Global Gag Rule y sus efectos
La segunda presidencia de Donald J. Trump está aquí. Su regreso a la Casa Blanca viene con serias amenazas para la justicia reproductiva en Estados Unidos y a nivel global. Varias de ellas se han cumplido, como el cierre del micrositio sobre derechos reproductivos del gobierno estadounidense y el restablecimiento de la Global Gag Rule (Ley de Mordaza Global, en español). ¿En qué consiste y cuáles son los efectos de esta última acción?
La Global Gag Rule, también conocida como Mexico City Policy, impide a organizaciones extranjeras que provean, promuevan o refieran servicios de aborto, recibir recursos de asistencia internacional de Estados Unidos. Esta regla operativa fue establecida por primera vez en 1984 durante la presidencia del republicano Ronald Reagan y su vigencia depende del partido en turno. Los gobiernos demócratas suelen detenerla, mientras que los republicanos la activan.
Ahora bien, la Global Gag Rule no significa que Estados Unidos, el mayor donante en materia de planificación familiar, deje de financiar aborto fuera de su territorio. Sus fondos internacionales nunca han pagado por este servicio ni por las estrategias de incidencia para su despenalización, pues sus leyes de relaciones exteriores lo prohíben desde 1973. Por lo tanto, el problema es que esta política orilla a las organizaciones a decidir brindar o no abortos a cambio de ser elegibles en convocatorias que, en comparación con otras, son sumamente atractivas por su alcance y cantidad.
Trump activó y expandió la regla durante su primer periodo. En 2019, su gobierno estableció que la Global Gag Rule era aplicable para todos sus programas globales de salud, que incluye estrategias contra el VIH / SIDA, y extensiva para aquellas organizaciones que recibían fondos cascada de otras entidades financiadas por Estados Unidos. Esta misma política fue restablecida el pasado 24 de enero.
Sus efectos son conocidos. El Centro de Derechos Reproductivos y diversos investigadores de la salud pública han identificado los impactos a nivel organizacional, la población beneficiaria y la sociedad.
El primer impacto de la Global Gag Rule es el debilitamiento de las organizaciones de salud reproductiva. Cuando la regla está activa y las instancias que recibían previamente recursos estadounidenses deciden continuar brindando abortos, sus fondos se reducen y deben enfrentar recortes de personal, desabasto o incluso el cierre de operaciones. Mientras tanto, las organizaciones que deciden acatar la Ley Mordaza experimentan confusiones sobre sus operaciones. La incertidumbre ha conllevado a que clínicas detengan colaboraciones con actores del movimiento de justicia reproductiva o no brinden los servicios permitidos, como la consejería en caso de abortos por violación, por temor a perder su financiamiento.
El segundo es la afectación a la salud de mujeres y personas con capacidad de gestar. De acuerdo con investigaciones en Uganda y Etiopía, el desfinanciamiento de organizaciones ocasiona una reducción del uso de métodos anticonceptivos en los países que reciben asistencia de Estados Unidos. También genera un incremento en el número de mujeres con embarazos no deseados que buscan interrumpirlos. Si consideramos que los abortos siguen ocurriendo y que las organizaciones que brindan o acompañan están debilitadas, es posible inferir que la política está contribuyendo, en última instancia, a la prevalencia de abortos en condiciones inseguras.
El deterioro de la salud de las mujeres también es a causa de las restricciones a la información. El Centro de Derechos Reproductivos documentó que los servicios de prevención y atención al VIH / SIDA, cuando la Global Gag Rule está activa, omiten brindar recomendaciones o dar consultas a mujeres con embarazos de riesgo para evitar “promover” el aborto. Estas omisiones también suceden respecto a la atención post-aborto y anticonceptivos de emergencia.
El tercer impacto ocurre a nivel social. La Global Gag Rule refuerza el estigma sobre el aborto y, con ello, impide que se reconozca como un servicio de salud esencial. Estos efectos en la narrativa tienen consecuencias en la realidad política y social de los países. Organizaciones en Uganda, Kenia y Perú reportan que grupos antiderechos han utilizado esta política estadounidense para justificar ataques en contra de los derechos reproductivos.
Hasta el momento y con la redacción vigente, no esperamos observar estos efectos en el país, pues México no recibe financiamiento del programa global de salud de Estados Unidos. Sin embargo, entendemos que la Global Gag Rule afectará la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar en los más de 70 países beneficiarios de dichos fondos que, en su mayoría, son regiones empobrecidas cuyos sistemas de salud pública dependen de recursos extranjeros. Este hecho no es menor. Los impactos de esta política cíclica –ahora vigente por Trump– recaen sobre las mujeres provenientes de los sectores marginalizados del Sur Global.
Esperamos que este contexto abra un diálogo sobre la deuda histórica del financiamiento, tanto nacional y por asistencia internacional, en la salud y vida de las mujeres. A su vez, nos solidarizamos con las colegas en las Américas y África que han trabajado arduamente estas semanas para hacer frente a esta política. ¡Solidaridad internacional feminista!
* Geras Contreras (@GerasContreras) es Oficial de Movilización de Recursos en @GIRE_mx.
El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza le dijo a la agencia Reuters que los ataques han dejado al menos 200 personas muertas.
El ejército de Israel está realizando “amplios ataques” en la Franja de Gaza.
El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza le dijo a la agencia Reuters que los ataques han dejado al menos 200 personas muertas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que están atacando lo que denominaron “objetivos terroristas” pertenecientes a Hamás.
Esta es la mayor oleada de ataques aéreos en Gaza desde que comenzó el alto el fuego el 19 de enero.
Las conversaciones para extender el cese al fuego en Gaza no se han concretado en un acuerdo.
Tres casas fueron alcanzadas en Deir al Balah, en el centro de Gaza, un edificio en la Ciudad de Gaza y objetivos en Jan Yunis y Rafah, según informó la agencia Reuters citando a médicos y testigos.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron los ataques la mañana del martes, según un comunicado de la oficina del primer ministro.
“Esto se produce tras la reiterada negativa de Hamás de liberar a nuestros rehenes, así como su rechazo a todas las propuestas recibidas del enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, y de los mediadores”, declaró.
“Israel, a partir de ahora, actuará contra Hamás con mayor fuerza militar”, añadió.
El plan para los ataques “fue presentado por las Fuerzas de Defensa de Israel durante el fin de semana y aprobado por los líderes políticos”, agregó.
El gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue consultado por Israel antes de llevar a cabo los ataques, según declaró un portavoz de la Casa Blanca a Fox News.
Los negociadores han estado intentando encontrar una salida tras el fin de la primera fase de la tregua temporal el pasado 1 de marzo.
Estados Unidos propuso extender la primera fase hasta mediados de abril, incluyendo un nuevo intercambio de rehenes en poder de Hamás y prisioneros palestinos en poder de Israel.
Sin embargo, un funcionario palestino familiarizado con las conversaciones declaró a la BBC que Israel y Hamás discreparon en aspectos clave del acuerdo establecido por Witkoff en las conversaciones indirectas.
Este último conflicto entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando tras un ataque de Hamás murieron 1.200 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y 251 fueron capturadas como rehenes.
El ataque desencadenó una ofensiva militar israelí que desde entonces ha causado la muerte de más de 48 mil 520 personas, la mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud, utilizadas por la ONU y otros organismos.
La mayor parte de los 2.1 millones de habitantes de Gaza ha sido desplazada en múltiples ocasiones.
Se estima que el 70 % de los edificios han sido dañados o destruidos, los sistemas de atención sanitaria, agua y saneamiento han colapsado y hay escasez de alimentos, combustible, medicamentos y refugio.
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