Cambios en la percepción social del aborto
En los últimos años, además de los cambios a nivel legislativo, judicial y en políticas públicas, la percepción social sobre el aborto se ha transformado de manera positiva, lo cual ha permitido avanzar en su reconocimiento como un servicio de salud.
De acuerdo con datos de la encuesta de Mitofsky Opiniones sobre el aborto en México (julio 2022), en marzo de 2007, es decir, un mes antes de la despenalización del aborto en CDMX, 65.8 % de las personas consideraba que el aborto debía ser un delito; en octubre de 2019, después de la despenalización en Oaxaca, esa opinión se redujo a 38.4 % y en julio de 2022 fue de 28.1 %.
Por otra parte, según resultados de la Encuesta de opinión sobre religión, política y sexualidad en México, 2021 (julio 2022), de Católicas por el Derecho a Decidir, seis de cada diez personas están en desacuerdo con que se castigue a las mujeres que se practican un aborto; ocho de cada diez están a favor de leyes que permitan el aborto en alguno o en todos los casos (81 % de personas católicas, 64 % de personas evangélicas y 97 % sin filiación religiosa se posicionan a favor), y tres de cada cuatro coinciden en que la legalidad del aborto tiene impactos positivos.
La transformación de la opinión pública sobre un tema tan controvertido como lo es el aborto ha sido producto —entre otros factores— de la tenacidad, las demandas y el trabajo realizado, durante décadas, desde el movimiento feminista por la defensa del derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar. También, del cambio en la forma de referirse al aborto tanto en los medios de comunicación como en las instituciones: en la actualidad lo hacen más en términos de derechos humanos y salud pública.
Como puede verse en nuestro reciente informe Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México, el cambio en la narrativa de los medios de comunicación ha promovido la empatía y el reconocimiento del aborto como un evento que puede ocurrir durante la vida reproductiva. Al presentar historias con respeto a los derechos y la agencia de las personas, los medios han ayudado a sus audiencias a comprender las diversas razones por las que se realiza esta práctica.
Por ejemplo, a partir de varios casos de negativa de aborto —Marimar, Fernanda, Marisa y Jessica— acompañados por GIRE y resueltos por la SCJN entre 2018 y 2021, los medios comenzaron a dar seguimiento a la forma de actuar del personal médico ante las solicitudes de servicios de aborto y el tema comenzó a abordarse más en vínculo con el derecho a la salud.
Asimismo, las sentencias de la Corte relacionadas con el derecho a decidir: Coahuila – AI 148/2017 en 2021, y Aguascalientes – AR 79/2023 y Código Penal Federal – AR 267/2023 en 2023, colocaron al aborto en las primeras planas de los medios nacionales e internacionales, predominando una narrativa que celebraba que mujeres y personas gestantes no fueran criminalizadas por decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida.
Otro hecho importante fue que comenzó a reconocerse el trabajo realizado por las colectivas y acompañantes, quienes no eran nombradas en las notas periodísticas. Antes se hablaba de grupos de activistas, pero no de colectivas organizadas que acompañaban abortos en distintos contextos y estados, y ahora se les incluía como parte de las voces especializadas y se les presentaba como defensoras de los derechos reproductivos.
Por otra parte, el cambio que desde las instituciones se ha dado en la manera de referirse al aborto también ha influido en la transformación de la percepción social. En 2007, con la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación en el entonces Distrito Federal, la PGR argumentó que permitir el aborto al inicio del embarazo era contrario a lo establecido en la Constitución. Sin embargo, diez años después acudió a la Corte a argumentar lo opuesto: que no permitir el aborto en un periodo cercano al inicio del embarazo era contrario a los derechos humanos.
En este sentido, la resolución de la AI 148/2017 fue emblemática para el avance del reconocimiento del aborto como un tema de salud pública y derechos humanos, pues la Corte determinó que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar el servicio de aborto, y que la regulación penal impone una carga desproporcionada a las personas gestantes, ya que las obliga a continuar con embarazos no deseados y a cumplir con un supuesto fin reproductivo, lo que vulnera sus derechos a la salud, la autonomía y la igualdad.
Asimismo, la publicación en 2021 del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (actualizado en 2022), representó un hito en la política pública y la defensa de la autonomía reproductiva, ya que establece la obligatoriedad de prestar el servicio de aborto seguro conforme al marco legal vigente y según las características de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. Además, uno de sus aspectos esenciales es que no sólo basa sus recomendaciones en la información médica más actualizada, sino también en un paradigma de protección de derechos humanos.
Si bien el panorama actual es más favorable en términos de percepción social, es necesario seguir trabajando para mantener lo logrado y fortalecer el reconocimiento del aborto como un servicio de salud. Como hemos visto, la opinión pública no es inamovible; depende, entre otras cosas, de la manera en que se hable del tema desde diversos espacios.
Por ello, celebramos los avances impulsados por el movimiento feminista, así como los cambios que en los últimos años se han dado en los medios de comunicación y las instituciones; e insistimos en que la regulación sanitaria, aunada a la despenalización total, es crucial para garantizar el acceso de las mujeres y personas gestantes a este servicio de salud.
El juez que presidía la causa, Maximiliano Savarino, anunció que el juicio tendrá que volver a empezar de cero.
El juicio por la presunta responsabilidad de un grupo de personal médico en la muerte del astro de fútbol argentino Diego Armando Maradona fue anulado este jueves, luego de que uno de los tres magistrados fuera apartado por haber estado filmando un documental sobre el proceso, sin autorización.
El juez que presidía la causa, Maximiliano Savarino, anunció que el juicio, que comenzó en marzo pasado en los suburbios de Buenos Aires, tendrá que empezar de cero en otro tribunal y con otros tres magistrados.
Siete personas estaban siendo juzgadas por homicidio involuntario, luego de que un panel de expertos designado para examinar las causas de la muerte del futbolista determinara que su fallecimiento en 2020, a los 60 años, a causa de un infarto, era prevenible.
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El panel afirmó que el equipo médico de Maradona que lo trató durante una internación domiciliaria, tras una operación para remover un coágulo de sangre en el cerebro, actuó de “manera inapropiada, deficiente e imprudente”.
Cerca de medio centenar de testigos ya habían declarado en la causa, incluyendo las hijas de Maradona.
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