Alessandra Rojo denuncia agresiones en operativo contra comerciantes en San Cosme; Gobierno de CDMX se deslina de reordenamiento
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció en video haber sido agredida y golpeada tanto ella como su equipo mientras realizaban un operativo de reordenamiento de comerciantes en la Ribera de San Cosme.
Mencionó que llegaron alrededor de 200 personas y acusó que se trató de un engaño, pues el personal de la demarcación acudió para tener una reunión con representantes del Gobierno de la Ciudad y vendedores en espera de concertar y llegar a acuerdos para la liberación del espacio. Durante la noche, autoridades capitalinas aseguraron que fue la alcaldía quien no se presentó a la cita programada.
Rojo de la Vega también denunció un aumento desmedido de locales comerciales por la entrega de supuestos permisos por parte de autoridades de la CDMX.
“Estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos, pasaron a 22 puestos por permisos del gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado. Estuvimos esperando una hora porque supuestamente iban a llegar a concertar, del gobierno de la Ciudad (…) Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron es tendernos una trampa y mandarnos a toda la gente de Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena, para golpearnos”, comentó en un video.
La alcaldesa detalló que personal de la Cuauhtémoc resultó lesionado y que incluso ella fue golpeada y derribada de la motocicleta, por lo que tuvo lesiones en la cara, espalda, hombro y brazos.
Ante los hechos de violencia registrados durante un operativo de vía pública en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, por personas vinculadas a la diputada de @PartidoMorenaMx @DianaSanchezBar Barrios exigimos que, tras la denuncia presentada, se aplique todo el rigor de la ley contra… pic.twitter.com/K1l9AW3LWb
— Verónica Juárez Piña (@juarezveromex) February 14, 2026
En videos compartidos por personal de la alcaldía se observa el momento en el que hubo empujones y golpes entre policías, trabajadores y comerciantes. En otras imágenes también se puede ver a la alcaldesa gritarle insultos a los comerciantes y mostrar señas obsenas.
Tras los hechos, Alessandra Rojo de la Vega acudió a la Fiscalía de la CDMX a presentar una denuncia.
Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulante en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley? Hoy soy yo, pero todos los días son… pic.twitter.com/8x6lyri5KM
— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 14, 2026
En sus videos, la alcaldesa de Cuauhtémoc responsabilizó de los hechos a Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena en el Congreso de la CDMX y lideresa de comerciantes del Centro Histórico debido a que los vendedores le indicaron que formaban parte del grupo presuntamente encabezado de la funcionaria.
En respuesta, Sánchez Barrios acusó a la alcaldesa de ser “prepotente, intolerante y enemiga del pueblo” y acusó que el personal de la demarcación acudió de forma violenta a retirar a los comerciantes, los cuales ya habían sido reubicados hace más de un año provenientes de los túneles de la Glorieta de Insurgentes.
La diputada aseguró que ella no dirige la organización de comerciantes pero que los va a “defender” y mencionó que las acusaciones en su contra son por haber denunciado supuestas licitaciones simuladas, que le costaron 97 millones de pesos a la gente de la Cuauhtémoc.
“Es importante señalar que, aunque yo no presido la organización Pro Diana, a la que pertenecen las y los comerciantes, voy a defenderlos, porque el gobierno de Rojo de la Vega está violentando derechos, todo con el objetivo de cumplirle a los grandes capitales inmobiliarios que están detrás de ella y que buscan una alcaldía sin pueblo, gentrificada y encarecida para lucrar con la especulación inmobiliaria. Alessandra, yo no me escondo”.
La legisladora local agregó que está brindando asesoría legal a las personas agredidas y que el domingo presentará una cronología de los hechos para denunciar “el comportamiento abusivo, homofóbico y clasista de la alcaldesa”.
Gobierno de CDMX asegura que alcaldía Cuauhtémoc no asistió a reunión con comerciantes
En un comunicado publicado el viernes por la noche, el Gobierno de la CDMX dio su postura sobre la agresión denunciada por la alcaldesa de Cuauhtémoc y el aumento de comercio en San Cosme.
Detalló que desde el 12 de febrero un grupo de comerciantes realizó un bloqueo en el cruce de Avenida de los Insurgentes y Rivera de San Cosme por lo que acudió personal de concertación para dialogar y liberar la vialidad.
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La razón de la protesta habría sido un operativo efectuado por la Alcaldía Cuauhtémoc en dicha zona, el cual impidió a los comerciantes continuar con su actividad. Los vendedores refirieron que fueron reubicados a ese punto, tras haber sido retirados en 2024 de la Glorieta de los Insurgentes.
“Durante el bloqueo se contó con la presencia de Ericka Rodríguez, directora de Mercados, y de Esteban Velázquez, subdirector de Vía Pública, ambos de la Alcaldía Cuauhtémoc. En ese momento, se acordó sostener una reunión al día siguiente para revisar la documentación que presentarían los comerciantes”, detalla el comunicado.
Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo debido a la inasistencia del personal de la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que los comerciantes se reinstalaron y la demarcación realizó un nuevo operativo en el que se registraron las confrontaciones.
Condeno enérgicamente la agresión contra la alcaldesa @AlessandraRdlv y nuestras compañeras y compañeros de la @AlcCuauhtemocMx durante el reordenamiento del comercio en San Cosme hoy 13 de febrero. Una Policía Auxiliar resultó fracturada del brazo y otras más con golpes.
La… pic.twitter.com/pPCfhDSHJI
— Lilian ChapaKoloffon (@cklilian) February 14, 2026
En su tarjeta informativa, el gobierno capitalino precisó también que el ordenamiento del comercio en vía pública, así como la expedición de los permisos correspondientes, es una atribución única y exclusiva de la alcaldía Cuauhtémoc y la Secretaría de Gobierno rechazó cualquier acto de agresión o violencia.
Respaldan a la alcaldesa de Cuauhtémoc
Alcaldes, legisladores y políticos de oposición enviaron su respaldo a Alessandra Rojo de la Vega y solicitaron que se investigue lo ocurrido y acusaron a las autoridades federales y locales por la agresión.
Entre quienes enviaron mensajes destacan los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
Fox aseguró que se trató de un “atentado contra la democracia” y que no de debe intimidar a quien piensa diferente ni “se golpea a una mujer por hacer política.
Mientras que Calderón envió su solidaridad en redes sociales, pidió que se castigue a los responsables y acusó que en CDMX se ha destado un “gobierno de hordas” y se ha permitido el “desorden en las calles, fruto de la corrupción rampante”, lo que será la “ruina de la CDMX”.
El presidente del PAN, Jorge Romero, también envió su respaldo a Rojo de la Vega y condenó los hechos al señalar que son aún peores porque ocurrieron contra una mujer “a la que simplemente no le permiten hacer su trabajo”.
Mientras que el líder del PRI, Alejandro Moreno, calificó la agresión como “grave y cobarde”, por lo que exigió a las autoridades aplicar la ley. “La Ciudad de México merece orden y respeto”
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se sumó al apoyo a su compañera. “Nada justifica la violencia, mucho menos cuando se intenta imponer sobre la ley. Que se haga una investigación a fondo y se sancione a los responsables”.
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Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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