Por qué México no logra crecer: inversión, política económica y estructura productiva
Desde mediados de los 90, el Producto Interno Bruto (PIB) de México ha crecido a una tasa promedio anual de apenas 2.38 por ciento en términos reales. En los años más recientes, a partir de 2019, el ritmo de expansión económica ha sido todavía más reducido, de 1.02 por ciento en promedio anual. Si ajustamos este desempeño económico a la dinámica demográfica, el resultado es aún más preocupante: el PIB per cápita ha aumentado tan solo 0.8 por ciento anual entre 1995 y 2024 y, desde 2019, prácticamente no ha crecido (0.03 por ciento).
Las crisis económicas recurrentes han contribuido a este magro desempeño, comenzando con la crisis de 1994-95, la desaceleración de 2001, la recesión global de 2008-09 y, más recientemente, el severo impacto de la pandemia en 2020. Todas ellas han dejado efectos profundos y duraderos en nuestra economía. Sin embargo, el problema no empieza ni termina en estas perturbaciones; por el contrario, las crisis mismas —en su origen, en la magnitud de sus impactos, en su recurrencia y en otros aspectos— son expresión de un problema económico más profundo y permanente. La economía mexicana llegó a cada una de ellas con una fragilidad estructural preexistente y salió de todas sin haber resuelto sus fallas fundamentales de crecimiento. Después de más de treinta años, lo que observamos es una economía frágil y estancada.
Pero el estancamiento es, en realidad, un retroceso. La parálisis económica no solo impide atender los rezagos y recuperar lo perdido, sino que tampoco alcanza para satisfacer las nuevas demandas sociales. Esto se observa de manera directa, por ejemplo, en el empleo: no se generan suficientes trabajos estables, bien remunerados y con acceso a la seguridad social, ni para quienes se integran por primera vez al mercado laboral ni para quienes ya se encuentran en situación de desempleo, subocupación o informalidad. En consecuencia, estas formas precarias de empleo se reproducen y perpetúan, profundizando la desigualdad y manteniendo elevados los niveles de pobreza. Asimismo, el bajo crecimiento limita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, la salud, la educación, los servicios básicos y la infraestructura. Ante esta situación, la sociedad mexicana se ve empujada a recurrir a diversas “válvulas de escape” para sobrellevar la precariedad: transferencias del gobierno, migración a EE.UU., remesas, endeudamiento de los hogares o incluso la inserción en la delincuencia.
El crecimiento económico no es, pues, un problema menor, sino una condición material indispensable para el bienestar de la población. A pesar de su gravedad y urgencia, no parece ocupar el lugar prioritario que merece. Antes bien, nos conformamos con señalar los errores del pasado, sin atender la responsabilidad que tenemos en el presente. Por eso, examinar críticamente las causas históricas del bajo crecimiento económico es necesario, no para deslindar responsabilidades, sino para reconocer cómo esas condiciones siguen operando en el presente y en qué medida es posible superarlas. Este análisis debe servir como herramienta para asumir la responsabilidad que nos corresponde hoy y evitar que el deterioro económico se profundice.
Los límites estructurales del modelo de crecimiento
El modelo de crecimiento económico que impera en México se basa en la doctrina económica neoliberal, que sostiene que la mejor manera de acrecentar la riqueza es promover la libre empresa y dejar que las fuerzas del mercado y la competencia operen plenamente. En la práctica, esto implicó reducir el tamaño y las funciones del Estado, privatizar empresas públicas, liberalizar el comercio y los flujos financieros, y cambiar el enfoque de la política económica de la intervención estatal directa en la producción a la prioridad de mantener la estabilidad macroeconómica, cuyos pilares principales son el control de la inflación, un tipo de cambio flexible y la disciplina fiscal.
Dentro de este marco, las exportaciones y la inversión extranjera directa (IED) se consolidaron como los principales motores del crecimiento. En 1994, las exportaciones representaban apenas el 11.5 % del PIB; para 2018 se habían triplicado, alcanzando alrededor del 36 %, y se mantuvieron en niveles similares, llegando al 37 % en 2024. Las exportaciones manufactureras son el componente predominante, representando cerca del 82 % del total en 1994 y aumentando su participación hasta el 89.9 % en 2024. De estas exportaciones manufactureras, el 85.9 % tiene como destino el mercado estadounidense. De manera similar, la apertura comercial y la desregulación financiera dieron un fuerte impulso a la IED. Su participación en la formación bruta de capital fijo (FBCF) pasó de alrededor del 6.7 % entre 1991 y 1993 a estabilizarse, durante 1996-2024, en un rango de entre 10 % y 13 %. Alcanzó un máximo histórico en 2001, cuando llegó al 19.2 % de la FBCF, nivel que no ha vuelto a alcanzarse desde entonces.
A pesar del acceso preferencial al mercado estadounidense y de la llegada de importantes flujos de IED dirigidos principalmente al sector manufacturero exportador, la capacidad de empuje de este sector ha resultado estructuralmente limitada. La industria se especializó en el ensamblaje de productos finales, con escaso valor agregado, alta dependencia de insumos y bienes de capital importados, y un margen reducido para elevar la productividad laboral. En estas condiciones, su rentabilidad y expansión dependen en gran medida de factores externos favorables, entre ellos, el crecimiento de la demanda en EE.UU. y las variaciones del tipo de cambio. Además, su concentración en las fases de ensamblaje impidió, desde el inicio, el desarrollo de encadenamientos productivos hacia el interior del país. Si a ello se suma la creciente competencia de China y de otros países manufactureros como Vietnam, así como la desaceleración de la economía estadounidense desde los 2000, las perspectivas de que el sector manufacturero exportador pueda, eventualmente, impulsar de manera sostenida la productividad y el crecimiento económico de México se vuelven cada vez más escasas. i
La primacía del sector externo en la estructura productiva del país constituye, más bien, una distorsión que debería superarse para generar un crecimiento más robusto, equilibrado y duradero. Con este propósito, convendría orientar la estrategia de crecimiento hacia el mercado interno y extender el dinamismo a otros sectores de la economía, no solo al sector manufacturero exportador. Sin embargo, en un contexto de apertura, producir para el mercado interno implica, al igual que para el exterior, que la productividad laboral alcance niveles internacionales para competir con las exportaciones de otros países y con los bienes de consumo final que se importan. En este sentido, la clave está en la inversión productiva.
Inversión: la clave del crecimiento
La inversión en México está estancada. Entre 1990 y 2020, como proporción del PIB, la inversión ha oscilado entre el 20 % y el 25 %, sin registrar incrementos sostenidos que impulsen de manera significativa el crecimiento económico. Esta situación refleja dos tendencias: la inversión privada, que representa alrededor del 90 % de la inversión total y el 20.4 % del PIB, se ha estancado, mientras que la inversión pública ha caído de forma persistente y actualmente representa apenas el 10 % de la inversión total y el 2.1 % del PIB.
La caída de la inversión pública es doblemente contraproducente. No solo reduce directamente el volumen total de inversión, sino que también limita la inversión privada al debilitar el efecto crowding-in, mediante el cual la inversión pública en infraestructura, servicios y proyectos estratégicos genera condiciones que estimulan el gasto productivo del sector privado.
Pero para dimensionar con mayor claridad la situación de la inversión en México, es necesario analizar la FBCF, que mide el valor de los bienes duraderos adquiridos por empresas y por el gobierno para la producción, incluyendo maquinaria, equipo e infraestructura. Con base en este indicador, observamos que la acumulación de capital crece lentamente. En promedio, la FBCF ha crecido apenas un 2.45 % anual entre 1998 y 2024. Si descontamos la parte destinada a cubrir la depreciación y la amortización, tanto física como moral, de la planta productiva y de la maquinaria, obtenemos una estimación más precisa de la inversión neta, es decir, de la acumulación de capital efectiva. El resultado muestra que aproximadamente ocho de cada diez pesos de la FBCF se destinan a reponer el capital fijo, lo que implica que apenas el 4.8 % del PIB corresponde a la inversión neta efectiva. ii
Reorientar la política económica
La cuestión más importante para el crecimiento es, entonces, impulsar la inversión. Sin embargo, considero que la forma en que hemos intentado lograrlo ha terminado por imponer nuevos obstáculos más que ofrecer una solución. Ello se debe a que hemos concentrado los esfuerzos en mantener la “estabilidad macroeconómica”, bajo la premisa de que la disciplina fiscal y el control de la inflación, sus pilares centrales, constituyen la base indispensable para que la inversión y, con ella, el crecimiento, aumenten. Esta visión reduce el problema del crecimiento a mantener controladas ciertas variables macroeconómicas, como la inflación, el tipo de cambio o el equilibrio fiscal, y desplaza a un segundo plano la necesidad de impulsar deliberadamente la inversión, mediante una política industrial activa y fuentes alternativas de financiamiento de la inversión, por mencionar algunas medidas. Como bien lo ilustra Jaime Ros (2019), estas políticas funcionan como un trípode: estabilizan la economía, pero impiden que se mueva.
Además de constreñir directamente el volumen de inversión pública, la disciplina fiscal ha impuesto un dilema al gasto público, pues el Estado no tiene capacidad de atender simultánea y exitosamente sus responsabilidades sociales y políticas económicas; fortalecer un área implica reducir los recursos en la otra. Por ello, además de una mayor flexibilización de la disciplina fiscal, resulta indispensable avanzar en una reforma fiscal progresiva que permita financiar de manera sostenible la transformación y modernización de la estructura productiva, sin desatender tareas igualmente importantes como la salud, la seguridad, la educación y otros servicios esenciales.
Por su parte, la política monetaria, enfocada en controlar la inflación mediante la manipulación de la tasa de interés, ha redundado en la persistencia de altas tasas de interés reales y ha generado un sesgo hacia la apreciación del tipo de cambio, lo que ha encarecido el crédito interno, desincentivando la inversión productiva y erosionado la competitividad del sector exportador. Además, para mantener la estabilidad monetaria se ha recurrido a la emisión de deuda con fines de regulación monetaria, desviando recursos de la inversión productiva. iii
Priorizar la estabilidad ha limitado históricamente el crecimiento. Superar el estancamiento requiere intervenir sobre los factores reales de la producción mediante un aumento de la inversión pública y privada, el impulso al financiamiento bancario orientado a la producción, y políticas industriales que fomenten la diversificación productiva, la adopción de nuevas tecnologías y la inserción de México en las tendencias de transición energética. Solo con un enfoque integral que combine estabilidad con medidas que activen los motores reales de la economía será posible recuperar la capacidad de crecimiento sostenido y ampliar las bases materiales del bienestar de la población.
* Tania Rojas García es Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Economía por El Colegio de México (COLMEX). Actualmente es estudiante de doctorado en Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, donde también se desempeña como asistente de enseñanza. Asimismo, es experta México, ¿cómo vamos?
i Moreno-Brid, J. C., & Ros, J. (2009). Development and growth in the Mexican economy: A historical perspective. Oxford University Press.
Palma, J. G. (2025). América Latina y su “gatopardismo a la inversa”: Para que todo pueda seguir igual, nada puede cambiar. ¿Trampa del ingreso medio o “trampa neoliberal”? El Trimestre Económico, 92(365), 7–74. https://doi.org/10.20430/ete.v92i365.2682
Ros, J. (2019). Los retos de la política económica. ECONOMÍAunam, 16(46), 16–23.
ii Sánchez, V. (en preparación). Inversión en México, sin motor para crecer. En Cemees (Ed.) Cuestiones actuales del desarrollo capitalista en México [Manuscrito no publicado].
iii Capraro, S., & Panico, C. (2018). Monetary policy in liberalized financial markets: The Mexican case. Review of Keynesian Economics, 9(1), 109–138. https://doi.org/10.4337/roke.2021.01.06
El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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