Regular la gestación por sustitución: más allá del riesgo
Distintos mecanismos internacionales de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas han abordado el tema de la gestación por sustitución. El Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, ha recomendado impulsar iniciativas legislativas que prioricen el interés superior de la niñez y garanticen su derecho a conocer sus orígenes. En esta línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha insistido en que los Estados no impongan sanciones penales ni administrativas a mujeres gestantes, sino que concentren sus esfuerzos en prevenir su explotación, discriminación y exposición a la violencia.
En julio de 2025, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas publicó el informe “Las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la gestación subrogada”. A diferencia de recomendaciones previas, este documento señala que aunque la regulación puede atender desigualdades estructurales y riesgos médicos y sociales, no basta para prevenir los “riesgos inevitables” asociados a esta práctica, relacionados con la violencia y los abusos que pueden derivar de los acuerdos de gestación por sustitución. Por ello, la Relatora propuso su prohibición.
Cabe cuestionar si esos riesgos son realmente inevitables y si la prohibición constituye la respuesta más adecuada. La evidencia muestra que prohibir no elimina la práctica ni reduce sus efectos negativos; al contrario, los agrava. Al empujarla hacia la informalidad y la clandestinidad, se debilitan los mecanismos para su supervisión y protección, aumentando la probabilidad de abusos, contratos desiguales y dinámicas de explotación que afectan a las personas gestantes, las infancias nacidas bajo estos acuerdos y las familias que desean asumir responsabilidades de cuidado.
Además, preocupa que el informe de la Relatora se basa, en gran medida, en posturas contrarias a la gestación por sustitución, sin incorporar perspectivas más equilibradas que reflejen la complejidad del tema. No reconoce, por ejemplo, que puede entenderse como un ejercicio legítimo de derechos —parte de la autonomía corporal y reproductiva— que necesita de un marco regulatorio basado en derechos humanos. Frente a una práctica existente, y cada vez más presente en distintos países, el verdadero desafío es garantizar condiciones dignas, seguras y justas para todas las personas involucradas.
Al poner en duda la capacidad de consentimiento de las personas gestantes, el informe ignora que, incluso en contextos de desigualdad, muchas mujeres toman decisiones informadas y válidas sobre su cuerpo y capacidad reproductiva. También llega a conclusiones apresuradas sobre el bienestar de las infancias nacidas por este medio, a partir de investigaciones que —como reconoce la propia Relatora— aún son limitadas. Algunos estudios muestran que no hay afectaciones en su desarrollo; lo importante es que reciban información adecuada sobre su origen. Todo ello refuerza la necesidad de evitar generalizaciones que estigmaticen a estas familias y de no presentar como certezas lo que son riesgos, pues eso podría derivar en restricciones de derechos.
En ese sentido, el principio de no discriminación obliga a los Estados a garantizar que nadie vea vulnerados sus derechos por la forma en que nació. Además, existen —o deben existir— marcos de protección de la infancia que atienden situaciones de riesgo sin recurrir a prohibiciones generales. En este contexto, preocupan las afirmaciones infundadas del informe que presentan la gestación por sustitución como dañina o criminal, pues refuerzan estigmas que afectan directamente a las infancias nacidas por esta vía.
¿Riesgos sin salida?
El informe adopta una perspectiva centrada en las estructuras sociales —pobreza, género, desigualdad entre países— que condicionan las decisiones individuales. Sostiene que, en muchos casos, las mujeres no deciden participar con libertad plena, sino por necesidad económica o presión social. También advierte que los contratos suelen limitar la autonomía médica de las gestantes y que las infancias nacidas de estos acuerdos pueden enfrentar situaciones legales o emocionales complejas.
Sin embargo, al presentar estos riesgos como inevitables, el informe asegura que no existe salida regulatoria posible y que la única opción es prohibir. Ese enfoque, aunque identifica problemas, bloquea el debate sobre cómo regular para reducir daños y garantizar derechos. En contextos donde la práctica ya existe —como México— equivale a mantenerla desregulada, desigual y sin garantías, dejando en la indefensión, o incluso en condiciones de mayor vulnerabilidad a quienes ya participan en estos acuerdos.
¿Regular o prohibir? El falso dilema
Actualmente, esta práctica ocurre en muchos países, incluido México, donde se desarrolla sin reglas claras y con marcos legales insuficientes o incluso contradictorios entre distintas entidades. En estos escenarios vulnerables, las gestantes carecen de acompañamiento adecuado, las familias enfrentan procesos legales inciertos y las infancias nacen sin garantías plenas de identidad o filiación. Así, el dilema no debería ser entre un sistema perfecto o ninguno, sino entre seguir ignorando una realidad compleja o asumirla con responsabilidad y diseñar una regulación que minimice sus riesgos, asegure la autonomía y repare las asimetrías.
Los propios riesgos señalados por la Relatora —consentimiento condicionado, falta de supervisión, práctica desregulada, riesgos médicos— hacen urgente una legislación integral para prevenirlos y mitigarlos con sentido ético y eficacia legal. Los Estados deben regular la gestación por sustitución y generar un entorno de protección y recursos efectivos ante situaciones de explotación o abuso. Una regulación con enfoque de derechos debe incluir medidas como:
- Prohibir cláusulas abusivas en los contratos.
- Garantizar que la gestante conserve su derecho a decidir sobre el embarazo y su cuerpo, con consentimiento libre e informado en cada etapa del proceso y la capacidad de retirarlo en cualquier momento.
- Brindar acompañamiento psicosocial y médico antes, durante y después del proceso.
- Asegurar asesoría legal independiente y acceso a intérpretes cuando sea necesario.
- Establecer registros obligatorios, auditorías periódicas y control público.
- Supervisar agencias e intermediarios con criterios de transparencia y rendición de cuentas.
- Impulsar una coordinación internacional para asegurar que las prácticas reproductivas transfronterizas se realicen con base en estándares de derechos humanos.
- Garantizar el interés superior de la niñez en términos de filiación, identidad y nacionalidad.
En México, la falta de un marco legal claro ha promovido la desigualdad y la incertidumbre jurídica. Las personas gestantes pueden enfrentar presiones contractuales sin contar con herramientas suficientes para defenderse; las infancias nacen sin garantías de reconocimiento legal y las familias se ven obligadas a llevar litigios largos e inciertos. La ausencia de una normativa integral genera vulnerabilidad y desigualdad, pues las personas que gestan quedan sujetas a la actuación discrecional de intermediarios y agencias internacionales que operan sin supervisión ni límites. Si bien algunas agencias actúan con criterios éticos, la falta de regulación facilita que existan prácticas abusivas. Frente a esta realidad, regular implica establecer límites claros, condiciones, salvaguardas y el reconocimiento de derechos. Los procesos deben estar bien definidos, bajo supervisión estatal y orientados a proteger de forma adecuada a todas las partes involucradas.
El informe de la Relatora evidencia todo lo que falta por hacer en cuanto a diseñar instituciones y normas que protejan, acompañen y reparen. No se trata de negar los problemas, sino de enfrentarlos como retos para la regulación y la política pública, con respuestas que respeten la dignidad y autonomía de las personas, evitando paternalismos y silencios institucionales.
En conclusión, la gestación por sustitución plantea dilemas complejos, pero evitarlos no los resuelve. Argumentar que los riesgos son inevitables, en lugar de regular, perpetúa un modelo donde los derechos de las mujeres, las infancias y las familias son vulnerados. Regular con enfoque de derechos no significa eliminar todos los problemas, sino gestionarlos, minimizarlos y garantizar que quienes decidan participar lo hagan en condiciones de libertad, protección y justicia.
Lo que hoy se presenta como una advertencia global puede convertirse, si se aborda con seriedad, en el inicio de una conversación más honesta y responsable que reconozca la complejidad y la realidad.
* Verónica Esparza Pérez (@esparza2602) es Coordinadora de Investigación en @GIRE_mx. Tania Agosti es Asesora Senior de Incidencia en el Centro de Derechos Reproductivos en Ginebra (este escrito se presenta a título personal y no refleja necesariamente la postura oficial del Centro).
Pese a contar con un alto el fuego desde octubre. la tensión entre Pakistán y Afganistán se ha recrudecido en los últimos días.
Pakistán lanzó ataques contra la capital de Afganistán, Kabul, y la ciudad de Kandahar en la madrugada de este viernes, según funcionarios del gobierno pakistaní.
Un portavoz del Talibán en Afganistán escribió en la red social X que fuerzas afganas respondieron con nuevos ataques contra las tropas pakistaníes a lo largo de su frontera común, aunque la publicación ya ha sido eliminada.
Representantes de ambos países se culpan mutuamente de haber elevado la tensión desde el pasado domingo.
Las autoridades de Pakistán defienden que su ofensiva contra las ciudades afganas es una respuesta a “ataques afganos no provocados”, pero los talibanes alegan que aquellos ataques eran, a su vez, una respuesta a ataques pakistaníes anteriores.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo este viernes que su país tiene “plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva” y el ministro de Defensa, Khwaja Asif, advirtió que estaban en una “guerra abierta” con Afganistán.
Un portavoz del gobierno del Talibán, Zabiullah Mujahid, dijo a la BBC que las fuerzas afganas habían destruido 19 puestos fronterizos paquistaníes y detenido a varios soldados de ese país.
También afirmó que más de 50 soldados paquistaníes habían muerto. La BBC no ha podido confirmar de manera independiente esas cifras.
Mientras tanto, Pakistán aseguró haber destruido 27 puestos fronterizos pertenecientes a los talibanes e insistió que había infligido muchas bajas a las fuerzas talibanes.
Ambos países acordaron un frágil alto al fuego en octubre tras mortales enfrentamientos transfronterizos, pero los combates se han recrudecido en los últimos días.
Los funcionarios de la ONU han pedido una desescalada inmediata de los combates, mientras que Irán se ha ofrecido a mediar.
Residentes de Kabul oyeron fuertes explosiones en toda la ciudad este viernes, informó AFP, en tanto habitantes de las regiones fronterizas de Pakistán declararon a la BBC que sintieron estruendos y se les pidió que se pusieran a salvo.
Cruce de acusaciones
Ambas partes afirman haberse infligido grandes pérdidas durante los choques recientes.
Pakistán informó antes que dos de sus soldados murieron después de que fuerzas afganas lanzaran una operación contra posiciones militares a lo largo de su frontera común a última hora de este jueves.
Tres personas más resultaron heridas cuando las fuerzas pakistaníes respondieron al fuego no provocado, declaró el ministro de Información, Attaullah Tarar.
Los talibanes en Afganistán afirmaron haber lanzado la operación a gran escala en respuesta a los ataques de principios de esta semana, que, según afirmaron, causaron la muerte de al menos 18 personas.
Islamabad indicó que el objetivo eran presuntos campamentos y escondites de milicianos.
La operación de represalia de Afganistán se lanzó alrededor de las 20:00 hora local (15:30 GMT) de este jueves y llevó a la muerte de numerosos soldados pakistaníes y la captura de otros, informó el gobierno.
Pakistán lo negó, refutó que los talibanes capturaran 15 puestos militares y dijo que toda agresión recibiría una respuesta inmediata y efectiva.
El portavoz talibán Zabihullah Mujahid escribió en X que, “en respuesta a las reiteradas violaciones fronterizas y a la insurgencia de círculos militares paquistaníes, se lanzaron operaciones preventivas a gran escala contra centros e instalaciones militares del ejército paquistaní” a lo largo de la frontera.
Islamabad afirmó que los talibanes “calcularon mal y abrieron fuego sin provocación contra múltiples puntos” al otro lado de la frontera, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, lo que recibió una “respuesta inmediata y efectiva” por parte de sus fuerzas de seguridad.
“Los primeros informes confirman numerosas bajas en el lado afgano, con múltiples puestos y equipos destruidos”, según un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión pakistaní compartido en X.
“Pakistán tomará todas las medidas necesarias para garantizar su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos”, agregó.
Funcionarios locales del Talibán en Afganistán han denunciado que se atacó un campo de refugiados en Nangarhar, que alberga a ciudadanos afganos que habían llegado al país desde Pakistán.
El servicio afgano de la BBC citó a los funcionarios diciendo que al menos 9 personas resultaron heridas: siete mujeres y dos hombres.
El estado de uno de los heridos es crítico, añadieron las autoridades.
Los residentes cercanos a la ciudad fronteriza paquistaní de Torkham fueron urgidos a desalojar la zona.
Además, las autoridades suspendieron la repatriación de ciudadanos afganos deportados a través de la frontera.
El cruce también se cerró para los refugiados afganos.
Kabul había advertido de represalias “en el momento oportuno” tras los ataques ocurridos el pasado domingo.
Mientras que Pakistán declaró que ese día atacó siete presuntos campamentos y escondites de milicianos cerca de la frontera luego de atentados suicidas en territorio pakistaní, Afganistán afirmó que atacaron viviendas civiles y una escuela religiosa, con mujeres y niños entre los muertos.
Pakistán y Afganistán comparten una frontera montañosa de 2.574 kilómetros.
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