¿Qué nos dice la Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024?
La cultura es un componente constante de la economía nacional, pero su desarrollo ocurre en medio de contrastes estructurales que las estadísticas apenas alcanzan a delinear. Publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 19 de noviembre, la Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024 ofrece, con la claridad de sus cifras, una imagen precisa de la aportación económica del sector, el cual generó 865,682 millones de pesos en 2024 –equivalentes al 2.8 % del PIB– y empleó a 1.43 millones de personas. Con estas magnitudes significativas se acredita su peso económico, incluso cuando la propia medición señala la complejidad y fragilidad que atraviesan a varias de sus actividades centrales.
Un crecimiento real de 1.2 %, en sintonía con el comportamiento general de la economía, podría interpretarse como estabilidad. Sin embargo, al examinar la composición interna del sector, aparecen tendencias distintas que requieren atención. La cultura mexicana se apoya en ámbitos especialmente expuestos a transformaciones veloces o a condiciones de mercado variables –como las artesanías y los contenidos digitales–, lo que añade desafíos a su desarrollo.
El caso de las artesanías es ilustrativo. Representan el 18.4 % del PIB cultural, el 30.2 % del empleo del sector y constituyen un sustento fundamental para miles de comunidades. A pesar de ello, en 2024 registraron una caída del 3.8 %. La cifra evidencia la paradoja de una actividad de enorme relevancia territorial y simbólica que, lejos de fortalecerse, retrocede. La Cuenta Satélite permite dimensionar su aporte económico, pero comprender su declive exige atender factores que van más allá de los números, entre ellos la informalidad, la intermediación inequitativa y los modelos de comercialización que condicionan su desarrollo.
En sentido contrario, los contenidos digitales e internet –que aportan el 18.1 % del PIB cultural– mantienen un crecimiento sostenido, impulsado por plataformas y servicios de telecomunicaciones. Esta evolución muestra la adaptación del sector a nuevos hábitos culturales, aunque también abre preguntas sobre la distribución del valor generado y la capacidad del país para regularlo y aprovecharlo en beneficio propio. La Cuenta Satélite registra la producción, pero por la naturaleza global de estos flujos es necesario que se complemente el análisis desde un enfoque de autonomía y regulación digital.
Por su parte, los medios audiovisuales –17.2 % del PIB cultural– tuvieron una contracción del 3.6 %. Esta caída parece vinculada a la reconfiguración de los modelos de negocio, al predominio de las plataformas digitales y a la inestabilidad del mercado publicitario. La tendencia subraya la urgencia de que la industria audiovisual encuentre mecanismos de adaptación y fortalezca sus capacidades en un entorno altamente competitivo.
En contraste, los segmentos de música y conciertos (14.9 %), diseño y servicios creativos (7.7 %) y artes visuales y plásticas (5.3 %) muestran un desempeño favorable. Su crecimiento evidencia la vitalidad de actividades que han logrado integrarse a mercados urbanos con mayor dinamismo y capacidad de consumo. Este panorama confirma que la cultura mexicana es un ecosistema diverso, cuyo avance depende de condiciones específicas de inversión, infraestructura y articulación de mercado.
La distribución territorial refuerza esta diversidad. Nueve entidades –Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán– superan la media nacional de contribución al PIB cultural. La combinación de grandes centros urbanos con estados cuya fuerza cultural se vincula al patrimonio, al turismo o a la producción artesanal revela que no existe una economía cultural única, sino múltiples, cada una con sus particularidades y retos.
En el ámbito laboral, el sector representa el 3.5 % del empleo nacional, una aportación indiscutible. Sin embargo, la estructura del trabajo cultural –marcada por la informalidad, los proyectos temporales y la falta de protección social– plantea un problema que la cifra agregada no consigue mostrar por completo. La Cuenta Satélite, al reconocer el peso de los hogares como unidades productivas, abre la puerta para comprender mejor las condiciones bajo las que opera buena parte del sector.
Es justamente en esta capacidad de hacer visible lo que antes era difícil de cuantificar donde reside el valor político de la Cuenta Satélite. Se consolida como una herramienta indispensable para convertir percepciones en evidencia, pues permite saber cuánto produce la cultura, cuántas personas emplea, qué sectores crecen y cuáles se debilitan. Su continuidad es esencial para diseñar políticas informadas, sustentar decisiones presupuestales y entender la evolución del sector frente a cambios tecnológicos, territoriales y laborales.
En este marco, el presupuesto público para cultura adquiere una importancia estratégica. Aunque su aportación directa al PIB cultural sea relativamente pequeña, cumple una función determinante: sostiene museos, patrimonio, bibliotecas, educación artística y actividades que el mercado no garantiza. Cuando los recursos son insuficientes, las brechas territoriales se amplían, la precariedad laboral se profundiza y el derecho a la cultura se vuelve más desigual. Contar con una medición sólida como la Cuenta Satélite permite justificar con evidencia la necesidad de fortalecer la inversión pública y posicionar al sector cultural dentro de la agenda económica nacional.
A partir de estos hallazgos, la política cultural requiere una mirada que integre plenamente la dimensión económica del sector junto a su valor social. También necesita reconocer la diversidad de sus actividades –desde los oficios tradicionales hasta las industrias digitales– y construir instrumentos diferenciados para atenderlas. La inversión pública debe funcionar como un motor de desarrollo equilibrado y como un soporte para aquello que, sin estar orientado al mercado, resulta fundamental para la cohesión social.
La Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024 1 ofrece un retrato claro de un sector dinámico, diverso y con una contribución económica bien documentada. Un sector que avanza, pero que enfrenta desafíos estructurales que requieren políticas más sólidas y sensibles al territorio. Su lectura invita a un diálogo constante entre la medición rigurosa, la comprensión de sus complejidades y el diseño de políticas públicas capaces de aprovechar su enorme potencial para el país.
* Paulina Castaño Acosta es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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