Cambios en la percepción social del aborto
En los últimos años, además de los cambios a nivel legislativo, judicial y en políticas públicas, la percepción social sobre el aborto se ha transformado de manera positiva, lo cual ha permitido avanzar en su reconocimiento como un servicio de salud.
De acuerdo con datos de la encuesta de Mitofsky Opiniones sobre el aborto en México (julio 2022), en marzo de 2007, es decir, un mes antes de la despenalización del aborto en CDMX, 65.8 % de las personas consideraba que el aborto debía ser un delito; en octubre de 2019, después de la despenalización en Oaxaca, esa opinión se redujo a 38.4 % y en julio de 2022 fue de 28.1 %.
Por otra parte, según resultados de la Encuesta de opinión sobre religión, política y sexualidad en México, 2021 (julio 2022), de Católicas por el Derecho a Decidir, seis de cada diez personas están en desacuerdo con que se castigue a las mujeres que se practican un aborto; ocho de cada diez están a favor de leyes que permitan el aborto en alguno o en todos los casos (81 % de personas católicas, 64 % de personas evangélicas y 97 % sin filiación religiosa se posicionan a favor), y tres de cada cuatro coinciden en que la legalidad del aborto tiene impactos positivos.
La transformación de la opinión pública sobre un tema tan controvertido como lo es el aborto ha sido producto —entre otros factores— de la tenacidad, las demandas y el trabajo realizado, durante décadas, desde el movimiento feminista por la defensa del derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar. También, del cambio en la forma de referirse al aborto tanto en los medios de comunicación como en las instituciones: en la actualidad lo hacen más en términos de derechos humanos y salud pública.
Como puede verse en nuestro reciente informe Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México, el cambio en la narrativa de los medios de comunicación ha promovido la empatía y el reconocimiento del aborto como un evento que puede ocurrir durante la vida reproductiva. Al presentar historias con respeto a los derechos y la agencia de las personas, los medios han ayudado a sus audiencias a comprender las diversas razones por las que se realiza esta práctica.
Por ejemplo, a partir de varios casos de negativa de aborto —Marimar, Fernanda, Marisa y Jessica— acompañados por GIRE y resueltos por la SCJN entre 2018 y 2021, los medios comenzaron a dar seguimiento a la forma de actuar del personal médico ante las solicitudes de servicios de aborto y el tema comenzó a abordarse más en vínculo con el derecho a la salud.
Asimismo, las sentencias de la Corte relacionadas con el derecho a decidir: Coahuila – AI 148/2017 en 2021, y Aguascalientes – AR 79/2023 y Código Penal Federal – AR 267/2023 en 2023, colocaron al aborto en las primeras planas de los medios nacionales e internacionales, predominando una narrativa que celebraba que mujeres y personas gestantes no fueran criminalizadas por decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida.
Otro hecho importante fue que comenzó a reconocerse el trabajo realizado por las colectivas y acompañantes, quienes no eran nombradas en las notas periodísticas. Antes se hablaba de grupos de activistas, pero no de colectivas organizadas que acompañaban abortos en distintos contextos y estados, y ahora se les incluía como parte de las voces especializadas y se les presentaba como defensoras de los derechos reproductivos.
Por otra parte, el cambio que desde las instituciones se ha dado en la manera de referirse al aborto también ha influido en la transformación de la percepción social. En 2007, con la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación en el entonces Distrito Federal, la PGR argumentó que permitir el aborto al inicio del embarazo era contrario a lo establecido en la Constitución. Sin embargo, diez años después acudió a la Corte a argumentar lo opuesto: que no permitir el aborto en un periodo cercano al inicio del embarazo era contrario a los derechos humanos.
En este sentido, la resolución de la AI 148/2017 fue emblemática para el avance del reconocimiento del aborto como un tema de salud pública y derechos humanos, pues la Corte determinó que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar el servicio de aborto, y que la regulación penal impone una carga desproporcionada a las personas gestantes, ya que las obliga a continuar con embarazos no deseados y a cumplir con un supuesto fin reproductivo, lo que vulnera sus derechos a la salud, la autonomía y la igualdad.
Asimismo, la publicación en 2021 del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (actualizado en 2022), representó un hito en la política pública y la defensa de la autonomía reproductiva, ya que establece la obligatoriedad de prestar el servicio de aborto seguro conforme al marco legal vigente y según las características de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. Además, uno de sus aspectos esenciales es que no sólo basa sus recomendaciones en la información médica más actualizada, sino también en un paradigma de protección de derechos humanos.
Si bien el panorama actual es más favorable en términos de percepción social, es necesario seguir trabajando para mantener lo logrado y fortalecer el reconocimiento del aborto como un servicio de salud. Como hemos visto, la opinión pública no es inamovible; depende, entre otras cosas, de la manera en que se hable del tema desde diversos espacios.
Por ello, celebramos los avances impulsados por el movimiento feminista, así como los cambios que en los últimos años se han dado en los medios de comunicación y las instituciones; e insistimos en que la regulación sanitaria, aunada a la despenalización total, es crucial para garantizar el acceso de las mujeres y personas gestantes a este servicio de salud.
La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- “Estoy viva por Dios y por la Virgen”: Cristina Kirchner habla por primera vez en público sobre el atentado en su contra
- “Quieren verme presa o muerta”: la dura acusación de Cristina Kirchner tras ser condenada a 6 años de prisión por corrupción
- El fuerte (y polémico) apoyo de varios mandatarios latinoamericanos a Cristina Kirchner tras la acusación de corrupción
