Comercio bajo tierra: locatarios de los túneles de Tlalpan temen desalojo y perder 40 años de trabajo
Hace 40 años, María Isabel Acosta adquirió, junto con su esposo, un pequeño local en uno de los túneles de Calzada de Tlalpan. Allí inauguraron la Estética Chabelita.
La primera vez que vio el pasillo, recuerda, tuvo miedo. No había luz, estaba sucio, no había reja que los protegiera y era usado como baño. El abandono era total. Poco a poco, y con recursos propios, no solo acondicionaron su local, sino que junto con otros comerciantes que llegaron por esas mismas fechas compraron pintura, lámparas, cableado y puertas de seguridad para proteger los 25 locales de los túneles cercanos a la estación del Metro Ermita.
Salvo para cambiar algunas lámparas que ahora ya no sirven, explicaron los comerciantes, en los 40 años que tienen sus negocios en ese lugar el Gobierno de la Ciudad de México nunca se acercó para apoyarlos e invertir en los pasos a desnivel. Lo hizo hasta finales del año pasado y de cara a lo que será el Mundial de Futbol.
Con el programa “Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía” las autoridades buscan rehabilitar de forma integral los 34 pasos a desnivel de la emblemática avenida: 12 en la alcaldía Cuauhtémoc y 22 en Benito Juárez para que haya nuevos giros, actividades culturales y hasta gimnasios.
Y aunque hubo una presentación oficial de la acción gubernamental presidida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, los comerciantes afirman que nunca se les buscó para explicarles el proyecto, su alcance y las opciones que garanticen que una vez concluidas las obras podrán volver sin problema a sus locales.
“Yo he estado en este trabajo desde que empecé y hasta ahorita sigo trabajando, entonces sí me preocupa que digan que nos quieren desalojar o quitarnos, porque uno ya no puede trabajar en otra cosa… la mayoría somos personas mayores”, subrayó Isabel de 73 años.
En diciembre pasado, cuando llegaron a laborar, se encontraron con unas hojas pegadas en las cortinas de sus negocios. En ellas, Servimet, empresa de participación estatal, los invitaba a acercarse para regularizar la propiedad de los espacios. Nada más.
“Este ataque de Servimet es el tercero. El primero fue en 2012 cuando (Miguel Ángel) Mancera era jefe de Gobierno; luego, en 2016, lo volvieron a intentar, pero siempre se llegó a la misma solución: la legalidad está de nuestro lado”, sostuvo Jair Torruco, representante de la Agrupación Popular Independiente de México A. C., que desde 1990 tiene la concesión para ejercer el comercio en los pasos a desnivel.
“No puedes patear un perro en la esquina esperando que no te muerda. Ellos pensaron que nos íbamos a dejar y que nos iban a sacar, literal, como perros, y no es así. La gente de aquí tiene lealtad, dignidad, y mucho coraje”, agregó el representante de los comerciantes.
En los 12 túneles de los cuales Jair Torruco tiene la posesión legal hay alrededor de 300 vendedores que temen quedarse sin su fuente de empleo.
Frente al silencio de las autoridades que, acusan, buscan despojarlos, los comerciantes se han manifestado frente a las oficinas de la Jefa de Gobierno para exigir que les den certeza de que no los sacarán de sus espacios.
Y aunque a principios de febrero lograron sentarse con autoridades que les aseguraron que no los van a desalojar, los vendedores anticiparon que sus acciones de resistencia pacífica continuarán hasta que el Gobierno les entregue los acuerdos por escrito.
“Estaríamos locos, de estar en contra de que llegue la modernidad a los pasos (a desnivel)”, aseguró Torruco, quien dijo que tiempo atrás se acercó a la autoridades de la alcaldía Benito Juárez y del gobierno central para solicitar, entre otras cosas, cámaras y botones de auxilio conectados al C5.
“El gobierno no tuvo de otra que darnos una reunión en la que nos prometió que no va a haber desalojos, que se van a respetar los derechos de las personas porque les quedó bastante claro que contamos con la legalidad (…) es una promesa, pero como les digo a los compañeros, hasta que no se firme nada seguimos en resistencia”, aclaró.
Actualmente el gobierno capitalino interviene los pasos a desnivel que se encuentran entre la Plaza de Tlaxcoaque y el Metro Chabacano, tramo en el que, como parte de las obras rumbo al Mundial de Futbol, se habilita una calzada flotante, por lo que unos 70 locatarios tuvieron que ser reubicados.
A la fecha no se ha confirmado cuándo comenzará la intervención en todos los demás pasos a desnivel, aunque los comerciantes estimaron que como resultado de sus movilizaciones y quejas será hasta después de la justa deportiva.
Para abordar la situación legal de los comerciantes, planes de rehabilitación de los espacios, tiempos y recursos destinados, este medio buscó a Servimet, sin embargo, hasta la publicación de este texto no hubo respuesta.
“Lamentablemente caí en el sector informal”
Desde muy pequeño, a Érick Moguel su abuelo le enseñó el oficio de la sastrería. Aún recuerda que sus compañeros de la escuela se burlaban de él porque no era común ver a un hombre sentado frente a una máquina de coser.
Durante años trabajó en una fábrica en donde tenía prestaciones y seguro médico. Sin embargo, hace 24 años y después de sufrir un accidente, fue liquidado. “Yo estaba en el sector formal, lamentablemente caí en el informal. Ya tengo más de 24 años sin prestaciones, sin nada”, compartió.
“Un día venía yo pasando y vi un letrero que decía ‘se traspasa’ y pues lo apalabré con la persona que tiene la concesión y le dije que me interesaba; con mucho sacrificio se compró y ahora dice el Gobierno que nos lo va a quitar, pues sí me da mucha tristeza porque es un patrimonio que yo tengo destinado a mis hijos”, reprochó.
En local explicó en entrevista que contrario a lo que afirman las autoridades de que son pasos inseguros para los usuarios, los propios comerciantes han puesto a punto cada uno de los corredores. Incluida, subrayó, la vigilancia porque elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ni siquiera dan rondines.
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“Nosotros aquí hacemos el trabajo de ellos (los policías). Hemos hecho detenciones de delincuentes que vienen y quieren robar. Nosotros estamos bien organizados (…) dicen que la gente no quiere pasar porque es peligroso, esa es una mentira”, defendió el sastre.
En cada uno de los pasillos los locatarios también se han organizado para instalar botones de pánico y circuito cerrado.
“Dueños, nosotros, lamentablemente no lo somos. Tenemos la posesión, los 40 años que hemos estado aquí trabajando, cuidando a la gente para que pase libre y que no los roben, pero no tenemos un documento que diga ‘ya es tuyo’”, reconoció Érick.
“La moneda está en el aire, no sabes si vas a ganar o vas a perder y es muy triste vivir siempre acongojado. Es triste estar viviendo con esa incertidumbre de que tarde o temprano puede llegar esto, que nos desalojen”, agregó.
Miedo e incertidumbre
El miedo a llegar a trabajar y encontrarse con que las autoridades entraron y los despojaron de sus locales es permanente entre los locatarios de los túneles de Calzada de Tlalpan, por lo que llamaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada y su equipo, a que les garantice su permanencia.
“Si remodelan nos beneficia a todos, por las instalaciones, pero el miedo es a que ya no nos dejen entrar, porque ya no vamos a tener con qué trabajar”, dijo Wendy Luna, comerciante de uno de estos pasos a desnivel.
“Aquí es donde hemos estado toda nuestra vida trabajando y nuestra preocupación es que de un momento a otro nos digan que nos van a cerrar los pasos, entonces ¿de qué vamos a vivir?, simplemente a mí, que ya soy de la tercera edad, nadie me va a dar trabajo. Si no me lo dieron antes, ahora menos”, dijo por separado Eva Flores, otra de las comerciantes con 40 años de trabajo en un paso a desnivel de Calzada de Tlalpan.
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Torres murió el viernes, a los pocos días de que un juez le reconociera a su padre el derecho a permanecer en Estados Unidos.
El 17 de octubre de 2025, Ofelia Torres salió del hospital donde se encontraba lidiando con un cáncer terminal para pasar el fin de semana con su familia.
Al día siguiente, su padre, Rubén Torres, fue detenido por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) a la salida de un almacén de materiales de construcción en Niles, un suburbio de Chicago.
Con apenas 16 años y a pesar de su enfermedad, Ofelia emprendió una ardua lucha para conseguir su liberación y evitar su deportación.
A través de sus redes sociales, contó su historia, recogió fondos para pagar abogados y denunció las irregularidades de la detención de su padre.
Rubén, migrante mexicano indocumentado con más de 20 años en EE.UU., fue liberado bajo fianza dos semanas después, luego de que una jueza concluyera que se le habían violado sus derechos. Y pudo pasar los últimos meses de vida de Ofelia junto a ella, quien falleció el viernes pasado.
“Ofelia pudo celebrar este respiro junto a su familia, pero trágicamente falleció tras una dura batalla contra el cáncer”, informó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en su cuenta de X.
Al expresar sus condolencias a la familia, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, señaló: “no hay palabras para describir la valentía de Ofelia Torres ante la injusticia. Su coraje se convirtió en un símbolo de fortaleza en un momento en el que incluso los más fuertes se habrían rendido”.
La detención y el video
La lucha de Ofelia por la liberación de su padre comenzó con un video que publicó en sus redes sociales apenas horas después de la detención del hombre.
“En algún momento de hoy, [mi padre] fue detenido por el ICE en Home Depot. Por ahora, no tenemos ninguna información […] Solo sabemos que su auto se quedó en el parqueadero”, decía mientras mostraba imágenes de la camioneta de su padre con la ventana del copiloto rota.
Para ese momento, Ofelia llevaba 10 meses diagnosticada con rabdomiosarcoma etapa 4, un tipo de cáncer poco común que afecta a los tejidos blandos que sostienen y conectan los órganos del cuerpo.
El tratamiento había dejado de funcionar y estaba hospitalizada indefinidamente, aunque había obtenido el permiso de ir a casa durante ese fin de semana de octubre.
En el video, Ofelia relató que, durante su estadía en el hospital, su padre se había convertido en el cuidador principal de su hermano menor.
“Es una persona muy trabajadora que se levanta temprano por la mañana y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, explicaba. “Me parece muy injusto que las familias inmigrantes trabajadoras sean objeto de ataques solo por no haber nacido aquí.
“Los inmigrantes son seres humanos con familias y que merecen ser tratados con amor y respeto, como cualquier otra persona”, concluía Ofelia en su video, que fue visto por decenas de miles de personas y despertó una ola de solidaridad.
Más tarde, durante ese mismo día, Ofelia informó que pudo hablar con su padre y conoció detalles de la forma en la que fue detenido.
Según relató en sus historias de Instagram, su padre iba saliendo de Home Depot cuando los agentes del ICE lo llamaron por su nombre. Él intentó ignorarlos, se subió a su auto y lo cerró con llave.
Entonces, uno de los agentes rompió la ventana parar entrar a la fuerza al auto y otro amenazó con un arma a Rubén.
La cadena de almacenes de materiales de construcción y electrodomésticos Home Depot se ha convertido en un foco habitual de las redadas migratorias, porque a menudo allí se encuentran migrantes indocumentados que trabajan en la construcción.
En los días siguientes a la detención, Ofelia denunció que su familia no sabía dónde se encontraba su padre.
“Cuando llamo a preguntar dónde está, la llamada se corta antes de que me conecten con un operador”, señaló, y agregó que la ubicación de su padre tampoco se veía reflejada en la página web del ICE, como establece el protocolo.
“No quieren que sepa dónde está mi padre, pero lo voy a encontrar”.
A través de la profesora que le daba clases en casa mientras seguía su tratamiento contra el cáncer, Ofelia creó una campaña en GoFundMe para costear los gastos legales del proceso.
En sus respuestas sobre el caso a medios estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que Rubén había cometido varias infracciones de tránsito y que trató de huir en su vehículo al momento de la detención.
El reencuentro
Dos semanas después de su arresto, Rubén Torres fue liberado por una jueza que concluyó que se le violaron sus derechos al no tener una audiencia de fianza.
Las audiencias de fianza son un procedimiento que se debe realizar poco después de la detención y que le permite al detenido solicitar su liberación mientras su caso es procesado.
Han sido un punto álgido de la discusión de política migratoria reciente en EE.UU., al punto que el pasado 6 de febrero una corte de apelaciones falló a favor de la postura del gobierno de Trump de que los migrantes no deben tener una audiencia de fianza luego de su detención.
Rubén, sin embargo, alcanzó a ser beneficiado. Y la jueza que revisó su caso no solo le dio la libertad, sino que estableció que el padre de Ofelia podía pedir que se cancelara su deportación por las consecuencias que tendría para su familia qué él abandonara el país.
Los medios estadounidenses mostraron el momento en que se reencontró con su hija, su hijo y su esposa en su casa al volver del centro de detención en Indiana en el que estuvo recluido.
Tres días antes de la muerte de Ofelia, un juez ratificó que Rubén tiene derecho a que se le cancele su orden de deportación. Eso abre la puerta a que pueda permanecer legalmente en EE.UU. y eventualmente ser ciudadano.
Ofelia se conectó virtualmente a la audiencia en la que se anunció la decisión.
Este domingo, tras conocerse la noticia de su muerte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, homenajeó a la adolescente.
“Me uno a los habitantes de Chicago en toda nuestra ciudad para lamentar la muerte de Ofelia Torres, una joven que luchó por su padre y por su familia”, señaló.
“Su valentía frente a fuerzas poderosas diseñadas para avivar el miedo, la incertidumbre y la división nos muestra quiénes somos en nuestra mejor versión: compasivos sin condiciones, firmes en nuestro compromiso con la justicia y valientes a pesar de todas las adversidades”, agregó.
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