
Para entender mejor
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el resolutivo al proyecto “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna Cuyutlán, en Manzanillo, Col.”, en el que no se autorizan obras y actividades en torno al diseño presentado por la Secretaría de Marina y la Administración del Sistema Portuario Nacional S.A de C.V. (ASIPONA) en el estado de Colima por afectaciones al ecosistema como manglares y contaminación por desechos químicos que podrían alterar la calidad del agua.
El resolutivo de la evaluación en materia de impacto ambiental se entregó al promovente, en este caso la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A. de C.V., el día 12 de enero de 2026 a través de la plataforma de consulta de trámites de la Semarnat, bajo el estatus de “trámite concluido”.
El oficio de número ASIPONAMAN-OF-GJ/2.S.02/40/2025 presentado en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) es parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna Cuyutlán, en Manzanillo, Colima”.
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La ASIPONA Colima realizó el trámite denominado SEMARNAT-04-003-A “Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional. No incluye Actividad Altamente Riesgosa” (MIA-R) para su evaluación y resolución en materia de impacto ambiental del proyecto ante la secretaría, el día 5 de agosto de 2025, del que Animal Político tiene copia.
La DGIRA señaló en el documento resolutivo que, tras evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA Regional) sobre la ampliación del puerto de Manzanillo, en Colima, esta no sería aprobada por daños significativos al ecosistema.

Para el proceso de evaluación se solicitó la opinión técnica de las dependencias ambientales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para el Uso Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Dirección General de Conservación y Gestión de Mares y Costas de la Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otros.
Además del Instituto de Ecología; el Instituto de Ingeniería y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así como, autoridades estatal y local como el Ayuntamiento de Manzanillo.
El documento señala una serie de impactos ambientales, entre ellos la afectación directa de vegetación de manglar, especie sujeta a protección conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, y que conforme al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre especifica que su remoción, relleno, poda o alteración de su flujo hidrológico queda prohibido.
Además, pese a la alternativa propuesta para el proyecto se continúa considerando la remoción de vegetación de manglar, la cual forma parte de un ecosistema protegido normativamente, por su alta biodiversidad, valor ambiental y servicios ecológicos y de protección climática.
Otro de los impactos indica que durante la operación del puerto se anticipa una modificación en las condiciones fisicoquímicas del agua, lo que provocaría un deterioro progresivo del hábitat que conlleva una mayor pérdida de manglar estimada en zonas adicionales y la afectación de especies asociadas.
“La propuesta presentada no garantiza la conservación del ecosistema de manglar ni el mantenimiento de su funcionalidad ecológica a largo plazo”, se lee en el documento.
Los contaminantes químicos generados en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán, derivados de la operación del puerto, aun con la alternativa del proyecto, también resultaría un problema para el ecosistema por una un alto potencial de dispersión hacia los vasos III y IV.

Asimismo, estas áreas forman parte de la propuesta para la creación del Área Natural Protegida con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna en la denominada
“La contaminación resultante podría alterar la calidad del agua, afectando la reproducción de especies comerciales de peces y las zonas de alimentación de aves residentes y migratorias. Asimismo, existe un riesgo significativo de impacto negativo sobre la producción salinera local”, señala el documento.
Pese a que queda concluido el proceso de evaluación de materia ambiental sin la autorización al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A. de C. V. deberá presentar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental que sí incluya todos los impactos ambientales del proyecto.
La DGIRA señaló que “por lo antes expuesto, y derivado del análisis integral de la modificación propuesta al proyecto y de los elementos técnicos, ambientales y sociales descritos, se concluye que los cambios planteados rebasan el alcance originalmente planteado en la MIA-R”.
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Sin embargo, añadió que “con el objetivo de dar cumplimiento cabal al marco jurídico ambiental aplicable, así como de asegurar una toma de decisiones fundada, transparente y técnicamente sustentada, se considera procedente la presentación de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional, que incorpore de manera integral la totalidad de las obras, actividades y modificaciones propuestas, así como los estudios ambientales actualizados y necesarios para evaluar adecuadamente sus impactos y efectos acumulativos y sinérgicos”.
El proyecto “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna Cuyutlán, en Manzanillo, Colima” consistiría en la construcción de la nueva infraestructura portuaria que se ubicará en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán en el municipio de Manzanillo.
El diseño planteaba desarrollarse en dos etapas para la construcción de infraestructura. La primera, por ejemplo, se llevaría a cabo en un área de 11 ‘077,033.25 m². En cambio, la segunda etapa se realizaría sobre una superficie de 574, 697.03 m², según lo establecido en la MIA-Regional que presentó la empresa promovente.
De acuerdo con los análisis técnicos y la evaluación hecha en por la DGIRA, el proyecto corresponde a un conjunto de obras y actividades que se llevarían a cabo en una región ecológica, cuyos componentes ambientales aún conservan ecosistemas naturales que pudieran resultar afectados por los posibles impactos ambientales acumulativos, sinérgicos o residuales que ocasionará su desarrollo.
Además, para el desarrollo del proyecto se requería el cambio de uso de suelo en una superficie de 222.97 hectáreas (ha); de los cuales, 48.79 ha corresponden a selva baja caducifolia, 97.9 ha a manglar y 76.28 ha a vegetación halófita.
La propuesta inicial del proyecto pretendía derribar las Islas Cocodrilo I y II ubicadas en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, sitio que comunidades, activistas, salineros, académicos y organizaciones defendieron en la consulta pública al señalar los posibles impactos que esta infraestructura traería al territorio.
Pese a que el promovente presentó una alternativa al interior del Vaso II del proyecto original, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat señaló en el resolutivo, la reconfiguración involucra nuevos impactos que no fueron considerados en la MIA-R.

“En este sentido, el proyecto requiere la elaboración de nuevos estudios ambientales, tales como modelaciones de la hidrodinámica del sistema lagunar con el nuevo diseño, que permitan evidenciar las posibles interacciones con los vasos adyacentes (Vasos I, III y IV) en términos de hidrodinámica y balance sedimentario, así como inventarios de flora y fauna terrestres para los sitios adicionales que serían impactados”, se expone en el documento resolutivo.
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Además, en cuanto a la implementación de medidas de prevención, mitigación y compensación necesarias para atender los posibles efectos e impactos ambientales derivados del desarrollo del proyecto, la DGIRA subrayó que de no implementarse estas acciones podrían generarse desequilibrios ecológicos graves, en los términos previstos por el artículo 3, fracción VI, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental.
Lo anterior se debe a que el área donde se pretende emplazar el proyecto, el Vaso II del sistema lagunar de Cuyutlán, forma parte de un conjunto de cuatro vasos interdependientes en cuanto a su dinámica hidrodinámica y de transporte sedimentario. En consecuencia, cualquier alteración no atendida adecuadamente podría desencadenar efectos en cascada que repercutan sobre la integridad de las cuatro unidades lagunares, ocasionando
La coalición “Salvemos la Laguna de Cuyutlán” celebró en sus redes sociales la decisión de la Semarnat al no aprobar la MIA-R de este proyecto.
“Hoy celebramos que la voz del pueblo sí importa. El resolutivo fue negativo para la ampliación del puerto, y eso demuestra que cuando defendemos nuestro territorio con amor, conciencia y unión, logramos cambios reales. Esta lucha no termina aquí: seguimos firmes por nuestra laguna, por nuestra tierra y por el futuro de quienes vienen detrás”, se lee en la cuenta oficial de la coalición.

¿Cuál es la situación de la economía de Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump? Lo analizamos.
La captura del expresidente Nicolás Maduro ha abierto una etapa de incertidumbre no solo en Venezuela, sino también en el país que hasta ahora ha sido su principal aliado.
“Cuba está lista para caer”, declaró el presidente Donald Trump un solo día después de que el sábado 3 de enero fuerzas estadounidenses atacaran Caracas de madrugada y se llevaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para juzgarlos en Nueva York.
Trump ha reiterado en los pasados días que el régimen cubano se sostiene por el suministro de petróleo de Venezuela y, si este se corta, quedará sin ingresos y colapsará por sí solo sin necesidad de una intervención militar.
Desde La Habana, las autoridades condenaron reiteradamente la operación estadounidense en Caracas y prometieron defenderse en caso de ataque, pero en ningún momento han refutado el pronunciamiento de Trump sobre la situación límite de la economía cubana.
En este contexto, surgen varias preguntas: ¿cómo está hoy Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump?
La economía cubana atraviesa una situación crítica, algo que ni siquiera el gobierno trata ya de ocultar.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoció que “no se trata de una crisis más”, sino de “la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo”.
El país lleva años atrapado en la recesión, incapaz de pagar sus múltiples deudas u obtener financiación externa, con una producción en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
El producto interior bruto (PIB) se contrajo más de un 4% hasta el tercer trimestre de 2025, según el último dato oficial, y el cierre del año apuntaba a un resultado incluso peor por el agravamiento de la crisis energética y el impacto del huracán Melissa.
El gran problema es que la debacle afecta a todos los sectores, comenzando por el productivo.
La producción industrial en 2024 fue la más baja en 40 años, según los datos más recientes del gobierno, y todo apunta a que en 2025 se habría reducido aún más.
La agricultura está bajo mínimos por el ineficiente sistema de gestión estatal, la falta de fertilizantes y combustible; el turismo internacional —una fuente clave de divisas— cerró 2025 con cifras estimadas por debajo de los dos millones de visitantes, las peores en más de 20 años con excepción de la pandemia.
A esto se suma una grave escasez de medicamentos en un contexto de brotes simultáneos de dengue, zika y chikungunya, y la reducción al mínimo de la cartilla de racionamiento, que desde hace años no garantiza la supervivencia de las familias.
Los cubanos también sufren la inflación: el peso cubano ha caído en picado frente al dólar en los últimos años y el último dato de junio de 2025 refleja una subida interanual del 14,75% en los precios al consumidor.
Por si fuera poco, el embargo financiero y comercial que EE.UU. impone a Cuba desde 1960, endurecido por Trump en sus dos mandatos, aporta una losa extra a la pesada carga que ya soporta una economía derrotada, sin apenas margen de maniobra y aislada de los mercados internacionales.
Lo más delicado de la crisis cubana, en todo caso, es la situación límite en la que se encuentra su sistema energético.
“En muchas partes del país los cortes eléctricos no bajan de 20 horas al día. Quiere decir que solamente tienen luz cuatro horas, y eso es una situación difícil”, indica a BBC Mundo el economista Omar Everleny, exdirector del centro de estudios de la economía cubana de la Universidad de la Habana.
Al margen del precario estado de las centrales eléctricas en la isla, los apagones responden sobre todo a la escasez del petróleo que las abastece; una escasez cuyo impacto se extiende al transporte, la producción y la vida cotidiana.
Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para funcionar con normalidad y produce por su cuenta aproximadamente 40.000, por lo que depende en gran parte del crudo que recibe del exterior.
Más en concreto, de dos proveedores casi exclusivos: Venezuela y México.
La relación económica entre Cuba y Venezuela se ha reducido en los últimos años a un intercambio muy específico.
“Cuba aporta servicios médicos, educacionales, entrenadores deportivos y ahora se confirmó -aunque ya lo sabíamos- que también de seguridad y militares a cambio de petróleo venezolano”, indica a BBC Mundo el economista Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington DC.
Esto se debe, señala, a que Venezuela apenas exporta otros bienes, Cuba carece de divisas para pagar sus compras de crudo y tampoco existen ya inversiones bilaterales relevantes desde la retirada de PDVSA de la isla en 2017.
Durante años, el petróleo de Venezuela fue el principal sostén del sistema energético cubano, con el envío de unos 100.000 barriles diarios en la cumbre de la alianza entre Hugo Chávez y Fidel Castro a inicios de este siglo.
El flujo, sin embargo, se ha ido reduciendo de forma sostenida según diferentes estimaciones, a falta de datos oficiales fiables.
Omar Everleny explica que de aquellos niveles iniciales se pasó a promedios “de 58.000 barriles diarios, luego a 38.000 y finalmente, en 2025, nunca se sobrepasaron los 30.000 y en algunos meses llegaron a caer hasta los 18.000”.
“Cuba ya estaba adaptándose a esa disminución sistemática del flujo desde Venezuela”, puntualiza.
La agencia Reuters estima que Venezuela envió a Cuba un promedio de 27.000 barriles diarios, según datos de seguimiento de tanqueros y documentos de PDVSA, lo que estaría cubriendo, hasta ahora, casi la mitad del déficit energético que arrastra la isla.
En el caso de México, la petrolera estatal Pemex confirmó en diciembre, en un informe presentado ante autoridades bursátiles de Estados Unidos, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado a Cuba unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de derivados entre enero y septiembre de 2025, con un valor aproximado de US$400 millones.
El portal de noticias mexicano Proceso recoge que en los diez primeros meses de 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba crecieron un 121% en comparación con el mismo período del año anterior.
Ante esto, surge una pregunta: Si Cuba está en bancarrota, ¿cómo hace frente a los pagos del petróleo mexicano?
Ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni Pemex ni su subsidiaria han ofrecido una respuesta clara.
Preguntada por un periodista local, Sheinbaum afirmó en una rueda de prensa que los envíos de petróleo mexicano a Cuba van por dos vías: “contratos” y “ayuda humanitaria”.
Pese a los datos antes mencionados, la presidenta aseguró que “no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular”.
Cuba despliega personal médico en México (se otorgaron 3.650 visados a doctores en los últimos 7 años, según el último dato oficial de la cancillería mexicana el pasado octubre) pero se desconoce si este servicio se remunera en parte con petróleo.
“Supongo que Cuba no está pagando por ese petróleo porque, si Cuba pudiera comprar petróleo cuando lo necesita, lo compraría en cualquier lugar. El problema es que no tiene dinero y le debe a todo el mundo”, sentencia el economista Ricardo Torres.
En todo caso, la falta de claridad sobre su naturaleza y los mecanismos de pago ha puesto los envíos de crudo mexicano a Cuba en el foco de debate.
Lo que hasta ahora era un intercambio discreto ha pasado a adquirir una dimensión geopolítica, ya que determina en gran medida la supervivencia energética de Cuba, especialmente si se corta el flujo del suministro venezolano.
Esto no ha pasado desapercibido en Estados Unidos: altos funcionarios y congresistas han comenzado a prestar atención a los envíos de petróleo mexicano a Cuba, según indican fuentes de Washington a medios como Reuters y Financial Times, si bien por ahora no se han emitido amenazas o sugerido posibles sanciones al gobierno de Sheinbaum.
Entonces, ¿qué espera a Cuba en 2026? ¿Se quedará sin combustible? ¿Puede colapsar como dice Trump?
Cualquier respuesta a estas preguntas sería especulativa, por lo que solo es posible analizar el escenario actual en busca de pistas.
El gobierno cubano ha prometido que 2026 será un año de recuperación económica, con un crecimiento del 1% del PIB si se recuperan el turismo, las exportaciones, la producción, los servicios y la financiación.
Sin embargo, ni los más optimistas dentro y fuera de la isla creen que esto sea posible.
La posible reducción del suministro de petróleo podría dejar casi a oscuras un país que ya sufre cortes eléctricos de varias horas al día, dificultar aún más la producción y el transporte de bienes básicos y disuadir a posibles visitantes extranjeros.
A esto se suma que unos 2,7 millones de cubanos han huido de la isla desde la pandemia en un éxodo migratorio masivo, según datos del demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos.
Con ellos Cuba no solo ha perdido más de una cuarta parte de su población -de más de 11 millones a entre 8 y 9 millones según diferentes cálculos- sino también a una parte importante de los jóvenes cualificados que podrían ayudar a sacar adelante su economía.
Un corte total del petróleo venezolano, cerca de un tercio de la demanda energética de Cuba, representaría un golpe devastador.
“Si esto pasa, y creo que va a pasar, pondría al país en una situación límite, porque ¿cuánto más puedes quitarle la electricidad a la gente? Ya sería quitársela completamente”, indica el economista Ricardo Torres.
Torres opina que, aun manteniendo el suministro mexicano, el sistema eléctrico y el transporte de la isla estarían en riesgo de paralización casi completa.
El economista recuerda, además, que Trump todavía tiene cartas bajo la manga para dañar aún más a Cuba, como suspender los vuelos, eliminar o reducir los envíos de dinero, o cortar completamente las exportaciones de algunos productos exentos del embargo estadounidense.
Los expertos no creen, en todo caso, que una asfixia económica total de la economía cubana fuerce necesariamente un cambio político.
El reciente éxodo se llevó a las pocas figuras que quedaban de la oposición dentro de la isla gobernada por el Partido Comunista (único legal) y el régimen de Díaz-Canel ha intensificado su represión sobre la disidencia hasta prácticamente desactivarla desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
“Aunque nos devuelvan a la época de las cavernas, esto no va a cambiar”, declaró un cubano desde el anonimato a BBC Mundo, en una frase que encarna el ambiente de pesimismo y resignación que impera dentro de la isla.
Por otra parte, las opciones de ayuda externa a corto plazo son limitadas: los aportes de aliados lejanos como Rusia o China han sido hasta ahora marginales en comparación con el petróleo venezolano.
Cuba acumula además importantes deudas con ellos, por lo que no se espera que redoblen sus inversiones o amplíen su financiación, y tampoco se vislumbran otras fuentes de financiación externa para un país excluido de los circuitos internacionales de crédito y en situación de morosidad con sus acreedores, entre ellos el Club de París.
Así, más que un colapso inmediato e inminente, lo que la mayoría de los expertos vaticinan para Cuba es una profundización de la crisis hacia un punto límite difícil de sostener.
“Ya la gente en Cuba está sobreviviendo. Si tú tienes apagones, falta de medicamentos, comida y transporte, estás en un nivel mínimo de sobrevivencia. Entonces, pasar del piso no sé si se pueda, pero estamos muy cerca del último lugar a donde se puede bajar”, apunta el economista Omar Everleny.
Sin un solo indicio de salida a la crisis, las consecuencias en términos políticos, sociales y humanitarios de llegar a ese escenario extremo es, por el momento, una incógnita.
BBC Mundo solicitó a autoridades cubanas una entrevista para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
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