El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas.

La lucha cotidiana de los derechos humanos

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Cada cuatro años México es evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). El EPU —<a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/epu-crisis-derechos-humanos-mexico" target="_blank" rel="noopener">sobre el que ya hemos ahondado después de la sesión de evaluación de inicio de año</a>— es un mecanismo por el cual los Estados miembros de la ONU son evaluados por sus pares sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese contexto, el pasado 5 de julio, el Estado mexicano compareció en Ginebra, Suiza, y fijó su posición sobre las 318 recomendaciones recibidas por parte de 115 países, las cuales constatan, desde la óptica de la comunidad internacional, que el país continúa enfrentando una crisis de derechos humanos.
Si bien México aceptó la gran mayoría de recomendaciones, es importante resaltar que hubo 14 que no fueron aceptadas y sobre las cuales únicamente “tomó nota”, lenguaje diplomático utilizado para rechazar las consideraciones de estos países. Ésta es la primera vez en que México no acepta tal cantidad de recomendaciones. Y más allá de una cuestión cuantitativa, es relevante resaltar que en los temas no aceptados se incluyen aspectos centrales en materia de seguridad, justicia y movilidad humana, que son de suma relevancia para atender la situación actual de derechos humanos que vive el país.
Destaca la cuestión de la creciente militarización, sobre la cual por primera vez en las cuatro evaluaciones que ha tenido el país ante el EPU, se recibieron recomendaciones dirigidas al retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de controles civiles externos para que los militares que participan en estas rindan cuentas, el establecimiento de un plan para desmilitarizar la Guardia Nacional (GN) y la investigación de los actos de vigilancia por parte de las fuerzas del orden en contra de población civil.
Frente a ello, el Estado mexicano justificó la no aceptación de esas recomendaciones con argumentos que contrastan con la realidad; por ejemplo, aseveró que la GN se ha consolidado con un mando civil, lo que c<a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/guardia-nacional-sedena-plan-c" target="_blank" rel="noopener">ontrasta con la iniciativa presentada por el Ejecutivo</a> para adscribir esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y que se proyecta ser discutida y aprobada por el Congreso en su próximo periodo de sesiones.
De la misma manera, el Estado se rehusó a aceptar una recomendación dirigida a abordar los casos de vigilancia digital a la población civil por parte de las fuerzas del orden, afirmando que en México no se espía ni se vigila a nadie, <a href="https://ejercitoespia.r3d.mx/" target="_blank" rel="noopener">aún cuando existe evidencia técnica</a>, de instancias independientes, que demuestra que periodistas y defensoras de derechos humanos han sido espiadas a través del malware Pegasus, presuntamente por parte del Ejército, incluso durante la actual administración federal, como en el caso del Centro Prodh, hechos que no han sido debidamente investigados por las autoridades.
Siguiendo la misma línea, el Estado no aceptó lo recomendado para hacer frente a la situación de desplazamiento forzado interno y la eliminación del orden jurídico de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Sobre lo último, cabe recordar que desde hace años distintos organismos internacionales han hecho llamados a México en este sentido, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lo ha ordenado en sus últimas dos sentencias contra el Estado mexicano emitidas en los casos <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_470_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Tzompaxtle Tecpile y otros</a> y <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_482_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">García Rodríguez y otro</a>. Sin embargo, como es sabido, distintas autoridades han llamado a incumplir con estas medidas y la cuestión permanece pendiente de dirimirse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si bien el Estado mexicano reconoció que persisten desafíos para atender la crisis de desapariciones, la violencia contra las mujeres y la práctica de la tortura, así como para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTIQ+, defensoras de derechos y periodistas, entre otras, es de señalar que su postura sobre lo rechazado no es consistente con el compromiso para atender integralmente sus obligaciones internacionales.
Con todo ello, lo recomendado a México por sus pares debería ser una guía para que las autoridades, y en especial de la próxima administración federal, diseñen e implementen políticas y programas que se dirijan a abordar la crisis de derechos humanos. Las<a href="https://centroprodh.org.mx/colectivo-epu-mx-2024/" target="_blank" rel="noopener"> organizaciones de la sociedad civil</a> continuaremos, desde nuestra labor, vigilando las acciones estatales para que se implementen adecuadamente las recomendaciones emitidas y que no sean minimizadas.
<a href="https://x.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

EPU 2024 México ante la comunidad internacional: deudas y pendientes en derechos humanos

Reformar la maltrecha justicia mexicana es indispensable. Pero una de las tragedias de discutir esto, sobre la base de la iniciativa presidencial del 5 de febrero, es que la excesiva concentración en la elección por voto de la judicatura deja de lado aspectos que, verdaderamente, contribuirían a ampliar el acceso a la justicia para las y los más excluidos.
Este énfasis desplaza la atención de los problemas más álgidos y no atiende, de ninguna manera, las situaciones que afectan realmente a la población más empobrecida. Así, ésta no sólo es una mala reforma por lo que contiene, sino también por lo que no contiene.
¿Qué debería incluir una reforma que realmente quisiera ampliar el acceso a la justicia para los sectores más marginados? Los diagnósticos y las propuestas abundan, y coinciden con lo que organizaciones que tenemos décadas de trabajo en la defensa de víctimas —como el Centro Prodh— hemos documentado en el territorio, de suerte que no es difícil enlistar algunos temas esenciales:
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<li><a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/fiscalias-deficientes-raiz-de-la-impunidad" target="_blank" rel="noopener">Reconstruir a las fiscalías, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR)</a>. El gran problema de impunidad de México tiene que ver, no sólo con jueces, sino ante todo con ministerios públicos. La apuesta adoptada hace algunos años de crear fiscalías autónomas fracasó, pues en casi todos los estados donde hubo alternancia la continuidad transexenal de la persona titular, lejos de servir a la consolidación de la institución, desembocó en conflictos políticos. Además, los avances que se habían alcanzando en la legislación orgánica de la FGR fueron revertidas por la actual administración y el liderazgo actual ha usado su autonomía para abstraerse de la rendición de cuentas y la coordinación, no para apuntalar la independencia de sus investigaciones.</li>
<li>Fortalecer la justicia local. Tanto los principales problemas de la justicia, como los más graves problemas de falta de independencia e imparcialidad se encuentran sobre todo en los poderes judiciales locales, donde las y los magistrados de los tribunales superiores de justicia estatales siguen demasiado sujetos a sus gobernadores.</li>
<li> Rediseñar todo el esquema de las policías encargadas de investigar los delitos. No tenemos en México policías con capacidades para investigar los delitos científicamente. Tradicionalmente, se encargaron de esta función —de forma en extremo deficiente y a menudo corrupta y/o violatoria de derechos humanos— las “policías judiciales” de las procuradurías, hoy policías ministeriales o policías de investigación. Actualmente, algunas policías preventivas asumen ciertas funciones investigativas, pero a nivel federal se facultó a la Guardia Nacional para funciones de investigación, lo que ahora se vuelve sumamente problemático por su carácter militar.</li>
<li>Incrementar las capacidades técnicas y la independencia de los servicios periciales. La debilidad crónica de los servicios forenses y la falta de inversión en estos, les hace ser técnicamente débiles y susceptibles a la influencia política indebida, estando además rebasados de carga laboral. Instituciones que se especialicen e innoven en la identificación de restos humanos son indispensables frente al <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/frente-a-la-crisis-forense-identificacionya" target="_blank" rel="noopener">rezago forense</a>.</li>
<li>Acrecentar las capacidades, recursos y personal de las defensorías, sobre la base de lo que ha logrado el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). El gran problema de acceso a la justicia en México tiene que ver con las dificultades que enfrentan las personas más desaventajadas para acceder a asesoría y representación legal de calidad. Aunque la defensoría federal se ha fortalecido, las defensorías estatales están rezagadas. Dada la inmensa carga de trabajo en lo penal, temas esenciales donde las personas en pobreza requieren protección judicial, como los asuntos familiares (pensiones, divorcios, custodias) o los relacionados con acceso a derechos sociales, ni siquiera alcanzan a ser cubiertos por las defensorías públicas.</li>
<li>Mejorar la carrera judicial tanto a nivel federal como estatal. En el sistema de adscripciones y carrera judicial, tanto en el Poder Judicial Federal como en los poderes judiciales locales, se decide todavía discrecionalmente en los hechos y eso sirve para que haya presiones indebidas sobre las personas juzgadoras. Es indispensable escalar los alcances de la Escuela Federal de Formación Judicial y fortalecer los concursos por oposición, fomentando la paridad, diversidad e inclusión.</li>
<li>Repensar la distribución territorial de la justicia. La localización de los juzgados federales y de los juzgados estatales a menudo responde a criterios políticos y mercantiles más que a una intención de acercar la justicia a quienes más la necesitan. Esquemas como la justicia itinerante de Colombia muestran que hay alternativas.</li>
<li>Ampliar el acceso al juicio de amparo. Claramente la reforma a la Ley de Amparo de 2011 no ensanchó la puerta de la justicia federal para los grupos más vulnerables. Las razones son múltiples y entre ellas están la complejidad del juicio de amparo y la insuficiente disponibilidad de servicios jurídicos de calidad gratuitos o accesibles.</li>
<li>Mejorar el monitoreo patrimonial oficioso a las personas juzgadoras tanto a nivel estatal como federal. Las herramientas para prevenir el enriquecimiento ilícito de quienes están a cargo de la función judicial se encuentran rezagadas frente a la realidad de la corrupción. En su momento tribunales locales como el de la Ciudad de México —que en opacidad, por cierto, rebasa al federal— se opusieron a que se les obligara a generar versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés aludiendo violación a la reserva de sus datos personales.</li>
<li>Regular el ejercicio de la abogacía. En su búsqueda de justicia, las personas más pobres de México no sólo son víctimas de un aparato ministerial y judicial indiferente, sino también de profesionistas del derecho que ejercen sus funciones con negligencia, irresponsabilidad y abuso, sin ninguna consecuencia, sobre todo en materia penal.</li>
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Sobre estas ideas, y otras más que por espacio aquí no alcanzan a plantearse, pueden encontrarse diagnósticos, propuestas y diseños creativos generados a partir de evidencia empírica por especialistas, universidades, organizaciones y las propias instituciones de justicia. Abrirse a las mejores prácticas internacionales es indispensable. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos <a href="https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/RecomendacionesHC_web.pdf" target="_blank" rel="noopener">recomendó a México hace unos años crear un Consejo Asesor</a> plural que retomando lo que ha funcionado en otros países propusiera una iniciativa nacional contra la impunidad para unificar la política criminal y mejorar el acceso a la justicia.
Elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular no contribuirá a atender ninguna de estas necesidades, pero sí generará, lamentablemente, nuevos y preocupantes problemas. La reforma judicial propuesta el 5 de febrero de 2024 nos está distrayendo —de forma trágica— de discutir en serio los graves problemas de nuestro sistema de justicia roto.
<a href="https://x.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

¿Cómo sí reformar la justicia? 10 temas esenciales (que no se resuelven eligiendo jueces)

Hace unos días fue confirmado que en la agenda legislativa que impulsará el nuevo Gobierno Federal a partir del 1 de octubre será incluida la reforma constitucional con la que se pretende adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De aprobarse en sus términos la propuesta presentada por el actual Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, estaremos sin duda ante una modificación regresiva que profundizará el poder militar, pues su contenido no se limita a la seguridad sino que tiene un alcance mayor.
Vale la pena hacer un recuento sobre el proceso que ha seguido la Guardia Nacional. Su creación se anunció en 2018, con el inicio del sexenio. En el Congreso de la Unión, el consenso que permitió su nacimiento se basó en un diseño que garantizaría constitucionalmente su carácter civil, su alineamiento a una doctrina civil, y la preservación de un mando civil. El apoyo militar a esta corporación ocurriría, se dijo entonces, únicamente de forma temporal mientras que se fortalecía y avanzaba su implantación territorial. Esas características permitieron que se llegara a un acuerdo político inédito que prácticamente alcanzó unanimidad en 2019.
Sin embargo, muy pronto la Guardia Nacional empezó a impregnarse de una identidad netamente militar: los niveles de mando fueron todos conferidos a castrenses y su funcionamiento mostró esta impronta también. La rendición de cuentas no existió y la opacidad fue la misma que ha caracterizado al Ejército. Así lo documentamos desde el Centro Prodh ya en 2021, al publicar nuestro Informe “<a href="https://centroprodh.org.mx/2023/11/22/poder-militar-2da-edicion/" target="_blank" rel="noopener">Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense</a>”.
Poco después de la elección de mitad de sexenio, se hizo pública la intención de la actual administración de hacer una reforma legal para llevar a la norma lo que ya ocurría en los hechos y entregar la Guardia Nacional a Sedena, eludiendo el consenso de 2019. Esta reforma se materializó en 2022 cuando fueron aprobadas <a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-iniciativa-sobre-guardia-nacional-cambiar-la-ley-para-evadir-la-constitucion/" target="_blank" rel="noopener">reformas a la Ley de la Guardia Nacional</a> y a otras disposiciones. En ese momento no se modificó la Constitución, puesto que el partido en el poder y sus aliados carecían de la mayoría calificada necesaria para ello.
Dado que esta reforma contravenía claramente la Constitución, la minoría parlamentaria interpuso acción de inconstitucionalidad —ante la omisión obsecuente de otras instancias que podían hacerlo, como CNDH—, misma que se resolvió en abril de 2023 a partir de un contundente <a href="https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/Proyecto/AI137-2022PL.pdf" target="_blank" rel="noopener">proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá</a>, que <a href="https://x.com/CentroProdh/status/1648020191568097283" target="_blank" rel="noopener">reivindicó el carácter civil de la Guardia Naciona</a>l por razones constitucionales, convencionales, históricas y de proceso legislativo.
En respuesta, sin embargo, el Ejecutivo Federal anunció que llevaría el tema a las urnas, anticipando que su partido buscaría la mayoría calificada necesaria para reformas la Constitución y entregar la Guardia Nacional a la Sedena. Adicionalmente, el 5 de febrero de 2024, dentro del <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/plan-c-derechos-humanos" target="_blank" rel="noopener">paquete de reformas conocido como “Plan C”</a>, se incluyó una propuesta que ya no sólo plantea adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, sino que incluye la modificación de al menos 12 artículos constitucionales y la aprobación de 8 transitorios. Esa es la propuesta que, al parecer, se retomará a partir del 1 de octubre en la discusión legislativa que viene.
Los<a href="https://centroprodh.org.mx/2023/12/21/defondho-numero-21-diciembre-2023/" target="_blank" rel="noopener"> riesgos de adscribir la Guardia Nacional a la Sedena</a> son patentes y han sido señalados por múltiples voces. Convertir a la Guardia Nacional en una más de las fuerzas armadas adscribiéndola a la Sedena, supone renunciar definitiva y perpetuamente a la posibilidad de que México cuente con una corporación policial civil de seguridad pública de alcance nacional. Además, como se ha documentado, convertir de pleno derecho la Guardia Nacional en una corporación castrense aumentará los riesgos de violaciones a los derechos humanos impunes, no será por sí misma una política pública efectiva para reducir la violencia, y seguirá alterando los delicados balances cívico-militares en favor de los castrenses. Este 30 de junio cumplió diez años impune <a href="https://x.com/CentroProdh/status/1807477067136802839" target="_blank" rel="noopener">la masacre de Tlatlaya</a>, que precisamente nos habla de lo que pasa cuando no hay controles sobre la milicia.
Pero más allá de eso, importa señalar los riesgos de que se apruebe en sus términos la propuesta del 5 de febrero, porque ésta no se limita al ámbito de la seguridad. Para muestra, basta con señalar tres contenidos:
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<li>Primero, esta propuesta busca modificar el artículo 13 para que el fuero militar conozca de aquellos delitos que cometan los elementos de la Guardia Nacional que se estime atentan contra la disciplina militar, ampliando un esquema que ya la Corte Interamericana ha determinado como insuficiente.</li>
<li>Segundo, propone modificar el artículo 21 para que la Guardia Nacional pueda investigar delitos federales, lo que implicara que sea en los hechos el Ejército quien quede a cargo de esta importante función.</li>
<li>Tercero, busca cambiar el artículo 129 —cuya redacción permanece intocada en lo esencial desde que se aprobó el artículo 122 de la Constitución de 1857— para que las Fuerzas Armadas puedan realizar cualquier tarea que por ley se les encomiende y no únicamente aquellas que se relacionen con la disciplina militar, como hoy dispone esta norma.</li>
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Cada una de estas reformas merecería un análisis extenso, pero al no ser posible aquí por razones de espacio, su enumeración permite, al menos, vislumbrar que lo que está en juego con esta propuesta es más que la mera adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena.
Hace tiempo que la discusión sobre cómo nombrar el crecimiento del poder militar en México dejó de ser lo central. Lo esencial es alertar sobre los riesgos que genera esta tendencia iniciada hace varios lustros y profundizada como nunca en el sexenio que ya termina y exigir que se diseñen contrapesos y <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/controles-civiles-poder-militar-ejercito" target="_blank" rel="noopener">controles civiles externos</a> a las Fuerzas Armadas, más que los “cheques en blanco” que se le vienen otorgando al sector militar, como el que entrega la propuesta del 5 de febrero que hoy se pretende retomar.
<a href="https://x.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

Guardia Nacional a SEDENA en “Plan C”: más que seguridad

Este 26 de junio se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura para visibilizar que esta grave violación a los derechos humanos persiste en nuestro país ―pese a que la retórica en esta administración afirmara lo contrario― y que tiene consecuencias devastadoras en la vida de las personas, en sus familias y en su entorno social. En el marco de esta fecha, hacemos un breve recuento de los avances y desafíos que tiene el Estado para erradicar esta práctica. 
Si bien, desde 1997, la Asamblea General de la ONU proclamó el “Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura”, tuvieron que pasar 20 años para que en México se publicara, en 2017, la Ley General contra la Tortura. Esto fue una exigencia y un logro de las personas sobrevivientes, sus familias y de la sociedad civil organizada. Sin embargo, a siete años de su publicación diversas medidas y mecanismos indispensables para erradicarla continúan sin implementarse adecuadamente. 
Uno de esos mecanismos es el <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5343079" target="_blank" rel="noopener">Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura</a>, el cual, hasta el momento, no ha sido aprobado por la Fiscalía General de la República (FGR). Otro ejemplo es el<a href="https://renadet.fgr.org.mx/" target="_blank" rel="noopener"> Registro Nacional del Delito de Tortura</a> (RENADET), el cual continúa incompleto y sin funcionar adecuadamente, como lo demuestra información estadística que se publicó en abril de este año en su página web, de la que se advierte que Veracruz, Puebla, Guerrero, Baja California Sur y Durango no remitieron información entre los años 2018 a 2023. Además, esa información no está siendo utilizada por las fiscalías especializadas para la elaboración de análisis de contexto y de patrones sistemáticos de la comisión del delito.     
En cuanto a la persecución del delito de tortura, de acuerdo a una solicitud de información, solo a nivel federal se reportan 1,309 carpetas de investigación iniciadas del periodo de 1 de enero de 2017 al 24 de abril de este año, de las cuales sólo 16 han sido judicializadas. Un indicador más de que nuestro problema de impunidad es más de fiscalías que de juzgados, mismas que ni siquiera son tocadas por la reforma judicial que hoy se discute. 
La impunidad se refleja tanto en investigaciones a nivel local como en casos en los que existe una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de<a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Mujeres de Atenco</a> o el de <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Campesinos Ecologistas</a>.  El <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5683785&amp;fecha=24/03/2023#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual contra Mujeres</a>, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim) CONAVIM sólo ha sesionado en una ocasión y sigue sin ser una instancia sólida para que los casos de mujeres sobrevivientes sean revisados. Esto, a pesar de los alarmantes datos arrojados por el <a href="https://www.gob.mx/segob/documentos/diagnostico-nacional-sobre-tortura-sexual-cometida-contra-mujeres-privadas-de-la-libertad-en-mexico" target="_blank" rel="noopener">Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual contra Mujeres</a>, en el que el el 79.3% de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura; el 32.19% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que un 11.64% se presume por sus narraciones que vivieron actos de tortura sexual sin haberla reconocido como tal, es decir, el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual.
Otras iniciativas que tampoco han logrado operar con regularidad, es el <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627705&amp;fecha=25/08/2021&amp;print=true" target="_blank" rel="noopener">Acuerdo de Excarcelaciones</a>, publicado en agosto de 2021, el cual se presentó como una alternativa para las personas que estuvieran sentenciadas o en prisión preventiva oficiosa derivado de procesos penales sostenidos con pruebas obtenidas mediante tortura. 
Son los rostros y voces de las sobrevivientes de tortura, la prueba fehaciente que estos casos continúan en la impunidad, como el de <a href="https://centroprodh.org.mx/keren-ordonez/" target="_blank" rel="noopener">Keren Sesly Ordoñez</a>. Ella a sus 19 años de edad y con su hija de apenas un mes de nacida en brazos, fue detenida y torturada por la Policía Federal y policía ministerial del Estado de Tlaxcala con la finalidad de que se autoinculpara de haber participado en un secuestro, en 2015. 
Pese a la falta de pruebas  obtuvo una sentencia de 50 años en prisión. Fue gracias a la lucha de Doña Ciria Hernández, madre de Keren, que en 2021 esa sentencia fue revocada mediante un amparo directo, por lo que hoy continúa su proceso abierto, y con ello, hay una segunda oportunidad para ser juzgada justamente. 
En los próximos meses el Juzgado Penal en Apizaco, Tlaxcala, dictará una nueva sentencia en el caso, por lo que la familia y las organizaciones acompañantes hacemos un llamado de que se excluyan todas aquellas pruebas obtenidas mediante tortura y se juzgue perspectiva de género para que Keren por fin obtenga su libertad y pueda regresar a casa con su madre y con su hija, de ocho años de edad. 
Este Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura es una oportunidad para llamar a las autoridades, a la sociedad civil y a todas las personas a unirse en apoyo de las miles de personas que han sobrevivido a la tortura y a las que siguen siendo torturadas en la actualidad. 
Esto implica un compromiso real de todos los niveles de gobierno para aplicar adecuadamente los marcos normativos y recomendaciones para combatir esta dañina práctica. Es también fundamental romper el silencio, continuar alzando la voz para exigir justicia en casos como el de Keren y demandar al Estado que los esfuerzos para prevenir y combatir la tortura sean una prioridad real para el Estado, para que ninguna persona siga cargando a cuestas la búsqueda de su libertad y de justicia.
&nbsp;
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (@CentroProdh)

Tortura en México: una práctica que persiste

La confirmación, después de la elección, de que el partido en el poder detenta una contundente mayoría en el Congreso de la Unión, ha traído al centro del debate la discusión sobre el llamado “<a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/reforma-judicial-plan-c" target="_blank" rel="noopener">Plan C</a>”. Vale la pena, en este contexto, recordar sus contenidos.
El presidente de la república presentó el 5 de febrero de 2024, en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1917, un ambicioso paquete de reformas legislativas. Se trata de 18 iniciativas de modificaciones constitucionales y dos a la legislación secundaria.
Aún no contamos con una buena crónica sobre cómo se gestaron y diseñaron esas propuestas, y particularmente sobre qué tanto se dialogaron y acordaron con el equipo de la entonces candidata presidencial del partido en el poder, dato relevante para muchos de los debates del presente.
Pero al margen de lo anterior, importa decir que vistas desde la perspectiva de derechos humanos las iniciativas presentan algunos pasos en la dirección correcta, sobre todo en materia de derechos sociales y ambientales, al tiempo que incluye propuestas riesgosas para los derechos civiles y políticos.
En cuanto a lo primero, la propuesta en materia indígena es un avance. Reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público y elevar a la Constitución la consulta en materia indígena salda una añeja deuda, aunque la iniciativa dejó de lado aspectos importantes como la garantía de los derechos territoriales de las comunidades en relación con los recursos naturales, lo que han hecho notar voces indígenas muy autorizadas.
Por otro lado, la inclusión en una de las iniciativas de la prohibición de la minería a cielo abierto y del fracking es también una propuesta plausible para la garantía del derecho a un medio ambiente sano, que hay que celebrar. Igualmente, las iniciativas en materia de vivienda y salario mínimo amplían la garantía de los derechos sociales, lo mismo que las relativas a la salud y al régimen de pensiones, si bien estas últimas despertaron en su momento algunas preguntas respecto de su viabilidad financiera.
Ahora bien, respecto de los derechos civiles y políticos, son cinco las iniciativas que generan preocupaciones.
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<li>La propuesta de seguir ampliando la <a href="https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/centro-prodh-reprueba-posicion-del-gobierno-sobre-prision-preventiva-oficiosa/" target="_blank" rel="noopener">prisión preventiva oficiosa</a>, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya señaló la inconvencionalidad de esta figura.</li>
<li>La propuesta electoral, que acota la representación proporcional y que abre a la elección mediante voto la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados electorales.</li>
<li>La eliminación de <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/cndh-2023-cinco-anios-perdidos" target="_blank" rel="noopener">organismos constitucionales autónomos</a>, pues incluso aceptando que podría prescindirse de algunos de estos, en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y del Consejo Nacional De Evaluación de la Política Nacional (CONEVAL), su supresión va en detrimento de los derechos, pues ambas instituciones tienen mandatos relacionados con estos.</li>
<li>La <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/peligrosa-crisis-judicial" target="_blank" rel="noopener">reforma judicial</a>, que abre la puerta a la elección indirecta mediante votación de jueces, magistrados y ministros, creando también un amenazante y omnipotente Tribunal de Disciplina Judicial, sin tocar quisiera a las fiscalías que son las instituciones que realmente provocan nuestro problema de impunidad.</li>
<li><a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/controles-civiles-poder-militar-ejercito" target="_blank" rel="noopener">La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional</a> (Sedena), eludiendo el cumplimiento de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegurando el fuero castrense a los elementos militares que la integren, ampliando las atribuciones de este cuerpo castrense para investigar delitos federales que involucran a civiles y abriendo la intervención militar en cualquier espacio de la vida pública, al reformar el muy importante artículo 129 constitucional, que ha permanecido intocado desde la Constitución de 1857.</li>
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Si bien, como se ha visto, hay aspectos positivos en el “Plan C”, estos quedan diluidos cuando se sopesa la gravedad de estas cinco reformas, sin que los resultados del 2 de junio por sí mismos lleven a dejar de expresar las preocupaciones que generan. Y es que vale la pena recordar que, cuando se trata de derechos humanos, apelar al argumento mayoritario no es suficiente: por ejemplo, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa no se vuelve compatible con los derechos humanos porque así lo apruebe una mayoría, como no ocurriría tampoco si una mayoría votara la reinstalación de la pena de muerte, restricciones en el derecho al voto o suprimir la libertad de expresión. Por eso, las encuestas no siempre son la mejor vía para decidir cuestiones relacionadas con los derechos.
Señalado lo anterior, también hay que decir que no todas las preocupaciones sobre el avance del “Plan C” parten de premisas vinculadas al respeto de los derechos humanos. Es cierto que cuando las grandes industrias extractivas se inquietan por la posible prohibición del fracking, no lo hacen precisamente para preservar el Estado de Derecho.
El destino de las propuestas es aún incierto. Hoy se insiste en que el avasallante resultado electoral del 2 de junio debe interpretarse como un claro mandato para llevar adelante esta agenda. Simultáneamente, <a href="https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/lo-que-el-votante-pidio" target="_blank" rel="noopener">algunas voces destacan con sensatez</a> que ese mandato podría interpretarse más bien como un respaldo para continuar el combate a la desigualdad económica, a lo que muchas de estas reformas ―y sobre todo las cinco propuestas preocupantes ya comentadas― no necesariamente contribuyen. El reciente volumen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que analiza las reformas ayuda a dimensionarlo así.
En todo caso, habrá que ver cómo transcurre el próximo periodo de sesiones en el Congreso. Hasta ahora, el discurso de la virtual presidenta electa ha sido mesurado, aunque la idea de llevar a encuesta el diagnóstico sobre el poder judicial con preguntas inductivas ha levantado justificada preocupación. En este sentido, es destacable que en la agenda legislativa que se impulsará a partir de septiembre se haya incluido las modificaciones a la ley del ISSSTE por las que pugnaba el magisterio, el otorgamiento de pensión a las mujeres de 60 a 64 años, el programa de becas universales para todos los estudiantes de educación básica pública y la eliminación de la reelección de presidentes municipales y diputados. Todas estas medidas hacen parte de la agenda de la virtual Presidenta Electa, más que del llamado “Plan C”.
Para lo que viene, es deseable que no se soslayen las justificadas preocupaciones que para los derechos humanos generan particularmente estas cinco propuestas y que se abra espacio para discutir en serio los grandes problemas del país.
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El “Plan C” frente a los derechos humanos

Resuelta la elección y confirmado el triunfo arrollador del partido en el poder, buena parte de la conversación pública se ha centrado en la posibilidad de que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, a partir del 1 de septiembre, avance el <a href="https://x.com/CentroProdh/status/1754942190072299704" target="_blank" rel="noopener">paquete de reformas constitucionales</a> que el actual titular del Ejecutivo presentó el 5 de febrero de este año, conocido como “Plan C”. De este paquete, en el que hay tanto aspectos positivos como propuestas regresivas, genera especial preocupación la propuesta de <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/peligrosa-crisis-judicial" target="_blank" rel="noopener">reforma judicial</a>.
Ésta supone modificar 16 artículos constitucionales, los artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 116, 122, además de la aprobación de once transitorios. El <a href="https://www.reformajudicial.gob.mx/secciones/reforma/#:~:text=%E2%87%A8%20La%20Reforma%20Judicial%20implica,mexicana%20de%20una%20justicia%20expedita." target="_blank" rel="noopener">contenido de estas modificaciones</a> puede resumirse en cuatro componentes: 1) restructurar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reduciendo a nueve el número de ministros, acortando a 12 años el periodo del encargo, eliminando el funcionamiento en salas, cancelando la pensión vitalicia y ajustando sus percepciones al tope establecido para el Presidente; 2) modificar el esquema de designación de ministros, magistrados y jueces para permitir la elección mediante voto popular, de suerte que cada uno de los poderes proponga una lista de personas candidatas que irán a un comicio organizado por el Instituto Nacional Electoral, comenzando por una elección extraordinaria a realizarse, previas campañas, en 2025, donde se renovaría todo el Poder Judicial de la Federación, quedando abierta la posibilidad de que los estados realicen sus propias reformas para elegir por voto a sus jueces locales; 3) sustituir al Consejo de la Judicatura Federal con dos nuevos órganos llamados Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial, integrados por personas designadas por cada uno de los poderes de la unión, y 4) adicionar algunas nuevas reglas procesales, como el establecimiento de plazos máximos para los asuntos fiscales y penales, y la limitación a la suspensión con efectos generales en amparos contra leyes, controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad.
Los problemas de esta propuesta pueden, a su vez, descomponerse en tres: 1) equivoca el diagnóstico sobre el problema de la impunidad en México, pues éste no es solamente atribuible a la judicatura sino ante todo a las fiscalías, que en esta propuesta quedan intocadas; 2) falla en su comprensión sobre la legitimidad democrática de la judicatura, pues estima que ésta se resuelve pasando por urnas los nombramientos de las y los jueces cuando en realidad la legitimidad, en el caso de este poder, surge más bien de su capacidad para tutelar derechos; y, 3) erróneamente introduce un preocupante componente de control político sobre la justicia, pues tanto con el Tribunal de Disciplina Judicial como con el Órgano de Administración Judicial previstos se abre la puerta a la intervención de los otros poderes en los mecanismos de control del propio Poder Judicial.
Así, en general, la propuesta instrumentaliza necesidades sentidas por la población para poner sobre la mesa modificaciones que van en lógica de control político, en vez de generar reformas verdaderamente innovadoras para los problemas de acceso a la justicia, que son en realidad los que subyacen a esas necesidades sentidas. Abusando del hartazgo por la impunidad, se dirige la ofensiva contra el Poder Judicial sin hacer nada por los maltrechos ministerios públicos. Usando del malestar que genera el actual mecanismo de designación de ministros, se genera un esquema donde todos los jueces serían votados, abriendo un espacio mucho mayor que el actual al control de las mayorías políticas e incluso de poderes fácticos territoriales. Y, finalmente, aprovechando la propensión del Consejo de la Judicatura Federal a cuidar a los suyos, se generan controles sobre la judicatura con clara injerencia del Ejecutivo y del Legislativo.
De este modo, los principales problemas de la justicia mexicana quedan, en esta propuesta, sin ser verdaderamente abordados. No se avanza en ensanchar el acceso a la justicia a los más marginados ni en un aspecto que ha destacado Ana Laura Magaloni con lucidez: la necesidad de mejorar la regulación sobre la carrera judicial, incluyendo lo relacionado con las sanciones y adscripciones, ámbito en el que como se ha visto recientemente priva una discrecionalidad propicia para premiar y sancionar jueces a partir de criterios ajenos a su desempeño.
Hay que decirlo con claridad: ésta no es la reforma que necesita la justicia mexicana. Eso hay que señalarlo, incluso si una mayoría enojada con la impunidad estima plausible castigar a la judicatura mexicana con esta reforma, que se puso ante el electorado de forma criticable. Por ser parcial y centrarse en el control político sobre el Poder Judicial, la reforma judicial del “Plan C” genera legítima preocupación y la semana pasada tuvimos varios signos que así lo acreditaron.
¿Cuál es la posición de la virtual presidenta electa sobre esta reforma? De un lado, se dice que la respalda plenamente, pues en campaña se adhirió a su contenido y en más de un evento público obtuvo el aplauso de los concurrentes prometiendo la elección de ministros y jueces, además de que en sus “100 pasos para la transformación” se alude expresamente en los compromisos 98 y 99 a la elección por voto de magistrados y jueces y a la creación del Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración. Por otro lado, se dice que en realidad esta adhesión no fue más que una estrategia de campaña al no existir margen político para discrepar abiertamente del presidente de la república, al tiempo que se señala que los “100 pasos para la transformación” incluyen la creación de un modelo nacional de fiscalías, justicia federal y local y defensorías públicas, enfatizando también que en su último discurso en el Zócalo la entonces candidata habló sobre todo de una reforma para ampliar “el acceso a la justicia”.
Ambas posturas tienen bases objetivas para sostenerse pero, en breve, será la realidad la que dirima cuál prevalece. Por lo pronto, ya se anunció que la discusión se abrirá, con un discurso sobrio y responsable de la virtual presidenta electa, aunque llama la atención que el énfasis se haya puesto en dar a conocer la propuesta y la realidad del Poder Judicial, más que en debatir el contenido de la iniciativa con miras a su mejoría. Si a partir de septiembre esta propuesta se aprueba en sus términos, “sin cambiar una coma” a la propuesta del Ejecutivo, como parece demandar el todavía presidente y como amagan legisladores del partido en el poder, el mensaje no será positivo y el daño se habrá consumado.
Una nota final: es deseable que también dentro del Poder Judicial de la Federación estén a la altura del momento. Sería ideal que la judicatura ponga sobre la mesa, con sentido autocrítico, una propuesta de lo que sí debe modificarse —que sin duda es mucho— y que más que nunca se cuide a la institución. No es tiempo ni de descuidos ni de escándalos.
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¿Qué contiene y por qué preocupa la reforma judicial del “Plan C”?

Luego de unas campañas donde la violencia que afecta al país se hizo presente, con varias decenas de personas candidatas asesinadas, la jornada electoral afortunadamente transcurrió sin sobresaltos, arrojando un triunfo avasallador del partido en el poder.
En breve, Claudia Sheinbaum Pardo será declarada presidenta electa y asumirá el poder el próximo 1 de octubre. Será la primera presidenta de México, lo que en sí mismo es un acontecimiento que hay que celebrar, y que es fruto también de la lucha colectiva impulsada durante décadas por valientes mujeres que exigieron participar en política en condiciones de igualdad.
El triunfo del partido Morena en la elección del 2 de junio ha venido aparejado de victorias de la misma formación política en la mayoría de los estados en disputa, y también de victorias en ambas cámaras legislativas federales. En éstas, Morena detentará una robusta mayoría, si bien en el Senado aún está por verse si la oposición está en condiciones de reconstruir el bloque de contención a los posibles intentos de reforma constitucional, lo que no dependerá sólo de la aritmética electoral sino también de la consistencia en las posiciones individuales que las y los senadores y los grupos parlamentarios sostengan a partir de septiembre.
La renovación de los poderes públicos, por sí misma, siempre posibilita renovar ciclos políticos. Para los derechos humanos esta renovación en sí misma puede ser buena noticia, pues aunque en el sexenio que fenece se avanzó en derechos sociales, <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/elecciones-derechos-humanos-agenda" target="_blank" rel="noopener">los pendientes en derechos civiles y políticos son incontables</a>, y su atención con sentido de urgencia es ineludible.
De querer acometer con seriedad los retos en este ámbito, el nuevo gobierno sin duda podrá encontrar numerosos diagnósticos y propuestas. Para el Centro Prodh, un decálogo de las cuestiones a priorizar en derechos humanos debería incluir al menos: 1) Medidas para hacer frente a <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/violencia" target="_blank" rel="noopener">la persistencia violencia</a>, comenzando con una estrategia nacional para reducir los homicidios; 2) contener la <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/madres-buscadoras-justicia-esperanza" target="_blank" rel="noopener">continuidad de las desapariciones</a> y atender la necesidad de<a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/esfuerzos-forenses-en-abandono" target="_blank" rel="noopener"> crear mecanismos extraordinarios de identificación forense</a>; 3. <a href="https://centroprodh.org.mx/poder-militar-2da-edicion/" target="_blank" rel="noopener">construir controles civiles efectivos para que el poder militar</a> rinda cuentas; 4) revertir la impunidad <a href="https://centroprodh.org.mx/sididh4_0/2022/12/01/fiscalias-deficientes-raiz-de-la-impunidad/" target="_blank" rel="noopener">reformando para ello sobre todo a las fiscalías</a>; 5) <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/cndh-2023-cinco-anios-perdidos" target="_blank" rel="noopener">detener el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos garantes de derechos</a> como el INAI y la CNDH; 6) impulsar la <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/madres-buscadoras-cidh-garantias" target="_blank" rel="noopener">protección a personas defensoras y periodistas</a>, respetando el espacio cívico y ddejando de lado la <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/ataques-presidenciales-contra-centro-prodh" target="_blank" rel="noopener">denostación contra organizaciones</a>; 7) reconstruir la <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/frontera-chiapas-violencia-omisiones-colusion" target="_blank" rel="noopener">política migratoria con perspectiva de derechos</a>; 8) <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/minimo-presupuestal-para-victimas" target="_blank" rel="noopener">rescatar al abandonado Sistema Nacional de Atención a Víctimas</a>; 9) hacer frente a la sistemática <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/siguen-desapareciendo" target="_blank" rel="noopener">violencia contra las mujeres</a>; y, 10) <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/guardia-nacional-cuarteles-areas-verdes-cdmx" target="_blank" rel="noopener">proteger los territorios indígenas y de la naturaleza</a>.
Ahora bien, para saber si habrá margen para una mínima atención de estos temas en clave democrática, será determinante conocer cuál será la agenda legislativa que en los hechos se impulsará en el Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre.
Porque si en el inminente período de sesiones efectivamente se retoman de inmediato y sin mayor deliberación pública los más preocupantes aspectos del llamado “Plan C” —elección por voto de la judicatura, prisión preventiva oficiosa, militarización con expansión del fuero castrense, eliminación de la representación proporcional, desaparición del INAI y reforma del INE— el mensaje no será de continuidad con cambio, sino de profundización de la erosión de la institucionalidad democrática, pues a eso apuntan estas propuestas de reforma constitucional en su actual redacción. De darse este supuesto, las organizaciones de derechos humanos habremos de denunciarlo con firmeza, como lo hemos hecho siempre, sin que el carácter hoy claramente contra mayoritario de tal posición baste por sí misma para que sea desestimada.
Como organización de la sociedad civil dedicada desde hace 35 años a la defensa y promoción de los derechos humanos, hacemos votos para que el ciclo político que ahora inicia sea benéfico para nuestro país y deseamos el mayor de los éxitos a la próxima presidenta de México.
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Después de la elección

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y, de cara a la conclusión de las campañas, se impone decir que los temas cruciales de la agenda de derechos humanos languidecen en la orfandad.
Del lado del partido en el gobierno, la adhesión de la candidata al programa marcado en el llamado “Plan C“, lo cual se confirmó en el último debate, es preocupante. El allanamiento a ese programa, cuya centralidad en la eventual plataforma de gobierno todavía negaban algunos de los voceros y voceras de la campaña, ahora despierta una preocupación justificada sobre la posible erosión de la democracia que generaría su aplicación, pues no hay manera de hacer compatible con los más altos estándares del Estado de Derecho, la desaparición de la representación proporcional; la ampliación de la prisión preventiva oficiosa; la elección por sufragio de jueces, magistrados y ministros con <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/peligrosa-crisis-judicial" target="_blank" rel="noopener">ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación</a> (SCJN) sin decir nada del fracaso de las fiscalías; la eliminación de órganos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional acompañada de la ampliación indebida del fuero militar, agravada por la negación de la existencia misma de la creciente militarización.
En el tema específico de las desapariciones, que debería tener un tratamiento prioritario, la propuesta del oficialismo sobre extender el modelo de la Ciudad de México a todo el país es sin duda insuficiente, pues no sólo hay innumerables aspectos que mejorar sobre lo que se ha hecho en la capital, sino que además la gran mayoría de las entidades con serias <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/madres-buscadoras-justicia-esperanza" target="_blank" rel="noopener">crisis de desapariciones</a> presentan condiciones institucionales y sociales muy diferentes a las del centro. En estas condiciones, lo rescatable en derechos humanos de la plataforma de la candidata puntera se vincula sobre todo con la promoción de los derechos sociales, combate a la pobreza, derechos laborales y no discriminación.
Del lado de la candidata de la oposición, la aproximación a los derechos humanos también dista de ser el ideal. Una campaña que inició prometiendo la construcción de mega cárceles derivó, en el tercer debate, en la preocupante introducción de descalificaciones incompatibles con el respeto pleno a la laicidad y la libertad de culto, así como en la incorporación de señalamientos superficiales y ligeros respecto de la presunta connivencia con la criminalidad organizada de la otra plataforma, cuestiones ambas de una irresponsabilidad alarmante que abonan a la polarización tóxica.
A eso se añade, sin duda, la dificultad de que las propuestas de la candidata de la oposición sean creíbles, en cuestiones tan torales como la crisis de inseguridad y violencia, dado que los actores políticos y los partidos que la acompañan son en buena medida responsables de la crisis que hoy vivimos; así por ejemplo, el énfasis en la desmilitarización es positivo, pero difícilmente creíble atendiendo a quienes integran la coalición que abandera. En lo específico, por cuanto hace a la crisis de desapariciones, la cercanía de la candidata con algunas madres buscadoras en lo individual no ha ido acompañada de propuestas serias y de hondo calado para hacer frente a los rezagos de justicia, <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/identificacion-forense-rezago-persistente" target="_blank" rel="noopener">identificación forense</a> y atención victimal que perpetúan esta dolorosa crisis, rayando así en la instrumentalización de esta causa.
Y finalmente, en cuanto al candidato que se presenta como tercera alternativa, después de un arranque equívoco de campaña en el que enalteció el modelo Bukele, cabe reconocer su desempeño discursivo en temas de derechos durante el último debate presidencial. Empero, la frivolidad y la falta de empatía con las víctimas con que se conducen los gobiernos estatales de su partido, hacen dudar justificadamente que la suya sea, como se dice, una opción de verdadera renovación de la política. A ello se añade que la relativa marginalidad de su tercer lugar en la mayoría de las encuestas, le lleva a impulsar propuestas conceptualmente correctas, pero inocuas en cuanto a su posible aplicación. En todo caso, por cuanto hace a la atención a la crisis de derechos humanos y en especial a las desapariciones, es plausible que el candidato haya aludido a la necesidad de desmilitarizar el país y a la importancia de crear centros regionales de identificación humana a nivel nacional y en las entidades, que se especialicen en la atención del rezago forense.
Así las cosas, los derechos humanos llegan a la elección del 2 de junio en una triste orfandad. Tras una larga y cansada campaña, que se extendió más allá de los tiempos legales, habrá que discernir con profundidad cómo ejercer el voto, a lo que estamos llamados y llamadas en tanto derecho y deber ciudadano. Contribuir a que se preserve la pluralidad política puede ser un buen norte en esta difícil y polarizada coyuntura.
Las organizaciones de la sociedad civil, que desde hace décadas nos dedicamos con seriedad a la defensa de derechos humanos, enfrentamos el reto de hacer oír nuestra voz pública, evitando a toda costa una partidización impropia de nuestro quehacer. En tiempos donde desde los extremos que estructuran la conversación pública se exige —paradójicamente de forma muy similar— optar por una de las candidaturas aduciendo que es “momento de definiciones”, nos corresponde seguir mostrando que nuestra definición es por nuestra agenda de trabajo y no así por una candidatura o un partido; por defender la pluralidad del país, advirtiendo los riesgos de quienes llaman a regresar a los tiempos del “carro completo”, y por mostrar que sigue siendo posible el diálogo democrático fundado en el respeto, antes que en el insulto, el improperio y la simplificación grosera.
Más que nunca, hay que reivindicar que las expresiones de sociedad civil no partidizadas son todavía posibles. Importa razonar en público y en voz alta nuestras posturas. Toca señalar que se miente cuando se afirma desde la conferencia presidencial mañanera que toda la sociedad civil es parte del “bloque conservador”; que se falta a la verdad cuando se sugiere desde la oposición que “toda la sociedad civil” apoya de conjunto a su candidata, y que también se falsea la realidad cuando se afirma que solamente un partido o movimiento ha luchado por democratizar el país.
Las organizaciones civiles mexicanas de defensa de los derechos humanos, cuyo aporte a la democratización es indudable, no pueden reducirse a las dos opciones que hoy se disputan el poder. Porque el 3 de junio, pasada la coyuntura electoral, este país nuestro, adolorido por la violencia y la deshumanización, seguirá enfrentando sus problemas seculares de falta de Estado de Derecho y requiriendo de nuestros mejores esfuerzos para revertir sus múltiples crisis. Nos lo recuerdan las víctimas se siguen movilizando por la verdad, justicia, memoria, asistencia victimal y no repetición. Vale la pena por ello seguir reivindicando la pertinencia de un espacio cívico no polarizado y no partidizado.
<a href="https://x.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

Elecciones: derechos humanos en la orfandad

Ni homenajes, ni festejos. Este 10 de mayo, las únicas flores que las madres buscadoras aceptaron recibir fueron las del apoyo, la solidaridad y la esperanza, necesarias para seguir interpelando a un Estado que se ha mostrado indolente al atender la crisis de  desapariciones en el país.
Como cada año, con los rostros de sus hijos en mano, su fuerza y su dignidad, cientos de familias salieron a las calles de al menos 15 entidades de la República para demandar a las autoridades justicia, verdad, memoria y atención al rezago forense. Este año, además, hubo un <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/victimas-unificacion-familias-buscadoras" target="_blank" rel="noopener">importante esfuerzo de unificación</a> de distintos colectivos de búsqueda en el país que decidieron sumar voces al grito de “¿Dónde están?” para interpelar a los gobiernos federales y locales. Las madres exigieron, principalmente, no ser usadas como botín político en esta temporada electoral y demandaron propuestas claras para que las próximas administraciones atiendan los pendientes que dejarán los actuales gobiernos. Alzaron la voz también para exigir “Ni una buscadora asesinada más” y, con ello, demandaron garantías de seguridad para que  todos los colectivos puedan continuar con sus dignas labores de búsqueda sin poner en riesgo su integridad.
Así, en Ciudad de México se llevaron a cabo dos grandes acciones de protesta. La primera fue la velada <a href="https://x.com/movNDmx/status/1788276602306175375" target="_blank" rel="noopener">#FloresDeEsperanza</a>, convocada por el Movimiento por nuestros Desaparecidos, integrado por más de 90 colectivos de México y Centroamérica, en la cual se  dedicaron mensajes a las mujeres que han fallecido en la lucha y a quienes perdieron a un hijo o a una hija derivado de la situación de violencia en el país, esto acompañado de flores y veladoras para iluminar el camino de quienes ya no están. Durante el evento, el Movimiento compartió un <a href="https://movndmx.org/carta-a-los-partidos-politicos/" target="_blank" rel="noopener">pronunciamiento</a> dirigido a quienes participan en la contienda: “Su responsabilidad en la función pública trasciende su afinidad política y debe priorizar el bienestar de la población más allá de coyunturas electorales. Les exigimos que la causa de la búsqueda de nuestros seres queridos no sea utilizada en el contexto de estrategias comunicacionales de denostación y ataques. Nuestro dolor no es un espectáculo, es el motor que nos permite continuar nuestra lucha por la verdad y la justicia y el regreso de quienes amamos”.
La segunda acción fue la <a href="https://x.com/brigadabuscando/status/1788354134925570130" target="_blank" rel="noopener">marcha nacional de madres buscadora</a>s, quienes, sin importar el sol inclemente y los enormes esfuerzos de trasladarse al centro del país, desde el norte y el sur, decidieron avanzar a un mismo paso. Así, se unieron las voces de quienes han participado en estas manifestaciones desde hace 13 años y de quienes por primera vez se enfrentan al tormento de la desaparición. Este año también cambió el recorrido: <a href="https://x.com/CentroProdh/status/1788989319874494885" target="_blank" rel="noopener">del Monumento a la Madre hacia el Zócalo capitalino</a> —y no al Ángel de la Independencia, como en otras ocasiones—, cruzando el Centro Histórico, donde muchas familias celebraban el 10 de mayo, para llamar a la sociedad a la empatía y a la solidaridad de la población. Los pronunciamientos, así, se dirigieron hacia el Palacio Nacional y los rostros de quienes no han vuelto a casa se posaron sobre la plancha. Después, decenas de buscadoras fueron recibidas en la Basílica de Guadalupe, donde se reconoció la necesidad de atender la crisis para garantizar la justicia y la paz en el país.
Las acciones locales también fueron generalizadas y se realizaron de acuerdo con el contexto de cada estado. Por ejemplo, cientos de madres buscadoras en Zacatecas, partieron de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma del estado hacia la Plaza de Armas, para exigir a las autoridades redoblar esfuerzos para esclarecer los casos que, en su mayoría, son recientes. En Xalapa, las temperaturas que superaron los 38 grados no detuvieron a los colectivos que marcharon con megáfono en mano. Mientras que en Quintana Roo, las mujeres se manifestaron afuera de la Fiscalía General estatal para exigir atención a los casos y para demandar respeto a las protestas, pues en la entidad se les ha respondido con el uso de la fuerza.
Como en varias localidades, la crisis ha llevado a las buscadoras a establecer sitios específicos de memoria, algunos colectivos concentraron su movilización en esos lugares. En Colima, por ejemplo, los colectivos se reunieron en la Plaza de los Desaparecidos, situada en el emblemático Parque Piedra Lisa. En Jalisco y en Veracruz, desde las 8:00 de la mañana, las familias partieron desde sus respectivas Glorietas de los Desaparecidos hacia los Palacios de Gobierno.
A nivel internacional también hubo esfuerzos relevantes para visibilizar la problemática. Olimpia Montoya y Bibiana Mendoza, buscadoras de Guanajuato, fueron reconocidas con el Premio de Derechos Humanos 2024 por la <a href="https://x.com/WOLA_org/status/1789018424506450213" target="_blank" rel="noopener">Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización fundamental que este año cumple cinco décadas ininterrumpidas de trabajar por la democracia y los derechos humanos en América Latina, desde la incidencia en Washington D.C.  </a>Mendoza fue seleccionada &#8220;por su inquebrantable vocería contra la militarización en México&#8221;, la cual no ha sido efectiva para enfrentar la violencia en el país. Mientras que Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, fue reconocida por &#8220;su papel en el avance de los esfuerzos para crear el Banco Nacional de Datos Forenses&#8221;, uno de los pendientes actuales del Estado mexicano.
Los pendientes actuales para revertir la crisis de más de 100 mil personas desaparecidas en el país son claros: deben adoptarse<a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/esfuerzos-forenses-en-abandono" target="_blank" rel="noopener"> medidas extraordinarias para la identificación humana</a> y adoptar cabalmente la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, que en un muy claro decálogo propuso el <a href="https://centroprodh.org.mx/visita-del-comite-desapariciones-forzadas/#:~:text=El%20CED%20es%20un%20%C3%93rgano,personas%20contra%20las%20desapariciones%20forzadas." target="_blank" rel="noopener">Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas (Comité CED)</a>. Estos pendientes no sólo los han recordado en múltiples ocasiones las organizaciones civiles y las instancias internacionales. Lo hacen también, día a día, las madres buscadoras que con su enorme amor y dignidad buscan a los suyos y exigen a las autoridades que sus voces sean escuchadas. No sólo en mayo, sino siempre, les acompañamos y les reconocemos su fortaleza para luchar de manera incansable hasta encontrarles a todas y encontrarles a todos y todas.
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Madres buscadoras: interminable lucha por la justicia y la esperanza

Hacia las movilizaciones que este 10 de mayo realizarán colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país, incluyendo el <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/victimas-unificacion-familias-buscadoras" target="_blank" rel="noopener">muy relevante esfuerzo de unificación</a>, es pertinente recordar los pendientes que deja esta administración frente a la crisis de desapariciones.
Al respecto, debe recordarse que una de las iniciativas que a principios de sexenio generó expectativa fue el reconocimiento de que la crisis de desapariciones requiere soluciones extraordinarias y la atención a problemáticas como el <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/identificacion-forense-rezago-persistente" target="_blank" rel="noopener">rezago forense</a>. Fue así como se crearon el <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/invitades/el-mecanismo-extraordinario-de-identificacion-forense-una-via-para-comenzar-a-combatir-la-crisis-forense" target="_blank" rel="noopener">Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)</a> y el <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/alistan-centro-nacional-identificacion-humana-pendientes" target="_blank" rel="noopener">Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH)</a>, hoy abandonados.
El diagnóstico subyacente a la adopción de estas medidas fue acertado y no ha perdido actualidad: ante el cúmulo de cuerpos y restos humanos que permanecen sin ser procesados en las distintas instituciones forenses del país, es relevante pensar en esquemas alternativos y esfuerzos innovadores que se dediquen específicamente a la identificación humana. Dejar esta labor a las fiscalías —incapaces y claramente rebasadas, cuando no criminalmente cómplices— no permitirá revertir el rezago.
Diseñar soluciones extraordinarias no es sencillo. Hay quien considera que impulsar esfuerzos de identificación en perspectiva más humanitaria que penal, podría terminar abonando a la impunidad. Paradójicamente, estas visiones se parecen a las de las fiscalías que sistemáticamente se niegan a explorar alternativas extraordinarias, arguyendo cuestiones de legalidad, para no ver tocado su monopolio en cuestiones forenses —sea por blindar su coto de poder, sea por negligencia o sea por temor a que sus tropelías queden expuestas—.
Así, por ejemplo, respecto de carpetas y averiguaciones previas de larga data, que objetivamente puede presumirse que no serán judicializadas por el simple paso del tiempo, las fiscalías impiden que avancen los esfuerzos de identificación forense argumentando que la revisión de cuerpos y restos por otras instancias podría vulnerar la cadena de custodia de la evidencia. Se soslaya que esta evidencia probablemente jamás llegará a usarse en juicio, por la ineficiencia del ministerio público, y se termina bloqueando las posibilidades de avanzar humanitariamente en la identificación. De este modo, las fiscalías se benefician de su propia incapacidad y con cinismo la esgrimen para que nada cambie.
Pero, más allá de estas perspectivas, la voz de las víctimas debería prevalecer. Lo cierto es que ellas una y otra vez insisten en que la identificación y restitución digna de los restos de sus seres queridos sería un avance no menor para poder empezar a procesar el duelo, que la desaparición de personas pospone e impide por su propia naturaleza. La experiencia internacional da la razón a los familiares: en contextos de gran rezago forense, vale la pena invertir y crear espacios institucionales específicos que sólo se dediquen a la identificación.
Por eso importaba, importa y seguirá importando que se busquen esquemas innovadores y extraordinarios para el procesamiento de cuerpos y restos, aprendiendo de las mejores prácticas internacionales. El MEIF y el CNIH empezaban a abrir ruta en esta dirección y su abandono es por ello sumamente decepcionante.
El MEIF fue creado por medio de un “Acuerdo” publicado en el <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589797&amp;fecha=19/03/2020#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Diario Oficial de la Federación</a> el 19 de marzo de 2023, aún vigente. Las consideraciones de este “Acuerdo” reconocen “que el país enfrenta una crisis en la operación de los servicios forenses, por el gran número de cuerpos que no han podido identificarse, lo cual dificulta la tarea de las instituciones encargadas de prestar estos servicios al no contar con los recursos técnicos, humanos y financieros necesario”.
Sin embargo, el MEIF pronto quedó en medio de la obstaculización generada por las fiscalías, por las disputas entre éstas y las comisiones de búsqueda, y por el desplazamiento del apoyo gubernamental hacia lo que después sería el Centro Nacional de Identificación Humana. Hasta ahora, <a href="https://www.imdhd.org/comunicacion/blog/el-mecanismo-extraordinario-de-identificacion-forense-un-proyecto-trunco/" target="_blank" rel="noopener">el mejor recuento de este intrincado proceso</a> lo ha escrito Edgar Cortez, experimentado y solvente defensor de derechos humanos, que en su momento integró el Mecanismo, quien ha detallado las arduas vicisitudes de este esfuerzo.
Debilitado el MEIF, surgió la expectativa de que el CNIH fuera una mejor respuesta. Así, el 13 de mayo de 2022 fue modificada la Ley General en Materia de Desaparición para crear un centro de alcance nacional que se abocaría exclusivamente a la identificación de restos y cuerpos. Conforme al artículo 50 de la Ley, aún vigente, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emprendería la “búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos desde la perspectiva individualizada o generalizada a través de un enfoque masivo o a gran escala o, en su caso, de identificación humana complementario” mediante “la operación de un Centro Nacional con competencia en todo el territorio nacional, el cual debe interconectarse y compartir la información”.
No obstante, el esfuerzo quedó trunco. Con los cambios que se han dado al interior de la Secretaría de Gobernación y en la propia CNB, el CNIH fue abandonado y desmantelado, <a href="https://elpais.com/mexico/2024-02-20/el-desmantelamiento-del-centro-nacional-de-identificacion-deja-en-vilo-a-cientos-de-familiares-todo-se-fue-por-el-cano.html" target="_blank" rel="noopener">como han reportado diversos medios de comunicación</a>, pese a que la ley mandata su existencia.
Con el abandono del MEIF y el CNIH, paulatinamente se ha vuelto a la situación que imperaba al fin del anterior sexenio: la negación de que existe una crisis de desapariciones, el abandono de los esfuerzos extraordinarios y el empoderamiento de las fiscalías. Éstas, en las que no se produjo ninguna transformación, se encuentran incluso más fortalecidas que nunca pues invocan su autonomía para no coordinarse con otras instancias en la búsqueda de personas y han vuelto a tener el monopolio decisorio en los temas forenses.
En este escenario desolador, algunas iniciativas relevantes a nivel local se mantienen como ejemplo de que las cosas pueden ser diferentes. Es el caso de algunos centros regionales de identificación humana que han sido creados a nivel estatal, gracias a la persistencia de los colectivos de familiares, que confirman la pertinencia de relevar a las fiscalías en el procesamiento de restos de larga data o altamente degradados, mediante la creación de espacios institucionales nuevos, altamente capacitados y especializados, que adopten una perspectiva más humanitaria que penal.
A esos esfuerzos deberá mirar la nueva administración, recogiendo los aprendizajes que deja detrás de sí este sexenio, que en este tema fue dramáticamente de más a menos. Dejar esta tarea sólo a las negligentes fiscalías es una apuesta condenada al fracaso en las actuales condiciones. Los colectivos que saldrán a las calles este 10 de mayo, como lo han hecho por más de una década, nos recuerdan que el país sigue en deuda con sus demandas de búsqueda, justicia, verdad, reparaciones, memoria y no repetición.
<a href="https://twitter.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

Esfuerzos forenses extraordinarios, en el abandono

La semana pasada, tres relevantes evaluaciones internacionales concluyeron que México enfrenta aún graves problemas de derechos humanos. Cuestionar a los mensajeros para eludir el escrutinio crítico es infructuoso: en los temas torales hay coincidencia y son objetivas las preocupaciones que señalan, por separado, el <a href="https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/" target="_blank" rel="noopener">Departamento de Estado de EUA</a>, <a href="https://www.amnesty.org/es/location/americas/north-america/mexico/report-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Amnistía Internacional</a> y la <a href="https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_5_Mexico_SPA.PDF" target="_blank" rel="noopener">Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</a>.
El informe del Departamento de Estado se publicó, como ocurre desde hace casi 50 años, para que las y los legisladores de los Estados Unidos decidan con mayor información a qué países brindan fondos de cooperación internacional. Los reportes de este tipo son una fuente útil de información e incluyen a casi 200 países de seis diferentes regiones. Su publicación nunca ha estado exenta de polémica. <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/informe-departamento-de-estado-derechos-humanos" target="_blank" rel="noopener">Como recordamos en este espacio en 2023</a>, Amnistía Internacional ha criticado —por ejemplo— que estos reportes analizan de forma benevolente a algunos países aliados de Estados Unidos. Pero más allá de esta polémica, lo que señala este año el reporte sobre México es inobjetable.
En siete secciones, el reporte hace un balance sobre la persistencia en México de violaciones a derechos humanos que quedan impunes. Y si bien reconoce algunos avances, como por ejemplo la paulatina implementación de la reforma laboral, identifica problemas graves que no han sido revertidos. Así, señala que:
Entre los principales problemas de derechos humanos figuraron informes fidedignos de homicidios ilegítimos o arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detenciones o encarcelamientos arbitrarios; graves problemas con la independencia del poder judicial; graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales sobre difamación para limitar la expresión; grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el matrimonio infantil, precoz y forzado, el feminicidio y otras formas de este tipo de violencia; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer o intersexuales; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad, y restricciones significativas o sistemáticas de la libertad de asociación de los trabajadores, incluidos delitos de violencia e intimidación contra los trabajadores. […] Elementos delictivos, incluidas bandas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno e intimidación.
Muchos de estos señalamientos coinciden con los que formula Amnistía Internacional en su análisis sobre México, desarrollado en su más reciente Informe Anual, también publicado hace unos días. Ahí, la organización señala que:
Los homicidios y las desapariciones forzadas habían aumentado en los 16 años que los militares llevaban participando en las operaciones de seguridad pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los miembros de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (la institución encargada de hacer cumplir la ley a nivel federal) habían cometido violaciones graves de derechos humanos en 28 casos, incluidos varios crímenes de derecho internacional, tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al considerar que la Constitución establecía expresamente que la Guardia Nacional era una entidad civil y que sus acciones debían estar dictadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En octubre, la presidencia insistió en que la Guardia Nacional había obtenido buenos resultados y propuso enviar otra solicitud al Congreso para que esa institución pasara a formar parte de la SEDENA, negando las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos. La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información continuó lastrando a la SEDENA.
Finalmente, la CIDH también expresó preocupación por la situación del país. Así, en las conclusiones del capítulo V, donde actualiza su seguimiento a las 80 recomendaciones concretas que monitorea desde que emitió su último informe de país en 2015, la CIDH enfatiza:
<ol>
<li>La Comisión observa con preocupación la necesidad de medidas de cumplimiento de las recomendaciones emitidas respecto al contexto de militarización. Al respecto, si bien durante los años anteriores el Estado informó acerca de un plan gradual de retiro de las FFAA de la realización de funciones de seguridad pública, la Comisión observa que los últimos años representan un retroceso. Al respecto, identifica que se han prolongado los plazos establecidos previamente para el retiro de las FFAA de las funciones de seguridad pública y que habría una persistencia del actual gobierno en fortalecer a la Secretaría de la Defensa Nacional por encima del órgano policial de carácter civil. Asimismo, la Comisión reitera que la situación de violencia e inseguridad en México, generada por el accionar de grupos del crimen organizado junto con una respuesta militarizada, tiene como consecuencia un incremento en graves violaciones de derechos humanos. 2. Así, para 2023, la CIDH identifica que continúa siendo de especial preocupación el elevado número de desapariciones sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica. La Comisión observa con preocupación la falta de coordinación entre las autoridades involucradas en las búsquedas e investigaciones, tanto a nivel local como federal. De la misma manera, la Comisión reitera la importancia de fortalecer los registros, sistematización y procesamiento de la información. Asimismo, la Comisión observa que, si bien el Estado ha implementado acciones para atender la crisis de desaparición, es necesaria la implementación de políticas públicas de prevención. Además, para la CIDH hay un desafío relacionado con la falta de acceso a la justicia. Resulta fundamental reforzar los esfuerzos para romper con el ciclo de impunidad a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos y, de esta manera, lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas. La CIDH resalta que la información presentada por el Estado no contiene información de los órganos de procuración de justicia, ni de medidas concretas para la eliminación de la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano”.</li>
</ol>
En suma: tres perspectivas, tres evaluaciones críticas, tres visiones que coinciden en que hay preocupaciones fundadas. A ojos de otra nación vecina, de la más relevante organización internacional no gubernamental, y del principal órgano de protección del continente, los problemas de derechos humanos persisten en México. Y es que no puede afirmarse, sin faltar a la verdad, que ya no existan en el país violaciones a derechos humanos. No se puede tapar el sol con un dedo, ni evadir un mensaje verdadero socavando al mensajero. Los derechos humanos son universales.
<a href="https://twitter.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

En tres escrutinios internacionales, México reprueba en derechos humanos

La crisis de la judicatura que han desatado los eventos de las últimas semanas ha adquirido una gravedad tal como para estimar que trascenderá a la elección del próximo 2 de junio, de suerte que puede afirmarse que no estamos ante una cuestión que se agote en la presente coyuntura electoral.
Una <a href="https://animalpolitico.com/politica/arturo-zaldivar-exministro-investigacion-corte" target="_blank" rel="noopener">denuncia anónima</a> presentada en contra de quien fuera ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una fuerte sacudida. Desde luego, en este como en otros casos, la presunción de inocencia debe prevalecer; al mismo tiempo, la discusión de lo que ahí se describe no puede ignorarse en la conversación pública pues el relato de la denuncia es precedido por diversas versiones periodísticas en el mismo sentido —entre éstas destaca el libro de Hernán Gómez Bruera, con quien desde aquí nos solidarizamos, pues enfrenta ahora una acción legal amedrentadora precisamente por traer a la luz esta y otras tramas judiciales—. El hecho de que, además, el expresidente de la Corte haya renunciado apenas hace unos meses al máximo tribunal para sumarse inmediatamente después a una campaña presidencial también impide desestimar, sin más, la denuncia.
Adicionalmente, como han destacado diversas voces, la denuncia en cuestión importa porque podría indicar que por primera vez un grupo importante de jueces, juezas, magistrados y magistradas estarían dispuestos a dar a conocer mecanismos internos de coacción y presión, sin atarse al espíritu de cuerpo —o a la falta de convicción cívica— que siempre ha conducido a que, en instituciones como esta, los señalamientos sobre tales patrones se expresen sólo en voz baja y no lleguen nunca a formalizarse.
Dada la gravedad de lo denunciado, desde luego se debía abrir la investigación correspondiente y, siendo indudable el interés público del asunto, es ingenuo pensar que un procedimiento de esta naturaleza podía permanecer en la confidencialidad por mucho tiempo en un país como el nuestro.
Sin embargo, que la existencia de esta denuncia se haya dado a conocer a partir de la filtración de la misma y del acuerdo admisorio en medio del periodo electoral que vivimos, sin duda lesiona el proceso, pues esta circunstancia previsiblemente será usada para asignar a la investigación un carácter político.
Por lo pronto, en respuesta a esta filtración ya <a href="https://animalpolitico.com/politica/arturo-zaldivar-juicio-politico-norma-pina" target="_blank" rel="noopener">se ha amagado con iniciar juicio político</a> a la actual ministra presidenta de la SCJN, una situación carente de precedentes y en extremo preocupante al ser respaldado por la fuerza política que podría detentar la mayoría calificada en el Congreso.
La conjunción de estas circunstancias inéditas da cuenta de que se ha abierto un escenario grave, que no tiene antecedentes análogos y que trasciende a la coyuntura electoral inmediata. Bien puede decirse que el conflicto iniciado, teniendo en el horizonte una posible reforma judicial —que será regresiva si se basa en la propuesta hecha pública el 5 de febrero de 2024 por el actual Titular del Ejecutivo—, genera una crisis judicial sumamente preocupante y de pronóstico reservado.
Por ello, es esencial que las investigaciones abiertas —tanto por la denuncia, como por la filtración— sean sustanciadas a la brevedad, con la máxima solidez y transparencia. También importa, en este marco, que los actores involucrados detengan la escalada de descalificaciones, acciones legales y denuestos, tan estridentes como personalizados, que podrían contribuir a acelerar la aprobación de una reforma judicial incluso más lesiva que la anunciada, queriéndolo o no.
Al mismo tiempo, es esencial reiterar que los numerosos aspectos necesitados de cambio profundo en la judicatura, que afloran en el marco de esta denuncia —y que, hay que insistir, se presentan de peor forma en la mayoría de los poderes judiciales locales—, confirman sin duda la necesidad de impulsar mayor rendición de cuentas y transparencia dentro de la judicatura. Discutir la reforma judicial parece ser ya ineludible, pese a que el factor principal de impunidad en México son las disfuncionales fiscalías que tenemos.
Pero justamente por eso es más que nunca necesario seguir señalando que la idea de elegir mediante votación ciudadana, directa o indirecta, a jueces, magistrados y ministros dista de ser una solución que por sí misma abone a mejorar la justicia o a revertir deficiencias como las que se están ventilando. Soslayar esta realidad, o no insistir en ella, fácilmente puede llevar a que la crisis que se ha desatado se capitalice para impulsar la propuesta de reforma que presentó esta administración, que <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/embates-poder-judicial-fideicomisos" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/embates-poder-judicial-fideicomisos&amp;source=gmail&amp;ust=1713936464486000&amp;usg=AOvVaw0h4rUs39IDQNfuLf7gpqC1">sin duda pretende incrementar el control político</a> sobre la maltrecha judicatura, más que fortalecer su papel como instancia garante de derechos.
<a href="https://twitter.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

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