La desigualdad de los datos
Como cualquier fenómeno estructural, la discriminación se manifiesta en distintos espacios y los datos no son una excepción. A pesar del esfuerzo inicial por presentar a las tecnologías de información y análisis de datos como herramientas neutrales que ayudarían a aliviar problemas sociales, ha quedado claro que, por el contrario, tienden a replicar patrones que exacerban la desigualdad. De una manera muy concreta, las disparidades se hacen visibles al analizar el estatus de los datos públicos que producen las autoridades. Si bien las instituciones mexicanas han demostrado que tienen una amplia capacidad para producir datos precisos de la más alta calidad —como sucede, por ejemplo, con los indicadores económicos—, estos recursos y conocimientos técnicos no se han invertido de la misma manera para la producción de datos sobre las experiencias de los grupos históricamente discriminados. De hecho, en muchas ocasiones no es posible conocer las experiencias de personas trans, personas afrodescendientes o personas que viven con una discapacidad, entre otras, en México. Aunque la brecha de datos en cuanto a la cantidad (o mera existencia) es la más evidente, las brechas también se manifiestan en otros criterios como la periodicidad con la que se actualizan y el grado de accesibilidad de aquellos que sí existen. Dado que la información estadística constituye un insumo indispensable para el diagnóstico de los problemas públicos, el diseño de intervenciones y la evaluación de políticas, dichas asimetrías inhiben su aprovechamiento. La responsabilidad de mejorar la calidad y accesibilidad de los datos recae en todas las autoridades y en los tres niveles de gobierno. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil deben apropiarse de la información existente y evaluarla.
Antes de examinar con más detalle las desigualdades entre datos de distintos temas, vale la pena ahondar cómo la información estadística ayuda a comprender mejor los problemas sociales. Para ilustrar esta capacidad, se puede tomar como ejemplo a los movimientos de mujeres. De manera puntual, los datos han permitido detectar que la forma en la que las mujeres son asesinadas han cambiado en los últimos años: ahora 6 de cada 10 mueren por ataques con arma de fuego y mueren más en las calles que en sus casas. 1 Esta información se traduce en la necesidad de que el movimiento feminista incorpore en su agenda el desarme del país, así como la desmilitarización de la seguridad pública. La información estadística también ha evidenciado que las mujeres prefieren denunciar eventos de violencia ante las autoridades de sus escuelas o centros de trabajo antes que hacerlo en un Ministerio Público. 2 Un último ejemplo es que la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a las mujeres. 3 Así pues, los datos permiten ajustar el diagnóstico respecto a cuáles son las causas de las violencias que viven las mujeres, favorecer las intervenciones que son preferidas por ellas y evaluar los efectos perniciosos de políticas inadecuadas.
Aunque existe mucha más información para estudiar los efectos que el género tiene en distintos fenómenos sociales, aunado a otros rubros —como orientación sexual, raza o discapacidad— y a pesar de la innegable importancia que los datos mencionados han tenido en el debate público, los datos siguen siendo insuficientes. Prueba de ello es la dificultad para diagnosticar el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en la violencia doméstica, debido a que los instrumentos que miden este tipo de fenómenos, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), no se levantan con la suficiente periodicidad. De hecho, la ENDIREH solo se ha levantado en cuatro ocasiones en los últimos 20 años y los datos más recientes son de hace seis (la publicación más reciente fue en 2016). Lo mismo sucede con otros instrumentos que son esenciales para el análisis de la situación de derechos humanos, como la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), la cual ha sido levantada en dos ocasiones o la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), que solo se levantó en 2017. La ausencia de datos, o la demora en su actualización, no es una característica inherente de la infraestructura digital en México. De hecho, la amplia disponibilidad de indicadores económicos demuestra la sólida capacidad de las autoridades para producir y publicar información. Por ejemplo, hoy en día es posible acceder a más de 15 indicadores distintos sobre el nivel de inflación en México mes a mes y consultar gráficas interactivas que muestran su desarrollo desde 1969. Aquí hay que destacar la brecha en accesibilidad. Mientras que para consultar datos sobre inflación (u otros indicadores económicos) solo hace falta saber cómo navegar un sitio web para acceder a las visualizaciones, el sitio del INEGI no ofrece ninguna herramienta de generación automática de gráficas para los resultados de encuestas como la ENDIREH, la ENPOL o la ENADIS. Si bien es cierto que se ofrecen tabulados y reportes sobre los resultados generales, acceder a indicadores más específicos y construir series de tiempo requiere que la persona interesada tenga un conocimiento de softwares especializados en análisis estadístico (como R o Python), creando así una barrera de acceso al conocimiento.
Por supuesto, han existido esfuerzos para hacer que la información estadística en temas de género sea más accesible. Sin embargo, estos no han sido consistentes. Un caso relevante es el de la plataforma web Atlas de Género (impulsada por el INMUJERES, ONU Mujeres, la CEPAL y el propio INEGI), que ofrece a las personas usuarias un menú de más de 40 indicadores sobre el estatus socioeconómico de las mujeres en México. El sitio contempla tablas que facilitan la comparación entre hombres y mujeres e incluye mapas con el desagregado estatal. A pesar de ser un sitio accesible y amigable, una exploración más detallada evidencia deficiencias en la calidad del portal. En primer lugar, los datos no han sido actualizados: los indicadores con datos más recientes tienen más de cuatro años de antigüedad, mientras que otros tienen ya casi diez años, tal es el caso de las cifras sobre el número de regidoras en las entidades federativas que datan del 2012. Este rezago no se debe a una falta de actualización de las fuentes originales. Por ejemplo, la plataforma reporta el número de juezas en el país según los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal de 2014, cuando la versión más actual de dicho Censo es de 2021 y el INEGI ha hecho levantamientos anuales. Esto sugiere que la plataforma fue lanzada sin un plan para actualizar las cifras reportadas. En segundo lugar, el navegador no ofrece series de tiempo, por lo que no es posible analizar cómo han cambiado los indicadores a través de los años. Por último, las bases descargables no siempre son claras sobre el año específico que se está reportando y tampoco hay documentación disponible que transparente cómo se procesó la información tomada de las fuentes originales.
La desigualdad de los datos genera barreras al conocimiento, pues impide que las personas que no cuenten con una formación específica en análisis de datos accedan a la información más actual de manera rápida y sencilla. Estas críticas tienen el único objetivo de llamar la atención sobre el estatus de los datos relacionados con derechos humanos para atraer interés y recursos a su producción. El hecho de que la información sea escasa o desactualizada no desestima su enorme valor, en particular cuando se toma en cuenta que no existen plataformas públicas equivalentes para conocer la situación de personas afrodescendientes, LGBT+ o con discapacidades en México. Además, se debe enfatizar que la labor del INEGI es invaluable —de hecho, es una de las mejores instituciones a nivel mundial en la generación de información estadística— y reconocer que la producción de conocimiento desde la academia, el sector público, el sector privado y sociedad civil no podría existir sin este Instituto. Es indispensable reconocer los esfuerzos que ha hecho para generar más información, como el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género Web (que podrá ser respondida hasta el 21 de abril de 2022). Estos esfuerzos se han dado, además, dentro del contexto de recortes presupuestales que pusieron en riesgo el levantamiento de distintas encuestas, incluida la ENPOL. Esto significa que la responsabilidad de producir datos pertinentes y accesibles es de todas las autoridades mexicanas y no solo de un Instituto. De hecho, fortalecer las capacidades de producción de información y transparencia de los gobiernos locales es un pendiente urgente en materia de políticas de datos —dado que mucha de la información relacionada con derechos humanos depende de instituciones como centros penitenciarios o fiscalías—. También es imperativo exigir que el gobierno federal destine los recursos necesarios y reconozca su relevancia para la salud democrática del país.
Las autoridades mexicanas cuentan con la capacidad técnica para producir más y mejores datos sobre las experiencias de las poblaciones históricamente discriminadas, así como las herramientas para hacer más accesible la información disponible. Para contar con los mismos estándares de calidad que ya existen para los datos económicos, debe haber una redistribución de recursos técnicos. Es decir que debe haber un debate serio sobre qué políticas de datos se deben implementar en materia de derechos humanos para fortalecer los diagnósticos, soluciones y evaluaciones de intervenciones. Dado que los datos son indispensables para las políticas públicas efectivas, las políticas públicas de datos deben ser, en sí mismas, una prioridad. Como parte del esfuerzo por contribuir a la discusión sobre políticas públicas de datos, recientemente se publicó el informe Datos para la Vida de las organizaciones Data Cívica e Intersecta, que analiza hasta qué punto los datos públicos de homicidios en México son útiles para diagnosticar el impacto de la violencia en distintos grupos sociales históricamente discriminados, acompañado también de una serie de recomendaciones. Algunos de los hallazgos del informe indican que las pocas variables que existen para identificar aspectos esenciales de la identidad de una persona (como si hablaba una lengua indígena) o sobre el contexto (si existen antecedentes de violencia doméstica) suelen dejarse vacías, por lo que no hay información disponible. Este informe es un primer ejercicio que demuestra que, mientras no se mejore la cantidad, la calidad y la accesibilidad de los datos, estos seguirán reflejando las mismas desigualdades que se manifiestan en las esferas económicas, políticas y sociales. Contar con datos estadísticos abiertos y accesibles sobre distintos fenómenos sociales es un requisito para una democracia sana. Mientras haya más datos y más accesibilidad, habrá más personas usuarias que podrán apropiarse de la información y realizar sus propios análisis de los problemas públicos y diseñar estrategias para aliviarlos.
* Regina Isabel Medina Rosales (@regi_medina) es analista de datos en Intersecta y egresada de la Licenciatura en Políticas Públicas del CIDE Región Centro.
1 Esta cifra se basa en los Registros de Mortalidad del INEGI y se retoma en el artículo “Seis de las diez” de Estefanía Vela Barba, que a su vez retoma el análisis del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, disponible aquí.
2 El dato proviene de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI y se explora a fondo en el artículo “La (invisibilidad de la) violencia laboral en México” de Adriana Ortega disponible aquí.
3 Los datos de la proporción de mujeres que se encuentran encarceladas sin sentencia provienen de los Cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y se analizan a profundidad en el informe La condena sin sentencia, disponible aquí.
El gobierno guatemalteco atribuye a sus rivales políticos el asesinato hace unos días de una decena de policías.
Células de la pandilla Barrio 18 asesinaron la mañana del 18 de enero a diez policías e hirieron a otros ocho, en uno de los ataques más letales de los últimos años contra las fuerzas de seguridad en Guatemala.
La ofensiva criminal comenzó un día antes en la capital del país con la toma de tres presidios de forma simultánea, donde reos vinculados a las maras mantuvieron como rehenes a 46 empleados de prisiones.
El presidente Bernardo Arévalo, que gobierna desde hace un año en un contexto de fuerte confrontación con la poderosa y cuestionada fiscalía guatemalteca, decretó el cierre provisional de escuelas y un estado de sitio por 30 días en todo el país.
El gobierno acusa a sus adversarios políticos de estar detrás de los ataques para generar caos; la oposición se desliga y acusa al gobierno del presidente Arévalo de tibieza en el combate a las pandillas; Barrio 18 se muestra hermético con la prensa y apenas esboza unas quejas sobre las condiciones de vida de los penales; y la población, ajena a las disputas entre criminales y élites políticas, espera no ser blanco del siguiente ataque.
Para entender el origen y las implicaciones de esta nueva crisis, BBC Mundo habló con miembros del Barrio 18, altos mandos de la cartera de seguridad del gobierno guatemalteco, personeros de la policía, activistas en los territorios controlados por pandillas y personas cercanas al ejecutivo.
Un ataque anunciado
BBC Mundo contactó con un alto funcionario del gobierno involucrado directamente con el manejo de esta crisis, quien brindó declaraciones bajo el compromiso de no ser identificado en esta nota, y a quien nos referiremos como funcionario 1.
Esta persona aseguró que agentes de inteligencia penitenciaria detectaron el jueves 15 de enero un plan de la pandilla Barrio 18 para coordinar una ofensiva en el sistema penitenciario y en las calles. No sabían cuándo este plan sería ejecutado.
Según este funcionario, se informó de esto a la policía guatemalteca a fin de resguardar la vida de los agentes; sin embargo, policías de calle consultados para esta nota dijeron no haber tenido información al respecto y haber estado haciendo los patrullajes de forma rutinaria el domingo 18.
BBC Mundo habló el 22 de enero con Jorge Aguilar, vocero oficial de la Policía Nacional Civil de Guatemala, quien confirmó que efectivamente se conocía el plan del Barrio 18 tanto para la toma coordinada de las tres cárceles como para la ofensiva en la calle.
No obstante, ante la pregunta de si se advirtió a los patrulleros sobre una amenaza concreta e inminente, respondió que a diario se les instruye a “extremar medidas de protección personal” como parte del protocolo habitual. No hubo, reconoció, una alerta específica previa a los ataques que terminaron con la vida de diez agentes.
Todo indica que la información sobre la ofensiva se filtró por diferentes canales. Esto es coherente con lo dicho a BBC Mundo por una activista que, por sus más de diez años trabajando en centros penitenciarios, tiene contacto cercano y acceso a miembros de la “rueda”, el grupo de líderes del Barrio 18.
Esta persona mostró a este medio mensajes de un líder medio del Barrio 18 que recomendaba: por su seguridad “no se acerquen a ningún puerco” (término despectivo para llamar a los policías en el argot pandillero), ya que habría consecuencias.
Esa comunicación se produjo el miércoles 14 en la localidad de Villa Nueva, donde se dio uno de los ataques más graves la mañana del domingo 18 con la muerte de dos policías que custodiaban el Centro de Justicia de esa localidad.
Otra señal previa que no fue tomada en cuenta por las autoridades fue la cancelación, por orden directa de Barrio 18, de partidos de fútbol en decenas de ligas barriales programados para ese mismo domingo, una medida habitual de control territorial cuando se anticipan hechos violentos.
Pandilleros de Barrio 18 y miembros veteranos de esa estructura aseguraron a BBC Mundo que los ataques tienen que ver con el traslado de sus líderes a centros penitenciarios de mayor seguridad y a las malas condiciones de los centros penales.
Sin embargo, ese mismo domingo, un líder carcelario no pandillero recluido en el penal de máxima seguridad Renovación 1, Mario Roberto Barneon García, difundió un video desde prisión en el que instaba a la población a derrocar mediante un golpe de Estado al presidente Arévalo.
El líder penitenciario portaba un chaleco antibalas con el logo de la policía guatemalteca, el cual, según sus propias palabras, había sido arrebatado a un agente penitenciario. El vocero de la policía Jorge Aguilar afirmó a este medio que según sus informaciones fue la mara Barrio 18 quien pagó a este líder no pandillero para lanzar ese mensaje.
Pero, ¿por qué quieren derrocar al presidente y quién estaría detrás?
¿Motivaciones políticas?
Una persona cercana al ejecutivo, que pidió no ser identificada por su nombre o cargo, aseguró que la postura interna del gobierno es que el ataque tiene motivaciones políticas que buscan desestabilizar al Ejecutivo.
En la misma línea, el funcionario 1 afirmó contar con pruebas de que personas vinculadas a la ex primera dama Sandra Torres, fundadora y líder del partido UNE, que perdió las elecciones presidenciales de 2023 frente a Arévalo, estarían detrás de la ofensiva atribuida al Barrio 18.
Aunque no facilitó a BBC Mundo acceso a esas pruebas, su testimonio da cuenta de hacia dónde apunta la lectura interna del gobierno.
El propio Arévalo aseguró que, incluso antes de asumir el cargo, tuvo conocimiento de que se preparaba un atentado en su contra.
“Una fiscal del Ministerio Público nos informó de una escucha que habían hecho, porque estaban utilizando los métodos en el marco de una investigación, en donde Barrio 18 discutía el encargo que les habían hecho de cometer un atentado en mi contra”.
No obstante, el mandatario reconoció no contar con pruebas que le permitan señalar responsables concretos.
“Es un fenómeno que caracteriza este Estado cooptado por las élites político-criminales. Es un sistema de colusión en donde los actores que trafican corrupción, trafican impunidad, trafican negocios turbios, negocian, se unen y tienen capacidad de acción para intereses comunes de la colusión entre los grupos de pandillas”, dijo la pasada semana.
El presidente cree que estas acciones para debilitar al gobierno se han intensificado en un momento en el que se esperan cambios importantes.
En los próximos meses toca renovar instituciones clave, con la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad y sobre todo el relevo en la fiscalía previsto para mayo.
Este proceso llegará en pleno pulso entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, a quien el gobierno acusa de instrumentalizar la justicia para frenar reformas y cambios institucionales en un sistema plagado de corrupción.
La respuesta del Estado
El Estado guatemalteco respondió el 18 de enero con una fuerza intermedia: una operación rápida para retomar el control de los centros penitenciarios combinada con medidas de excepción.
Los tres penales tomados -Preventivo de la Zona 18, Fraijanes II, y Renovación 1, estos dos últimos de máxima seguridad- fueron recuperados el mismo día.
Según fuentes de inteligencia, el objetivo principal de la operación era desarticular el motín en Renovación 1 y capturar al principal líder del Barrio 18, Aldo Dupie, alias “El Lobo”.
El funcionario 1 explicó a este medio que la estrategia consistió en saturar el penal con gas lacrimógeno, aprovechando que El Lobo padece asma crónica y otros problemas respiratorios. Se lanzaron decenas de latas de gas para reducir a los amotinados, obligarlos a entregar las armas y rendirse en pocas horas.
Según esta fuente, el objetivo era recuperar el penal sin tener causar la muerte a los reos amotinados. Todo apunta a una operación limpia: no hubo ningún muerto ni herido de gravedad en ninguno de los bandos. El Lobo fue reducido y capturado. Se le mostró con la cara ensangrentada, esposado de manos y caminando lento, pero sin lesiones de consideración.
A las seis de la tarde, el presidente Arévalo se dirigió al país en cadena nacional para informar sobre la recuperación de los centros penitenciarios y decretar luto nacional por la muerte de ocho agentes policiales —una cifra que horas más tarde se elevó a diez—.
Como medida central, Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar capturas y allanamientos, y permite la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Esta medida se da en un contexto centroamericano donde las narrativas populistas y los grupos de derecha claman por medidas de más fuerza, como las tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele
Bukele mantiene desde hace tres años y nueve meses un régimen de excepción que ha permitido capturar a más de 90.000 presuntos delincuentes, situando a El Salvador como el país con más presos per cápita del mundo.
Como parte de esa estrategia de mano dura, se registra una caída masiva en la tasa de homicidios.
Al cierre de esta nota, el gobierno guatemalteco había desplegado múltiples operativos policiales que resultaron en al menos 25 capturas de presuntos miembros del Barrio 18 y al menos uno de la Mara Salvatrucha 13. Aldo Dupie fue además aislado dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, en un hecho insólito en el universo de las pandillas centroamericanas, el gobierno de Arévalo apunta a la esposa de El Lobo como responsable de ordenar y coordinar los ataques.
Se trata de María Marta Castaneda Torres, sobrina directa de la excandidata presidencial y principal opositora al gobierno de Arévalo, Sandra Torres.
Castaneda fue capturada en agosto de 2025 y se encuentra ligada a un proceso penal por delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, vinculados presuntamente a ataques contra una fiscal del Ministerio Público.
Este 20 de enero, como parte de las acciones del gobierno contra el Barrio 18, fue enviada a aislamiento en el centro de reclusión preventiva de la base militar Mariscal Zavala, conocida como la cárcel VIP por haber albergado a reclusos de alto perfil.
Esta decisión reforzó la lectura del Ejecutivo de que detrás de la masacre de policías y de la crisis penitenciaria hay actores políticos interesados en desestabilizar al gobierno.
Preguntamos sobre esto al vocero de la policía Jorge Aguilar y respondió que “la policía no hablará de política; eso que se lo respondan los políticos”.
Aseguró que la policía trabaja bajo una premisa más sencilla: “Barrio 18 ataca como una forma de presión para que se traslade a su líder, alias Lobo, quien desde mediados de 2025 se encuentra en el penal de máxima seguridad Renovación 1, hacia el penal preventivo de la zona 18”.
Las versiones divergentes dentro del propio gobierno de Arévalo evidencian la falta de una explicación unificada sobre los motivos de la masacre.
El ministro de Gobernación declaró el 21 de enero que los ataques ocurrieron como respuesta a la recuperación de los penales, una afirmación difícil de sostener, ya que los asesinatos de policías comenzaron por la mañana, cuando los centros aún estaban bajo control del Barrio 18.
En esa misma comparecencia, el presidente Arévalo reiteró su tesis sobre la participación de actores políticos: “Vemos que, efectivamente, hay actores que están detrás de esto y están lanzando mensajes en el momento en el que estamos enfrentándonos a un proceso en donde vamos a recuperar el sistema de justicia gracias a estas elecciones que tenemos en los próximos días”, en referencia a la renovación de la fiscalía.
Sandra Torres, por su parte, respondió a las alusiones del Ejecutivo acudiendo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde responsabilizó al presidente de cualquier atentado contra su integridad.
El diputado José Inés Castillo, vocero del partido UNE, el de Torres, rechazó las acusaciones y defendió a su dirigente.
“Es cierto, es verdad, una sobrina de nuestra dirigente del partido, Sandra Torres, está casada o vive con un jefe de una banda de terroristas. Pero Sandra Torres no tiene la culpa de que su sobrina tenga una conducta inapropiada dentro de la sociedad. Y además la responsabilidad penal es personalísima en este país”, alegó.
La confrontación política entre el Ejecutivo y otros actores del Estado se ha convertido así en el telón de fondo de la masacre de los policías.
Mientras las responsabilidades se debaten en despachos oficiales y espacios políticos, los diez agentes asesinados -dos de ellos mujeres- fueron sepultados por sus familias en distintos cementerios del país.
Los motivos últimos de sus muertes siguen siendo objeto de disputa.
Reacomodos en el universo criminal
Las pandillas en Guatemala tienen su origen en la ciudad de Los Ángeles, donde surgieron y se organizaron bajo un conjunto de normas internas conocido como el Sur.
Este régimen normativo (que en California sigue vigente) establecía reglas para los enfrentamientos entre pandillas y promovía, en determinados contextos, una suerte de frente común contra otros conglomerados criminales.
En Centroamérica, y concretamente en Guatemala, este pacto fue invocado por los líderes pandilleros en las prisiones a principios de la década de los 2000 para enfrentarse a las estructuras carcelarias de poder, en su mayoría gobernadas por exmilitares o capos ligados al mundo militar.
Las pandillas hicieron un frente común y lograron derrotar a esas otras estructuras carcelarias, decapitando a dirigentes emblemáticos y asesinando a decenas de sus hombres.
Ese frente común se terminó el día 15 de agosto de 2005 en el penal de Pavón, cuando la MS13, al mando de Jorge Hair de León Hernández, conocido como El Diabólico, perpetró una masacre contra los miembros del Barrio 18.
Desde entonces ambas estructuras han mantenido una guerra sostenida por control territorial y venganzas, tanto en barrios urbanos como dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, en la ofensiva reciente se observan indicios de una coordinación inédita entre ambas pandillas, al menos en la forma de un pacto tácito de no agresión en medio del caos.
El funcionario 1 afirma que Diabólico (MS-13) y El Lobo (Barrio 18) estuvieron en celdas contiguas durante 2025 donde, según inteligencia del Estado, alcanzaron algún tipo de entendimiento.
BBC Mundo realizó un recorrido por diversas zonas de la capital, incluyendo lugares en los que fueron perpetrados los ataques, donde no se pudo constatar un ambiente especialmente hostil.
La actividad comercial continuaba y el transporte público operaba con normalidad. Aunque escuelas y universidades fueron cerradas de forma preventiva el lunes 19 de enero por orden presidencial, al día siguiente retomaron su funcionamiento habitual.
En el recorrido del día 19 de enero no se detectó presencia anormal de policías o militares en estas zonas, lo que, según testimonios de vecinos, genera en la población una idea de abandono, ineficiencia y poca respuesta por parte del Estado ante la ofensiva pandillera.
En los territorios visitados, BBC Mundo constató además una expansión sin precedentes del Barrio 18 en Guatemala. Barrios y zonas periféricas de la capital que hasta hace poco estaban bajo control de la MS-13 han pasado en los últimos meses a manos de esta pandilla rival, reconfigurando el mapa criminal del país.
Fuentes cercanas al mundo pandillero señalan que, en paralelo, se ha producido el desplazamiento de decenas de integrantes del Barrio 18 hacia ciudades fronterizas de México, un movimiento que podría responder tanto a la presión estatal como a estrategias de expansión regional.
Como dato simbólico, un exmiembro del Barrio 18 indicó que los ataques se realizaron el día 18 de enero, una fecha con un significado particular dentro del imaginario de esta banda criminal.
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