Mueren 21 perros y gatos asegurados del Refugio Franciscano; otros 57 están hospitalizados: Fiscalía
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que 21 perros y gatos que fueron asegurados del albergue Refugio Franciscano murieron tras recibir atención veterinaria especializada; mientras que otros 57 ejemplares se encuentras hospitalizados.
Este miércoles, el Gobierno de la CDMX intervino en el refugio para recuperar a 936 animales que vivían en un predio en la alcaldía Cuajimalpa que está bajo litigio. Autoridades argumentaron que su participación responde a denuncias sobre las condiciones en las que se encontraban los perros y gatos.
En un comunicado, la FGJ detalló que en diciembre de 2025 se inició una investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales, por lo que fue asegurado un inmueble ubicado sobre la carretera México–Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, donde operaba el Refugio Franciscano y, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial desplegaron un operativo para retirar de manera progresiva a los perros que continúan en el lugar.
“La investigación inició en diciembre de 2025, a partir de denuncias ciudadanas que alertaban sobre condiciones de hacinamiento, insalubridad y omisiones graves en la atención veterinaria. Como parte de las diligencias, se realizaron inspecciones ministeriales y dictámenes en materia de medicina veterinaria forense, mediante los cuales se documentaron probables actos de maltrato o crueldad contra 936 animales no humanos, en su mayoría perros, así como un grupo de gatos“.
Perros y gatos del Refugio Franciscano estaban enfermos y en condiciones insalubres, dice Fiscalía
De acuerdo con la dependencia, tras llevarse a cabo inspecciones se constataron supuestas condiciones de hacinamiento extremo, con espacios reducidos, jaulas sin ventilación o sin techo, acumulación de heces y orina, falta de luz natural, ausencia de áreas de aislamiento para animales enfermos y carencia de condiciones mínimas de bienestar.
“Como consecuencia del grave estado de salud en que se encontraban, 21 animales fallecieron tras recibir atención médica especializada y 57 permanecen hospitalizados, de los cuales 37 son gatos y 20 perros, todos bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México”.
En las valoraciones veterinarias se identificaron casos de desnutrición grave y caquexia, con animales en condición corporal crítica, así como múltiples casos de obesidad extrema, asociados a dietas inadecuadas.
Asimismo, autoridades informaron que en decenas de perros se detectaron enfermedades dermatológicas generalizadas, como alopecia extensa, dermatitis severa, infecciones cutáneas y lesiones abiertas sin tratamiento médico.
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También se acreditaron problemas ortopédicos y neurológicos, lesiones crónicas en extremidades y secuelas permanentes, así como la presencia de tumores, masas y lesiones ulcerativas en diversos caninos, algunas de gran tamaño y sin haber recibido atención veterinaria previa.
En el caso de los felinos, se observaron signos de enfermedades respiratorias, como secreción nasal y ocular persistente, estornudos constantes y falta de aislamiento sanitario adecuado.
La Fiscalía agregó que debido a las condiciones de salud, hacinamiento y estrés prolongado en las que se encontraban, algunos animales presentan conductas de temor o reactividad por lo que serán retirados del predio poco a poco.
“(Dicha condición) obliga a que el retiro se realice de manera individual, gradual y con extremo cuidado, a fin de evitar riesgos tanto para los propios animales como para el personal que participa en el operativo, previo a su traslado a hospitales veterinarios, centros de atención especializada y refugios, donde recibirán valoración clínica, atención médica, alimentación adecuada y condiciones dignas para su recuperación”.
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El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Pero incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
La muerte a disparos de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente de ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, está dejando al descubierto las profundas divisiones en la política estadounidense y amenaza con avivar un debate ya conflictivo sobre la política migratoria.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Sin embargo, incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
Casi inmediatamente después del incidente comenzaron a formarse dos versiones completamente diferentes. Cualquier ambigüedad en los videos compartidos en línea fue aprovechada: se utilizaron diferentes ángulos y capturas de pantalla para impulsar una narrativa particular.
Y en el escenario público, funcionarios estatales y federales discreparon abiertamente.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Renee Good fue la culpable. Al alejarse de los agentes de ICE “utilizó su auto como arma” en un “ataque terrorista doméstico”, dijo Noem.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a una “agitadora profesional” y a un “movimiento radical de izquierda, violento y de odio” en una publicación en su plataforma en redes Truth Social.
Los demócratas a nivel nacional, así como autoridades estatales y locales de Minnesota, presentaron un panorama completamente diferente.
Jacob Frey, alcalde demócrata de Mineápolis, dijo que un agente federal utilizó fuerza letal en forma “temeraria”. También exigió a los agentes de inmigración que abandonen la ciudad. “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”, afirmó Frey.
El gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el incidente de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”, argumentando que fue consecuencia directa del aumento de agentes federales de inmigración en Minneapolis y sus alrededores en los últimos días.
“Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump son una amenaza para nuestra seguridad pública”, declaró el miércoles.
Esta clara división entre el gobierno federal y los funcionarios locales se ilustró aún más el jueves por la mañana, cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota anunció que el Departamento de Justicia y el FBI ya no cooperarían en la investigación del incidente.
Las agencias federales, informó la Oficina, serán las únicas responsables de la investigación sobre el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE.
Que Minesota se haya convertido en el epicentro de un creciente conflicto sobre la aplicación de la ley migratoria en los últimos meses es a la vez previsible e irónico.
Es irónico porque la muerte de Good ocurrió a pocos kilómetros de donde, en 2020, la policía de Mineápolis mató a George Floyd durante un intento de arresto, lo que desencadenó protestas del movimiento Black Lives Matters en todo el país, incluyendo algunas en esta ciudad que se tornaron violentas.
Walz puso en alerta a la Guardia Nacional del estado y advirtió a los cientos de manifestantes que han salido a las calles que no recurran a la violencia.
El papel central de Minesota en este último estallido no sorprende, ya que marca la culminación de un conflicto, una controversia y un escándalo que se venían gestando durante meses.
El reciente aumento en acciones migratorias se produce después de que Trump ridiculizara a la numerosa población inmigrante somalí del estado -la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses- tras la condena de miembros de la comunidad por fraude en la distribución de la ayuda federal por la epidemia de COVID-19.
“Cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”, declaró Trump en noviembre. “No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
Bajo presión, Walz abandonó su candidatura a la reelección la semana pasada ante el aumento de acusaciones de corrupción en los servicios sociales estatales, como la asistencia infantil y la ayuda alimentaria.
El incremento de acciones migratorias en el estado es solo el ejemplo más reciente del uso de funcionarios federales por parte de la administración Trump para atacar a comunidades sospechosas de tener altas tasas de inmigrantes indocumentados. El uso de la fuerza durante esta operación tampoco es un incidente aislado.
El incidente de Minesota fue al menos el noveno caso de disparos vinculados a operaciones migratorias desde septiembre; todos involucraron a personas que fueron atacadas mientras se encontraban en sus vehículos, según el New York Times.
La intensidad con la que se han llevado a cabo las acciones migratorias en una lista cada vez mayor de ciudades en todo Estados Unidos, ha provocado protestas y demandas de funcionarios demócratas para una mayor supervisión, rendición de cuentas y moderación por parte de agentes del orden.
El muerte de Good ya ha dado a estos esfuerzos una nueva urgencia entre sus defensores.
Los funcionarios de la administración Trump, por su parte, siguen adelante y citan el mandato que dicen haber recibido de los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Alegan además que la drástica reducción de entradas de indocumentados a Estados Unidos es evidencia de que sus esfuerzos han resultado eficaces.
Y refutaron enérgicamente el argumento de que el video del incidente en Minneapolis sea prueba de un uso indebido de fuerza letal.
“La manipulación es desproporcionada y no la tolero”, escribió el vicepresidente J.D. Vance en una publicación en X. “Este hombre estaba haciendo su trabajo. Ella intentó impedir que lo hiciera”.
Si bien calificó el incidente de trágico, añadió que “la responsabilidad recae sobre esta mujer y todos los radicales que enseñan a la gente que la inmigración es la única ley con la que los alborotadores pueden interferir”.
Walz, en sus siguientes declaraciones públicas, se apresuró a rebatir ese argumento: “Personas en puestos de poder ya emitieron juicios, desde el presidente hasta la vicepresidenta y Kristi Noem, y dijeron cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”.
“Determinaron el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían”, concluyó.
Parece que incluso las pruebas en video están abiertas a la interpretación en este momento. Cada persona ve las mismas imágenes y saca conclusiones decididamente diferentes, que con frecuencia, quizás como era de esperar, refuerzan sus posiciones previamente establecidas.
El abismo en la política estadounidense parece tan inmutable como desalentador.
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