
El 28 de diciembre de 2025 asistimos a una nueva escalada de la represión por parte del gobierno de Irán. Ese día, miles de personas que demandan mejoras económicas y un cambio de régimen, por uno que respete sus derechos humanos, fueron cruelmente reprimidas. La escalada represora ha costado la vida a unas 3 mil 117 personas, según datos oficiales. La ONU ha informado de 5 mil muertes, que podrían llegar a 20 mil, incluidas niñas y niños. La dimensión de la crisis es incierta porque el flujo de información está bloqueado por un apagón de internet, el más largo impuesto en el país, que mantiene aisladas a 90 millones de personas del resto del mundo.
Un equipo de Amnistía Internacional ha logrado sortear, aunque no sin problemas, el bloqueo informativo y documentar –con información de periodistas, de familias de personas detenidas y videos–, la comisión de homicidios ilegítimos en masa en la provincia de Teherán y la forma en que patrullas establecen controles a la población en diferentes regiones del país. Las detenciones se cuentan en millares. La situación es alarmante.
De acuerdo con la información con que cuenta nuestra organización, las manifestaciones han tenido lugar en las 31 provincias iraníes y han sido masivas en Alborz, Kermanshah, Teherán y Jorasán Razaví. El levantamiento actual es considerado ya como el mayor desde el movimiento Mujer Vida, Libertad, en el que miles de personas protestaron contra la discriminación por motivos de género.

La investigación de Amnistía Internacional revela que en la represión de la población participan la Guardia Revolucionaria Islámica –incluidos sus batallones basij–, diversas divisiones de la policía iraní, conocidas por el acrónimo Faraja, así como agentes vestidos de civil.
En su accionar, las fuerzas de seguridad iraníes han incurrido en uso ilegítimo de la fuerza, violando con ello los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la misma; han utilizado armas prohibidas y durante las detenciones en masa han cometido desaparición forzada e incomunicado a las personas detenidas, a quienes someten a tortura y otros malos tratos, así como a violencia sexual, palizas, amenazas de ejecución sumaria, además de que les niegan comida, agua y atención médica.
Las detenciones las efectúan en el marco del toque de queda nocturno, durante allanamientos a domicilios, en puestos de control, centros de trabajo e incluso hospitales, así como en redadas. Entre las personas detenidas están estudiantes universitarios, personas defensoras de los derechos humanos, personas abogadas, profesionistas, periodistas, integrantes de minorías étnicas y religiosas e incluso infancias.
Con su actuación arbitraria, las fuerzas de seguridad del régimen islámico han violado los derechos a la vida, a no sufrir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho de reunión pacífica. En este contexto, también han violado normas del derecho internacional de los derechos humanos entre ellas: los principios sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego; el código que rige la conducta de las fuerzas de seguridad, así como el Protocolo que deben seguir los agentes del orden en manifestaciones pacíficas.
Las protestas de la población iraní han marcado diferentes momentos de la historia reciente del país, como las ocurridas en diciembre de 2017-enero de 2018; de noviembre de 2019 (contra el incremento del combustible), julio de 2021; noviembre de 2021; mayo de 2022 y de septiembre-diciembre de 2022, esta última detonada por la muerte de la joven Mahsa Zhina Amini, a manos de elementos de seguridad, lo que dio lugar al levantamiento nacional Mujer Vida, Libertad, en el que miles de personas tomaron las calles para exigir respeto a los derechos de las mujeres y contra décadas de opresión del régimen islámico.
Las causas que han dado lugar a las protestas incluyen aspectos económicos y de derechos humanos. En este sentido, por años, el gobierno iraní ha limitado el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica; los derechos de las mujeres y las niñas; de las personas LGBTI; de las minorías étnicas y religiosas, lo que ha sumido a éstas en un pozo sin fondo de discriminación y violencia sistémicas. Las personas que exigen ejercer sus derechos humanos sufren detenciones arbitrarias, interrogatorios en situaciones de extrema violencia e incluso son hostigadas y procesadas en juicios alejados de toda legalidad.
Amnistía Internacional ha logrado documentar, por décadas, crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por el régimen iraní contra sus habitantes.
Entre las investigaciones más recientes que hemos hecho públicas están las relacionadas con homicidios ilegítimos y uso ilegítimo de la fuerza; detenciones y reclusiones arbitrarias en masa; desapariciones forzadas; tortura y otros malos tratos, además de la detención de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y disidentes, luego de las hostilidades entre Irán e Israel de junio de 2025 y la expulsión de más de un millón de personas afganas en ese mismo año. Todo ello independientemente de los reportes que incluimos año tras año en nuestro informe, La situación de los derechos humanos en el mundo.
Las protestas actuales iniciaron luego de la devaluación de la moneda, lo que implicó un fuerte proceso inflacionario. A ello se suma que por años ha habido una mala gestión de los servicios: hay escasez de agua y frecuentes cortes de electricidad. La crisis abarca una degradación medioambiental también de larga data, que afecta a minorías étnicas, como la kurda y la baluchi, sumidas en una insuperable pobreza y marginación.
Los reclamos sociales han sido recurrentes por décadas, sin que el gobierno haya tomado medidas para salvaguardar los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Las mujeres se encuentran entre los grupos de población que más ha sufrido la brutal represión del régimen islámico. En abril de 2024 las autoridades pusieron en práctica el denominado Plan Noor (plan Luz) por el cual se incrementó la vigilancia para que las mujeres usaran el hiyab en espacios públicos. En ese entonces el líder supremo de Irán, Ali Kamenei, emitió una declaración estableciendo que el uso obligatorio del hiyab es un “mandato ordenado por la religión y obligatorio para las mujeres” y que su incumplimiento está impulsado por “injerencias extranjeras”.
Así, la denominada “policía moral” obligó a 40 millones de mujeres y niñas a cumplir, contra su voluntad, con la medida que les impone un estricto control sobre su cuerpo, violando su derecho a la igualdad, la intimidad, la libertad de expresión, de creencias, degradándolas y privándolas de su derecho a la autoestima.
La abogada Nasrin Sotoudeh, defensora de los derechos humanos de las mujeres, quien es una férrea opositora al uso del hiyab, fue condenada en marzo de 2019 a 38 años y seis meses de cárcel y a recibir 148 latigazos por oponerse al uso de esa prenda. Entre los cargos que le imputaron estaba “incitación a la corrupción y la prostitución”.
En 2019, después de la condena a Nasrin Sotoudeh, la joven Yasaman Aryani, con gran coraje y esperanza de contribuir a un cambio en favor de los derechos de las mujeres, circuló en el metro de Teherán sin el hiyab, al tiempo que repartía flores blancas. En la acción, realizada en el Día Internacional de la Mujer, fue acompañada por su madre. Las fuerzas de seguridad detuvieron a Yasaman y se la llevaron sin revelar su paradero, por lo que fue víctima de desaparición forzada. Finalmente, fue sentenciada a 16 años de cárcel. Su caso lo incluimos en nuestra campaña insignia Escribe por los Derechos de ese año.
El control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres no se limita a su vestimenta, pero es la forma de opresión más visible que sufren y que incita a la violencia en su contra.
Así ocurrió a la joven Masha Amini quien fue detenida 13 de septiembre de 2022 en la ciudad de Saqez, provincia de Jurdistán, por no portar debidamente el hiyab. Al subirla a una camioneta, la policía “de la moral” la golpeo severamente mientras la trasladaba a un centro de detención provocándole un estado de coma. Masha murió el 16 de septiembre de 2022. Su muerte dio lugar al levantamiento nacional, denominado “Mujer, vida y libertad”, en pro de los derechos de las mujeres.
La represión de ese movimiento fue brutal. Amnistía Internacional documentó que las fuerzas de seguridad utilizaron fusiles de asalto, armas de fuego cargadas con perdigones de metal y latas de gas lacrimógeno, y golpearon duramente con porras a quienes se manifestaban, lo que se tradujo en el homicidio ilegítimo de cientos de manifestantes y transeúntes, incluidos decenas de niños y niñas.
A raíz de esa situación, Amnistía Internacional formuló una Petición a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la creación de un Mecanismo Internacional Independiente de Investigación y Rendición de Cuentas sobre Irán. Un millón de personas, 250 mil de ellas en Irán, se sumaron al llamado que, finalmente tuvo éxito y, en noviembre de 2022 se estableció dicha misión.
Como en esa ocasión, ahora, ante las atrocidades que ocurren en Irán, todas y todos tenemos que volver a actuar. Amnistía Internacional hizo un llamado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, máximo organismo de seguridad de Irán, para que ponga fin de inmediato al uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego y restaure el acceso a internet.
Igualmente, hemos pedido a las autoridades iraníes la libertad de todas las personas detenidas; que se establezca el paradero las víctimas de desaparición forzada; proteger a las personas que están bajo custodia de actos de tortura, malos tratos y se les permita acceso a un abogado, así como detener las acciones de intimidación y hostigamiento a las familias de las personas que han sido detenidas.
Desde este foro invito, como en otras ocasiones, a las personas lectoras a que expresen su solidaridad con las y los ciudadanos iraníes y se sumen a la Petición que tenemos en nuestra página de internet, en la que exigimos respeto a los derechos humanos de las personas iraníes y a detener el “derramamiento de sangre”. Ya hemos demostrado mediante el activismo que nuestros esfuerzos solidarios han dado fruto, ¡hoy es el momento de hacerlo una vez más! ¡Desde México hasta Irán, las protestas vivirán!
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).

Washington aumenta la presión a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una vuelta de tuerca más en su campaña de presión contra el gobierno comunista de la isla.
La medida, autorizada por una orden ejecutiva en la que Trump declaró la existencia de una emergencia nacional, no especificó ninguna tasa arancelaria ni señaló específicamente a ningún país.
La orden ejecutiva lleva por título “Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos” y declara una emergencia nacional debido a “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba” que, según la orden, “constituyen una amenaza extraordinaria e inusual” para Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó enérgicamente la medida de Trump catalogándola de una “nueva escalada de EE.UU. contra Cuba” y desestimó las acusaciones del presidente estadounidense como “una larga lista de mentiras (…) que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.
En su cuenta de X Rodríguez escribió que Washington “intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia” a los pueblos de lo que llamó “Nuestra América”.
México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba luego de que los envíos desde Venezuela se suspendieran tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha explicado que su país hace dos tipos de envíos de crudo a la isla: de ayuda humanitaria y por contratos entre Pemex, la petrolera mexicana, y el gobierno cubano.
El anuncio de Trump parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.
Trump ha hablado repetidamente de la necesidad de actuar contra los líderes del gobierno cubano.
Esta semana dijo que “Cuba va a colapsar muy pronto”, y se felicitó porque Venezuela, el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Maduro, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.
Trump declara tener como objetivo que el gobierno cubano responda por su “apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses”.
Washington acusa a Cuba de desestabilizar la región y colaborar con potencias rivales como Rusia y China, y “grupos terroristas como Hezbolá y Hamás”, a los que daría “refugio seguro”.
Como respuesta, la orden abre la puerta a la imposición de aranceles a los productos procedentes de cualquier país que suministre “directa o indirectamente” petróleo a Cuba.
La nueva orden ejecutiva supone otro ejemplo del uso de las amenazas arancelarias como una herramienta de política exterior de la que Trump ha hecho gala desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.
Trump planteó en unas recientes declaraciones la posibilidad de un acuerdo entre Washington y La Habana, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó tal posibilidad, acusando a Estados Unidos de falta de autoridad moral.
El canciller cubano añadió en sus redes sociales que “EE.UU. recurre también al chantaje y la extorsión, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba”.
Terminó denunciando el “brutal” embargo económico de 65 años de EE.UU. contra la isla, el “más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”.
Con respecto a esas condiciones “extremas”, el presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, escribió con anterioridad que el efecto de los propuestos aranceles de Trump “sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,… en resumen, todas las esferas de la vida”.
Legañoa acusó a Estados Unidos de querer “asfixiar” a Cuba y tratar de buscar un “genocidio”.
En realidad, el país ya atraviesa un debilitante “período especial”, con dificultades para garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
Según un informe publicado en el diario Financial Times, no está muy lejos de empezar a sentir las consecuencias de las nuevas restricciones.
“Cuba solo tiene suficiente petróleo para durar entre 15 y 20 días con los niveles actuales de demanda y producción interna”, escribió el diario en su edición del jueves citando datos de la firma Kpler.
El diario añadió que “su último proveedor restante, México, pareciera cancelar un envío mientras que Estados Unidos bloqueó las entregas desde Venezuela”, refiriéndose a una interrupción temporal de un embarque de petróleo a Cuba hace unos días.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó ambigüedad al decir que la pausa fue a causa de las fluctuaciones generales del suministro y no de la presión ejercida por EE.UU.
“Es una decisión soberana”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria del miércoles. “(La) decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”
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