Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Para lograrlo, participamos en proyectos orientados a fortalecer el Estado de derecho, defender los derechos humanos y formar capital social. En este espacio analizaremos temas importantes para nosotros y compartiremos contigo lo que hacemos mejor: auditar a la autoridad, formar ciudadanía, analizar políticas públicas, incidir en el debate nacional y litigar casos estratégicos para acelerar el cambio social.

Seguridad, justicia y paz

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México requiere de datos actualizados para la formulación de políticas públicas en materia de prevención de consumo de sustancias, pues éste ha persistido en la población de acuerdo con los datos de la última <a href="https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758" target="_blank" rel="noopener">Encuesta sobre Drogas, Alcohol y Tabaco (</a><a href="https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758">ENCODAT</a><a href="https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758">, 2016)</a>. Sin embargo, en el grupo poblacional de entre 12 y 17 años ha habido un incremento significativo en el consumo de cualquier sustancia ilegal alguna vez en la vida, pasando de 2.9 % en 2011 a 6.2 % en 2016.
Para atender esto, prevenir es el primer paso. Además de la actualización de los datos sobre el consumo de sustancias psicoactivas es necesario incorporar a las políticas de prevención de sustancias una perspectiva de juventudes. Por ejemplo, la propia ENCODAT nos arrojaba ciertos factores que inciden en el consumo (o no consumo) de sustancias en personas jóvenes.
Primero, en términos de riesgo y percepción social frente al consumo de sustancias, es mayor la percepción en personas que no han usado alguna sustancia ilegal que las que ya han usado alguna vez en la vida; segundo, cuando se diferencia por sexo, la percepción de tolerancia social es mayor en el caso de los hombres que de las mujeres; tercero, respecto a la tolerancia de parte del mejor amigo o amiga, el comportamiento es similar tanto en personas no consumidoras como en consumidoras (27 % hombres, 27.4 % mujeres; 11.2 % hombres, 9.2 % mujeres, respectivamente).
No obstante, una de las limitantes que se presenta en la ENCODAT es que no permite caracterizar a profundidad los perfiles sociodemográficos de las personas jóvenes que responden si han consumido o no alguna sustancia ilegal, así como conocer más acerca de los factores de riesgo y protección a los que se enfrentan en su cotidianidad.
Desde la sociedad civil se han hecho importantes esfuerzos para conocer a detalle el perfil de las personas usuarias de sustancias y su entorno. Un ejemplo de ello es la <a href="https://www.mucd.org.mx/conocer-para-transformar/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes</a> (ERPCODA) que forma parte del proyecto “Conocer Para Transformar desde lo local” de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Con este instrumento, se pudieron obtener datos para caracterizar algunas dinámicas de consumo en adolescencias y juventudes, enriqueciendo la información más allá de las prevalencias de consumo en estos grupos poblacionales. A partir de este levantamiento de información, se pudo identificar en diez estados <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> del país los factores de riesgo y protección que resultaron significativos para personas consumidoras de alguna sustancia. Así como datos que permiten conocer mejor los perfiles de aquellas personas que han consumido alguna sustancia ilegal alguna vez en la vida.
De acuerdo con la información de la ERPCODA, la edad promedio de inicio en el consumo de sustancias en las diez entidades en las que se aplicó la encuesta es de 13 años; se destaca particularmente el consumo de sustancias como el tabaco (13.9 años) y los inhalantes (13.6 años).
Existen diversos factores que pueden influir en el inicio y el patrón de consumo de sustancias en adolescentes tales como el consumo de sustancias entre pares, la percepción de permisividad de algunas conductas tanto por las personas responsables de las y los jóvenes como de la comunidad en general. Asimismo, la percepción de disponibilidad de sustancias es un factor de riesgo ya que permite que la oferta de sustancias, tanto legales como ilegales, proporcione un acceso más rápido a las mismas, lo que impacta en el incremento de la probabilidad de que una persona joven use alguna sustancia.
En este contexto, es esencial analizar detenidamente la dinámica de la juventud mexicana actual y tomar acciones efectivas que permitan impactar en estas generaciones a partir del trabajo local.
Al respecto, la ERPCODA incluyó preguntas dirigidas a las y los jóvenes que participaron acerca de su percepción de disponibilidad de sustancias frente a la disponibilidad de algunas actividades extracurriculares dentro de sus comunidades. Para realizar el análisis se utilizan las respuestas de aquellas personas jóvenes que han consumido alguna sustancia ilegal, poniendo especial atención sobre la percepción en la comunidad entre pares sobre las sustancias en los estados en los que se implementó la encuesta.
De acuerdo con la ERPCODA, el 86.21 % de las personas que han usado alguna sustancia considera que existe, en alguna medida, venta de sustancias en su comunidad. Esto impacta directamente en la percepción de disponibilidad de las sustancias para las personas jóvenes. En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos de la encuesta:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1396544" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-ilegales-en-colonias.jpg" alt="Gráfica con información de la Encuesta sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes sobre la presencia de drogas ilegales por colonias." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-ilegales-en-colonias.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-ilegales-en-colonias-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-ilegales-en-colonias-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-ilegales-en-colonias-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Por otra parte, el 39 % de las y los jóvenes que sí han consumido alguna droga consideran que es fácil para alguien de su edad conseguir marihuana. Vale la pena destacar la paridad de opiniones cuando se trata de cocaína, LSD o anfetaminas ya que la percepción se polariza entre fácil (33.52 %) o difícil (32.97 %), esto puede explicarse de acuerdo al contexto de la comunidad en la que se encuentra, y obedece a variables como el estado en el que reside, si era en una zona rural o urbana, si ya había probado las sustancias mencionadas en la pregunta o no. En la gráfica 2 se muestran los resultados de esta pregunta:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1396545" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-colonias-dificultad.jpg" alt="Gráfica con información de la Encuesta sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes sobre la dificultad de acceder a drogas por colonias." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-colonias-dificultad.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-colonias-dificultad-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-colonias-dificultad-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/drogas-colonias-dificultad-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Además, los adolescentes que no asisten a la escuela presentan una mayor disponibilidad de tiempo y esto puede presentar una mayor tendencia a involucrarse en otras actividades, que pueden ir desde conseguir empleo, participar en alguna actividad deportiva o cultural o simplemente tener demasiado tiempo de ocio. Respecto a esto, cabe destacar que el 57.27 % de las personas que participaron en la ERPCODA y dijeron que no acuden a la escuela se encuentran en la búsqueda de algún trabajo, mientras que el resto de las personas entrevistadas respondieron que no (42.73 %). Las razones por la inasistencia a la escuela son varias y en contextos muy diversificados. De acuerdo con las estimaciones realizadas con datos del Censo de Población 2020 del INEGI, existen menores que, por diversas razones, no asisten a la escuela, carecen de empleo o enfrentan incluso ambas condiciones simultáneamente.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1396546" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/espacios-deportivos-convivencia-culturales-por-colonia.jpg" alt="Gráfica con información de la Encuesta sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes sobre la presencia de espacios deportivos, educativos y culturales por colonias." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/espacios-deportivos-convivencia-culturales-por-colonia.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/espacios-deportivos-convivencia-culturales-por-colonia-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/espacios-deportivos-convivencia-culturales-por-colonia-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/espacios-deportivos-convivencia-culturales-por-colonia-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Como se observa en la gráfica 3, el Estado debe diversificar más la oferta de actividades extracurriculares para personas jóvenes. Atender estas necesidades específicas garantizará que los espacios públicos no solo sean accesibles, sino también enriquecedores y relevantes para la diversidad de intereses presentes en la población adolescente. Fomentar el desarrollo personal, fortalecer las habilidades sociales y recreativas es crucial para fortalecer los factores de protección y aminorar los de riesgo.
Desde la sociedad civil trabajamos en recomendaciones de política pública con perspectiva de juventudes a los estados que participan en el proyecto Conocer para Transformar basadas en evidencia específica de cada estado. Es importante que los gobiernos locales se coordinen con proyectos para promover el trabajo desde lo local con el objetivo de que las y los jóvenes puedan desarrollarse en espacios más seguros y con una política de drogas no estigmatizante.
*Dannia Paola Valenzuela Reyes es estudiante de la Licenciatura en Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas Aguascalientes y prestadora de servicio social de México Unido Contra la Delincuencia. Israel Álvarez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Interesado en la investigación social y el análisis de los datos. Investigador en la dirección de Investigación y Políticas Públicas de México Unido Contra la Delincuencia.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán

Conocer para Transformar desde lo Local: un proyecto a favor de las adolescencias y juventudes

“El régimen internacional de fiscalización de drogas, cuyo centro de gravedad está en Viena, ha fracasado”. Con este contundente mensaje el presidente colombiano Gustavo Petro inició su participación en el marco del segmento de alto nivel del 67 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND67, por sus siglas en inglés), un encuentro realizado este marzo al que se dieron cita actores clave de todo el mundo para posicionarse, analizar y encauzar la <a href="https://panel.animalpolitico.com/politica-drogas-amlo-fracaso/" target="_blank" rel="noopener">política de drogas</a> internacional.
Y es que durante los últimos años Viena, sede de la CND, ha sido el epicentro del desarrollo de políticas prohibicionistas de las que deriva la denominada “guerra contra las drogas”, un modelo cruel con especial impacto en países de América Latina (como Colombia y México) para el que -citando de nuevo a Petro- nosotros pusimos los muertos, sin resultados concretos.
La implementación de estas políticas lejos de resolver el problema mundial de las drogas, sólo lo complejizó: fortaleció el papel del crimen organizado en el tráfico y producción de sustancias; motivó la aparición de drogas sintéticas; se sostuvo en la criminalización de las personas usuarias de sustancias, pero, sin duda, su efecto más devastador ha sido la pérdida de incontables vidas -particularmente en los países del Sur Global- como consecuencia de haber convertido el tema de drogas en un asunto de seguridad y pretexto para militartizarla.
En diciembre 2023, un <a href="https://cdn.sanity.io/files/6u5teakk/production/60a476ce41d4dfdb07228cf156273f77ef605c8d.pdf?dl=" target="_blank" rel="noopener">informe sombra</a> del International Drug Policy Consortium (IDPC) advertía de la escasa existencia de pruebas de éxito de las políticas enfocadas en la prohibición y erradicación de las drogas y concluyó que, por el contrario, nos encontramos en el rumbo equivocado y existe urgencia de plantear políticas alternativas al fenómeno.
Con este antecedente arribó la sociedad civil a la CND67 este marzo. La cita en Viena 2024 incluía la revisión de medio término de la <a href="https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/HONLAC/2019/Ministerial_Declaration_2019/Declaracion_Ministerial_2019_V1906702.pdf" target="_blank" rel="noopener">Declaración Ministerial de 2019</a>, una serie de lineamientos en materia de política de drogas firmados por todos los Estados Parte para un periodo de 10 años, sin metas ni indicadores concretos, ni alternativas a las políticas prohibicionistas de las últimas décadas.
La expectativa era baja, pues durante los últimos 50 años países poderosos han impuesto el rumbo prohibicionista de la política internacional orquestando el famoso “Consenso de Viena”, una forma de toma de decisión que en realidad es un consenso artificial. Pero algo histórico sucedió: por primera vez en el marco de la CND propuestas alternativas al prohibicionismo se abrieron a votación y, por fin, se abrió la posibilidad de conversar alternativas más allá de ese exclusivo foro.
En un hecho histórico, se aprobaron dos resoluciones por voto: una sobre desarrollo alternativo, propuesta por Tailandia, y otra sobre reducción de daño, propuesta por Estados Unidos. 1 La segunda, de especial importancia porque permite avanzar a una mejor comprensión y abordaje de políticas de prevención y de atención de la salud de las personas usuarias sin discriminación, apostando por la salud y los derechos humanos.
Rusia, uno de los principales promoventes del consenso de Viena que hoy celebramos como superado, no tardó en argüir que esta ruptura “no contribuía a resolver el problema”, pero nada más lejos de la realidad: con la ruptura de este consenso se abre la posibilidad de que se discutan e incluyan perspectivas no prohibicionistas.
Al romperse el consenso, la comunidad internacional puede por fin aprovechar sacar la discusión sobre la política mundial de drogas de Viena e integrarla, como pasa con otras agendas, a las discusiones en otras sedes de Naciones Unidas, como en Ginebra, para promover un abordaje con enfoque de derechos humanos, reducción del daño e interseccionalidad; o en en Nueva York, por su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con el ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Mientras tanto, en América Latina -particularmente desde Colombia- quedó claro que se está liderando el cambio del enfoque de la política mundial de drogas. Muestra de ello es que la capital colombiana será sede en 2025, la <a href="https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/Colombia-sera-en-2025-el-escenario-de-la-Conferencia-Internacional-sobre-Reduccion-de-Da%C3%B1os-HR25.aspx#:~:text=5%2F03%2F2024-,Colombia%20ser%C3%A1%20en%202025%20el%20escenario%20de%20la,sobre%20Reducci%C3%B3n%20de%20Da%C3%B1os%20%23HR25&amp;text=%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B,abril%20de%202025%20en%20Bogot%C3%A1." target="_blank" rel="noopener">Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños #HR25</a>, en la cual se busca generar un intercambio de experiencias en materia de legislación, políticas y buenas prácticas asociadas a la reducción de impactos negativos del consumo de sustancias psicoactivas.
Lo ocurrido en CND67 no es menor: marca la posibilidad  de replantear el rumbo a nivel internacional con el replanteamiento de la política mundial de drogas, como un primer paso para poner fin a la guerra.
Quienes acudimos a la CND67 con la bandera de una nueva política de drogas, volvemos con el reto de demostrar que la alternativa es una visión de derechos humanos y salud, así como de garantizar medidas de reparación y no repetición a las víctimas de esta guerra sin sentido. Es posible y deseable una nueva política de drogas, tenemos el camino cimentado, hay que aprovechar el momentum político y, con ello, aprovechar la voluntad de algunos países que han mostrado un cambio significativo en sus posicionamientos.
¡Adiós, Viena!
* Jonathan De Vicente Encarnación es director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la SEDATU en donde ha dado seguimiento a la agenda internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM en el área de política exterior.
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1 Votaron a favor de la resolución 38 países: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Finlandia, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, Lituania, Malta, México, Marruecos, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Arabia Saudita, Singapur, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay. En contra votaron 2: China y Rusia. Seis países se abstuvieron: Argelia, Armenia, Bangladesh, República Dominicana, Irán, Zimbabue. No estuvieron en la votación siete delegaciones: Burundi, Costa de Marfil, Kenia, Nigeria, Qatar, Tanzania y Túnez.

¡Adiós, Viena! CND67 y la promesa de una nueva política mundial sobre drogas

Este 8 de marzo en las avenidas principales de muchas entidades del país saldrán miles de personas en protesta por los derechos que no han sido garantizados a las niñas, adolescentes y mujeres. Las protestas van en razón de diversas exigencias, muchas de ellas relacionadas con la seguridad. Las personas que acuden a la marcha, también recuerdan a través de fuertes reclamos al Estado por la muerte de aquellas que ya no están o que han sido desaparecidas.
El Estado Mexicano ha sido omiso ante la implementación de una política de seguridad con perspectiva de género e incluyente. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
La violencia de género en México forma parte de la cotidianidad de las niñas, adolescentes y mujeres. De acuerdo con la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana</a>, el 64.8 % de las mujeres consideraron que era inseguro vivir en la ciudad en el último cuatrimestre del 2023 (esto sin considerar a las niñas y adolescentes). Lo que nos lleva a lo siguiente: la seguridad que nos proporciona el Estado es insuficiente y no atiende problemáticas que se han desarrollado a través del tiempo, en razón de género.
El Estado debería atender la violencia de la que cada niña, adolescente o mujer es víctima, y la manera en la que incide en el desarrollo de su proyecto de vida y en la garantía de sus derechos. Además, debe atender la forma en la que perpetra en todos los ámbitos de su vida, e inclusive pone en riesgo su integridad.
La seguridad, en su concepción más clásica, parte desde una perspectiva de la masculinidad hegemónica, que últimamente se ha relacionado estrechamente y en mayor medida con el militarismo, pues conceptos como la salvaguarda, el orden público, y el punitivismo han sido planteados desde lo que el hombre puede hacer para “proteger”, “mantener” y “vengar”, si su esfera personal es afectada.
La seguridad en la que hoy día las mujeres se ven inmersas en México se ha edificado con estrategias y políticas públicas planteadas para el beneficio de los hombres que, antes de 1955, eran los únicos considerados como ciudadanos. Por lo tanto, el sistema de seguridad actual aún trae consigo partes y una estructura formada desde su perspectiva y necesidades. Es así que las niñas, adolescentes y mujeres se ven inmersas en un sistema denominado como “protector”, pero que de fondo es punitivo y se encuentra militarizado. En el que además cualquier cambio que quiera hacerse se ve como alteración al orden y a la paz públicos.
Por ello actualmente la perspectiva de género está fuera del radar y de la construcción del sistema. Es de esta manera en la que, por ejemplo, las y los legisladores cuando se enfocan en la protección de los derechos de las mujeres, terminan impulsando dinámicas punitivistas, como las propuestas de penas elevadas, desproporcionadas y desmedidas que son imposibles de cumplir para una persona sentenciada. Dejando de lado acciones que pueden atender de manera estructural y contribuir a una seguridad pública.
A esto se suma que la militarización de la seguridad en México es una situación de alarma que diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido, pues las graves violaciones de derechos humanos a las que pueden estar sujetas las mujeres se sustentan en casos como Inés Fernández y el caso de Atenco, dos casos de mujeres víctimas de violencia sexual perpetrada por las fuerzas armadas. En cuanto a estadísticas, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, el 0.3 % de las mujeres de 15 años en adelante fueron violentadas por militares o marinos a lo largo de su vida. En ese mismo porcentaje fueron violentadas pero durante los últimos doce meses de haberse realizado la encuesta.
Por lo tanto, es necesario hacer una reconstrucción integral de la política pública que nos ha regido por décadas y que no está siendo efectiva. Tomando en cuenta a distintos sectores sociales, poniendo énfasis en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y siendo conscientes de las dinámicas de inclusión y exclusión que forman parte del concepto de seguridad. También es necesario tener en cuenta la interseccionalidad que permita integrar no sólo al género, sino también a la etnicidad, la raza, la clase social y otros puntos de intersección que hacen de la vivencia de la seguridad de una niña, adolescente o mujer, algo distinto para todas y cada una de ellas, dando como resultado un concepto de seguridad con perspectiva de género e incluyente, que vele por atender problemáticas estructurales desde los diversos niveles de gobierno, pues cada uno está en posibilidades de incidir desde sus atribuciones en dicha nueva creación.
* Noemí Núñez es abogada en el área de Litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia A. C. (<a href="https://twitter.com/MUCDoficial" target="_blank" rel="noopener">@MUCDOficial</a>). Abogada por la FES Acatlán-UNAM. Actualmente se enfoca en la construcción de estrategias jurídicas en materia de seguridad y política de drogas. Colaboró en el área jurídica de ASILEGAL A.C., en el tema de personas privadas de libertad y ejecución penal. Le encantan los mapaches y los lugares con árboles.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Arlene B. Tickner, El concepto de la seguridad: aportes críticos, Friedrich Ebert Stiftung, 2020, Bogotá, Colombia.

¿Cómo impacta la visión patriarcal de la seguridad a las mujeres en México?

El Poder Judicial Federal necesita una reforma estructural, sobre todo por las condiciones de opacidad, inaccesibilidad y corrupción que persisten en la institución. Este 5 de febrero, el Presidente de la República presentó una iniciativa para reformar al Poder Judicial, principalmente para que personas juezas, magistradas y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electas mediante el voto popular.
El 12 de febrero, en conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, justificó esta reforma al asegurar que responde al reclamo la ciudadanía “de contar con un poder judicial que imparta justicia, legitimado, resuelva sus problemáticas con independencia ajeno a intereses privados, abone a combatir la impunidad y que pueda ser vigilado de que no se actúe al margen de la ley”. Pero, ¿realmente esta reforma será adecuada para cumplir con el reclamo legítimo de las personas de tener mayor acceso a la justicia y una institución eficaz que la imparta? Analicemos de cerca:
El mayor cambio propuesto en la iniciativa es la elección por voto ciudadano para la mayoría de los cargos públicos del Poder Judicial, pero también propone la disminución de 11 ministras y ministros a sólo 9 en la Corte, la creación de un órgano de administración judicial, así como un Tribunal de Disciplina Judicial. Estos dos últimos órganos sustituirán las funciones del Consejo de la Judicatura Federal.
Esta iniciativa pretende dar una naturaleza política a funcionarios cuya labor está dedicada a la impartición de justicia, tales como jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Este trabajo requiere de conocimientos técnicos, experiencia teórica y práctica, especialización en cada una de las ramas del derecho, así como actualización y evaluación constante. Es decir, un adecuado desarrollo de su carrera judicial requiere de imparcialidad, y esta cualidad puede verse comprometida si ahora estas personas juzgadoras se dedicaran a buscar la simpatía del electorado y respondieran a intereses políticos o incluso partidistas.
¿Cuántas decisiones protectoras de derechos se habrían caído si las personas juzgadoras hubiesen temido por sus puestos o si su popularidad hubiese estado en juego? ¿Los esposos de las trabajadoras tendrían acceso a <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2022-02/CJ%20PENSION%20POR%20VIUDEZ%20EN%20EL%20MATRIMONIO_VOBO.pdf" target="_blank" rel="noopener">pensión por viudez</a>? ¿Tendríamos <a href="https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2023-01/CUADERNO%20NUM%2016_DYF_DERECHOS%20SEXUALES_FINAL%20DIGITAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">aborto legal</a>? ¿Existirían las <a href="https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2023-07/CUADERNO_DyF%2013%20Matrimonio%20y%20divorcio_ELECTRO%CC%81NICO.pdf" target="_blank" rel="noopener">familias homoparentales</a>? ¿El <a href="https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2023-01/CUADERNO%20NUM%2016%20DH_LIBRE%20DESARROLLO_FINAL%20DIGITAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">consumo personal y adulto de cannabis</a> seguiría siendo completamente ilegal? Todos estos casos, cuando se presentaron ante los tribunales, trajeron consigo muchas críticas de algunos sectores. Sin embargo, la protección de derechos y la imparcialidad prevalecieron: estos derechos sólo pudieron ser reconocidos y protegidos a través del Poder Judicial aunque no contaron con el apoyo popular suficiente en su momento.
Por otro lado, la iniciativa propone la creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, que ya realiza estas funciones. Ambas, la administración y la disciplina, son esenciales para el correcto desempeño del Poder Judicial, por lo que deberían ser ejercidas por personas altamente capacitadas y que no respondan a ningún interés político. Sin embargo, la propuesta plantea que también sus integrantes sean elegidos mediante el voto popular. Además, de que esto compromete su independencia, preocupa que el Tribunal de Disciplina Judicial pueda investigar y sancionar a las personas juzgadoras porque sus resoluciones falten al “profesionalismo” o la “excelencia”, pues se trata de términos subjetivos, por lo que podría existir el riesgo de que las personas juzgadoras sean sujetas a investigación y sanción cuando sus resoluciones sean impopulares o contrarias a los intereses de grupos de poder o <a href="https://elpais.com/mexico/2023-08-08/lopez-obrador-carga-contra-un-juez-que-concedio-un-recurso-legal-para-proteger-xochitl-galvez-de-ataques-del-gobierno.html" target="_blank" rel="noopener">del Presidente</a> en turno. Por supuesto que las personas juzgadoras deben ser investigadas y sancionadas cuando existan casos de corrupción o favorezcan indebidamente a intereses particulares, sin embargo, tienen que existir criterios objetivos y debido proceso.
A pesar de que a nivel federal es necesario un cambio que tenga un impacto estructural, la iniciativa de reforma del Ejecutivo puede traer más problemas que soluciones. Es verdad que necesitamos un vínculo más cercano entre quienes imparten justicia a nivel federal y la sociedad en general, pero un proceso electoral no necesariamente cumple con este propósito: ¿cuántos políticos aspirantes a cargos de elección popular realmente tienen una cercanía con la población?
Una reforma que permita, por ejemplo, que la justicia pueda llegar de manera rápida y accesible a cualquier persona, sin importar si tiene recursos para pagar a un abogado, podría generar mayor confianza y cercanía de la gente con el Poder Judicial. El juicio de amparo también podría ampliarse y desformalizarse para poder beneficiar a más personas, sobre todo, a quienes no tienen los recursos para pagar a personas abogadas especializadas.
Para tener más y mejor justicia también es necesaria una reforma que promueva una mayor rendición de cuentas del Poder Judicial, que existan concursos de oposición abiertos que garanticen el acceso paritario a todos los cargos. Los Tribunales locales se tienen que modernizar, pues no sólo el Poder Judicial Federal es el encargado de impartir justicia.
Fuera de las reformas legales, es también importante que se investiguen seriamente los casos de nepotismo y corrupción que ocurren dentro del Poder Judicial, que se fiscalicen los recursos ejercidos y que sean invertidos de manera efectiva en beneficio de las personas usuarias. En conclusión, no debemos oponernos a los cambios en el Poder Judicial, siempre y cuando resulten en un beneficio tangible para el acceso a la justicia. En contraste, los ataques a la independencia judicial tienen que ser rechazados tajantemente. Sin un Poder Judicial independiente, no existirán contrapesos a decisiones autoritarias o leyes que beneficien sólo a unos cuantos.
* Cristina Reyes es directora de Litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia A.C. (<a href="https://twitter.com/MUCDoficial" target="_blank" rel="noopener">@MUCDOficial</a>). Licenciada en Derecho por el CIDE y especialista en Sistema Acusatorio en México  por la Escuela Libre de Derecho. Defensora de los derechos de la infancia y las mujeres. Trabajó en la implementación del sistema penal acusatorio en México. En MUCD ha litigado casos contra la militarización y la criminalización de personas usuarias de cannabis. Noemí Núñez es abogada en el área de Litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia A.C. (<a href="https://twitter.com/MUCDoficial" target="_blank" rel="noopener">@MUCDOficial</a>). Abogada por la FES Acatlán-UNAM. Actualmente se enfoca en la construcción de estrategias jurídicas en materia de seguridad y política de drogas. Colaboró en el área jurídica de ASILEGAL A.C., en el tema de personas privadas de libertad y ejecución penal. Le encantan los mapaches y los lugares con árboles.

La reforma al Poder Judicial que necesitamos

2024 será decisivo para el futuro de la democracia en México. No únicamente porque se llevará a cabo la elección más grande del país en la historia moderna sino también porque en los últimos nueve meses de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador empleará toda la maquinaria política a su disposición para consolidar la política militarista que impulsó en el país.
Un primer elemento que demuestra la vulneración de la democracia y el Estado de derecho con acciones relacionadas a la militarización es la necedad del presidente de no sólo desacatar, sino de contradecir e intentar revertir abiertamente las disposiciones de otro poder de la Nación. Y es que una de las acciones centrales será, como ya lo ha anunciado, insistir con que sea la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y no una institución civil la que controle y opere la Guardia Nacional (GN).
El presidente avanzará en este cometido con la presentación de una nueva reforma legislativa que pretende sea aprobada por Morena y sus partidos aliados en los congresos de la Unión y locales, pese al antecedente de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que, en abril de 2023, estableció firmemente que la SSPC es la institución que debe tener el mando operativo y administrativo de la GN, y no una institución militar.
Un segundo elemento que muestra cómo el sentido democrático del Estado en México está en juego este año es que se sigue reduciendo la participación de instituciones civiles en la vida pública para dar lugar a la de instituciones militares: con el argumento de mayor eficiencia y eficacia a las Fuerzas Armadas (FFAA) le han sido asignadas tareas como la construcción de obra pública, la administración y control de los aeropuertos, aduanas y puertos, mismas que corresponderían a secretarías civiles.
Solamente en el arranque de este 2024, Obrador ha anunciado la asignación a militares de tareas que no le corresponden como el mantenimiento en carreteras cercanas al Tren Maya, la remodelación de un centro deportivo en Yucatán, el control de aeropuertos y Mexicana de Aviación, la distribución de medicamentos, la construcción de una planta tratadora de agua en BC y la continuación de control migratorio, entre otras. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Esta excesiva e indiscriminada asignación de tareas civiles trae una tercera consecuencia que trastoca nuestra democracia: la puesta de una excesiva cantidad de recursos públicos, nuestros impuestos, al servicio de militares. El poderío económico de las FFAA crece y su enriquecimiento se da a través del Presupuesto de Egresos de las Federación (PEF).
En 2024, la Sedena tendrá el 2.86 % del gasto total federal, alcanzando el tercer puesto del presupuesto destinado a las secretarías, sólo después de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación las que obtienen altas cantidades de presupuesto, por conceptos de pensiones y becas. Sin mencionar que, a lo largo del ejercicio fiscal, el presupuesto desviado a las FFAA puede incrementarse si instituciones civiles y los gobiernos locales continúan transfiriéndoles recursos para tareas de seguridad u otras esferas -como ya señalamos-. Tan sólo este 3 de enero, el gobierno de Yucatán anunció que la Sedena será la responsable de la remodelación del estadio de béisbol Kukulcán, por un gasto que<a href="https://aristeguinoticias.com/0301/deportes/ejercito-estara-a-cargo-de-remodelacion-de-estadio-de-beisbol-kulkulcan-en-merida/" target="_blank" rel="noopener"> asciende a 630 millones de pesos</a>.
Por supuesto, un cuarto e importante componente es que el Estado mexicano está siendo omiso en su obligación de proteger los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad, la integridad y la vida. Tan sólo para analizar un elemento, baste insistir en el hecho de que la consolidación de una GN militarizada no garantiza el derecho a la seguridad pública, por el contrario, lo pone en riesgo, ya que las FFAA no se caracterizan por su apego al respeto de los derechos humanos. Hay 428 quejas registradas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército sólo en 2023. Sin mencionar que su capacitación y operación obedecen a valores castrenses que se resumen, grosso modo, en eliminar al enemigo.
Estos elementos son todos sostenidos y profundizados en un preocupante discurso premilitar manejado por el presidente en todo su sexenio, consistente en expresar su más alto respeto y admiración a las FFAA y un profundo desdén a las instituciones civiles.
Estos aspectos demuestran que la militarización pone en riesgo a la democracia porque esta tendencia posibilita que las FFAA, que son actores con alta capacidad coercitiva, adquieran un carácter protagónico en la esfera política, social y económica del país, poniendo en riesgo la forma de gobierno y el tipo de diseño institucional democrático del Estado mexicano.
Así como en 2024 AMLO empujará su agenda militarista, en MUCD instamos a empujar un activismo ciudadano que logre una seguridad ciudadana, la defensa de las instituciones civiles y el Estado de derecho, poniendo especial atención a la presión necesaria para concretar un plan de retiro de las FFAA para 2028.
Todxs nosotrxs somos la alternativa a la militarización. Somos la posibilidad de la defensa del Estado democrático de derecho.
* Jonathan De Vicente Encarnación es director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia A. C. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la SEDATU en donde ha dado seguimiento a la agenda internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM en el área de política exterior.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El traspaso de funciones y presupuestos a favor de las FFAA ha sido documentado en diversas investigaciones como en <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/09/El-negocio-de-la-militarizacion-version-web.pdf" target="_blank" rel="noopener">“El Negocio de la Militarización”</a> y el <a href="https://ppdata.politicadedrogas.org/PPD/INM/files/INM-Report.pdf" target="_blank" rel="noopener">“Inventario Nacional de lo Militarizado”</a>.

Militarización en 2024: un desafío para la democracia en México

Desde 1991, cada año se realiza la campaña global “16 días de activismo contra la violencia de género”, que tiene lugar del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) al 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) y cuyo objetivo es sensibilizar a la humanidad sobre los retos que enfrentamos ante un contexto de múltiples violencias y opresiones que se relacionan entre sí. En el marco de la campaña cabe reflexionar sobre el origen de estas conmemoraciones para enfatizar que, pese a los avances logrados y los derechos reconocidos, las luchas antipatriarcales, antirracistas y antimilitaristas están más vigentes y son más necesarias que nunca.
Empecemos por recordar el origen antimilitarista del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre en memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42060899" target="_blank" rel="noopener">tres hermanas dominicanas que fueron asesinadas en 1960</a> por la dictadura del militar Rafael Leonidas Trujillo, quien controló República Dominicana entre 1930 y 1961. Las mariposas, como se les conocería más tarde, desafiaron un régimen inhumano y opresor en una época donde era inimaginable que las mujeres se atrevieran a cuestionar al gobierno, pues sus derechos civiles y políticos ni siquiera habían sido reconocidos en todo el mundo.
El régimen dictatorial de Trujillo se sostuvo gracias al trato especial y preferencial que recibieron las fuerzas armadas y la guardia nacional dominicanas, quienes –a cambio de generosas pagas y beneficios proporcionados por el gobierno– se valieron del terror y la violencia para mantener el control de la población que, tal como las hermanas Mirabal, se oponía al régimen militar y buscaban una revolución. Estos beneficios recibidos estuvieron acompañados de una numerosa ampliación de soldados y armamento, así como su participación en la vida pública del país que, a 63 años de los hechos, no es muy distinto al caso mexicano contemporáneo respecto de la estrategia de amplificación del poder político y económico de las fuerzas armadas.
Si bien no nos encontramos en una dictadura militar, en México podemos observar una profundización de la participación de las fuerzas armadas en tareas que sobrepasan la seguridad pública, tomando el control de las instituciones de seguridad civiles, pero también en otros puestos de toma de decisiones: liderando operaciones que antes correspondían a instituciones civiles, desde salud hasta migración; con cada vez más empresas a su nombre para construir, administrar y beneficiarse de infraestructura como puertos, aeropuertos y trenes; con incrementos presupuestales sin precedentes; y la lista sigue y sigue.
<h2>¿Ángeles de la… muerte?</h2>
Pese a la justificación del uso de las fuerzas armadas para combatir el crimen y la delincuencia, y al respaldo del propio presidente –quien ha intentado limpiar su imagen nombrando al <a href="https://animalpolitico.com/politica/amlo-ejercito-guardia-nacional-mexicanos" target="_blank" rel="noopener">Ejército y la Guardia Nacional como el “ángel de la guarda”</a> del pueblo mexicano–, este proceso de militarización de la vida pública sólo ha exacerbado la ya preocupante crisis de inseguridad y violencia que atraviesa el país, y tiene un efecto diferenciado en los grupos históricamente vulnerados: las mujeres, infancias y adolescencias, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, así como en las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Una <a href="https://fabricadeperiodismo.com/investigaciones/toda-la-verdad-sobre-los-vuelos-de-la-muerte/" target="_blank" rel="noopener">investigación sobre los “vuelos de la muerte”</a> reveló el modus operandi de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, con la autorización del entonces secretario de defensa, realizaban operaciones para detener y asesinar a cientos de personas y luego arrojarlas al mar, en el marco de la acción contrainsurgente de la “Guerra Sucia”. Cuando se trataba de mujeres, la policía militar les ofrecía libertad a cambio de sexo, pese a saber que serían inevitablemente ejecutadas.
Por su parte, la investigación <a href="https://permisoparamatar.org/" target="_blank" rel="noopener">Permiso para matar</a> publicó un listado de más de 1,500 casos de desapariciones y asesinatos cometidos por agentes de seguridad federales y estatales –policías, militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional– contra personas inocentes, quienes fueron víctimas del abuso de poder y las violaciones a derechos humanos de la política de seguridad estatal, cuyas versiones oficiales encubren los hechos como “equivocaciones”, “actos de indisciplina”, “víctimas colaterales” y “hechos aislados”, invisibilizando la gravedad de este fenómeno generalizado sostenido por la propia estructura militarizada de las corporaciones de seguridad. De los casos investigados, se identificaron <a href="https://permisoparamatar.org/capitulo/5" target="_blank" rel="noopener">222 mujeres víctimas de asesinatos y desapariciones</a> entre 2006 y 2022 a mano de las autoridades partícipes de la fallida “guerra contra el crimen organizado”.
Por si esto fuera poco, se ha demostrado que los actos de violencia sexual están más presentes en los casos donde las mujeres interactúan con las fuerzas armadas, lo cual las hace aún más vulnerables en el contexto de la militarización. Pese a los esfuerzos de los gobiernos por hacer ver estas cifras como casos aislados, las estadísticas demuestran algo totalmente distinto: más de 230 mil <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/" target="_blank" rel="noopener">mujeres han reportado haber sido agredidas física, psicológica y sexualmente</a> en sus comunidades a lo largo de su vida por las fuerzas armadas, y tan sólo 89 mil lo fueron durante 2021.
Por su parte, según datos arrojados por la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">ENPOL 2021</a>, 1 de cada 10 mujeres arrestadas por elementos de la Sedena  son violadas sexualmente, mientras que para el caso de la Marina sus elementos violan a 2 de cada 10 mujeres detenidas. En este sentido, no hay que olvidar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra México por el caso de 47 mujeres víctimas de tortura sexual en las que estuvieron involucrados elementos de las fuerzas armadas y de seguridad.
No necesitamos que exista una dictadura comandada por militares para, por fin, preocuparnos por el proceso de militarización que se ha recrudecido en las últimas décadas en México y el impacto diferenciado que tiene en la vida de las mujeres y otras poblaciones históricamente vulneradas. Lo que necesitamos es memoria, para recordar que las corporaciones armadas no promueven ni defienden los derechos humanos de la ciudadanía, sino a los intereses del poder combatiendo a quienes se atreven a inconformarse y no quedarse callados ante las injusticias, la violencia y el abuso.
Este es un llamado para que los 16 días de activismo sean un recordatorio de indignación y de que debemos actuar todos los días como las mariposas lo habrían hecho: con sensibilidad, valentía, inteligencia y mucha esperanza de que un cambio realmente es posible. En su memoria, no bastan uno o 16 días de activismo para erradicar todas las violencias de género, en especial aquellas que perpetúan las instituciones armadas.
No olvidar: a las hermanas Mirabal las persiguió, torturó y asesinó el régimen militar.
* Leilani Hernández es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana Puebla. Realizó su servicio social en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. y fue asistente de investigación en temas de derechos humanos, género, niñez, igualdad y no discriminación. Acompañante de personas y colectivos en casos de violaciones a derechos humanos.

A las hermanas Mirabal las mató el régimen militar: ¿por qué necesitamos un feminismo antimilitarista?

El régimen militar mató a las hermanas Mirabal: ¿por qué necesitamos un feminismo antimilitarista?

Es urgente que la política mundial de drogas cambie. Así lo señala el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en la materia: “<a href="https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5453-human-rights-challenges-addressing-and-countering-all-aspects" target="_blank" rel="noopener">Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas</a>”. Y, sin duda, lo es. En México y distintos países la “guerra contra las drogas”, lejos de terminar con los cárteles y el consumo, sólo ha generado mayor violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos.
Como en muchos otros temas de la agenda global, en los foros multilaterales, el gobierno de nuestro país ha mostrado públicamente un discurso propositivo, acompañado de diversas iniciativas. A través de sus representantes diplomáticos el Estado mexicano se ha mostrado a favor de un cambio en la política de drogas que tome como base los derechos humanos y la salud pública, lo que dista con el discurso – y acciones – que se toman internamente desde Palacio Nacional. El dicho del presidente López Obrador “candil de la calle, oscuridad de la casa” no puede representar mejor esta discordancia.
Por ejemplo, a nivel internacional México promueve en el CoDH diversas iniciativas end materia de drogas y derechos humanos. Incluso forma parte del grupo núcleo de estos esfuerzos, lo que significa que lidera los procesos de negociación, puede proponer temáticas y enfoques dentro de las resoluciones, así como orientar el rumbo que deben tomar las discusiones en los foros internacionales.
En 2015, por ejemplo, México se sumó a la solicitud al OACNUDH de un estudio sobre las repercusiones que tiene la política prohibicionista de las drogas en el ejercicio de los derechos humanos, como parte de la resolución 28/28, un texto originado previo a la <a href="https://www.gob.mx/sre/articulos/ungass-2016-la-discusion-a-mas-alto-nivel-del-problema-mundial-de-las-drogas" target="_blank" rel="noopener">Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas</a> (UNGASS 2016 <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> por sus siglas en inglés), sesión que, por cierto, fue propuesta por México, Colombia y Guatemala.
En 2018, en el 37CoDH, de la que participó el Estado mexicano, se adoptó la resolución 37/42, en la que se destacó por primera vez los efectos diferenciados que tiene la política prohibicionista en un grupo en situación de vulnerabilidad, en este caso, en mujeres y niñas. El texto exhorta a los Estados a incorporar la perspectiva de género en la política de drogas.
Más recientemente, este abril de 2023 México copatrocinó y promovió la <a href="https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/081/27/PDF/G2308127.pdf?OpenElement" target="_blank" rel="noopener">resolución 52/24</a>. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> En la que se exhorta a los Estados a replantear la política prohibicionista y apostar por “medidas tales como la educación, la rehabilitación o la integración social, y, cuando el delincuente <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>  tenga un trastorno relacionado con las drogas, tratamiento y postratamiento, así como apoyo para la recuperación”. Como se puede observar, México apuesta, por lo menos desde el plano internacional, a replantear la política punitivista.
México reiteró esta misma postura apenas este agosto en los <a href="https://media.un.org/es/asset/k1i/k1i0300n02" target="_blank" rel="noopener">debates de la Tercera Comisión del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas</a>, al expresar que el país “concede una alta prioridad a una política global sobre drogas que sea integral, equilibrada, justa y humana; una política que se centre en la salud y el bienestar de los individuos y que responda a las realidades contemporáneas”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Pero las riendas de la política de drogas a nivel interno son diametralmente distintas del enfoque promovido a nivel internacional. El más reciente ejemplo se dio este octubre durante la conferencia de prensa del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad México – Estados Unidos, en el que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, negó tajantemente que en el país se produzca fentanilo  o cualquier otro precursor químico. En ese y otros espacios el propio presidente ha negado que exista una crisis por consumo de esta sustancia.
Bajo su administración <a href="https://www.mucd.org.mx/2023/08/seis-anos-sin-datos-sobre-consumo-de-drogas-mucd-exige-retomar-la-encuesta-nacional-de-adicciones-encodat/" target="_blank" rel="noopener">se ha omitido la aplicación la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Trabajo (ENCODAT)</a>, un instrumento que debería generar información periódica y confiable sobre el uso de sustancias, la prevalencia del consumo y las características sociodemográficas de la población consumidora y que es clave para la actualización y mejora de las políticas que atiendan el fenómeno drogas desde la evidencia, sin discriminación ni estigma. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
En su lugar, el Gobierno Federal continúa promoviendo la campaña “Juntos por la paz”, plagada de estigmas contra las personas consumidoras de sustancias, al tiempo que minimiza el problema del fentanilo y rechaza el enfoque de reducción de daños. En suma, la postura interna en materia de drogas sigue siendo la apuesta por el enfoque prohibicionista.
Urge concordancia. México no puede ser candil en los foros multilaterales y oscuridad al interior en temas de drogas. Es urgente cambiar el enfoque, si hay disposición y voluntad en los foros multilaterales, debería existir lo mismo en el plano interno.
El informe de la OACNUDH, suscrito por 133 organizaciones de 48 países, incluido México Unido Contra la Delincuencia, aparece en un momento clave para proponer alternativas concretas de política pública y soluciones basadas en evidencia en el tema de drogas a nivel planetario. Nuestro llamado internacional es a cambiar el enfoque punitivista, a terminar con la estigmatización hacia las personas usuarias de sustancias y poner fin a la “guerra contra las drogas”, que nos ha dejado un país con una grave crisis de violaciones a derechos humanos. Necesitamos una política de drogas distinta, con enfoque de derechos humanos, salud pública, igualdad de género, interseccionalidad y reducción del daño.
* Jonathan De Vicente Encarnación es director de Incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Estudios de Maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la SEDATU en donde ha dado seguimiento a la agenda internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM en el área de política exterior.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a>  UNGASS 2016 coincide con el sexenio de Enrique Peña Nieto, es interesante analizar el discurso internacional de México con la realidad que el país enfrentaba en ese momento, caracterizada por altos niveles de violencia a causa de la “guerra contra las drogas”. El entonces presidente señaló que “México es una de las naciones que ha pagado un alto precio, en sufrimiento y vidas humanas, por el paradigma prohibicionista de las drogas, y que, a pesar de los esfuerzos y resultados, no estamos libres de la amenaza criminal, mientras la demanda internacional de drogas siga creciendo. El mandatario pidió transitar de la mera prohibición a una efectiva prevención y una eficaz regulación. Hizo énfasis en que ningún país puede, por sí solo, hacer frente al fenómeno de las drogas. Se requieren consensos globales para atender el problema con eficacia”, retomado de Secretaría de Relaciones Exteriores, UNGASS 2016: la discusión a más alto nivel del problema mundial de las drogas, disponible <a href="https://www.gob.mx/sre/articulos/ungass-2016-la-discusion-a-mas-alto-nivel-del-problema-mundial-de-las-drogas" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> 52° periodo del Consejo de Derechos Humanos, Resolución 52/24 Contribuciones del Consejo de Derechos Humanos en lo referente a las repercusiones de las políticas de drogas en los derechos humanos, disponible <a href="https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/081/27/PDF/G2308127.pdf?OpenElement" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> El texto de la resolución emplea el término “delincuente”, pese a ser estigmatizante.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> UN Web TV, Tercera Comisión, 5ª sesión plenaria, 78° período de sesiones de la Asamblea General, disponible <a href="https://media.un.org/es/asset/k1i/k1i0300n02" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> La última edición de la ENCODAT corresponde al periodo 2016 – 2017. Desde México Unido Contra la Delincuencia se ha dado seguimiento, mediante la vía judicial, a esta omisión por parte del Ejecutivo Federal de realizar esta encuesta. La importancia de la ENCODAT radica en que genera datos para comprender mejor el problema y permite dar una atención con perspectiva de derechos humanos y justicia social. El trabajo que realiza MUCD sobre este tema puede consultarse <a href="https://www.mucd.org.mx/2023/08/seis-anos-sin-datos-sobre-consumo-de-drogas-mucd-exige-retomar-la-encuesta-nacional-de-adicciones-encodat/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Candil de la calle, oscuridad de la casa… México y la política mundial de drogas

Recientemente, en México Unido Contra la Delincuencia suscribimos el <a href="https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/09/end-overreliance-punitive-measures-address-drugs-problem-un-report" target="_blank" rel="noopener">llamado internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de poner fin a la “Guerra contra las drogas”</a> y adoptar políticas en la materia que se alejen del paradigma de la prohibición, la discriminación, la violencia y las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, una cuestión clave para desmontar las dinámicas de criminalización es identificar y cuestionar el financiamiento de las mismas.
Apenas este septiembre, Harm Reduction International (HRI) publicó el informe <a href="https://hri.global/wp-content/uploads/2023/09/HRI_Aid-for-the-War-on-Drugs_Final-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Aid for the War</a> <a href="https://hri.global/wp-content/uploads/2023/09/HRI_Aid-for-the-War-on-Drugs_Final-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">on Drugs</a>, en el que analiza las dinámicas de financiamiento y provisión de recursos materiales y asistencia técnica que operan desde los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el avance de iniciativas antidrogas y la promoción de un consenso moral y prohibicionista en los países del Sur Global.
Todas las transferencias por concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) deben ser reportadas al Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC, por sus siglas en inglés) de la OCDE. De acuerdo con el análisis de HRI, entre 2012 a 2021 se destinaron 974 millones de dólares (mdd) para el “control de narcóticos”. Más de la mitad de ese monto fue donado por Estados Unidos (550 mdd). Le siguen la Unión Europea (282 mdd), Japón (78 mdd), el Reino Unido (22 mdd), Alemania (12 mdd), Finlandia (9 mdd) y Corea del Sur (8 mdd).
En total, 92 países han sido “beneficiados” de dichos fondos para el “control de narcóticos”. Los mayores receptores de estos recursos entre 2012 y 2021 fueron Colombia (111 mdd), Afganistán (98 mdd), Bolivia (87 mdd), Perú (76 mdd), Nigeria (44 mdd), Pakistán (25 mdd) y México (21 mdd). HRI señaló que, en el mismo periodo, por lo menos 70 mdd han sido donados para “control de narcóticos” en 16 países que prevén la pena de muerte para delitos de drogas, como Indonesia o Irán.
Lo anterior tiene repercusiones importantes para el caso de México, pues la política de mano dura y la militarización han sido los enfoques que el país ha implementado para disminuir el consumo de sustancias desde hace décadas, sin mencionar que desde 2006 existe un fuerte recrudecimiento de la militarización. Al respecto, hay que señalar que no todo el financiamiento de las respuestas punitivas en México proviene de la AOD. Desde 2008, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos envía recursos a México para la implementación de este tipo de políticas.
En 2021, ambos países suscribieron el Entendimiento Bicentenario, que a pesar de contemplar compromisos importantes en materia de prevención del tráfico ilícito de armas de fuego y de reducción de las violencias, también tiene un fuerte componente punitivista, sobre todo en lo que concierne a las drogas sintéticas –como el fentanilo–. Este enfoque prohibicionista y criminalizante es respaldado por los sectores más conservadores de Estados Unidos, quienes han realizado diversos llamamientos para tomar medidas más drásticas respecto al consumo de sustancias, incluso proponiendo el intervencionismo militar en territorio mexicano.
Está por demás documentado que la estrategia de guerra y cárcel sólo ha traído a México más violencia, inseguridad y violaciones graves a los derechos humanos. Además de que ha abordado el fenómeno como uno de seguridad o de justicia penal, impidiendo que se desarrolle una política nacional que atienda al asunto de las drogas como uno de salud pública que priorice las políticas de reducción del daño. Esta estrategia, además, está acompañada por campañas gubernamentales de estigmatización y desinformación respecto a las drogas y a las personas que las usan.
La reducción de daños hace referencia a las políticas, programas y prácticas que buscan minimizar los impactos sociales, legales y de salud negativos asociados con el consumo de sustancias. De tal forma, la reducción del daño encuentra su base fundamental en la justicia, la solidaridad, los derechos humanos y la no discriminación, enfoques que claramente el gobierno de México no ha incorporado en el diseño de sus políticas.
Existen muchos ejemplos de políticas exitosas en materia de reducción de daños como programas de intercambio de jeringas y agujas para evitar la transmisión de enfermedades, como el VIH o la hepatitis; salas de consumo seguro y supervisado; servicios de testeo de sustancias en fiestas, conciertos o festivales; provisión gratuita de medicamentos para la reversión de sobredosis, etc. La adopción de este tipo de medidas está centrada en la idea de que la vida de un ser humano es más valiosa que cualquier apreciación moral que un individuo o sociedad tenga sobre las drogas. En este sentido, dada su función, tendría sentido que la AOD fuera destinada a programas de reducción del daño.
HRI lo enfatiza al mencionar que, a pesar de su probada efectividad y eficacia costo-beneficio, las iniciativas de reducción de daños se encuentran insuficientemente financiadas alrededor del mundo por la AOD. En lugar de financiar políticas que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas —hasta el grado de financiar las acciones antidrogas de países que contemplan la pena capital para delitos de drogas—, el mundo debería invertir en servicios de salud pública accesibles y en políticas basadas en los derechos humanos y en evidencia empírica.
* Gerardo Álvarez es investigador integrante del área de Incidencia de <a href="https://twitter.com/MUCDoficial" target="_blank" rel="noopener">@MUCDoficial</a>. Abogado. Se ha dedicado al litigio constitucional y administrativo, así como a la investigación en seguridad ciudadana, política de drogas, militarización, control de armas y derechos humanos.

¿Quién financia la “guerra contra las drogas”?

El 14 de noviembre de 2018, todavía como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó su <a href="https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-Paz-y-Seguridad_.pdf" target="_blank" rel="noopener">Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018–2024,</a> presentado como un nuevo paradigma de seguridad pública y mediante el que su gobierno entrante se comprometía a erradicar las causas estructurales de la violencia del país, es decir, las desigualdades sociales, bajo el eslogan “por el bien de México, primero los pobres”. En esa ocasión, Obrador declaró: “no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, […] el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”. Con estas frases y la promesa central de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles, la autoproclamada Cuarta Transformación hizo creer a un pueblo lastimado por la “guerra contra el narco” que era posible terminar con la pesadilla iniciada en 2007.
El anuncio de un cambio de paradigma en seguridad pública se reafirmó en su toma de protesta, el 1° de diciembre de 2018, cuando Obrador anunció en el Zócalo capitalino sus <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-100-compromisos-de-Andres-Manuel-Lopez-Obrador-como-presidente-de-Mexico-20181207-0072.html" target="_blank" rel="noopener">100 compromisos </a><a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-100-compromisos-de-Andres-Manuel-Lopez-Obrador-como-presidente-de-Mexico-20181207-0072.html">de gobierno</a>, de los que cuatro estaban directamente relacionados con la seguridad pública.
El compromiso 84 establecía la reunión del Gabinete de Seguridad todos los lunes; el 85 anunciaba la conformación de la Guardia Nacional (GN) “si el pueblo de México y el Poder Legislativo lo aprobaban”; en el 86 preveía la construcción de 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el territorio nacional a cargo de la GN, y en el 87 se comprometía a no utilizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en contra del pueblo, así como a terminar con la guerra y promover la construcción de la paz. De hecho la <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&amp;fecha=26/03/2019#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">reforma constitucional del 26 de marzo de 2019</a> en materia de GN, estableció el carácter civil de esta.
Ya desde entonces, discursivamente, la estrategia de seguridad del presidente se condensó en su célebre frase: “abrazos no balazos”. A cinco años de su gobierno, ésta no pudo distar más de lo originalmente planteado: una orientada a perpetuar la presencia militar pero ya no nada más en la seguridad pública, sino en toda la vida pública.
Para Obrador, las FFAA son pueblo uniformado, altamente eficientes e incorruptibles. En cínica contraposición al sufrimiento de innumerables víctimas, para él las FFAA no violan derechos humanos porque, presume, durante su administración no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos.
De hecho, recientemente, durante <a href="https://presidente.gob.mx/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-el-5-informe-de-gobierno/" target="_blank" rel="noopener">su quinto informe de gobierno</a>, destacó que “en materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24 por ciento; el homicidio, en 17 por ciento; el robo, en 26 por ciento; el feminicidio, en 29 por ciento; el robo de vehículo, en 44 por ciento y el secuestro, en 80 por ciento”.
Si bien es cierto que las cifras oficiales destacan algunas disminuciones, es necesario analizar esto con perspectiva, porque, entre otras cosas, éstas demuestran, por un lado, avances más bien modestos ante la magnitud de la crisis de inseguridad y violencia. Esto es más evidente a partir del análisis detallado de distintos delitos.
Por ejemplo, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) se documentaron <a href="https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&amp;m=BRx1Qp&amp;mc=CZ&amp;s=BQLNKDk&amp;u=Gaiy7&amp;z=EIZHGA8&amp;" target="_blank" rel="noopener">las siguientes cifras</a> -también con base en fuentes oficiales- que para homicidio doloso y feminicidio se registraron 18,102 víctimas a nivel nacional en los primeros siete meses de 2023, es decir, una leve disminución de 3 % respecto al mismo periodo de 2022; para delitos contra la libertad personal hubo 19,854 víctimas en el mismo periodo, lo que significó un aumento de 14 % al comparar con el mismo periodo de 2022 y, para el delito de extorsión, hablamos de 6,423 víctimas, con -4 % al comparar con el mismo periodo de 2022, pero con una de las cifras mensuales de este año más altas.
Al mismo tiempo, la presentación parcial de cifras positivas contrasta, sin lugar a dudas, con la dolorosa y compleja realidad que atraviesa a miles de familias en México. Por ejemplo, afirmar que ya no se desaparecen personas es invisibilizar el sufrimiento y lucha en los hogares de las 111,681 personas <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> señaladas como desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta atroz cifra demuestra que la crisis continúa y, de hecho, gracias a factores de entre los que destaca la perpetuación del actuar de las FFAA en tareas de seguridad.
Al respecto, en su visita en abril de 2022, el <a href="https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresó</a> que el enfoque militarizado de la seguridad pública implica un riesgo en materia de derechos humanos, pues “según la información oficial, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada”. En otras palabras, las FFAA sí desaparecen personas en México, por más que el presidente insista en que ya no es así.
En el marco de esta calculada presentación de resultados en materia de seguridad, López Obrador dedicó <a href="https://presidente.gob.mx/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-el-5-informe-de-gobierno/" target="_blank" rel="noopener">especiales felicitaciones</a> a las FFAA “por sus labores en beneficio del pueblo de México”, de quienes destacó su participación en innumerables labores ajenas a la seguridad pública:  “La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones de Pemex; en la construcción de 2 mil 564 sucursales del Banco del Bienestar; en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas; en la entrega de libros de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit…”.
Y las funciones que enlistó se quedaron cortas. De acuerdo con el<a href="https://politicadedrogas.org/site/proyecto/id/27.html" target="_blank" rel="noopener"> Inventario Nacional de lo Militarizado</a>, más de 340 funciones y presupuestos civiles han sido transferidas a las FFAA desde 2007, de las que un ¡42 %! han ocurrido este sexenio. Algo que, sin duda, debe alertarnos como ciudadanía porque estamos presenciado un proceso de militarización de la vida pública.
Desde <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2023/08/1.-Mexico-entre-la-militarizacion-y-el-militarismo.pdf" target="_blank" rel="noopener">MUCD hemos advertido que</a> “el proceso de militarización que estamos presenciando en México está siguiendo la ideología del militarismo en por lo menos cuatro principales aspectos: la promoción de discursos por el gobierno que enfatizan la superioridad de los valores, estructuras y cuerpos militares; la aceptación entre la población de estos discursos, al punto de apoyar una posible intervención militar en el gobierno; la asignación de funciones de administración pública a los militares bajo el argumento de que éstos son más capaces y menos corruptos, y la creciente autonomía de los militares para ser un actor político que defiende sus propios intereses”.
Esa es la herencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado al país: el empoderamiento sistemático y cada vez más presente de las FFAA en todas las esferas de la vida pública. El uso del fuego “amigo” no solo es administrado por el Estado, también es aplaudido por sus fieles partidarios, esos que algunas vez expresaron su preocupación sobre la estrategia de seguridad, pero que ahora son omisos ante las atrocidades que vivimos porque son diferentes.
Resta un año para que concluya su mandato y es claro que utilizará todo su capital político para afianzar todavía más su estrategia militarista, pues <a href="https://www.gob.mx/segob/videos/sria-de-gobernacion-luisa-maria-alcalde-reunion-plenaria-de-morena-en-el-senado-de-la-republica?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">ha anunciado, por ejemplo, su intención de</a><a href="https://www.gob.mx/segob/videos/sria-de-gobernacion-luisa-maria-alcalde-reunion-plenaria-de-morena-en-el-senado-de-la-republica?idiom=es" target="_blank" rel="noopener"> que se apruebe una reforma constitucional que garantice el control de la GN por parte de la Sedena</a>. En tanto, a cinco años de gobierno, ya hemos atestiguado una mayor militarización que nos presenta las posibilidades de pacificación y reducción de la violencia como verdaderamente lejanas, al mismo tiempo que la militarización de la vida pública resulta sumamente peligrosa para la democracia, la defensa y promoción de los derechos humanos y para la calidad del gobierno civil, con un gobierno cada vez más reducido en funciones y presupuesto en comparación con las FFAA, cuya llama crece cada vez más, con más poder económico y político.
* Jonathan De Vicente Encarnación es Director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la SEDATU en donde ha dado seguimiento a la agenda internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM en el área de política exterior.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Periodo del 01/01/1962 al 26/09/2023 con corte a las 17:26 hrs.

AMLO: cinco años “apagando” el fuego con fuego

AMLO: 5 años "apagando" el fuego con fuego

Cada 31 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Sensibilización sobre las Sobredosis con el objetivo de recordar a personas fallecidas por esta causa y concientizar acerca de la importancia de evitarlas. Aunque la crisis de muertes por sobredosis ocurre con mayor fuerza en otros países, México debe visibilizar y atender este problema, con especial importancia hoy día ante el alza de las defunciones por consumo de fentanilo y en el marco de una política de drogas militarizada destinada a prohibir el consumo, así como castigar, excluir y estigmatizar a las personas usuarias.
Los datos relacionados al consumo de sustancias en México son escasos e incompletos, por lo que dimensionar la magnitud de este problema es difícil tan sólo con datos oficiales. De acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Secretaría de Salud, en el año 2019 se registraron 2,609 defunciones asociadas al consumo de sustancias, pero no especifica cuántas de estas se dieron por sobredosis, de las cuáles 11 fueron por algún tipo de opioides. La escasez de datos oficiales y actuales alcanza a la sustancia que hoy preocupa a nuestro país, por su relación con Estados Unidos: el fentanilo.
Organizaciones de reducción del daño como Verter, que opera en Mexicali, han reportado que desde 2019 todas las pruebas de heroína tienen presencia de fentanilo y, que en 2022, <a href="https://animalpolitico.com/salud/mezcla-fentanilo-drogas-consumidores-frontera-mexico-eu" target="_blank" rel="noopener">las sobredosis se duplicaron con respecto al año anterior</a>. Por otra parte, una investigación dirigida por el Servicio Médico Forense de Baja California encontró que el <a href="https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2023-07-10/mexico-dice-que-no-tiene-un-problema-de-fentanilo-nuevos-datos-revelan-una-epidemia-oculta" target="_blank" rel="noopener">23 % de los cuerpos en las morgues enviados entre 2022 y 2023 dieron positivo a la presencia de fentanilo</a>.
Lamentablemente, tanto con el fentanilo como con otras sustancias, el problema de las sobredosis en México ha ido creciendo poco a poco sin que el gobierno le dé la importancia necesaria ni realice los levantamientos de información imprescindible para conocer el estado de la situación, al tiempo que continúa apostando a enfoques equivocados: viendo el problema de las sobredosis como un elemento más a combatir en marco de la denominada “guerra contra el narco” y no como un tema de salud pública.
A diferencia de México, Estados Unidos, a través del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, tiene estimaciones claras de muertes sobredosis: tan sólo en 2021 <a href="https://nida.nih.gov/research-topics/trends-statistics/overdose-death-rates" target="_blank" rel="noopener">el país registró 106 mil 699 fallecimientos, 70 mil 61 de las cuales involucraron el uso de algún opioide sintético, como el fentanilo</a>. Este contexto ha generado presiones importantes para que México fortalezca su control sobre la entrada y fabricación de este opioide, con ideas que van desde la mayor cooperación entre ambos países hasta el envío de personal militar estadounidense para operativos antidrogas, propuesta que ha sido promovida por varios legisladores norteamericanos y que recientemente tuvo apoyo <a href="https://thehill.com/latino/4170236-gop-talk-of-military-action-in-mexico-sparks-dire-warnings/" target="_blank" rel="noopener">casi unánime en los debates de los precandidatos presidenciales republicanos</a>.
Tal parece que México está dispuesto entonces a participar de la reducción de muertes por sobredosis… pero en Estados Unidos. El consumo de fentanilo es precisamente muestra de esto. En casa, en tanto, la problemática no se estudia, no se previene y no se atiende. El Gobierno Federal continúa promoviendo su campaña “Juntos por la paz”, plagada de estigmas contra las personas consumidoras, al tiempo que minimiza el problema del fentanilo y rechaza el enfoque de reducción de daños.
En la conferencia matutina del 17 de marzo de este año, el presidente afirmó que el fentanilo no es un problema en México, pues a diferencia de Estados Unidos, “hay mayor integración familiar y menos individualismo”. Sobre esta línea, el 4 de mayo incluso criticó la decisión del gobierno estadounidense de permitir la venta de naloxona, un medicamento que puede revertir las sobredosis por opioides, al afirmar que sólo atiende las consecuencias de la crisis y “prolonga la agonía” de personas usuarias.
La oportunidad de abordar este problema desde la salud pública que había planteado en su inicio la administración de López Obrador sencillamente ha quedado en el pasado. El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 proponía adoptar alternativas a la llamada Guerra contra las drogas, entre las cuáles estaban adoptar un enfoque basado en redirigir los recursos al control y tratamiento de personas consumidoras y ayudar a personas con usos problemáticos con dosis controladas. Incluso proponía la descriminalización de estas sustancias y la coordinación con Estados Unidos para adoptar nuevos enfoques.
Pero nada cambió. La discusión sobre las sobredosis en México, como otros problemas sobre sustancias ilícitas, giran principalmente alrededor de la seguridad -con enfoque militarizado- y las propuestas de control de sustancias. El gobierno ha continuado apostando por el enfoque prohibicionista, con efectos lamentables sobre la seguridad y la salud pública.
En el marco de este día es imprescindible recordar que la llamada Guerra contra las drogas en México, que pretende terminar con el consumo de las sustancias por medio de la prohibición y represión de su producción y venta, es el enfoque equivocado para abordar los problemas de salud asociados con las sobredosis.
La evidencia demuestra que en países consumidores como Estados Unidos, el uso de drogas no se ha reducido y en cambio los precios de las sustancias han caído y el acceso a ellas ha aumentado, situación que también ya es una realidad en México. Hoy, la falta de alternativas dentro del mercado empuja a personas usuarias de opioides a tener que utilizar opioides sintéticos (como el fentanilo), que son mucho más riesgosos. Además, la falta de controles sobre la producción de drogas lleva a que, en alguna parte de la cadena productiva, otras sustancias queden contaminadas con fentanilo, lo que genera sobredosis entre personas que no saben lo que consumen. Adicionalmente, el clima de estigmatización de personas usuarias las aleja de servicios de salud, incluyendo la salud mental, y la falta de información aumenta el riesgo de que sus usos acaben en una sobredosis.
Esos son los verdaderos efectos de la política de drogas prohibicionista imperante en México, a los que se suman una crisis de inseguridad, violencia e impunidad ante el actuar de fuerzas de seguridad con el pretexto de “combatir” a los grupos criminales relacionados con la cadena productiva de esas sustancias.
Frente a la problemática de muertes evitables por sobredosis es imperativo exigir al gobierno que cambie su política para atender el tema desde la regulación de las drogas, la atención adecuada a la salud de las personas usuarias, así como la prevención de consumos tempranos y la reducción de daños, antes de que se convierta en una crisis de salud pública y cobre la vida de más personas en nuestro país.
* Alejandro Ravelo Sierra es investigador en el área de Incidencia de México Unido Contra la Delincuencia (<a href="https://twitter.com/MUCDoficial" target="_blank" rel="noopener">@MUCDoficial</a>).

Sobredosis de prohibicionismo

Este 16 de agosto de 2023 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un asunto de suma relevancia para quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Se trata del asunto en el que los familiares de Rocío Elías y Juan Carlos Peña exigen que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) les pague una indemnización como parte de su responsabilidad patrimonial por su ejecución extrajudicial. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
La importancia de esta sesión radica en que puede dejar dos precedentes cruciales: el primero es que la indemnización por ejecuciones extrajudiciales podría ser exigible por parte de las víctimas en cualquier momento posterior a los hechos, sin que el plazo para solicitarla se extinga; y el segundo tiene que ver con la importancia de que sea el máximo tribunal de este país el que reconozca que el Ejército es una de las instituciones causantes de este tipo de ejecuciones.
Rocío y Juan Carlos eran dos jóvenes de 29 años radicados en Nuevo León que, el 3 de marzo de 2010, fueron ejecutados por parte de un soldado tras quedar atrapados en una persecución mientras se dirigían a su hogar, tras salir del trabajo. El soldado no sólo los privó de la vida sino que, junto con otros elementos, movieron los cuerpos y les colocaron armas con la intención de criminalizarlos. Un día después, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que señalaron que ambos habían sido “delincuentes” abatidos como parte de un operativo.
Esto abrió una larga batalla legal en la que, desde 2016, la Sedena se ha negado sistemáticamente a reconocer su responsabilidad patrimonial en el caso -es decir, su obligación de indemnizar a las familias de las víctimas-. La Secretaría se ha negado arguyendo que el derecho de las víctimas a reclamar el pago habría prescrito a la hora de solicitarlo, según la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Tras insistir en su derecho, los familiares de Juan y Rocío lograron que el caso llegara a la Corte. Actualmente el proyecto de sentencia de amparo está en manos de la Ministra Margarita Ríos Farjat quien, en dicho proyecto, sugiere proteger a las víctimas y con base en parámetros internacionales reconoce que la indemnización debe ser dada sin importar el tiempo transcurrido.
Si esta votación se da de manera favorable, sentaría las bases para la obligatoriedad estatal respecto de la indemnización a víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y es que ¿cómo puede no existir responsabilidad del Estado Mexicano ante el hecho de que se pierda la vida de un civil derivado de actos de servidores públicos en funciones? Ante casos como los de Rocío y Juan, debe existir un proceso penal en contra del servidor público que ejecutó la acción, pero esto no libera al Estado de la obligación de reparar y responder al daño causado.
Es desafortunado que en nuestro ordenamiento jurídico aún existan modalidades -como el paso del tiempo (prescripción)- que permiten al Estado deslindarse del cumplimiento de una obligación originada de violaciones graves a derechos humanos.
Nuestros derechos como víctimas no deben prescribir. En el caso aquí expuesto, las familias de Rocío y Juan decidieron exigir la indemnización años después de los hechos y tras haber atravesado difíciles procesos. Es importante tener presentes los diversos contextos sociales y culturales en los que se ven inmersas las víctimas directas e indirectas de estas graves violaciones a derechos. No siempre es posible para ellas activar de manera inmediata a los hechos, mucho menos tanto como limitan los mecanismos judiciales previstos por la norma. Por esto, es muy acertado que en el proyecto de sentencia a discutir en la Corte se considere que no debe existir plazo para activarlos y que, por el contrario, esto pueda hacerse en cualquier momento.
Ahora bien, en lo relacionado a las ejecuciones extrajudiciales, han existido desde mucho tiempo atrás, sin embargo, sería la primera vez que la SCJN reconocería al Ejército Mexicano como uno de los perpetradores, lo que abriría las puertas al estudio de casos que se encuentran en similitud con el de Rocío y Juan Carlos de una manera progresiva en cuanto a la protección de derechos de las víctimas, dejando de lado posturas apegadas sólo al sistema normativo mexicano y retomando aquellas que armonizan el estudio de este tema con parámetros nacionales e internacionales de derechos humanos.
Debido a que este caso se registró en el marco de una estrategia de seguridad militarizada de “combate frontal” a grupos del crimen organizado, se abre también, una vez más, la oportunidad de cuestionar la presencia del ejército en tareas de seguridad: el fracaso de esta estrategia es un hecho. Cuando hablamos de elementos militares en tareas de seguridad nos referimos a funcionarios entrenados para matar, no para prevenir, perseguir e investigar la delincuencia. Para muestra, baste nombrar su índice de letalidad: por cada persona herida en un enfrentamiento con el ejército, cinco personas mueren, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> lo que deriva en aumento de la impunidad, pues asesinar evita que se hagan investigaciones de los delitos de manera adecuada y se imparta justicia.
La muerte de Rocío y Juan Carlos sucedió en un país que en sus normas nacionales e internacionales contempla la prohibición absoluta de la muerte de una persona por parte de un servidor público. Sin embargo ocurrió por el simple hecho de haber sido testigos de la letalidad militar y fueron silenciados con su fallecimiento. Es por ello que ahora deben existir todos los mecanismos posibles para que sus familiares, en calidad de víctimas, accedan a la indemnización <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> sin obstáculo alguno. El Estado a través de la Sedena debe responder a sus acciones. La ejecución de ambos fue consecuencia de la negligencia estatal ante una política de seguridad que ha tenido resultados desoladores desde 2006. La votación a este proyecto de manera favorable por la Primera Sala tiene la posibilidad de saldar una deuda pendiente con las víctimas para sentar un precedente histórico y dar un paso agigantado en el tema de reparación a derechos humanos vulnerados por ejecuciones extrajudiciales.
* Noemí Na-yhan Núñez Mejía es abogada en el área de litigio estratégico de México Unido Contra la Delincuencia.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Una ejecución extrajudicial es la privación de la vida de una persona (civil) por servidores públicos o bien por particulares bajo la orden de servidores públicos.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Reina, E.,<a href="https://elpais.com/mexico/2022-10-20/cinco-agresores-muertos-por-cada-herido-la-letalidad-del-ejercito-en-el-gobierno-de-lopez-obrador.html" target="_blank" rel="noopener"> Cinco agresores muertos por cada herido: la letalidad del Ejército en el Gobierno de López Obrador</a>, El país.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> La indemnización es sólo una parte de todo aquello que comprende la reparación integral del daño de las víctimas. Las medidas que cumplen con dicha reparación son restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

Ejecuciones extrajudiciales: que el ejército indemnice a las víctimas

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó sus datos preliminares de homicidios del año 2022, que sugieren una disminución nacional en homicidios, con una ponderación de 25 por cada 100 mil habitantes, la tasa a nivel nacional más baja desde 2017.
Sin retraso, el Gobierno Federal se apresuró a asegurar que su estrategia nacional de seguridad -militarizada, por supuesto- trajo como fruto estos resultados. Planteó una victoria. Lo cierto es que, reconociendo que el crecimiento de este delito en años recientes se ha detenido, los absolutos siguen siendo tremendamente altos como para alegrarse: 32 mil homicidios al año no se celebran como una victoria.
Ante la anticipada celebración política del gobierno federal, es urgente colocar análisis y evidencia de valor, para no permitirnos olvidar que falta mucho -mucho- para lograr transitar a un país cuyas cifras de homicidios se reduzcan significativamente y su comisión se prevenga y atienda adecuadamente.
Este 2023, en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) impulsamos cuatro spaces de Twitter en los que participaron 13 especialistas para analizar las causas de la violencia homicida en México y acciones para su reducción en cuatro estados prioritarios identificados en nuestro <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/Atlas-de-homicidios-2021_WEB.pdf" target="_blank" rel="noopener">Atlas de Homicidios México 2021</a>: Baja California, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato; entidades que, desde 2015, han sido las que presentan el mayor número de víctimas. Aquí compartimos cuatro premisas sobre violencia homicida que derivaron de estos diálogos que sirven para analizar la violencia letal de nuestro país ante el reciente anuncio del INEGI y anticipado grito de victoria del gobierno federal.
1. El crimen organizado no es la única causa de la violencia letal y, por tanto, no es el único factor a atender
Edgar Chaparro, Fiscal de Distrito Zona Occidente de Chihuahua, confirmó que en su estado una proporción significativa de los homicidios cometidos con arma de fuego se vinculan con la delincuencia organizada, pero es importante recordar que este factor no es causa única de la violencia homicida, sino una consecuencia de condiciones estructurales e históricas que han consolidado relaciones sociales profundamente desiguales. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
La violencia homicida está arraigada además a una cultura de la violencia  a decir de Óscar Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF): una “cultura del terror, del sacrificio y del castigo”, donde el mismo Estado hace parte al vincularse con actores criminales, configurándose así en un “Estado perverso”, como lo nombró Marlene Solís, también investigadora del COLEF.
Tampoco debemos olvidar que los homicidios suceden en un contexto que potencia la impunidad en un Estado patriarcal no pocas veces vinculado a los actores criminales violentos. Precisamente sobre ello, Carla Miranda, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México, hizo énfasis en que apenas 10 % de los casos judicializados por homicidio doloso terminan en una condena.
2. La violencia homicida es distinta en cada territorio y debe atenderse de manera focalizada
En las cifras preliminares del INEGI para 2022 destacan tres entidades por tener preocupante crecimiento en asesinatos: Colima, con +43 %, Hidalgo, con +32 % y Nuevo León, con +30 %. Mientras que Campeche y Colima presentaron máximos históricos.
En las discusiones aquí citadas que MUCD mantuvo con especialistas, se enfatizó que, en efecto, existen diferencias regionales en la dinámica de la violencia homicida. De ahí que la segunda premisa derivada de estos diálogos sea que, para comprender la expresión diferenciada de la violencia letal en México, es imperativo realizar análisis a nivel subnacional.
Para los casos de la violencia homicida en Baja California y Chihuahua, por ejemplo, Marlene Solís y Óscar Hernández recalcaron la importancia de estudiar la “condición fronteriza” como variable clave para comprender diversos fenómenos, como el tráfico de armas, un tema también expuesto por Zulia Orozco, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
3. La violencia homicida se expresa de forma diferenciada entre diversos grupos sociales 
Al exponer los datos sobre defunciones por homicidio que publica INEGI, Daniela Osorio, investigadora de MUCD, compartió la importancia de contar con indicadores sobre la dinámica de los homicidios, como el lugar de la agresión y el tipo de arma empleada, así como el perfil de las víctimas, fundamentalmente su sexo y edad.
Claramente no todas las personas son asesinadas en las mismas condiciones, de hecho, algunas de ellas son incluso criminalizadas y “deshumanizadas” en función de una estigmatización sobre ellas, como lo expuso Elizabeth Aristizábal, doctora de la UNAM, que advirtió sobre estigmas en las representaciones de los homicidios en las caricaturas de la prensa de Tijuana.
Un marcador social fundamental para comprender la dinámica diferenciada de la violencia letal es el género. Al respecto, Marlene Solís y Lydia Cordero, de Casa Amiga A. C. en Ciudad Juárez, coincidieron en que la estructura social patriarcal y los modelos violentos de masculinidad son factores estructurales de la violencia homicida y feminicida, aspecto en el que hay que prestar particular atención.
Entonces, es necesario ver más allá de la disminución general de la tasa de homicidios en el año 2022: ¿dónde se cometieron los asesinatos? ¿Con qué armas? ¿Cuál era el género y edad de las víctimas?
4. Urgen políticas públicas basadas en evidencia, con participación ciudadana
La cuarta premisa que nos aportaron los diálogos sostenidos con especialistas permite guardar esperanza aún en un contexto de incertidumbre: sí es posible reducir la violencia homicida en México.
Para lograrlo, es necesario emprender políticas fundadas en evidencia, que incorporen la participación de la sociedad -Rocío Hernández, socióloga con experiencia de trabajo territorial en Ecatepec, Estado de México, ejemplificó la importancia de las redes comunitarias de solidaridad ante la violencia multifactorial-, así como mejorar los procesos de investigación, prevención y reacción de las instituciones de seguridad y justicia.
Edgar Chaparro, por su parte, recordó que son tres los ejes de la investigación de los homicidios que deben consolidarse: 1) la policía investigadora , 2) el Ministerio Público y 3) los servicios periciales; mientras que Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) puntualizó que no sólo las policías ministeriales, sino también las policías preventivas locales tienen una importante función para la prevención y reacción ante la violencia homicida, implementando esquemas como la disuasión focalizada.
No hay, pues, victoria. Es ciertamente positivo que los homicidios registrados para 2022 hayan presentado -preliminarmente- una disminución, sin duda, pero es necesario tomarlo con perspectiva: tanto el análisis como la respuesta institucional a este problema ameritan voltear los ojos a las víctimas, para evitar que más de 30 mil se sumen cada año.
<a href="https://twitter.com/MUCDoficial" target="_blank" rel="noopener">@MUCDoficial</a>
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a>  Al analizar el caso de la violencia homicida en Guanajuato, Carmen Pizano, periodista de POPLab, recalcó que el fenómeno se enmarca en un contexto donde existen condiciones estructurales desventajosas para amplios sectores de la población, que sobreviven con bajos salarios en un estado con un importante desarrollo industrial. Para el caso de Ciudad Juárez, Arturo Chacón también destacó la preponderancia de los procesos de exclusión social como potenciadores de la violencia.

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