Mega operativo Nuevo Nayarit recupera 50 mil mdp por operaciones inmobiliarias ilegales en las que están implicados exgobernadores
La Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno de Nayarit informaron sobre la recuperación de 9 mil 600 millones de metros cúbicos de playa, equivalente a 50 mil millones de pesos, derivado de un entramado operaciones inmobiliarias ilegales en la entidad en el que están implicados exgobernadores, familiares, exfuncionarios y decenas de empresas.
En conferencia de prensa sobre el llamado “Mega Operativo Nuevo Nayarit”, Cristina Reséndiz Durruty, fiscal especializada de Control Competencial de la FGR, señaló que por este entramado se han librado órdenes de aprehensión contra diversas personas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia, tráfico de influencias y violaciones a la ley de amparo, entre otros.
La fiscal detalló que entre las órdenes de aprehensión está una liberada desde el 2023 contra el exgobernador Ney González Sánchez (2005-2011), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que también tiene una ficha roja para su búsqueda a nivel internacional.
Mientras que contra el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), quien está procesado por delitos diferentes por este tema, y a quien ya se le investiga a nivel federal.
“Además, hemos investigado tanto exservidores públicos como familiares de sus círculos cercanos”, señaló el fiscal de Nayarit, Petronila Díaz Ponce Medrano.
Aseguran cuentas bancarias
El fiscal estatal señaló que por este caso se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias, conocidas y por conocer, por un monto total de 7 mil 213 millones 50 mil 746 pesos, pertenecientes a 45 personas morales y 82 personas físicas.
“Hoy podemos afirmar que 359 cuentas bancarias se encuentran aseguradas y sus movimientos fueron analizados por el centro federal de inteligencia criminal de la Fiscalía General de la República, que realizó un exhaustivo estudio financiero y patrimonial de los involucrados. Asimismo, con orden judicial de cateo, se inspeccionaron diversas notarías públicas vinculadas con las operaciones ilícitas donde se detectaron alteraciones en libros, registrales y documentos oficiales, confirmando la existencia de un entramado cuidadosamente planeado para simular actos jurídicos y despojar al Estado de bienes de gran valor”, señaló.
En tanto, Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, aseguró que en el estado tenía una “situación de gravedad financiera que generaría en un muy corto plazo una crisis de carácter social.
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Bahía de Banderas y la red de empresarios, notarios y exgobernadores
Durante casi 20 años, una red de empresarios, exgobernadores, notarios y funcionarios convirtió a Bahía de Banderas en el escenario de operaciones inmobiliarias.
Lo que inició como un fideicomiso público para detonar el desarrollo turístico en la costa de Nayarit derivó en la enajenación de predios, disputas legales por miles de millones de pesos.
En septiembre de 2021, el gobierno de Nayarit, a través de la Fiscalía General del Estado, lanzó el Mega Operativo Nuevo Nayarit con el argumento de recuperar bienes presuntamente desviados del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba) durante los sexenios de los exgobernadores Ney González y Roberto Sandoval.
Las investigaciones en torno al fideicomiso revelaron que durante esas administraciones se realizaron operaciones ilícitas que afectaron de manera significativa el patrimonio público.
Como resultado del operativo se aseguraron fraccionamientos, torres de condominios, plazas comerciales y terrenos en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela.
Ahora, los bienes asegurados pasarán a formar parte de un nuevo instrumento legal llamado Fideicomiso Nuevo Nayarit (Finn), que sustituirá al extinto Fibba.
En paralelo, continúan los procesos penales contra exapoderados y empresarios ligados a las operaciones inmobiliarias impulsadas en el sexenio de Ney González.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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