Subcomité para la Prevención de la Tortura: supervisión internacional contra una práctica generalizada en México
Esta semana se lleva a cabo la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la primera visita de un mecanismo internacional de derechos humanos con la actual administración federal y la tercera visita de éste tras sus misiones en 2008 y 2016.
El Subcomité tiene un mandato de prevención de la tortura, contando con el derecho de acudir sin aviso previo a lugares de privación de la libertad como prisiones, instalaciones militares, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias, evaluando el trato que reciben las personas y sosteniendo entrevistas bajo el principio de estricta confidencialidad para evitar cualquier represalia. El objetivo del SPT es evaluar la situación de la práctica de tortura en estos lugares, una violación a derechos humanos que, en contra del discurso oficial, continúa siendo generalizada en el país. Adicionalmente, esta entidad internacional evalúa y asesora la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en los Estados, que en el caso de México está adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La visita coincide con cambios sustantivos en la política de seguridad de la administración federal, en la que se ha puesto preponderancia en los números de detenciones; se han perpetuado y ampliado figuras violatorias de derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa o la próxima regulación de los “jueces sin rostro”, y se han debilitado o eliminado órganos garantes y protectores de derechos como la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Todo ello, sin tomar medidas efectivas para mejorar las condiciones de los centros de detención.
Por ello, preocupa que en su más reciente comparecencia ante la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, durante esta semana, la titular de la CNDH no se haya pronunciado sobre esta visita que es de la mayor relevancia, pues en su última revisión el Subcomité recomendó que el MNPT realizara más visitas no anunciadas a centros de privación de la libertad y que fortaleciera los Mecanismos de Prevención a nivel local, con trabajo conjunto de la sociedad civil. En cambio, durante la comparecencia se destacaron las visitas ordinarias y se dejó de lado que en los últimos dos años el MNPT no ha emitido informes de supervisión, ni que desde el 2022 no cuenta con Comité Técnico, un órgano de gobierno integrado por ciudadanos reconocidos en la materia, que debe delimitar los lineamientos de trabajo de dicho Mecanismo.
Es en ese mismo contexto de debilitamiento institucional que se enfrentan nuevos retos. Esto, debido a que el informe resultado de la visita que incluye las recomendaciones de este mecanismo en particular, únicamente es hecho público si el Estado así lo decide. Ya en el pasado, las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido que exigir por vía de transparencia que su informe se hiciera público. Hoy, ante la inexistencia del INAI, sería relevante que el Estado anuncie desde ahora que permitirá su publicación, pues solo así la sociedad civil podemos hacer un trabajo más contundente de seguimiento a las omisiones u acciones en la materia a partir de las observaciones y recomendaciones hechas por el Subcomité. Esta es además una oportunidad para el Estado mexicano de demostrar su compromiso con los organismos internacionales, en un convulso contexto mundial de debilitamiento.
En ese marco, desde el Centro Prodh, al igual que otras organizaciones aliadas, hemos presentado al SPT información obtenida a partir del acompañamiento a víctimas y sobrevivientes, y a la información que recibimos constantemente sobre la situación en la que se encuentra el estado de centros penitenciarios en distintas entidades de la República, en donde las personas reportan que han padecido condiciones indignas de detención, violencias ocasionadas por la ausencia de gobernabilidad y control del crimen, falta de acceso a la justicia, de atención médica, a la salud mental, traslados irregulares, entre otras prácticas sistemáticas que vulneran derechos humanos. También recordamos eventos graves en otro tipo de centros de detenciones administrativas, como las sucedidas en la estación migratoria en Juárez, donde 40 personas perdieron la vida en un incendio, y el registro de más de 19 suicidios de mujeres en el CEFERESO de Morelos en dos años.
Por ello, se vuelve relevante que el SPT pueda conocer de primera mano la situación en los centros de reclusión y algunos otros que funcionan como tal, pero que no están debidamente regulados. Por ejemplo, los llamados “anexos” donde se han registrado tantos eventos de violencia desproporcionada en el país. También que pueda escuchar a la sociedad civil que documentamos todos los días esas condiciones y la situación de las víctimas.
En ese sentido, recordamos algunas recomendaciones que hizo el STP, tras sus visitas anteriores y que hasta ahora no han sido cumplimentadas cabalmente por el Estado. Entre ellas: tomar acciones ante el autogobierno y corrupción en centros penitenciarios, originadas por la connivencia entre grupos de criminalidad y las autoridades; garantizar la calidad de la defensa pública otorgada a las personas privadas de la libertad; que las alegaciones de tortura y malos tratos no queden en la impunidad, con investigaciones de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales; que las declaraciones realizadas como resultado de la tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento; que se registren todas las detenciones, entre ellas las de personas migrantes, y que se prioricen miradas interseccionales, como atender la discriminación que enfrentan mujeres, personas migrantes y/o personas indígenas, entre otras.
El tema de tortura presenta múltiples desafíos que no han sido atendidos adecuadamente en el país, a pesar de los múltiples pronunciamientos de organismos internacionales en años anteriores y a casi 10 años de que se promulgara la Ley General en la materia, que aún presenta deficiencias en su implementación. La situación de los centros de privación de la libertad pone en relieve la persistencia de esa práctica y cómo afecta desproporcionadamente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, esperamos que la actual administración se aleje de las posiciones negacionistas. Si queremos que realmente haya justicia para los rostros que han sobrevivido a esta grave violación a derechos humanos, necesitamos un Estado que esté abierto al escrutinio internacional, de manera transparente, buscando tomar acciones para revertir estas prácticas y que no las perpetúe, aproveche, niegue, minimice o encubra.
La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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