Hacia 2026: los desafíos y las posibilidades para la justicia reproductiva en México
En los últimos años, México ha experimentado transformaciones profundas en materia de derechos reproductivos. Gracias al trabajo sostenido de organizaciones feministas, colectivas, defensoras de derechos humanos, personal de salud y personas aliadas en el ámbito público, el reconocimiento de estos derechos ha avanzado de manera significativa. Sin embargo, estos avances conviven con resistencias sociales, vacíos normativos y prácticas institucionales que continúan obstaculizando la toma de decisiones reproductivas en condiciones de libertad y seguridad. De cara a 2026, el reto no es menor: convertir los avances jurídicos en derechos plenamente ejercidos en la vida cotidiana.
Uno de los principales desafíos sigue siendo la persistencia de marcos penales que castigan el aborto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones históricas que declaran inconstitucional la criminalización del aborto voluntario, varios congresos locales y el Congreso de la Unión aún no han armonizado su legislación conforme a estos precedentes. Estados como Guanajuato ilustran esta tensión: aun con sentencias favorables, las reformas legislativas no avanzan o son sistemáticamente bloqueadas. El desafío será lograr que los precedentes judiciales se traduzcan en cambios efectivos para el derecho a decidir y omitir el uso de la regulación penal.
Este incumplimiento no es una cuestión abstracta. Tiene consecuencias directas en la vida de las personas y sus familias. La criminalización del aborto continúa generando miedo, estigmatización y violencia institucional, especialmente contra mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en contextos de mayor vulnerabilidad. Investigaciones como Maternidad o Castigo. Hacia la despenalización del aborto en México documentan cómo el enfoque punitivo deja huellas profundas no solo legales, sino también emocionales y sociales. Erradicar esta lógica de castigo sigue siendo una tarea urgente.
Otro reto clave es cerrar la brecha entre la ley y los servicios de salud. La despenalización, por sí sola, no garantiza el acceso real al aborto seguro. Persisten barreras como la falta de información, una objeción de conciencia mal regulada y aplicada, así como profundas desigualdades territoriales e institucionales en la oferta de servicios. En este contexto, resulta fundamental fortalecer las capacidades y los recursos —humanos, financieros y materiales— de las instituciones públicas de salud, para que puedan cumplir con su obligación de brindar atención en salud reproductiva oportuna, de calidad y con enfoque de derechos.
La violencia obstétrica y la muerte materna constituyen otro desafío central. Los datos públicos analizados en investigaciones recientes, como ¿Qué dicen los datos públicos? Radiografía de la violencia obstétrica y la muerte materna, muestran que estas problemáticas siguen afectando de manera desproporcionada a mujeres en situación de pobreza, indígenas, jóvenes o que viven con una discapacidad. Combatirlas implica transformar prácticas médicas arraigadas, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y colocar la autonomía reproductiva en el centro de la atención en salud. El reto será pasar del diagnóstico a la implementación de soluciones estructurales e institucionales.
Durante este año, y gracias a la confianza y valentía de quienes han visto vulnerados sus derechos reproductivos, desde GIRE hemos acompañado decenas de procesos jurídicos. Si bien se han obtenido resoluciones favorables y avances en el cumplimiento de medidas de reparación, el desafío persiste: garantizar reparaciones integrales que incluyan garantías de no repetición.
Mantener el diálogo y el trabajo de asesoría técnica con instituciones públicas, tanto a nivel local como nacional, seguirá siendo un frente indispensable. No obstante, el reto será consolidar estos espacios de intercambio y traducirlos en políticas públicas sostenibles, con impacto real en la vida de las personas. En este sentido, la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud reproductiva representa uno de los pendientes más urgentes de la agenda pública.
Otro desafío fundamental es sostener y ampliar las alianzas al interior del movimiento por la justicia reproductiva. El trabajo colaborativo entre organizaciones, colectivas y activistas ha sido clave para avanzar incluso en contextos adversos. Fortalecer estas redes, especialmente en los estados donde persiste la criminalización, será esencial para acompañar a más personas y para impulsar reformas legislativas y políticas públicas. Iniciativas como Argumentario, un esfuerzo regional entre Colombia, Argentina y México, muestran el valor de una mirada latinoamericana compartida.
En el terreno cultural, el desafío es profundizar la transformación de las narrativas sociales sobre el aborto. Aunque millones de personas han sido alcanzadas por campañas como Abortitlán, el estigma sigue presente en los medios de comunicación, las redes sociales, las conversaciones familiares y los discursos políticos. A ello se suman los cambios en las políticas de las plataformas digitales, que han impuesto nuevas restricciones y obligan a replantear estrategias de comunicación y disputa del sentido común.
Finalmente, un reto transversal será garantizar que los avances alcanzados no retrocedan. En un contexto regional y global donde los derechos reproductivos enfrentan amenazas constantes, la vigilancia ciudadana, la documentación y acompañamiento de casos, y la movilización social seguirán siendo herramientas indispensables. La Marea Verde ha avanzado, pero aún no ha llegado a todos los territorios ni a todas las personas.
De cara a 2026, el desafío es claro: transitar de la regulación penal de los procesos reproductivos a la garantía plena de derechos; del reconocimiento legal al acceso efectivo; del discurso a prácticas institucionales de calidad, libres de violencia y estigma. Lograrlo no solo beneficiará a quienes deciden sobre su presente y su futuro reproductivo, sino que contribuirá a una sociedad más justa, igualitaria y democrática.
* Rebeca Ramos (@rebecabouquets) es directora de @GIRE_mx.
Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
¿Cuánto tiempo podría estar en el cargo?
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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