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Detienen a cinco presuntos integrantes de “Los Kena” en Coyoacán; son ligados a la Unión Tepito
Detienen a cinco presuntos integrantes de “Los Kena” en Coyoacán; son ligados a la Unión Tepito
Foto: Gabinete de Seguridad
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Detienen a cinco presuntos integrantes de “Los Kena” en Coyoacán; son ligados a la Unión Tepito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) aseguró se presentaron distintas denuncias por la probable comisión de delitos de almacenamiento de narcóticos en viviendas ubicadas en la alcaldía Coyoacán.
30 de enero, 2026
Por: Redacción Animal Político

Tras realizar diversas órdenes de cateos en domicilios ubicados en la alcaldía Coyoacán, autoridades federales y capitalinas detuvieron a cinco hombres presuntamente ligados a un grupo generador de violencia en el sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, los detenidos son: Irán Salvador Cadena Becerra alias “El Güero” de 40 años, identificado como líder de la célula delictiva “Los Kena”, junto a sus colaboradores José David Aguirre de 28 años, Diego Gael Vázquez Romero de 21 años, Noé Romero Vidal de 52 y a Arturo Romero Vidal de 42 años.

“Los Kena están ligados a La Unión Tepito. Dedicados a la venta y distribución de narcóticos en la zona sur de la Ciudad y sus límites con el estado de Morelos, así como a la extorsión en las colonias Carmen Serdán y Emiliano Zapata”, afirmó la dependencia.

Detienen a cinco presuntos integrantes de “Los Kena” en Coyoacán; son ligados a la Unión Tepito
Foto: Gabinete de Seguridad

Indicó que se aseguraron varias dosis de aparente droga.

“En atención a distintas denuncias por la probable comisión de delitos de almacenamiento y distribución de narcóticos en viviendas ubicadas en dicha demarcación, se realizaron trabajos de investigación e inteligencia, vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento”, precisó la dependencia.

Detenciones en Coyoacán

De acuerdo con la secretaría, el primer cateo fue realizado en la avenida Santa Ana, colonia Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, donde decomisaron un kilogramo y medio de posible marihuana, 500 gramos de una sustancia color blanco con las características del crystal y detuvieron a un hombre de 40 años.

“Dos intervenciones más se llevaron a cabo en la colonia Carmen Serdán, una en la calle Gertrudis Bocanegra y otro en la calle María Tomasa Estévez, donde aseguraron 62 bolsas de plástico de diferentes colores que contenían aparente marihuana, una bolsa con un polvo similar a la cocaína a granel y ocho bolsitas más de plástico de color azul con la misma sustancia”, señaló la secretaría.

Detienen a cinco presuntos integrantes de “Los Kena” en Coyoacán; son ligados a la Unión Tepito
Foto: Gabinete de Seguridad

En ese sentido, dos cateos más se realizaron en la colonia Popular Emiliano Zapata, una en la calle Tierra y Libertad, y otra en la calle Anenecuilco, donde hallaron 78 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana, varias dosis de una sustancia sólida color blanco con las características del crystal y detuvieron a cuatro sujetos de 21, 28, 42 y 52 años

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“Los inmuebles fueron asegurados y sellados, asimismo, se encuentran bajo resguardo policial, en tanto a las cinco personas detenidas, los policías les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso”, mencionó la secretaría.

Violencia en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, indicó que en su primer año, hubo diversos avances en materia de seguridad.

Uno de los principales ejes del discurso fue la reducción sostenida en los índices delictivos de alto impacto, que según cifras oficiales, han disminuido un 60 % entre 2019 y 2025, y entre el año pasado y este la baja es de 12 %.

La mandataria capitalina informó que las detenciones por delitos de alto impacto aumentaron en un 18 % durante este año. Se han desarticulado 44 grupos delictivos y se reportaron 6,757 detenciones de alto impacto entre enero y septiembre. En cuanto al delito de feminicidio, indicó que hubo una disminución del 48 % en comparación con 2024.

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De los 33 casos registrados este año, en 28 ya hay personas detenidas o con órdenes de aprehensión.

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Foto: Gabinete de Seguridad

En el ámbito legislativo, Brugada aprovechó para anunciar reformas para endurecer las penas por despojo, amenazas, delitos de asociación delictuosa y violencia política de género.

También se reforzaron las acciones de búsqueda de personas desaparecidas con la creación de un gabinete especializado, un centro de resguardo temporal para cuerpos no identificados y un protocolo homologado de búsqueda inmediata. El gobierno capitalino también señaló avances en la instalación de 115,000 cámaras de videovigilancia y la adquisición de 3 mil 500 patrullas.

 

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Imagen BBC
La lucha de poder en Guatemala que revela la reciente ola de violencia de la pandilla Barrio 18
12 minutos de lectura

El gobierno guatemalteco atribuye a sus rivales políticos el asesinato hace unos días de una decena de policías.

28 de enero, 2026
Por: BBC News Mundo
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Células de la pandilla Barrio 18 asesinaron la mañana del 18 de enero a diez policías e hirieron a otros ocho, en uno de los ataques más letales de los últimos años contra las fuerzas de seguridad en Guatemala.

La ofensiva criminal comenzó un día antes en la capital del país con la toma de tres presidios de forma simultánea, donde reos vinculados a las maras mantuvieron como rehenes a 46 empleados de prisiones.

El presidente Bernardo Arévalo, que gobierna desde hace un año en un contexto de fuerte confrontación con la poderosa y cuestionada fiscalía guatemalteca, decretó el cierre provisional de escuelas y un estado de sitio por 30 días en todo el país.

El gobierno acusa a sus adversarios políticos de estar detrás de los ataques para generar caos; la oposición se desliga y acusa al gobierno del presidente Arévalo de tibieza en el combate a las pandillas; Barrio 18 se muestra hermético con la prensa y apenas esboza unas quejas sobre las condiciones de vida de los penales; y la población, ajena a las disputas entre criminales y élites políticas, espera no ser blanco del siguiente ataque.

Para entender el origen y las implicaciones de esta nueva crisis, BBC Mundo habló con miembros del Barrio 18, altos mandos de la cartera de seguridad del gobierno guatemalteco, personeros de la policía, activistas en los territorios controlados por pandillas y personas cercanas al ejecutivo.

Un ataque anunciado

BBC Mundo contactó con un alto funcionario del gobierno involucrado directamente con el manejo de esta crisis, quien brindó declaraciones bajo el compromiso de no ser identificado en esta nota, y a quien nos referiremos como funcionario 1.

Esta persona aseguró que agentes de inteligencia penitenciaria detectaron el jueves 15 de enero un plan de la pandilla Barrio 18 para coordinar una ofensiva en el sistema penitenciario y en las calles. No sabían cuándo este plan sería ejecutado.

Según este funcionario, se informó de esto a la policía guatemalteca a fin de resguardar la vida de los agentes; sin embargo, policías de calle consultados para esta nota dijeron no haber tenido información al respecto y haber estado haciendo los patrullajes de forma rutinaria el domingo 18.

BBC Mundo habló el 22 de enero con Jorge Aguilar, vocero oficial de la Policía Nacional Civil de Guatemala, quien confirmó que efectivamente se conocía el plan del Barrio 18 tanto para la toma coordinada de las tres cárceles como para la ofensiva en la calle.

No obstante, ante la pregunta de si se advirtió a los patrulleros sobre una amenaza concreta e inminente, respondió que a diario se les instruye a “extremar medidas de protección personal” como parte del protocolo habitual. No hubo, reconoció, una alerta específica previa a los ataques que terminaron con la vida de diez agentes.

Un grupo de policías, de espaldas, cargan un féretro cubierto con la bandera de Guatemala.
Álex Cruz / EPA
Policías guatemaltecos cargan el ataúd de Claudia Muñoz, una de las policías que murió en el ataque del 18 de enero.

Todo indica que la información sobre la ofensiva se filtró por diferentes canales. Esto es coherente con lo dicho a BBC Mundo por una activista que, por sus más de diez años trabajando en centros penitenciarios, tiene contacto cercano y acceso a miembros de la “rueda”, el grupo de líderes del Barrio 18.

Esta persona mostró a este medio mensajes de un líder medio del Barrio 18 que recomendaba: por su seguridad “no se acerquen a ningún puerco” (término despectivo para llamar a los policías en el argot pandillero), ya que habría consecuencias.

Esa comunicación se produjo el miércoles 14 en la localidad de Villa Nueva, donde se dio uno de los ataques más graves la mañana del domingo 18 con la muerte de dos policías que custodiaban el Centro de Justicia de esa localidad.

Otra señal previa que no fue tomada en cuenta por las autoridades fue la cancelación, por orden directa de Barrio 18, de partidos de fútbol en decenas de ligas barriales programados para ese mismo domingo, una medida habitual de control territorial cuando se anticipan hechos violentos.

Pandilleros de Barrio 18 y miembros veteranos de esa estructura aseguraron a BBC Mundo que los ataques tienen que ver con el traslado de sus líderes a centros penitenciarios de mayor seguridad y a las malas condiciones de los centros penales.

Sin embargo, ese mismo domingo, un líder carcelario no pandillero recluido en el penal de máxima seguridad Renovación 1, Mario Roberto Barneon García, difundió un video desde prisión en el que instaba a la población a derrocar mediante un golpe de Estado al presidente Arévalo.

El líder penitenciario portaba un chaleco antibalas con el logo de la policía guatemalteca, el cual, según sus propias palabras, había sido arrebatado a un agente penitenciario. El vocero de la policía Jorge Aguilar afirmó a este medio que según sus informaciones fue la mara Barrio 18 quien pagó a este líder no pandillero para lanzar ese mensaje.

Pero, ¿por qué quieren derrocar al presidente y quién estaría detrás?

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla en un atril. Tiene la bandera de su país detrás y un hombre con traje oscuro en segundo plano a la derecha.
Mariano Macz / EPA
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusa a sus rivales de estar detrás de la matanza de policías.

¿Motivaciones políticas?

Una persona cercana al ejecutivo, que pidió no ser identificada por su nombre o cargo, aseguró que la postura interna del gobierno es que el ataque tiene motivaciones políticas que buscan desestabilizar al Ejecutivo.

En la misma línea, el funcionario 1 afirmó contar con pruebas de que personas vinculadas a la ex primera dama Sandra Torres, fundadora y líder del partido UNE, que perdió las elecciones presidenciales de 2023 frente a Arévalo, estarían detrás de la ofensiva atribuida al Barrio 18.

Aunque no facilitó a BBC Mundo acceso a esas pruebas, su testimonio da cuenta de hacia dónde apunta la lectura interna del gobierno.

El propio Arévalo aseguró que, incluso antes de asumir el cargo, tuvo conocimiento de que se preparaba un atentado en su contra.

“Una fiscal del Ministerio Público nos informó de una escucha que habían hecho, porque estaban utilizando los métodos en el marco de una investigación, en donde Barrio 18 discutía el encargo que les habían hecho de cometer un atentado en mi contra”.

No obstante, el mandatario reconoció no contar con pruebas que le permitan señalar responsables concretos.

“Es un fenómeno que caracteriza este Estado cooptado por las élites político-criminales. Es un sistema de colusión en donde los actores que trafican corrupción, trafican impunidad, trafican negocios turbios, negocian, se unen y tienen capacidad de acción para intereses comunes de la colusión entre los grupos de pandillas”, dijo la pasada semana.

El presidente cree que estas acciones para debilitar al gobierno se han intensificado en un momento en el que se esperan cambios importantes.

En los próximos meses toca renovar instituciones clave, con la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad y sobre todo el relevo en la fiscalía previsto para mayo.

Este proceso llegará en pleno pulso entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, a quien el gobierno acusa de instrumentalizar la justicia para frenar reformas y cambios institucionales en un sistema plagado de corrupción.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sentada en una mesa con documentos, alza el índice de su mano izquierda.
Sandra Sebastián / Reuters
La fiscal Consuelo Porras mantiene un puslo con el gobierno de Arévalo.

La respuesta del Estado

El Estado guatemalteco respondió el 18 de enero con una fuerza intermedia: una operación rápida para retomar el control de los centros penitenciarios combinada con medidas de excepción.

Los tres penales tomados -Preventivo de la Zona 18, Fraijanes II, y Renovación 1, estos dos últimos de máxima seguridad- fueron recuperados el mismo día.

Según fuentes de inteligencia, el objetivo principal de la operación era desarticular el motín en Renovación 1 y capturar al principal líder del Barrio 18, Aldo Dupie, alias “El Lobo”.

El funcionario 1 explicó a este medio que la estrategia consistió en saturar el penal con gas lacrimógeno, aprovechando que El Lobo padece asma crónica y otros problemas respiratorios. Se lanzaron decenas de latas de gas para reducir a los amotinados, obligarlos a entregar las armas y rendirse en pocas horas.

Según esta fuente, el objetivo era recuperar el penal sin tener causar la muerte a los reos amotinados. Todo apunta a una operación limpia: no hubo ningún muerto ni herido de gravedad en ninguno de los bandos. El Lobo fue reducido y capturado. Se le mostró con la cara ensangrentada, esposado de manos y caminando lento, pero sin lesiones de consideración.

A las seis de la tarde, el presidente Arévalo se dirigió al país en cadena nacional para informar sobre la recuperación de los centros penitenciarios y decretar luto nacional por la muerte de ocho agentes policiales —una cifra que horas más tarde se elevó a diez—.

Como medida central, Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar capturas y allanamientos, y permite la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

Esta medida se da en un contexto centroamericano donde las narrativas populistas y los grupos de derecha claman por medidas de más fuerza, como las tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele

Bukele mantiene desde hace tres años y nueve meses un régimen de excepción que ha permitido capturar a más de 90.000 presuntos delincuentes, situando a El Salvador como el país con más presos per cápita del mundo.

Como parte de esa estrategia de mano dura, se registra una caída masiva en la tasa de homicidios.

Al cierre de esta nota, el gobierno guatemalteco había desplegado múltiples operativos policiales que resultaron en al menos 25 capturas de presuntos miembros del Barrio 18 y al menos uno de la Mara Salvatrucha 13. Aldo Dupie fue además aislado dentro del sistema penitenciario.

Sin embargo, en un hecho insólito en el universo de las pandillas centroamericanas, el gobierno de Arévalo apunta a la esposa de El Lobo como responsable de ordenar y coordinar los ataques.

Se trata de María Marta Castaneda Torres, sobrina directa de la excandidata presidencial y principal opositora al gobierno de Arévalo, Sandra Torres.

Castaneda fue capturada en agosto de 2025 y se encuentra ligada a un proceso penal por delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, vinculados presuntamente a ataques contra una fiscal del Ministerio Público.

Este 20 de enero, como parte de las acciones del gobierno contra el Barrio 18, fue enviada a aislamiento en el centro de reclusión preventiva de la base militar Mariscal Zavala, conocida como la cárcel VIP por haber albergado a reclusos de alto perfil.

Un policía cachea a un hombre junto a un auto.
Álex Cruz / EPA
La Policía de Guatemala cree que Barrio 18 ataca desde sus feudos para conseguir mejores condiciones para sus líderes en prisión.

Esta decisión reforzó la lectura del Ejecutivo de que detrás de la masacre de policías y de la crisis penitenciaria hay actores políticos interesados en desestabilizar al gobierno.

Preguntamos sobre esto al vocero de la policía Jorge Aguilar y respondió que “la policía no hablará de política; eso que se lo respondan los políticos”.

Aseguró que la policía trabaja bajo una premisa más sencilla: “Barrio 18 ataca como una forma de presión para que se traslade a su líder, alias Lobo, quien desde mediados de 2025 se encuentra en el penal de máxima seguridad Renovación 1, hacia el penal preventivo de la zona 18”.

Las versiones divergentes dentro del propio gobierno de Arévalo evidencian la falta de una explicación unificada sobre los motivos de la masacre.

El ministro de Gobernación declaró el 21 de enero que los ataques ocurrieron como respuesta a la recuperación de los penales, una afirmación difícil de sostener, ya que los asesinatos de policías comenzaron por la mañana, cuando los centros aún estaban bajo control del Barrio 18.

En esa misma comparecencia, el presidente Arévalo reiteró su tesis sobre la participación de actores políticos: “Vemos que, efectivamente, hay actores que están detrás de esto y están lanzando mensajes en el momento en el que estamos enfrentándonos a un proceso en donde vamos a recuperar el sistema de justicia gracias a estas elecciones que tenemos en los próximos días”, en referencia a la renovación de la fiscalía.

Sandra Torres, por su parte, respondió a las alusiones del Ejecutivo acudiendo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde responsabilizó al presidente de cualquier atentado contra su integridad.

El diputado José Inés Castillo, vocero del partido UNE, el de Torres, rechazó las acusaciones y defendió a su dirigente.

“Es cierto, es verdad, una sobrina de nuestra dirigente del partido, Sandra Torres, está casada o vive con un jefe de una banda de terroristas. Pero Sandra Torres no tiene la culpa de que su sobrina tenga una conducta inapropiada dentro de la sociedad. Y además la responsabilidad penal es personalísima en este país”, alegó.

La confrontación política entre el Ejecutivo y otros actores del Estado se ha convertido así en el telón de fondo de la masacre de los policías.

Mientras las responsabilidades se debaten en despachos oficiales y espacios políticos, los diez agentes asesinados -dos de ellos mujeres- fueron sepultados por sus familias en distintos cementerios del país.

Los motivos últimos de sus muertes siguen siendo objeto de disputa.

Reacomodos en el universo criminal

Las pandillas en Guatemala tienen su origen en la ciudad de Los Ángeles, donde surgieron y se organizaron bajo un conjunto de normas internas conocido como el Sur.

Este régimen normativo (que en California sigue vigente) establecía reglas para los enfrentamientos entre pandillas y promovía, en determinados contextos, una suerte de frente común contra otros conglomerados criminales.

En Centroamérica, y concretamente en Guatemala, este pacto fue invocado por los líderes pandilleros en las prisiones a principios de la década de los 2000 para enfrentarse a las estructuras carcelarias de poder, en su mayoría gobernadas por exmilitares o capos ligados al mundo militar.

Las pandillas hicieron un frente común y lograron derrotar a esas otras estructuras carcelarias, decapitando a dirigentes emblemáticos y asesinando a decenas de sus hombres.

Ese frente común se terminó el día 15 de agosto de 2005 en el penal de Pavón, cuando la MS13, al mando de Jorge Hair de León Hernández, conocido como El Diabólico, perpetró una masacre contra los miembros del Barrio 18.

Desde entonces ambas estructuras han mantenido una guerra sostenida por control territorial y venganzas, tanto en barrios urbanos como dentro del sistema penitenciario.

Una mujer, con gesto de preocupación en mitad de una calle.
Cristina Chiquin / Reuters
La violencia de las bandas se ha convertido en flagelo en muchos barrios de Guatemala.

Sin embargo, en la ofensiva reciente se observan indicios de una coordinación inédita entre ambas pandillas, al menos en la forma de un pacto tácito de no agresión en medio del caos.

El funcionario 1 afirma que Diabólico (MS-13) y El Lobo (Barrio 18) estuvieron en celdas contiguas durante 2025 donde, según inteligencia del Estado, alcanzaron algún tipo de entendimiento.

BBC Mundo realizó un recorrido por diversas zonas de la capital, incluyendo lugares en los que fueron perpetrados los ataques, donde no se pudo constatar un ambiente especialmente hostil.

La actividad comercial continuaba y el transporte público operaba con normalidad. Aunque escuelas y universidades fueron cerradas de forma preventiva el lunes 19 de enero por orden presidencial, al día siguiente retomaron su funcionamiento habitual.

En el recorrido del día 19 de enero no se detectó presencia anormal de policías o militares en estas zonas, lo que, según testimonios de vecinos, genera en la población una idea de abandono, ineficiencia y poca respuesta por parte del Estado ante la ofensiva pandillera.

En los territorios visitados, BBC Mundo constató además una expansión sin precedentes del Barrio 18 en Guatemala. Barrios y zonas periféricas de la capital que hasta hace poco estaban bajo control de la MS-13 han pasado en los últimos meses a manos de esta pandilla rival, reconfigurando el mapa criminal del país.

Fuentes cercanas al mundo pandillero señalan que, en paralelo, se ha producido el desplazamiento de decenas de integrantes del Barrio 18 hacia ciudades fronterizas de México, un movimiento que podría responder tanto a la presión estatal como a estrategias de expansión regional.

Como dato simbólico, un exmiembro del Barrio 18 indicó que los ataques se realizaron el día 18 de enero, una fecha con un significado particular dentro del imaginario de esta banda criminal.

BBC

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