Asesinan a presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Cuauhtémoc, en Colima
Samuel González Rodríguez, presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, en Colima, fue agredido a balazos cuando salía de su domicilio de la colonia La Lagunilla durante la noche de este martes.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Colima indicó que al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de esta institución, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida, identificado como Samuel “N”, de 69 años de edad, originario de Cuauhtémoc.
“El Ministerio Público ordenó la intervención de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes en el sitio. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley e integrar los dictámenes periciales a la carpeta de investigación”, señaló la dependencia.
En ese sentido, la fiscalía abrió una carpeta para iniciar la investigación por homicidio.
“La Fiscalía ha iniciado con los trabajos de campo y gabinete para el esclarecimiento de los hechos y para dar con personas responsables de los mismos, con el compromiso de llevarlos ante la justicia y procesarlos conforme a derecho”, señaló.
Recrudece la violencia en Colima
Los datos oficiales consultados por Animal Político confirman la dimensión del problema. De acuerdo con las defunciones por homicidio del INEGI, Colima registró en 2020 una tasa de 94.5 homicidios por cada 100 mil habitantes; en 2021, aunque la cifra descendió a 81.5, el estado se mantuvo entre los más violentos del país. A partir de 2022, la situación se agravó de forma clara: la tasa se disparó a 115.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, colocándolo en el primer lugar nacional.
Lejos de revertirse, la tendencia continuó. En 2023, Colima alcanzó una tasa de 118.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en 2024 cerró con 123.2, la más alta registrada en México ese año. En términos simples, la probabilidad de morir asesinado en Colima fue cuatro o cinco veces mayor que el promedio nacional.
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Para dimensionar la magnitud de la violencia en Colima basta una comparación directa. En 2024, la entidad cerró con una tasa de 123.2 homicidios por cada 100 mil habitantes. Bien, pues ese nivel de letalidad duplica al de estados históricamente violentos como Baja California, que ese año registró una tasa cercana a los 65 homicidios por cada 100 mil, y supera ampliamente al vecino Michoacán, cuya tasa se ubicó alrededor de los 40 a 45 homicidios, pese a concentrar muchos más asesinatos en números absolutos.
En Jalisco, otra de las entidades más golpeadas por la violencia criminal, la tasa fue todavía menor, en un rango aproximado de 20 a 30 homicidios por cada 100 mil habitantes.
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La fiscalía de Colima confirmó que tenía abierta una investigación por la desaparición de Jorge Bladimir Preciado Navarrete, hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, ocurrida en territorio colimense el pasado 5 de febrero.
La búsqueda del joven de 29 años se ha extendido a Jalisco, luego de que las autoridades reportan la localización del vehículo en el que presuntamente viajaba, el cual fue hallado calcinado en la zona limítrofe entre ambas entidades.
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Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní han reabierto el debate sobre el uso legítimo de la fuerza en la escena internacional.
Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní ya han causado víctimas civiles. También provocaron la condena del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien instó a todas las partes a respetar el derecho internacional.
Ambos bandos afirman que sus acciones armadas están justificadas, pero para verificar si los ataques iniciales contra Irán fueron legales debemos remontarnos a los estándares del derecho internacional que la mayoría de países acordaron, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Poco después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero, el presidente Donald Trump acusó a Teherán de construir armas nucleares que amenazan a los aliados de Washington y podrían “pronto alcanzar territorio estadounidense”.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el 2 de marzo que Estados Unidos tuvo que “atacar preventivamente” ya que la administración sabía que iba a producirse “una acción israelí” contra Irán.
Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo a la BBC que los presuntos planes de Irán para “desarrollar una bomba” son, por sí solos, motivo suficiente para los ataques.
Irán ha respondido bombardeando Israel y países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses, alegando la legítima defensa.
Las cifras de víctimas siguen aumentando. De acuerdo con organizaciones humanitarias, más de 1.000 personas han muerto en Irán desde el inicio de los ataques. Mientras, en Líbano, decenas de personas han perdido la vida a causa de los bombardeos israelíes.
Por otro lado, decenas más, incluidos seis soldados estadounidenses, han muerto en Israel y en los países del golfo Pérsico.
¿Fueron legales los ataques?
Los expertos legales con los que ha hablado la BBC sostienen que las condiciones jurídicas necesarias para el ataque inicial de Estados Unidos e Israel no parecen haberse cumplido, aunque la represalia de Irán también podría haber violado el derecho internacional.
Según la Carta de la ONU, el documento fundacional de la organización, los países, por regla general, no pueden recurrir a la fuerza militar contra otro Estado, salvo que exista una excepción específica.
Dos disposiciones son fundamentales:
- Artículo 2(4): prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra otros Estados.
- Artículo 51: permite el uso de la fuerza en respuesta a un ataque armado. Algunos Estados sostienen que esto también incluye ataques inminentes.
La cuestión jurídica clave es, por tanto, si Irán representaba una amenaza inminente.
Susan Breau, experta en derecho internacional del Instituto de Estudios Legales Avanzados, un centro de análisis británico, señaló que una defensa legítima requeriría “pruebas irrefutables de un ataque inminente”, y añadió que no ha visto ninguna evidencia de ese tipo.
Coincide con ella el destacado abogado de derechos humanos Geoffrey Nice, quien entre 1998 y 2006 dirigió la acusación contra el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević en el Tribunal Penal Internacional.
“No se ha presentado ninguna prueba”, dijo Nice. “Existe una buena posibilidad de que el inicio de la guerra no haya sido legal”.
En Estados Unidos, muchos demócratas sostienen que la operación contra Irán es ilegal, al argumentar que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.
Sin embargo, como comandante en jefe, un presidente estadounidense puede llevar a cabo ciertas operaciones militares sin una declaración formal de guerra.
¿Había una amenaza inminente?
El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos intentó negociar con Irán después de bombardear tres instalaciones nucleares en junio de 2025, pero que Teherán “rechazó cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”.
Ha sostenido que Irán estaba intentando reconstruir su programa nuclear y desarrollar misiles de largo alcance capaces de amenazar a aliados de Estados Unidos, a tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero y, al final, de alcanzar territorio estadounidense.
“Hay más que suficiente información que muestra que… los iraníes estaban preparando sus fuerzas de misiles para atacar antes de que Estados Unidos o Israel tomaran la decisión de seguir adelante”, dijo a la BBC Ezra Cohen, quien formó parte del equipo de inteligencia y seguridad del presidente Trump durante su primera administración.
Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, afirmó en una rueda de prensa el lunes que Irán tenía “un programa nuclear muy grande y ambicioso”, pero que él no había visto pruebas que sugirieran “un programa estructurado para fabricar armas nucleares”.
Un informe de mayo de 2025 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos (DIA) concluyó que Irán seguía a años de producir misiles de largo alcance.
Los expertos también señalan que la afirmación de Trump de que el programa nuclear iraní había quedado “aniquilado” después de la guerra de 12 días del año pasado parece incompatible con la idea de que Teherán representara una amenaza inminente.
Uno de los debates centrales en derecho internacional gira en torno a cuán estrictamente debe interpretarse el concepto de “inminencia”.
Tradicionalmente, inminencia significa “el último momento posible en que puedes interrumpir un ataque que, de otro modo, llegaría de forma inevitable a tu territorio”, explica Marc Weller, académico de derecho internacional de la Universidad de Cambridge.
También existe un debate de larga data sobre cuándo un Estado puede emplear la fuerza de forma legítima en defensa propia anticipada, señala Breau: algunos sostienen que el ataque debe haber comenzado ya; otros afirman que la defensa anticipada ya estaría justificada si existen pruebas creíbles de que un ataque ocurrirá muy pronto.
“Pero no dentro de diez años”, remarca.
Breau añade que la defensa propia legítima exige dos condiciones: la necesidad —”sin otra opción posible”— y la proporcionalidad.
Weller y Breau consideran que el ataque israelí contra Egipto en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, es uno de los ejemplos más citados de defensa propia anticipada en la historia moderna.
En ese momento, muchos creían que las tropas egipcias concentradas en la frontera estaban listas para lanzar un ataque, afirma Breau.
Sin embargo, sostiene que, incluso entonces, el ataque israelí se consideró “controvertido”.
¿Ha sido legal la respuesta iraní?
Muchos expertos consideran que la respuesta de Irán también podría haber vulnerado el derecho internacional.
Weller afirma que Teherán ha infringido el derecho internacional al llevar a cabo “ataques indiscriminados” contra países del Golfo.
Geoffrey Nice subraya que, aunque Irán pueda invocar la legítima defensa, su respuesta debe ser “proporcionada”. La proporcionalidad, explica, exige valorar el objetivo militar frente al daño colateral que se puede prever.
“En el caso de Irán, el uso de misiles que quizá no estén dirigidos de manera precisa y estricta puede considerarse con facilidad como desproporcionado y, por tanto, ilegal”.
Breau coincide y menciona el célebre hotel Fairmont del centro de Dubái, que ha sido impactado por fuerzas iraníes. “Ese no era un objetivo militar, sino un objetivo civil”.
Un peligroso precedente
Los expertos advierten que no identificar con claridad los casos de usos ilícitos de la fuerza podría acabar debilitando el sistema jurídico internacional.
Breau alerta de que otros países podrían invocar razonamientos similares y recurrir al uso de la fuerza, como China, que podría recurrir al uso unilateral de la fuerza contra Taiwán, a la que considera una provincia separatista.
“No hay nada más peligroso para el sistema internacional que aceptar usos ilícitos de la fuerza”, señala.
En un artículo para Chatham House, Weller advierte que será difícil oponerse a “más agresiones rusas o a un posible expansionismo chino” sin “desatar acusaciones de doble rasero e hipocresía”, y que Estados Unidos y otros Estados podrían lamentar “la pérdida de autoridad legal y moral que esto implicaría”.
Si los países poderosos violan repetidamente el derecho internacional sin consecuencias, muchos temen que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial colapse y dé paso a la ley del más fuerte.
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