Hacia 2026: los desafíos y las posibilidades para la justicia reproductiva en México
En los últimos años, México ha experimentado transformaciones profundas en materia de derechos reproductivos. Gracias al trabajo sostenido de organizaciones feministas, colectivas, defensoras de derechos humanos, personal de salud y personas aliadas en el ámbito público, el reconocimiento de estos derechos ha avanzado de manera significativa. Sin embargo, estos avances conviven con resistencias sociales, vacíos normativos y prácticas institucionales que continúan obstaculizando la toma de decisiones reproductivas en condiciones de libertad y seguridad. De cara a 2026, el reto no es menor: convertir los avances jurídicos en derechos plenamente ejercidos en la vida cotidiana.
Uno de los principales desafíos sigue siendo la persistencia de marcos penales que castigan el aborto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones históricas que declaran inconstitucional la criminalización del aborto voluntario, varios congresos locales y el Congreso de la Unión aún no han armonizado su legislación conforme a estos precedentes. Estados como Guanajuato ilustran esta tensión: aun con sentencias favorables, las reformas legislativas no avanzan o son sistemáticamente bloqueadas. El desafío será lograr que los precedentes judiciales se traduzcan en cambios efectivos para el derecho a decidir y omitir el uso de la regulación penal.
Este incumplimiento no es una cuestión abstracta. Tiene consecuencias directas en la vida de las personas y sus familias. La criminalización del aborto continúa generando miedo, estigmatización y violencia institucional, especialmente contra mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en contextos de mayor vulnerabilidad. Investigaciones como Maternidad o Castigo. Hacia la despenalización del aborto en México documentan cómo el enfoque punitivo deja huellas profundas no solo legales, sino también emocionales y sociales. Erradicar esta lógica de castigo sigue siendo una tarea urgente.
Otro reto clave es cerrar la brecha entre la ley y los servicios de salud. La despenalización, por sí sola, no garantiza el acceso real al aborto seguro. Persisten barreras como la falta de información, una objeción de conciencia mal regulada y aplicada, así como profundas desigualdades territoriales e institucionales en la oferta de servicios. En este contexto, resulta fundamental fortalecer las capacidades y los recursos —humanos, financieros y materiales— de las instituciones públicas de salud, para que puedan cumplir con su obligación de brindar atención en salud reproductiva oportuna, de calidad y con enfoque de derechos.
La violencia obstétrica y la muerte materna constituyen otro desafío central. Los datos públicos analizados en investigaciones recientes, como ¿Qué dicen los datos públicos? Radiografía de la violencia obstétrica y la muerte materna, muestran que estas problemáticas siguen afectando de manera desproporcionada a mujeres en situación de pobreza, indígenas, jóvenes o que viven con una discapacidad. Combatirlas implica transformar prácticas médicas arraigadas, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y colocar la autonomía reproductiva en el centro de la atención en salud. El reto será pasar del diagnóstico a la implementación de soluciones estructurales e institucionales.
Durante este año, y gracias a la confianza y valentía de quienes han visto vulnerados sus derechos reproductivos, desde GIRE hemos acompañado decenas de procesos jurídicos. Si bien se han obtenido resoluciones favorables y avances en el cumplimiento de medidas de reparación, el desafío persiste: garantizar reparaciones integrales que incluyan garantías de no repetición.
Mantener el diálogo y el trabajo de asesoría técnica con instituciones públicas, tanto a nivel local como nacional, seguirá siendo un frente indispensable. No obstante, el reto será consolidar estos espacios de intercambio y traducirlos en políticas públicas sostenibles, con impacto real en la vida de las personas. En este sentido, la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud reproductiva representa uno de los pendientes más urgentes de la agenda pública.
Otro desafío fundamental es sostener y ampliar las alianzas al interior del movimiento por la justicia reproductiva. El trabajo colaborativo entre organizaciones, colectivas y activistas ha sido clave para avanzar incluso en contextos adversos. Fortalecer estas redes, especialmente en los estados donde persiste la criminalización, será esencial para acompañar a más personas y para impulsar reformas legislativas y políticas públicas. Iniciativas como Argumentario, un esfuerzo regional entre Colombia, Argentina y México, muestran el valor de una mirada latinoamericana compartida.
En el terreno cultural, el desafío es profundizar la transformación de las narrativas sociales sobre el aborto. Aunque millones de personas han sido alcanzadas por campañas como Abortitlán, el estigma sigue presente en los medios de comunicación, las redes sociales, las conversaciones familiares y los discursos políticos. A ello se suman los cambios en las políticas de las plataformas digitales, que han impuesto nuevas restricciones y obligan a replantear estrategias de comunicación y disputa del sentido común.
Finalmente, un reto transversal será garantizar que los avances alcanzados no retrocedan. En un contexto regional y global donde los derechos reproductivos enfrentan amenazas constantes, la vigilancia ciudadana, la documentación y acompañamiento de casos, y la movilización social seguirán siendo herramientas indispensables. La Marea Verde ha avanzado, pero aún no ha llegado a todos los territorios ni a todas las personas.
De cara a 2026, el desafío es claro: transitar de la regulación penal de los procesos reproductivos a la garantía plena de derechos; del reconocimiento legal al acceso efectivo; del discurso a prácticas institucionales de calidad, libres de violencia y estigma. Lograrlo no solo beneficiará a quienes deciden sobre su presente y su futuro reproductivo, sino que contribuirá a una sociedad más justa, igualitaria y democrática.
* Rebeca Ramos (@rebecabouquets) es directora de @GIRE_mx.
Los ataques de Irán a los Estados árabes del Golfo sugieren que la República Islámica no sólo tiene como objetivo al ejército estadounidense sino también la infraestructura civil.
En el cielo azul y despejado de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), se ven estelas blancas sobre las villas color arena y los jardines bien regados.
No se trata de Dreamliners ni Airbus transportando el siguiente contingente de turistas y trabajadores temporales. Son misiles balísticos lanzados por el gigante vecino de los Emiratos al otro lado del Golfo: Irán.
El domingo por la tarde, el Ministerio de Defensa de EAU afirmó que hasta ese momento había “lidiado” con 165 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 541 drones iraníes.
En Baréin, un amigo me alertó el domingo por la mañana de que el aeropuerto estaba siendo atacado.
“Me despertaron fuertes explosiones y sirenas”, escribió. “Creo que unas 20 explosiones. Al menos dos impactos”.
Estas escenas no son habituales en esta región, pero desde que comenzó el conflicto el sábado por la mañana, Irán parece haber ampliado sus objetivos, pasando de solo objetivos militares, como el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin, a aeropuertos y otras instalaciones civiles.
Ahora, hoteles de lujo, centros comerciales, rascacielos y terminales de salidas en aeropuertos de última generación son objeto de ataques esporádicos mientras aparecen brechas en las defensas aéreas de los Estados árabes en el Golfo.
Estos lugares nunca se construyeron con la perspectiva de que algún día fueran atacados por drones y misiles balísticos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, negó haber atacado a los vecinos de su país. “No estamos atacando a nuestros vecinos en los países del Golfo Pérsico, sino a la presencia de Estados Unidos en estos países. Los vecinos deberían dirigir sus quejas a quienes toman las decisiones en esta guerra”, le dijo a la cadena Al Jazeera.
Parte de los daños a la infraestructura civil en los países del Golfo es accidental, resultado de la caída de escombros de misiles interceptados.
Pero no todos.
El número de ataques a aeropuertos en Baréin y Emiratos Árabes Unidos apunta a algo más que una coincidencia.
Irán siempre dejó en claro de antemano que, si era atacado, tomaría represalias contra cualquier país que considerara cómplice del ataque.
Los países del Golfo se esforzaron para demostrar a Irán que, a su juicio, no eran parte de este ataque estadounidense-israelí.
Sin embargo, en esencia, están siendo castigados por ser socios militares de Washington desde hace mucho tiempo.
Antes de la Revolución Islámica, en la época del sha, Irán era conocido como “el policía del Golfo”.
Desde la revolución, siempre intentó convencer a sus vecinos que debería retomar ese papel, “haciéndose cargo de la seguridad” de lo que llama Khaleej-e-Fars, el Golfo Pérsico (los árabes lo llaman Golfo Arábigo).
Los líderes iraníes han intentado, sin éxito, persuadir a los Estados árabes del Golfo para que expulsen a la Armada estadounidense y los acepten como sus guardianes.
Pero para los gobernantes de los Estados del Golfo —monarquías conservadoras y dinásticas para quienes el fervor revolucionario de la República Islámica es un anatema— aquí se ha cruzado una línea.
Es difícil imaginar cómo podrán volver a tener relaciones que se acerquen a la normalidad con el actual liderazgo iraní, es decir, si este sobrevive a esta guerra.
Arabia Saudita y Omán, dos países que desde hace tiempo han acogido a fuerzas militares estadounidenses y occidentales, salieron mucho más airosos que los otros cuatro Estados del Golfo Pérsico.
Omán, que mantiene buenas relaciones con la República Islámica y mediaba en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, sufrió un ataque con drones en su puerto comercial de Duqm, en la costa del mar Arábigo.
La capital saudita, Riad, parece haber sido atacada el sábado, lo que provocó un enérgico comunicado de su gobierno.
“El Reino de Arabia Saudita expresa su rechazo y condena en los términos más enérgicos a los flagrantes y cobardes ataques iraníes contra la región de Riad y la Provincia Oriental, que fueron interceptados con éxito. Estos ataques no pueden justificarse bajo ningún pretexto”, afirma el comunicado.
Esta no es la primera vez que Irán ataca a sus vecinos árabes del Golfo, ya sea directa o indirectamente, pero nunca a esta escala.
En 2019, una milicia iraquí respaldada por Irán lanzó una lluvia de drones contra las instalaciones petroquímicas de Saudi Aramco en Abqaiq y Khurais, bloqueando temporalmente la mitad de su capacidad de exportación diaria.
En junio pasado, Irán disparó misiles balísticos contra la base aérea de al-Udaid en Qatar, pero esto se interpretó como una respuesta performativa al ataque aéreo estadounidense “Operación Martillo de Medianoche”, que destruyó las instalaciones nucleares iraníes en Isfahán, Natanz y Fordo, y Teherán avisó discretamente con antelación.
Baréin, que tiene una numerosa y a veces inquieta población chiita, lleva tiempo acusando a Irán de financiar, entrenar y armar a insurgentes en su país.
Sin embargo, todo esto palidece en comparación con la situación que viven actualmente los países árabes del Golfo.
¿Cómo acabará esto?
Para el presidente Trump, para Israel, para muchos gobiernos de Medio Oriente y, por supuesto, para muchos iraníes, el mejor resultado ahora sería un rápido fin del régimen de la República Islámica, seguido de una transición fluida hacia la democracia y un mundo donde Irán pueda disfrutar de relaciones normales con el resto del mundo.
Sin embargo, no es nada seguro que esto ocurra.
Estados Unidos e Israel están librando una carrera para tratar de destruir la capacidad de Irán de seguir lanzando estos misiles y drones antes de que pueda dispararlos.
Para los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el dilema es si intensificar un ataque contra un objetivo importante, como un buque de guerra estadounidense, con la esperanza de superar sus defensas, o retener gran parte de su arsenal oculto con la esperanza de superar la paciencia del presidente Trump.
Irán también sabe que, si bien cuenta con un número finito de misiles y drones, sus adversarios también están limitados por el número de defensas aéreas que les quedan.
Si estos se agotan antes de que Irán se quede sin misiles, drones o lanzadores, la vida para quienes están en el terreno en el Golfo podría volverse aún más alarmante.
El equilibrio de poder favorece claramente a Estados Unidos e Israel.
Se trata de dos de los ejércitos más poderosos y tecnológicamente avanzados del mundo.
Hay dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en la región con más de 200 aviones de combate, mientras que Irán, sometido a amplias sanciones durante años, carece de fuerza aérea.
Tanto Israel como Estados Unidos gozan de una superioridad aérea absoluta.
Pero Teherán aún tiene algunas ventajas.
El régimen, aunque debilitado e impopular entre gran parte de su población, solo tiene que sobrevivir para proclamarse vencedor a largo plazo de este conflicto.
La República Islámica, con su culto al martirio, puede soportar mucho más sufrimiento que Estados Unidos, y cuanto más se prolongue este conflicto, más ansioso estará el presidente Trump por encontrar una salida.
¿Volverán Estados Unidos e Irán a las conversaciones?
Si el régimen iraní colapsa, no será necesario.
Pero si el régimen sobrevive, y eso bien podría suceder, las tres exigencias de Washington a Teherán volverán a cobrar protagonismo: la limitación del sospechoso programa nuclear iraní, incluyendo la reanudación de las inspecciones; el fin del programa de misiles balísticos iraní; y el fin del apoyo iraní a las milicias subsidiarias en la región, como Hezbolá, Hamás y los hutíes.
Omán afirma que se lograron avances reales en las conversaciones celebradas en Ginebra el mes pasado sobre el expediente nuclear.
Sin embargo, Irán descartó discutir los otros dos temas, lo que llevó a Donald Trump a declarar su “descontento con el desarrollo de las conversaciones”.
Es posible que los contactos extraoficiales conduzcan a un alto el fuego, seguido de la reanudación de las conversaciones.
Pero si las posiciones negociadoras de ambas partes no cambian, es probable que se reanuden las acciones militares.
Por lo tanto, este conflicto aún no ha llegado a su fin.
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