreste (CDN) anunció mediante un vídeo que circuló en redes sociales que aceptaba el pacto solicitado, entendido “no como un acto de debilidad sino como una acción para buscar la paz y el bienestar en México (sic), pues siempre hay salida para los que no quieren usar la violencia”. En dos minutos y medio, y en voz de quien podemos asumir es el vocero, el cártel expone que conocen la situación de la violencia que vive el país y según su postura, también consideran que es momento de pensar en la paz y en que la población mexicana se puede beneficiar de una ley de justicia transicional.
Dicha respuesta me lleva a pensar, de nuevo, sobre los cómos y quiénes están llamados a construir la paz. Finalmente el CDN no sólo aceptó el pacto, sino que planteó una pregunta fundamental que podría sentar un precedente sobre las herramientas que necesitaríamos impulsar para que verdaderamente podamos hablar de una paz efectiva: ¿Cuáles serán los mecanismos jurídicos para que como grupos (criminales) tengan la certeza y seguridad de que los acuerdos y treguas de paz se van a respetar? Ni siquiera hemos podido resolver preguntas tan básicas sobre qué es la paz y cómo queremos alcanzarla y un cártel ha puesto el dedo en el reglón sobre la necesidad de incluirles en esta discusión. Nos guste o no, esté dentro de nuestros parámetros moralmente aceptables o no, debemos asumir que sin la participación de todos: perpetradores, víctimas, funcionarios, sociedad, quizá nos sea mucho más difícil transitar del contexto actual de violencia y desapariciones a una eventual tregua que nos permita caminar con más claridad hacia un escenario de paz.
Si el gobierno actual se abriera a la posibilidad del diálogo, por lo menos dejaría de administrar sólo el dolor de miles de familias y madres que buscan a sus seres queridos. El dolor está desbordado, ya no cabe en tantas fotografías, tantos montes, tantas fosas. Ya no es viable como política de Estado. Y quizá las marcas del dolor nunca van a desaparecer, pero la verdad, la justicia, la reparación y la paz harán posible transitar del dolor hacia un vida con dignidad.
* Olimpia Martínez Ramírez (@olimpia_libre) es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) enfocada en la defensa y promoción de derechos humanos. Feminista y acompañante de procesos que buscan verdad, justicia y memoria. Actualmente colabora como investigadora en @ElementaDDHH.
El aumento de la población en EU se redujo de forma significativa desde mediados de 2024 hasta mediados de 2025 y se espera que siga cayendo. Estos podrían ser sus efectos.
Es una caída histórica. La tasa de crecimiento de la población en Estados Unidos se redujo a 0,5% entre julio de 2024 y junio de 2025, según estimaciones de la Oficina del Censo de ese país.
Se trata de uno de los registros más bajos que ha tenido Estados Unidos desde comienzos del siglo XX y eso incluye momentos tan difíciles como la Gran Depresión o la epidemia de covid-19.
Históricamente, Estados Unidos ha sido un país donde la población ha aumentado de forma constante año a año.
En la década de 1950, durante el llamado “Baby boom” el crecimiento promedio de la población fue del 1,8%, mientras que en los años 90 se ubicó en el 1,2%, reduciéndose al 1% durante la primera década de este siglo.
Desde el año 1900, solamente hay un registro en el que la población estadounidense decreció: ocurrió entre julio de 1917 y junio de 1918, cuando se redujo en unas 60.000 personas, equivalentes al 0,06% de la población de la época.
Esto se debió a la rara combinación de tres factores: las muertes causadas tanto por la epidemia de gripe española como por la I Guerra Mundial, y la caída temporal de la natalidad, asociada también a los dos primeros factores.
En tiempos recientes, el crecimiento poblacional llegó a sus niveles más bajos durante la pandemia cuando cayó a 0,2% en 2021 debido a factores como el aumento de la mortalidad y la reducción forzosa en la llegada de migrantes.
Fuera de los años del covid-19, el único año reciente en que hubo una caída de del crecimiento a niveles similares a los actuales fue 2019, algo que los especialistas atribuyeron a un menor número de nacimientos y a una caída en la migración.
Pero ¿qué está ocurriendo ahora?
Migrantes que no vienen, residentes que se van
La Oficina del Censo de EE.UU. atribuye la caída en el crecimiento de la población a la reducción de la migración internacional neta (NIM, por sus siglas en inglés), que puede entenderse a grandes rasgos como el resultado de restar la cifra de emigrantes (los que se van del país) de los inmigrantes (los que ingresan al país).
“Dado que los nacimientos y las muertes se han mantenido relativamente estables en comparación con el año anterior, la fuerte caída en la migración internacional neta es la principal razón del ritmo de crecimiento más lento que observamos hoy”, dijo Christine Hartley, subdirectora de la división de Estimaciones y Proyecciones de la Oficina del Censo, en una nota de prensa divulgada esta semana.
La experta calificó como “histórica” la caída de la migración internacional neta, que pasó de 2,7 millones (2023-2024) a 1,3 millones (2024-2025).
William Frey, investigador especializado en Demografía del Brookings Institution, un centro de estudios con sede en Washington DC, destaca que la cifra de migración neta de 2,7 millones de 2024 es una de las más altas registradas en tiempos recientes y que, de hecho, incluso los 1,3 millones del último año también es un número elevado si se mide con parámetros históricos.
Tanto Frey como la Oficina del Censo estiman que la tasa de migración internacional neta seguirá cayendo en los próximos años.
Menos llegadas, más deportaciones
Entre los factores que pueden estar afectando al número de migrantes presentes en Estados Unidos y, por ende, el aumento de la población, los expertos otorgan mayor peso a las dificultades cada vez mayores que enfrentan los extranjeros para viajar a EE.UU.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense ha tomado una gran cantidad de medidas que limitan el ingreso de extranjeros a EE.UU., incluyendo el endurecimiento de las condiciones para la emisión de visas de estudio y de trabajo, así como de las posibilidades para solicitar asilo o refugio.
En paralelo, fronteras adentro, ha aplicado una dura campaña de deportación de migrantes indocumentados que ha incluido, en algunos casos, el envío de estas personas a terceros países como El Salvador.
El gobierno también ha revocado las protecciones temporales que habían sido otorgadas durante el gobierno de Joe Biden a centenares de miles de migrantes a través de mecanismos como el estatus de protección temporal (TPS) o el parole humanitario.
Los funcionarios del gobierno Trump han dejado claro en no están de acuerdo con esas protecciones y les han pedido a las personas favorecidas por las mismas que abandonen voluntariamente el país, so pena de ser deportados por la fuerza.
La reducción drástica en los intentos de ingresar a EE.UU. son evidentes en las estadísticas oficiales. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el número de “encuentros” (que es el término que usan para referirse al momento en que los agentes entran en contacto con un extranjero que quiere ingresar al país, pero no cumple con los requisitos exigidos) ocurridos en febrero de 2025 fue de 28.613, lo que equivale a poco más de un 12% de los encuentros registrados en el mismo mes de 2024.
La tendencia a la caída se mantuvo durante el segundo semestre de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que entre octubre y noviembre de 2025 (los dos primeros meses del año fiscal en EE.UU.) los agentes fronterizos registraron 60.940 “encuentros”.
Según el DHS, esa cifra es más baja que la registrada en cualquier año fiscal previo hasta la fecha y es un 28% menor que el mínimo anterior de 84,293 registrado en el año fiscal 2012.
Frey considera que la reducción del ingreso de extranjeros en EE.UU. ha tenido más peso que las deportaciones en la reciente caída del crecimiento de la población, aunque no descarta que eso cambie en el futuro.
En esa apreciación coinciden Wendy Edelberg, Stan Veuger y Tara Watson, otros expertos del Brookings Institution que a mediados de enero publicaron un análisis sobre el impacto macroeconómico de estas políticas migratorias.
“Aunque las deportaciones y otras salidas reciben más atención mediática, la desaceleración de nuevas llegadas -especialmente a través del parole humanitario, los programas de refugiados y en la frontera suroeste- tiene un efecto mayor en la reducción de los flujos migratorios en 2025”, escribieron.
Pero, ¿qué indica esta caída en el crecimiento de la población estadounidense y qué consecuencias puede tener?
Los efectos económicos de la migración negativa
El análisis de la Oficina del Censo detectó que EE.UU. se mueve hacia una migración internacional neta negativa, es decir, hacia una situación en la que sean más las personas que se van del país que las que entran, algo que no ocurre desde 1971.
Eso, según el análisis citado del Brookings Institution, es probable que ya haya ocurrido en 2025.
“Estimamos que la migración neta estuvo entre -295,000 y -10,000 para ese año. Para 2026, proyectamos que la migración neta probablemente seguirá en territorio negativo. Estas cifras vienen con la advertencia de que las recientes reducciones en la transparencia de los datos hacen que las estimaciones sean más inciertas”, escribieron los expertos.
¿Qué significaría esto para la economía estadounidense? Probablemente una desaceleración del empleo y del crecimiento.
Según se explica en el estudio, el auge migratorio experimentado entre 2022 y 2024 “estuvo acompañado de un robusto crecimiento del empleo, con los inmigrantes suministrando mano de obra y generando demanda de bienes y servicios”.
Los expertos estiman que durante la segunda mitad de 2025 el empleo creció a tasas mensuales de entre 20.000 a 50.000 puestos por mes, algo consistente con los flujos migratorios, pero advierten que en 2026 esos números podrían volverse negativos.
“La reducción de la inmigración también tiene efectos moderados de atenuación sobre el PIB y debilitará el gasto del consumidor en un estimado combinado de US$60.000–US$110.000 millones durante los dos años”, advierten.
William Frey señala que la continua reducción de la tasa migratoria se traducirá en que la población estadounidense se vuelva más pequeña y más envejecida.
Se trata de un problema que ya afrontan algunos países europeos y que EE.UU. ha logrado esquivar gracias, en gran medida, a la inmigración que es fundamental para ayudar a aumentar la población joven del país.
El experto señala que los censos de 2010 y 2020 reportaron una disminución de la población menor de 18 años en EE.UU.
“Eso habría sido peor de no ser por los migrantes y sus hijos, porque los inmigrantes son más jóvenes, y hay más mujeres en edad reproductiva. Y eso ayuda a aumentar la tasa de natalidad”, señala.
Explica que aunque en EE.UU. el porcentaje de personas nacidas en el extranjero se ubica en torno al 15%, la inmigración tiene un peso importante entre los menores de 18 años pues en torno al 28% son inmigrantes o hijos de inmigrantes nacidos en el país.
“Así que si reducimos la inmigración, esa población joven no solo seguirá disminuyendo entre los menores de 18 años, sino que también disminuirá la población joven en edad de trabajar. Y si la fuerza laboral en general se estanca en lugar de crecer, eso no es muy bueno para la economía estadounidense”, agrega.
“A alguna gente no le gusta oír esto a veces, pero realmente seguimos siendo una nación de inmigrantes. Es lo que nos hizo exitosos durante nuestros mejores años. Si tenemos que mirar a un futuro en el que ya no seamos una nación de inmigrantes, en la que la población crece aún más lentamente y envejece aún más rápido, creo que eso no nos ayudará ni económicamente ni como una gran potencia, para conectarnos bien con otras partes del mundo”, dice.
“Tenemos una economía global de gente joven que está en internet, que está tratando de abrirse camino en industrias y oportunidades de aprendizaje que están por todo el mundo. Son los jóvenes los que hacen eso, no los viejos. Y por eso necesitamos tener más de esos jóvenes. Y si podemos obtenerlos de otros países, eso será muy bueno”, concluye.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
