La reforma de AMLO a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
El pasado 18 de septiembre, la Cámara de Diputados publicó en su Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), presentada unos días antes por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa pretende modificar cerca del 65 % de los artículos de la ley.
La LFAFE es el principal instrumento legal con el que cuenta el Estado mexicano para el control de armas de fuego y municiones. Es allí en donde se encuentran definidos los “casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas,” tal y como lo dispone el artículo 10 de la Constitución Federal.
Desde su publicación en 1972 a la fecha, el Congreso de la Unión ha reformado la LFAFE en 15 ocasiones. Tres de estas modificaciones ocurrieron durante el último sexenio. La iniciativa de reforma de septiembre de 2024, no obstante, plantea cambios de un alcance y profundidad importantes. A continuación, me referiré a algunos de sus principales puntos positivos y negativos: 1
Aciertos de la iniciativa
- Adopta una definición legal de “arma de fuego” similar a la contenida en el Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, lo que abona a la certidumbre jurídica en un contexto de cambio tecnológico constante.
- Incluye la prohibición de armas, piezas y componentes fabricados a través de máquinas de impresión tridimensional (3D) y de mecanismos para la conversión de armas semi-automáticas en automáticas (bump stocks). Adicionalmente, propone la prohibición de cualquier uso no militar de silenciadores, equipos de visión nocturna, designadores láser, miras holográficas y térmicas, así como de todos los desarrollos tecnológicos que “igualen o excedan” el poder las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
- También prohibe la compraventa de armas, municiones, piezas y componentes a través del internet, así como el envío de estos artefactos mediante servicios de mensajería o paquetería.
- Establece la facultad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para recibir informes periódicos por parte de las instituciones de seguridad (policías y fiscalías) sobre las armas de fuego y municiones a su cargo. Esto resulta fundamental para que se haga realidad la integración, mantenimiento y actualización del Registro Nacional de Armamento y Equipo (RENAE) contemplado en el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Reduce los plazos de vigencia de las licencias de portación de armas. Las particulares individuales pasan de dos a un año; las particulares colectivas (asociaciones de tiro deportivo o cacería; empresas de seguridad privada) se mantienen en dos años; y las oficiales (instituciones de seguridad) pasan de un plazo indefinido —mientras dura el cargo que las motivó– a los dos años. Esto genera condiciones para un control más actualizado de las armas que circulan legalmente en México, así como para la detección de desvíos al mercado ilícito o malas prácticas de almacenamiento.
Aspectos negativos y preocupaciones
- Insiste en el aumento de penas y sanciones económicas, así como en la ampliación de medidas como la prisión preventiva oficiosa, en lugar de apostar por la construcción de capacidades institucionales para el control, el desarme, la investigación en balística y la desarticulación del tráfico ilícito. Con los niveles de impunidad que prevalecen en México, resulta incluso ingenuo pensar que el incremento de las respuestas punitivas tendrá algún impacto medible en la prevención de los delitos relacionados con las armas.
- Mantiene la rectoría casi absolutamente castrense en la materia. Pierde la oportunidad de construir un sistema de control de armas mixto (cívico-militar) que incluya mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, evaluación, profesionalización y coordinación interinstitucional.
- En concordancia con lo anterior, concede privilegios injustificados para los militares con jerarquía en activo o retirados (generales, jefes y oficiales, así como sus equivalentes en la Armada). Por ejemplo, se les permite la posesión de armas y municiones sin licencia, además de que se les otorga un trato preferencial para el abastecimiento de municiones.
- Incluye muchos errores tipográficos y de técnica legislativa, así como contradicciones. Por ejemplo, elimina –parece que inadvertidamente– la fracción que contiene los requisitos para la obtención de una licencia particular de portación (fracc. I, art. 26), para luego hacer referencias directas a la misma en otro apartado de la ley.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que, de los 17.1 millones delitos con víctima presente estimados en 2023, en un 22.2 % el perpetrador portaba un arma de fuego. Es decir, independientemente de que se haya o no accionado, se estima que un arma de fuego fue utilizada en la comisión de aproximadamente 3.7 millones de delitos durante el año 2023.
De tal forma, es indudable que una revisión y actualización a la LFAFE resulta necesaria para la construcción de una política integral para la reducción de la disponibilidad de armas de fuego y municiones y, consecuentemente, de la violencia armada y sus efectos en las comunidades. La iniciativa presentada por el presidente contiene algunos aspectos que van hacia esa dirección. Sin embargo, la propuesta de reforma también contiene falencias y omisiones importantes que se deberían corregir y atender.
En este panorama es sumamente necesaria la ampliación de la discusión y la participación, preferentemente en audiencias públicas y abiertas, de especialistas, personas funcionarias del sector seguridad y organizaciones de la sociedad civil para el enriquecimiento del proceso legislativo y de la regulación resultante. Es posible construir un marco legal que responda a la política de control de armas que urgentemente requiere México para la reducción de las violencias.
* Gerardo Álvarez es investigador en la dirección de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. Ha realizado investigación y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.
Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
El esposo de Nicole, una madre de cinco hijos que vive en el Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, trabaja a tiempo completo, pero el dinero no le da para llegar a fin de mes.
Y aunque asegura que a sus pequeños no les falta lo esencial, la familia ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para atender todas sus necesidades.
Esto pese a la presión social generada por las personas que ven con recelo las prestaciones sociales para los más necesitados en Reino Unido.
“Me avergonzaba usar los bancos de alimentos, especialmente con mi esposo empleado. Pero algunas personas no se dan cuenta de los problemas [económicos] que pueden enfrentar las familias aun cuando trabajan”, sostuvo Nicole el pasado noviembre en una entrevista con la BBC sobre un posible aumento de ayudas sociales para los hogares con más de dos niños.
“Ellos no se dan cuenta de que las circunstancias de todos no son iguales. Y son los niños los que están sufriendo por ello, ¿cómo puede la gente ignorar eso?”, agregó.
La familia de Nicole no está sola en esta problemática.
El gobierno estima que 14.2 millones de personas están bajo el nivel de pobreza luego de pagar los costos relacionados con la vivienda.
Mientras que el número de niños en situación de pobreza en Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros comparativos en 2002.
Para abril de 2024, 4.5 millones de menores eran parte de un hogar con ingresos relativamente bajos, según la medida oficial del gobierno para definir la pobreza.
La cifra, publicada por el Departamento de Trabajo y Pensiones, supone un aumento de 100 mil niños respecto al año anterior, y equivale al 31% de los niños del país.
El número aumentó drásticamente desde 2021, y Child Poverty Action Group (CPAG), una ONG que investiga sobre la pobreza infantil en Reino Unido, predice que 4.8 millones de niños estarán en situación de pobreza para el final de término del actual gobierno laborista (2029-30).
Adam Corlett, un economista del think thank Resolution Foundation, le dijo a la BBC en marzo que “los datos más recientes son un recordatorio contundente de la magnitud de la privación entre las familias, con casi un tercio de los niños en Gran Bretaña viviendo ahora en la pobreza”.
En peligro la Navidad
Danielle, una madre de cuatro niños, tuvo una relación de 15 años con el padre de sus hijos que terminó en enero.
Ahora está sola y sin empleo; dejó su trabajo para cuidar a uno de sus pequeños que tiene una discapacidad.
En una entrevista con la BBC también en noviembre, comentó que tuvo que advertirle a sus niños sobre la posibilidad de no poder regalarles “mucho” por Navidad.
“Ahora estoy sola y es difícil”, sostuvo.
Cuando Danielle se separó de su pareja, ella y sus hijos, de entre dos y 13 años, recibieron apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar The Wallich.
La familia fue trasladada a un alojamiento temporal, pero la mudanza significó que “perdió parte de su red de apoyo”, comentó, por su parte, Jamie-Lee Cole, quien trabaja en la ONG.
“Y ahora estoy en esta situación en la que no puedo ir a trabajar, pero espero que algún día pueda volver a hacerlo”, añadió Danielle, de 32 años.
La mujer afirmó que sus hijos carecen de “muchas cosas” y que está preocupada por la temporada festiva.
“Hoy en día nada es barato”, indicó.
“Les dije que pueden tener lo que yo pueda permitirme, y si no lo tienen, no hay nada que pueda hacer”.
Danielle y Nicole, ambas en entrevistas realizadas en fechas separadas, afirmaron que una nueva política impulsada por el gobierno Laborista del primer ministro Keir Starmer podría ser de gran ayuda para sus familias.
La iniciativa, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2026.
Un aumento en las ayudas
Desde 2017, por una política aprobada durante el gobierno del conservador David Cameron, en Reino Unido las familias de bajos ingresos están impedidas de reclamar ayuda social para más de dos hijos.
Datos publicados por BBC News en noviembre señalan que esto hizo que 1.6 millones de niños que pertenecen a familias numerosas no pueden solicitar ayudas.
Este límite se eliminará a partir de abril de 2026, según anunció la actual ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en la presentación del nuevo presupuesto.
La organización benéfica Trussell Trust, que dirige una red de bancos de alimentos, dijo que el límite de dos hijos es “el principal factor que impulsa la pobreza infantil” y eliminarlo sería “lo correcto”.
La organización afirmó que la limitación empujó a millones de familias a una mayor precariedad e impide que los niños tengan un “buen comienzo en su vida”.
“Cada semana, los bancos de alimentos en la red de Trussell apoyan a padres que han hecho todo lo posible para proteger a sus hijos del hambre”, dijo Helen Barnard, directora de políticas en Trussell.
“Se saltan comidas durante semanas para que los niños tengan suficiente para comer, convirtiendo en juegos el envolverse en mantas para evitar encender la calefacción, intentando fingir que todo está bien, pero no lo está”, agregó.
El gobierno laborista recibió críticas de la oposición en el Parlamento, que alega que ha perdido el control del sistema de bienestar, y que el coste de su medida caerá sobre los contribuyentes.
Revees insiste en que está “totalmente financiado”, porque su administración atendió los problemas de fraude y los errores en el sistema de bienestar, y tomó medidas contra la evasión fiscal y reformó los impuestos sobre las apuestas de juego.
Un concepto errado
Nicole afirma que hay un “concepto errado” sobre las familias que reciben ayudas del gobierno.
Y que esa idea hace que sus problemas sean peores.
“He trabajado desde que tengo 13 años, siempre le he pagado al sistema y ahora, cuando lo necesito, siento que no está ahí para nosotros”, comentó.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Pensiones, 59% de los hogares que se vieron afectados por la restricción de dos hijos tienen personas que trabajan.
Desde que tuvo su hijo más joven, dice que el costo de vida ha incrementado. Ahora está constantemente preocupada por el dinero.
Y siento que ha sido “castigada” por tener más de dos hijos.
“Nuestros hijos siempre tienen lo necesario, nos aseguramos de ello, pero es una preocupación constante. Comida, libros, uniforme escolar”, señaló.
“Llevo 12 años usando la misma ropa”, dijo la mujer de 30 años”.
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