Maternidad o castigo: hacia la despenalización del aborto en México
En 2018 publicamos el informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México con el objetivo de describir los alcances de la penalización del aborto en el proyecto de vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Desde entonces se han producido importantes avances relacionados con el derecho a decidir, por lo que surge la necesidad de actualizar los efectos de la criminalización tomando en cuenta las más recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las recomendaciones de la OMS, las reformas legislativas, la implementación de políticas públicas y los logros regionales que han abierto camino para que el aborto sea reconocido como un servicio se salud y deje de ser regulado como un delito.
En este contexto presentamos el informe Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México, que analiza la evolución normativa del aborto, así como los retos que continúan vigentes dado que persiste la criminalización. Para elaborarlo, se analizaron sentencias sobre aborto, casos acompañados por GIRE de enero de 2012 a diciembre de 2023, respuestas oficiales de instituciones públicas de salud, fiscalías y el Poder Judicial, recopiladas mediante 516 solicitudes de acceso a la información y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de 3,028 recursos periodísticos que dan cuenta del incremento de la cobertura en coyunturas específicas.
Los logros obtenidos en los últimos años a nivel legislativo y judicial han permitido que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder al aborto en 22 entidades del país. A ello se suma el cambio en la forma de referirse al tema, pues tanto las instituciones de salud como los medios de comunicación y la ciudadanía hablan más del aborto en términos de salud pública y derechos humanos. Hoy, en cada vez más espacios, se le vincula con la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y como parte fundamental del ejercicio de la autonomía reproductiva.
Al mismo tiempo, el cambio en los medios de comunicación ha tenido un impacto positivo en la percepción social sobre el aborto. Según datos de Mitofsky, mientras que en marzo de 2007 (un mes antes de la despenalización en la Ciudad de México) 65.8 % de las personas en el país consideraba que el aborto debía ser un delito, en octubre de 2019 (después de la despenalización en Oaxaca) esa opinión se redujo a 38.4 % y en julio de 2022 llegó a 28.1 %.
Sin embargo, aun con estos avances, tanto la criminalización como los obstáculos para acceder a servicios de aborto seguro persisten. Las instituciones de salud suelen ser las primeras en criminalizar a quienes deciden abortar o enfrentan abortos espontáneos; dejan en segundo plano la responsabilidad de brindar atención, consejería y/o acompañamiento, y actúan como entes de vigilancia, lo que propicia que se inicien procedimientos penales, incluso cuando no hay evidencia de que se haya cometido un delito.
Datos oficiales muestran que la despenalización parcial bajo el régimen de plazos y causales ha mantenido la apertura de investigaciones penales. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia CDMX, la Ciudad de México destaca como la entidad con más investigaciones iniciadas (1,337) de enero 2012 a diciembre 2022, lo cual llama la atención, pues se trata de la primera entidad que despenalizó parcialmente el aborto. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que entre enero 2015 y agosto 2024 se registraron 1,240 carpetas abiertas en la capital, cifra que supera al resto del país.
Esto evidencia que la regulación penal del aborto promueve denuncias y barreras significativas para abortar. Además de intensificar la persecución de quienes abortan, inhibe la demanda y provisión del aborto en los servicios de salud y, con ello, contradice la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud.
Restringir a las mujeres y personas gestantes su libertad para tomar decisiones sobre su reproducción puede generar efectos nocivos sobre su salud física, al tener que recurrir a la práctica de abortos inseguros, en algunos casos, y su salud mental, por el estigma y el miedo a ser criminalizadas. En este sentido, eliminar el aborto de los códigos penales abre la puerta a una transformación social y lo desvincula de la narrativa punitiva que perpetúa tanto el estigma como la criminalización de quienes abortan.
Lograr que el aborto sea un servicio de salud accesible implica abandonar el uso del derecho penal para regularlo: debe ser un tema exclusivo de las regulaciones y de la política pública sanitarias, de modo que se asegure el suministro de información sobre el tema y se garantice su atención integral, segura y de calidad.
El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Un exdirector de la Policía
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El mayor Ronald y Robson Calixto Fonseca
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
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