Los derechos humanos en 2025
El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, la agenda de derechos humanos ha estado marcada por la debilidad y ataques al multilateralismo —cuando celebramos los 80 años de Naciones Unidas—, una apuesta entre los Estados por la paz, la seguridad y la cooperación internacional; por otro lado, en México esa apuesta que debería ser naturalmente multilateral ante los embates de países poderosos, se juega en dos niveles, a nivel internacional, como una aliado del multilateralismo y a nivel local, con un negacionismo ante los diversos retos y pendientes en la materia, sobre los que nos referiremos a continuación.
La crisis de desaparición en el país se hizo palpable durante el primer trimestre con el horror del caso Teuchitlán, un evento que evidenció la magnitud del problema y llevó al Ejecutivo a tener que abordar el tema. Las imágenes de Teuchitlán y después de múltiples eventos de violencia generalizada en el país nos confirman que el alcance de la gobernanza criminal en diversas zonas es sin duda el mayor reto para la democracia en México.
A lo largo del año, colectivos de búsqueda alzaron la voz por la ausencia de más de 130 mil personas. La continua gravedad de la situación motivó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (Comité CED) a iniciar, por primera vez, el mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional, para determinar si las desapariciones en México son “generalizadas” o “sistemáticas” y presentarla ante la Asamblea General. En respuesta, el gobierno impulsó reformas en la materia que, sin embargo, resultan insuficientes y parten de un diagnóstico erróneo que prioriza las estadísticas sobre la atención real a la crisis. Posteriormente, el relevo de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda también expuso los retos de poner al centro a las víctimas; señalamos que solo así podrá fortalecerse una política pública de búsqueda rigurosa y eficaz, tan urgentemente necesaria en el país.
Además, otro reto —identificado por la CIDH en su informe sobre personas defensoras— es la alta vulnerabilidad a la que están expuestas las buscadoras por su labor. Al menos 32 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, seis en este año, con impactos diferenciados en las mujeres. Seguimos insistiendo en la necesidad de no estigmatizar y proteger a las buscadoras que son la reserva moral del país y porque buscar no debe costar la vida.
La militarización no ha detenido la violencia, por el contrario, se siguen documentando casos graves que involucran elementos de las Fuerzas Armadas. En Sinaloa, el caso de las niñas Leydi Medina y Alexa Rojas, asesinadas en lo que se intentó justificar falsamente como un enfrentamiento, pone en evidencia las fallas en las medidas de control y supervisión, así como en la rendición de cuentas y acceso a la justicia para las víctimas. En Guanajuato, por ejemplo, la desaparición forzada del joven José Juan Arias, donde elementos de la Guardia Nacional están presuntamente involucrados en su detención, es otra muestra. A esto se suman los escándalos de corrupción, como el del “huachicol fiscal”, que confirma las preocupaciones ante la falta de controles civiles de supervisión frente al Poder Militar.
En materia de tortura, este año se emitió el Programa Nacional para Erradicar la Tortura (PNT), después de que diversas organizaciones debimos litigar su publicación ante la omisión de cumplir con esta obligación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El Programa reconoce que -contrario a lo que se dice en el discurso- la práctica persiste. Como da cuenta el caso de Diego Fernando Bonilla, indígena torturado en Veracruz por policías de investigación y quien después de una larga denuncia, acompañado de su comunidad, no ha podido encontrar justicia.
A nivel institucional en materia de justicia; la reforma al Poder Judicial culminó en una elección con participación ciudadana baja, con visibles irregularidades como el uso de acordeones para “orientar” el voto y la preocupante politización de las personas juzgadoras. Así, los efectos de esta elección se comenzaron a hacer visibles. La SCJN realizó una inadecuada discusión en torno a la modificación de un artículo a la Ley General de Víctimas que validó la eliminación del mínimo presupuestal para su atención.
Este año también fuimos testigos de alarmantes iniciativas de reformas, las reformas en materia de seguridad, inteligencia y justicia, que han dejado un Estado con poderes amplísimos para la vigilancia digital, con más bases para emplear nuevas tecnologías en seguridad, más militarizado, más centralista en la definición de políticas de seguridad y con múltiples agencias habilitadas para la investigación de delitos. A esto se le suman reformas regresivas a la Ley de Amparo que limitaron las figuras como la del interés legítimo, así como otras reformas regresivas que están en puerta, como la regulación de la figura de “jueces sin rostro”, que fue removida de la discusión en la última semana de sesiones del Senado, pero que se advirtió se analizará a inicios de 2026. No podemos olvidarnos de que se continuó expandiendo el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de la inconvencionalidad de la figura. Aun así, las Fiscalías, el nudo central de la impunidad, siguen sin ser reformadas y continúan sin poner al centro a las víctimas.
Todo ello, en un contexto donde hemos comenzado a ver los impactos de la falta de algunos controles que fueron eliminados o debilitados, como la falta de mecanismos de transparencia, después de la eliminación del INAI, la constante ineficacia de la CNDH, cuya actuación seguimos monitoreando anualmente y donde la polarización de las discusiones políticas ha llevado a atestiguar eventos de violencia inaceptables, de particulares y aún más condenables de autoridades, en contextos de protesta.
Si bien los retos continúan siendo mayores, también podemos nombrar buenas noticias en diversas dimensiones; en casos concretos, como el de Keren Ordóñez, sentenciada a 50 años de prisión por un secuestro que no cometió, ilustra la prevalencia de sesgos de género en el juicio y la utilización de tortura. Keren recuperó su libertad en abril de este año y pudo reunirse con su mamá, papá e hija luego de 10 años en injusta prisión.
También en medidas estructurales, como la reducción de la pobreza. En los últimos 6 años, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, impulsado por el aumento del ingreso de los hogares, principalmente, derivado del 135% en el salario mínimo desde 2018. Medidas que sin duda nos reiteran que poner a los grupos vulnerables al centro con políticas de largo aliento es la vía para combatir los retos más grandes, como la desigualdad en el país.
De cara al 2026, los desafíos en materia de derechos humanos exigen una renovada voluntad política y un enfoque centrado en la dignidad humana. La crisis de desaparición forzada sigue siendo la deuda más dolorosa del Estado mexicano. Es imperativo detener la ola de iniciativas legislativas que, animadas por una narrativa atractiva ante la violencia que vive el país, se muestran cada vez más regresivas y punitivas, a lo que se le suma la profundización de una visión guiada por resultados numéricos y de profundización de las facultades militares, sin atender realidades puntuales.
Sobre todo, el próximo año debe consolidarse el compromiso ineludible con el cuidado y la protección integral de las personas buscadoras y de las víctimas que buscan justicia. Su determinación, realizada en ocasiones a costa de su propia seguridad y vida, debe ser reconocida, protegida y jamás estigmatizada, pues sólo poniéndolas al centro de la construcción de un sistema de justicia que desmantele la impunidad, y que asegure que los avances sociales, como la reducción de la pobreza, se logrará gozar plena e integralmente de todos los derechos fundamentales.
Esta es nuestra última colaboración de 2025 en este espacio. Agradecemos enormemente la siempre generosa disposición de Animal Político y a las, los y les lectores su seguimiento. ¡Nos seguimos encontrando en 2026!
Mientras Cuba se prepara para un temido escenario de “cero combustible” por las presiones de Trump, los cubanos tiran de solidaridad, inventiva y previsión.
Elizabeth Contreras* remueve el carbón en la cocina que improvisó sobre bloques de cemento en el patio de su casa.
En la parrilla hay unas piezas de pollo que alimentarán a tres familias del barrio en un municipio periférico del suroeste de La Habana.
“Mucha gente lleva días cocinando así porque la olla eléctrica apenas puede usarse sin corriente y queda poco gas”, le cuenta a BBC Mundo.
“Nos ayudamos entre vecinos en esta incertidumbre”, añade esta pensionista de 68 años.
Cuba sufre una crisis energética y de escasez de combustible que se agravó desde mediados de 2024 y que en este 2026 se acerca a un abismo impredecible.
“Vamos a vivir tiempos difíciles”, aseguró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una alocución el pasado 5 de febrero que precedió al anuncio de un plan extraordinario de ahorro energético.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump en EE.UU. desplegó varias medidas que dificultan el acceso a combustible de la isla, como la amenaza de imposición de aranceles a los países que envíen petróleo.
Washington se ha asegurado de que Cuba no reciba petróleo de Venezuela, que durante dos décadas ha sido el principal aliado de La Habana, y ha incrementado la presión para reducir el crudo que llega desde México.
Esto se une a problemas crónicos para generar electricidad por deficiencias productivas, plantas termoeléctricas obsoletas y falta de divisas para acceder a combustibles en el mercado internacional.
Son situaciones que el gobierno de La Habana atribuye al embargo económico estadounidense impuesto sobre Cuba desde los años 60, cuando triunfó la revolución socialista de Fidel Castro y se nacionalizaron industrias y negocios estadounidenses.
¿Peor que en el Periodo Especial?
Lo que se vive en Cuba estos días trae recuerdos del pasado a algunos de los habitantes de la isla.
En los 90, Cuba dependía mayoritariamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), su principal aliado político y comercial.
Tras derrumbarse la URSS, los cubanos sufrieron una grave crisis conocida como el Periodo Especial que para muchos, incluida Contreras, nunca llegó a superarse del todo, sino que se pasó “por mejores y peores momentos”.
“Pero lo de ahora me parece más grave”, opina.
Con el colapso del comercio entre Moscú y La Habana a comienzos de los 90, los cubanos se vieron forzados a un racionamiento extremo de recursos y alimentos.
Como ahora, cocinaron con carbón, sufrieron problemas de transporte y convivieron con largas horas de apagones.
Contreras recuerda que, “parecido a hace tres décadas, hemos sufrido cortes de electricidad de hasta 18 horas en más de una ocasión en las últimas semanas”.
El plan anunciado por el gobierno cubano para ahorrar incluye racionar la venta de combustible, utilizándolo para actividades económicas imprescindibles y servicios esenciales, además de priorizar el teletrabajo e implementar clases semipresenciales en universidades.
Díaz-Canel rescató en su discurso el concepto de “opción cero”, un plan de supervivencia planteado en los 90 ante un escenario de “cero petróleo”.
Michael Bustamante, profesor asociado de estudios cubano-estadounidenses de la Universidad de Miami, aclara que, en términos comparativos, el PIB de Cuba hoy es menos débil que en los 90.
“Entre el 91 y el 94, el PIB se desplomó más de un tercio. Desde la pandemia para acá, el deterioro se calcula en un 11%. No existe la misma magnitud”, dice el académico.
Sin embargo, Bustamante comprende que muchos crean que la crisis actual es más grave.
“La economía cubana nunca se recuperó del todo tras el Periodo Especial y, aunque el colapso de ahora es menor en porcentaje, se siente peor para muchos porque se parte de una situación ya de por sí delicada”, añade el experto.
Bustamante observó en su último viaje a Cuba en 2023 que los cubanos sienten que en los 90 la crisis fue igual para todos, pero que hoy se notan disparidades.
“Tras la aparición de tiendas privadas, bien surtidas, quienes tienen dinero pueden conseguir cosas. Uno pensaría que eso aliviaría la crisis para algunos, pero tengo la sensación de que hay una desigualdad rampante que poco tiene que ver con lo vivido en los 90”, argumenta.
Inventiva y costumbre
Dos testimonios obtenidos por BBC Mundo relatan que, en medio de la crisis, todavía notan cierta normalidad en las calles.
“Veo Cuba como hace unas semanas. No hay fogatas en cada calle y vimos bastante gente fuera, haciendo fila en cajeros y mucho tráfico. Todavía no he visto ‘la época de las cavernas’ que pintan muchos”, cuentan dos mujeres en mensajes de voz.
Lo cierto es que, ya sea por costumbre o inventiva, a muchos esta situación les agarra prevenidos.
Una usuaria cubana en TikTok, @darlinmedina93, ha explicado en su cuenta cómo cocinar con leña o lavar ropa en ríos.
“Sé que me vas a decir que la cocina en leña es muy rica (…) pero no es fácil, mi amor, que tengas que batirte todos los días a cocinar con carbón, leña, que tu casa se te llene de tizne y que te ahogues del humo”, narra la usuaria en uno de sus videos.
Jennifer Pedraza*, trabajadora y estudiante de 34 años, reúne “bombillos, ventiladores y lámparas recargables, además de cargadores portátiles”.
“También acumulo agua, que está fallando”, le dice a BBC Mundo.
Pedraza y Contreras sí notan una disminución del tráfico en los últimos días.
Imágenes de agencias de noticias mostraron importantes avenidas vacías este domingo, como la del Malecón habanero, que habitualmente es una de las más transitadas de la capital.
“Solo rezo por no enfermarme porque me da pavor pensar cómo podré moverme”, dice Contreras.
Es algo que no le afecta tanto a Pedraza porque vive cerca de su trabajo, pero recientemente “dejó de hacer un examen en la universidad” porque estudia lejos y “no había cómo llegar”.
Su principal preocupación es su hijo de 9 años: “En la escuela casi nunca hay corriente y, cuando sale, debe hacer repasos y tareas a oscuras porque cuando llega a casa tampoco hay electricidad”.
“Tampoco puede ver dibujos animados o películas, ni usar mucho el teléfono cuando no hay luz o internet. Es complicado para un niño estar todo el tiempo a oscuras”, cuenta.
La situación, si bien grave, no es crítica para todos los ciudadanos con los que contactó BBC Mundo. Varios de ellos cuentan con familiares en el exterior que envían remesas, alimentos y recursos, o tienen un empleo por cuenta propia.
Pero quienes no tienen estas vías se apañan con un salario medio de 6.830 pesos cubanos al mes (US$14 al cambio en el mercado informal), según cifras de noviembre de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba.
Una botella de aceite cuesta alrededor de US$2,5 y una caja con 30 huevos casi US$6, según Pedraza. Ahí se va más de la mitad del ingreso oficial.
Efecto incierto
Tras la captura de Maduro, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quien es de origen cubano, comenzaron a presionar al gobierno de la isla.
No está claro si, como en Venezuela, buscan forzar un cambio de liderazgo tras más de 60 años de un sistema sociocomunista de partido único.
Antes de las presiones petroleras, ya Trump había incluido de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y revertido muchas de las medidas aperturistas tomadas por Washington en 2015, a fines de la segunda presidencia de Barack Obama.
Díaz-Canel aseguró en su discurso del 5 de febrero que “Cuba está dispuesta a un diálogo con EE.UU. sobre cualquier tema”, aunque “sin presiones”.
La historia dice que las medidas de EE.UU. contra la isla han servido poco para acercar posturas.
“La asfixia económica de EE.UU. hacia Cuba nunca ha funcionado. Empobrece a la población y la afecta mucho más que al gobierno. No ha servido para que se negocie la gestión económica y política de la sociedad cubana”, recuerda Bustamante.
El profesor cree posible que esa historia de presión que no llega a ninguna parte se repita, aunque piensa que EE.UU. tiene hoy más cartas sobre la mesa.
“La pregunta es si Washington forzará una crisis humanitaria que provoque un estallido social y justifique una intervención militar o si el gobierno cubano cederá o apostará a aguantar hasta las elecciones de medio término y que Trump pierda capital político”, analiza Bustamante.
Son teorías que resuenan en la población cubana.
“Hay quien comenta si aquí puede suceder lo de Venezuela, aunque a nadie le gusta escuchar sobre balas y bombas”, comenta Contreras.
La sensación de que “algo va a pasar” es compartida entre cubanos de dentro y fuera de la isla, pero es difícil de predecir que será ese “algo” tras décadas de impasse político entre Washington y La Habana.
*Los nombres reales de los testimonios fueron omitidos por protección de fuentes.
