Los derechos humanos en 2025
El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, la agenda de derechos humanos ha estado marcada por la debilidad y ataques al multilateralismo —cuando celebramos los 80 años de Naciones Unidas—, una apuesta entre los Estados por la paz, la seguridad y la cooperación internacional; por otro lado, en México esa apuesta que debería ser naturalmente multilateral ante los embates de países poderosos, se juega en dos niveles, a nivel internacional, como una aliado del multilateralismo y a nivel local, con un negacionismo ante los diversos retos y pendientes en la materia, sobre los que nos referiremos a continuación.
La crisis de desaparición en el país se hizo palpable durante el primer trimestre con el horror del caso Teuchitlán, un evento que evidenció la magnitud del problema y llevó al Ejecutivo a tener que abordar el tema. Las imágenes de Teuchitlán y después de múltiples eventos de violencia generalizada en el país nos confirman que el alcance de la gobernanza criminal en diversas zonas es sin duda el mayor reto para la democracia en México.
A lo largo del año, colectivos de búsqueda alzaron la voz por la ausencia de más de 130 mil personas. La continua gravedad de la situación motivó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (Comité CED) a iniciar, por primera vez, el mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional, para determinar si las desapariciones en México son “generalizadas” o “sistemáticas” y presentarla ante la Asamblea General. En respuesta, el gobierno impulsó reformas en la materia que, sin embargo, resultan insuficientes y parten de un diagnóstico erróneo que prioriza las estadísticas sobre la atención real a la crisis. Posteriormente, el relevo de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda también expuso los retos de poner al centro a las víctimas; señalamos que solo así podrá fortalecerse una política pública de búsqueda rigurosa y eficaz, tan urgentemente necesaria en el país.
Además, otro reto —identificado por la CIDH en su informe sobre personas defensoras— es la alta vulnerabilidad a la que están expuestas las buscadoras por su labor. Al menos 32 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, seis en este año, con impactos diferenciados en las mujeres. Seguimos insistiendo en la necesidad de no estigmatizar y proteger a las buscadoras que son la reserva moral del país y porque buscar no debe costar la vida.
La militarización no ha detenido la violencia, por el contrario, se siguen documentando casos graves que involucran elementos de las Fuerzas Armadas. En Sinaloa, el caso de las niñas Leydi Medina y Alexa Rojas, asesinadas en lo que se intentó justificar falsamente como un enfrentamiento, pone en evidencia las fallas en las medidas de control y supervisión, así como en la rendición de cuentas y acceso a la justicia para las víctimas. En Guanajuato, por ejemplo, la desaparición forzada del joven José Juan Arias, donde elementos de la Guardia Nacional están presuntamente involucrados en su detención, es otra muestra. A esto se suman los escándalos de corrupción, como el del “huachicol fiscal”, que confirma las preocupaciones ante la falta de controles civiles de supervisión frente al Poder Militar.
En materia de tortura, este año se emitió el Programa Nacional para Erradicar la Tortura (PNT), después de que diversas organizaciones debimos litigar su publicación ante la omisión de cumplir con esta obligación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El Programa reconoce que -contrario a lo que se dice en el discurso- la práctica persiste. Como da cuenta el caso de Diego Fernando Bonilla, indígena torturado en Veracruz por policías de investigación y quien después de una larga denuncia, acompañado de su comunidad, no ha podido encontrar justicia.
A nivel institucional en materia de justicia; la reforma al Poder Judicial culminó en una elección con participación ciudadana baja, con visibles irregularidades como el uso de acordeones para “orientar” el voto y la preocupante politización de las personas juzgadoras. Así, los efectos de esta elección se comenzaron a hacer visibles. La SCJN realizó una inadecuada discusión en torno a la modificación de un artículo a la Ley General de Víctimas que validó la eliminación del mínimo presupuestal para su atención.
Este año también fuimos testigos de alarmantes iniciativas de reformas, las reformas en materia de seguridad, inteligencia y justicia, que han dejado un Estado con poderes amplísimos para la vigilancia digital, con más bases para emplear nuevas tecnologías en seguridad, más militarizado, más centralista en la definición de políticas de seguridad y con múltiples agencias habilitadas para la investigación de delitos. A esto se le suman reformas regresivas a la Ley de Amparo que limitaron las figuras como la del interés legítimo, así como otras reformas regresivas que están en puerta, como la regulación de la figura de “jueces sin rostro”, que fue removida de la discusión en la última semana de sesiones del Senado, pero que se advirtió se analizará a inicios de 2026. No podemos olvidarnos de que se continuó expandiendo el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de la inconvencionalidad de la figura. Aun así, las Fiscalías, el nudo central de la impunidad, siguen sin ser reformadas y continúan sin poner al centro a las víctimas.
Todo ello, en un contexto donde hemos comenzado a ver los impactos de la falta de algunos controles que fueron eliminados o debilitados, como la falta de mecanismos de transparencia, después de la eliminación del INAI, la constante ineficacia de la CNDH, cuya actuación seguimos monitoreando anualmente y donde la polarización de las discusiones políticas ha llevado a atestiguar eventos de violencia inaceptables, de particulares y aún más condenables de autoridades, en contextos de protesta.
Si bien los retos continúan siendo mayores, también podemos nombrar buenas noticias en diversas dimensiones; en casos concretos, como el de Keren Ordóñez, sentenciada a 50 años de prisión por un secuestro que no cometió, ilustra la prevalencia de sesgos de género en el juicio y la utilización de tortura. Keren recuperó su libertad en abril de este año y pudo reunirse con su mamá, papá e hija luego de 10 años en injusta prisión.
También en medidas estructurales, como la reducción de la pobreza. En los últimos 6 años, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, impulsado por el aumento del ingreso de los hogares, principalmente, derivado del 135% en el salario mínimo desde 2018. Medidas que sin duda nos reiteran que poner a los grupos vulnerables al centro con políticas de largo aliento es la vía para combatir los retos más grandes, como la desigualdad en el país.
De cara al 2026, los desafíos en materia de derechos humanos exigen una renovada voluntad política y un enfoque centrado en la dignidad humana. La crisis de desaparición forzada sigue siendo la deuda más dolorosa del Estado mexicano. Es imperativo detener la ola de iniciativas legislativas que, animadas por una narrativa atractiva ante la violencia que vive el país, se muestran cada vez más regresivas y punitivas, a lo que se le suma la profundización de una visión guiada por resultados numéricos y de profundización de las facultades militares, sin atender realidades puntuales.
Sobre todo, el próximo año debe consolidarse el compromiso ineludible con el cuidado y la protección integral de las personas buscadoras y de las víctimas que buscan justicia. Su determinación, realizada en ocasiones a costa de su propia seguridad y vida, debe ser reconocida, protegida y jamás estigmatizada, pues sólo poniéndolas al centro de la construcción de un sistema de justicia que desmantele la impunidad, y que asegure que los avances sociales, como la reducción de la pobreza, se logrará gozar plena e integralmente de todos los derechos fundamentales.
Esta es nuestra última colaboración de 2025 en este espacio. Agradecemos enormemente la siempre generosa disposición de Animal Político y a las, los y les lectores su seguimiento. ¡Nos seguimos encontrando en 2026!
Un nuevo documental de la BBC arroja luz sobre cómo Jasveen Sangha terminó siendo acusada en el caso del actor de “Friends” Matthew Perry.
Ella era una mujer que parecía tenerlo todo: una crianza privilegiada, una buena educación y un amplio círculo de amigos.
Pero Jasveen Sangha guardaba un oscuro secreto que, según algunos de sus amigos más cercanos, ocultaba incluso de ellos. La ciudadana con doble nacionalidad británica-estadounidense proveía de sustancias controladas a estrellas ricas y famosas de Hollywood, y administraba una ‘casa de escondite’ de drogas que incluía cocaína, Xanax, pastillas falsas de Adderall y ketamina.
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Su negocio —y la ilusión de su vida encantada— llegó a un abrupto final después de suministrar 50 viales de ketamina que finalmente fueron vendidos al actor de Friends Matthew Perry, incluyendo la dosis que provocó su muerte por sobredosis en 2023.
Ahora, Sangha está entre otras cinco personas, incluidos dos médicos, que se han declarado culpables de delitos relacionados con la muerte de Perry.
En febrero, Sangha será la última acusada en recibir sentencia en el caso, el cual destapó una red clandestina de ketamina en Los Ángeles. Podría enfrentar una pena máxima de 65 años en una prisión federal.
Bill Bodner, agente especial a cargo de la oficina de Los Ángeles de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el momento de la muerte de Perry, dijo a la BBC que ella era “una persona altamente educada que decidió ganarse la vida traficando drogas, y usar ese dinero del narcotráfico para financiar esta personalidad de influencer en redes sociales”.
Añadió que Sangha dirigía “una operación de narcotráfico bastante grande que atendía a la élite de Hollywood”.
Los fiscales han señalado que Perry estaba tomando cantidades legales y prescritas de ketamina para tratar la depresión, pero luego comenzó a querer más de lo que sus médicos le permitían.
Los documentos judiciales relacionados con la investigación federal muestran cómo eso llevó al actor a ponerse en contacto con varios médicos y luego con un distribuidor que obtenía la droga para Sangha a través de un intermediario.
Su abogado, Mark Geragos, ha dicho que Sangha está asumiendo la responsabilidad, pero ha negado que ella conociera realmente a Perry, quien fue más conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular comedia televisiva Friends.
“Ella se siente terrible. Se ha sentido terrible desde el primer día”, dijo Geragos a los periodistas después de que se declarara culpable en el caso. “Ha sido una experiencia horrenda”.
Doble vida
Semanas antes de la muerte de Perry, Sangha habló por teléfono con su viejo amigo Tony Marquez.
Él y otras personas hablaron con la BBC y la presentadora Amber Haque para un documental que investiga las circunstancias alrededor de la muerte de Perry. Es la primera vez que amigos hablan abiertamente sobre la mujer que se ha hecho conocida mundialmente como la “reina de la ketamina”.
Sangha y Marquez se conocen desde la década de 2010, y él dijo que incluso había frecuentado a su familia. Como Sangha, Marquez era un habitual del circuito de fiestas en Los Ángeles.
Él también ha enfrentado problemas legales relacionados con drogas y tiene una condena previa por narcotráfico. Pero aunque ambos compartían una larga historia, dice que Sangha nunca insinuó que estaba en serios problemas.
Solo unos meses antes, su casa en North Hollywood, que según los fiscales era una “casa de escondite’, había sido allanada por la policía.
Jash Negandhi asistió a la Universidad de California en Irvine junto con Sangha en 2001 y han sido amigos durante más de 20 años.
“Ella estaba muy metida en la escena de la música dance”, recuerda Negandhi. “Le encantaba bailar y pasarla bien”.
Negandhi dijo que quedó desconcertado al enterarse de que su amiga era una traficante de drogas.
“Yo no sabía nada”, afirma. “Absolutamente nada. Ella nunca había hablado de eso”.
Ciertamente, la mayoría de los amigos asumían que ella no necesitaba dinero.
“Ella siempre tenía dinero”, dice Marquez. “Viajaba por todas partes en jet privado, y hacía eso mucho antes de que todo explotara”.
Los abuelos de Sangha eran multimillonarios del comercio de moda en el este de Londres, según el periódico The Times, y Sangha —hija del empresario Nilem Singh y de la doctora Baljeet Singh Chhokar— estaba destinada a heredar la riqueza familiar.
Su madre se volvió a casar dos veces y se mudó a Calabasas, en California, donde En Sangha creció. Su casa familiar en Los Ángeles es “hermosa” y “grande”, según Marquez.
“Hacíamos parrilladas o fiestas en la piscina en la casa de sus padres”, dice. “Son muy atentos, muy cariñosos, y nos trataban como si fuéramos sus hijos”.
Sangha pasó un tiempo en Londres después de la secundaria y se graduó con un MBA en la Hult International Business School de Londres en 2010. En las fotos, se la puede ver sonriendo dulcemente a la cámara con un elegante traje negro y el cabello castaño alisado durante una visita al Financial Times en 2010.
“No daba la impresión de ser una buscavidas”, señala un antiguo compañero de clase. Sangha era amistosa, aunque algo distante.
En clase usaba ropa de diseñador y disfrutaba socializar. No había rumores de que estuviera involucrada en drogas. “Si hubiera sido consumidora en Hult, probablemente lo habríamos sabido”.
Regresó a Los Ángeles poco después de completar su MBA. La madre y el padrastro de Sangha administraban franquicias de KFC en California y fueron demandados por la compañía en 2013 por más de 50.000 dólares, según muestran documentos judiciales, por no pagar regalías a la empresa por el uso de su marca.
El padrastro de Sangha se declaró en bancarrota antes de que el caso concluyera. Si la familia de Sangha estaba atravesando dificultades financieras durante ese período, sin embargo, ella no lo reveló a muchas personas.
“No escuché nada sobre eso”, dice Negandhi.
Sangha parecía querer alcanzar los logros empresariales de sus padres. Abrió un salón de manicura de corta duración llamado Stiletto Nail Bar y hablaba con amigos sobre ambiciones que incluían ser propietaria de una franquicia de restaurantes.
Fiestas que duraban días
Pero su verdadero interés parecía estar en salir de fiesta. En Los Ángeles, tenía un círculo muy unido de amigas llamado las ‘Kitties’, según Marquez, que era un grupo compuesto en su mayoría por mujeres que disfrutaban organizar fiestas a las que asistían celebridades.
A menudo se reunían en Avalon, un teatro histórico en el corazón de Hollywood que alberga conciertos y eventos de música electrónica, y festejaban hasta altas horas de la madrugada.
Marquez afirma que tomaban pastillas y ketamina. A veces sus fiestas, que organizaban en distintas partes de California, duraban varios días.
“Íbamos de viaje al Lago Havasu, alquilábamos una gran mansión antigua y llevábamos a nuestros DJs, todos nuestros sistemas de sonido, y cada noche teníamos una fiesta temática solo para nosotros”, dice Marquez sobre el lago, que limita con California y Arizona.
“Nos vestíamos elegantes y hacíamos una fiesta de blanco, una fiesta de trajes brillantes. Tuvimos una fiesta de hongos.”
Estas fiestas “siempre incluían ketamina”, afirma. Pero aunque Sangha tenía muchos apodos dentro de este grupo de amigos, nadie la conocía como la “reina de la ketamina”.
“Nadie la llamaba así”, dice Marquez.
El grupo estaba preocupado por la contaminación del suministro ilegal de drogas con el mortal opioide fentanilo y, por lo tanto, hizo esfuerzos extraordinarios para obtener grandes cantidades de ketamina de alta calidad.
“Si íbamos a consumir ketamina, queríamos conseguirla de la fuente”, dice Marquez.
Los amigos supuestamente usaban mensajeros para ir a México a recoger la droga —que se utiliza como sedante durante cirugías— de veterinarios y farmacias corruptas al otro lado de la frontera.
“No sabría decir si Jasveen hacía eso”, afirma Marquez. “¿Pero teníamos acceso? ¿Teníamos gente que lo hacía? Sí”.
Marquez afirma que nunca sospechó que Sangha estuviera traficando drogas en paralelo: “Es impactante, te lo digo”.
“Durante años y años he conocido a esta persona. Conozco a su familia. Sé cómo actúa, sé de lo que es capaz. Sé de dónde viene. No puedo —aún hoy en día— no puedo creer que esto esté pasando”, dice.
Mirando en retrospectiva, Marquez sospecha que Sangha se volvió “adicta” al estatus social que conllevaba ser una traficante de drogas para los ricos y famosos.
“Creo sinceramente que Jasveen estaba adicta a esa vida de vender [drogas] a celebridades”, afirma.
“Ella era adicta a estar en ese círculo social y a ser buscada por celebridades que la gente ha visto toda su vida en la televisión”, agrega.
Dice que cree que ella nunca fue una “capo” ni una gran traficante, sino que simplemente cayó en el negocio porque “le encantaba consumir ketamina, igual que todos nosotros”.
Las acciones de Sangha, sin embargo, sugieren un carácter más despiadado.
Sobria
Los fiscales han dicho que en 2019, Sangha vendió ketamina a un hombre llamado Cody McLaury.
McLaury sufrió una sobredosis y murió. Tras su muerte, su hermana le envió un mensaje de texto a Sangha para decirle que las drogas que había vendido a su hermano lo habían matado.
“En ese momento, cualquier persona sensata habría acudido a las autoridades, y ciertamente cualquier persona con un mínimo de corazón habría detenido sus actividades y no habría seguido distribuyendo ketamina a otros”, dice Martin Estrada, exfiscal jefe del Distrito Central de California, quien anunció cargos federales contra Sangha en agosto de 2024.
“Ella siguió haciendo esto, y vimos que, varios años después, la continuación de su conducta resultó en la muerte de otra persona, el señor Perry”, agrega.
Otro amigo de un círculo distinto que solía ir a clubes con Sangha en la década de 2010 recuerda haberse sorprendido de manera similar con la noticia.
Le dijo a la BBC que conocía a Sangha desde la secundaria y que socializaba mucho con ella al mismo tiempo que Marquez.
El amigo no quiso ser identificado, para poder hablar con franqueza sobre la mujer que conocía y que ahora “está siendo acusada de ser una narcotraficante”.
“Siempre estábamos en fiestas, casi todas las noches. Durante muchos, muchos años”, dice él. “Ella nunca me ofreció nada”.
Recuerda que Sangha llevaba a su tío Paul Sing con ella a casi todos lados. “No es realmente el comportamiento de una narcotraficante”, afirma. “[Y] no es que simplemente lo dejara acompañarla. Él siempre vestía a la moda”.
Paul Sing aparece en fotos de eventos junto a Sangha y estuvo presente en el tribunal para escucharla declararse culpable el 3 de septiembre.
Según Marquez, en algún momento de la década de 2020 Sangha asistió a rehabilitación. En documentos judiciales presentados el mes pasado, su abogado Mark Geragos afirmó que llevaba 17 meses sobria. En su última conversación con Negandhi, hablaron sobre el futuro.
“Ambos estábamos ya en nuestros cuarenta, y tiendes a autoevaluarte cuando llegas a esa edad. Y empiezas a pensar, ¿qué es lo que queremos hacer ahora que hemos alcanzado esta etapa?”, dice él.
“Ella estaba muy emocionada por haber estado sobria durante bastante tiempo y simplemente esperaba muchas cosas de la vida”, agrega.
Sangha no mencionó que había sido arrestada recientemente.
“Yo no tenía idea de que estaba pasando por todo esto cuando hablábamos”, afirma. “Ella no había revelado nada de eso”.
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