Caso Athos y Tango: alertan sobre resolución de Tribunal que reduce condena por el envenenamiento de los perros rescatistas
La abogada Mónica Huerta denunció que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro “desacató” lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y volvió a emitir una resolución que favorece al responsable del envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango, ocurrido en 2021.
En entrevista con Animal Político, la defensora explicó que, pese a la instrucción de la Corte de dictar una nueva sentencia acorde con sus lineamientos, el Tribunal emitió un fallo que “reproduce los mismos errores y vuelve a pretender la reducción de la pena impuesta al sentenciado”.
Huerta afirmó que la sentencia del colegiado determina que “los cuatro años se sustituyen por los 10 mil pesos, para que no entre a prisión”, cuando en 2022, el sentenciado fue condenado a 10 años y seis meses de prisión y al pago de 2.4 millones de pesos como reparación del daño.
Retrasos e irregularidades
La defensora denunció que la nueva sentencia fue acordada el 30 de octubre, pero “notificaron hasta el 14 de noviembre de 2025 por listas, ni siquiera notificaron la resolución”.
Después, la Sala Penal notificó el cumplimiento el 1 de diciembre, primero a través del juzgado de primera instancia y luego de forma personal.
Huerta informó que este martes presentó un recurso de revisión en el que solicita que la Corte vuelva a atraer el caso “en virtud de la discriminación y animadversión del Colegiado por atender este caso”.
Anunció además que se convocará a protesta pacífica el 10 de diciembre a las 10:00 de la mañana afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una sentencia histórica que ahora quieren reducir
En un comunicado difundido este viernes, Huerta recordó que Athos y Tango eran “dos perros de la Cruz Roja de Querétaro que en 2021 fueron envenenados por Vicente N, quien ya fue declarado culpable por el delito contra los animales agravado por crueldad animal”.
Señaló que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito amparó a Vicente N en 2024 buscando reducir su condena de 10 años. Esa decisión fue impugnada y revisada por la SCJN, que el 30 de octubre de 2024 emitió la primera jurisprudencia histórica sobre delitos contra animales, determinó que no existía doble enjuiciamiento y ordenó aplicar la agravante por crueldad.
La Corte devolvió el asunto al Tribunal para que emitiera una nueva resolución ajustada a estos criterios.
“Tardaron más de un año” en cumplir la sentencia de la Corte
En la entrevista, Huerta señaló que el Tribunal “tardaron más de un año en dar cumplimiento a pesar de las repetidas peticiones de que cumplieran y de que la ley de amparo contempla el cumplimiento inmediato”.
Afirmó que, cuando finalmente resolvieron, la sentencia fue “un copy-paste de la primera, pero revuelven el fundamento del doble enjuiciamiento con otro artículo”, dejando la resolución “igual y desacatando lo resuelto por la Corte”.
El comunicado también advierte que los magistrados Elsa Aguilera Araiza, Aloys Rütter Castro y Leslie Jhosemin Gómez González “simularon dar cumplimiento y volvieron a amparar al asesino de Athos y Tango, con una nueva resolución que no atiende a lo resuelto por la Corte con argumentos que no tienen lógica ni sustento jurídico”.
Intento de reducir la pena a 4 años y sustituirla por 10 mil pesos
Según Huerta, tras el nuevo fallo, “pidieron el cumplimiento inmediato a la Sala Penal en Querétaro, en donde se emitió una sentencia en la que se pretende reducir la pena a cuatro años, conmutables por 10 mil pesos”. Indicó que esto implica imponer “una pena mínima, cuando el grado de reproche que se determinó en el juicio fue el más alto, sin justificación alguna ni sustento jurídico”.
La abogada destacó que los magistrados ignoran que “hay un concurso de delitos, es decir, son tres delitos y no atienden a sancionar cada uno de ellos, además de no atender a los lineamientos de la corte sobre las agravantes”.
Subrayó que “los cuatro años se sustituyen por los 10 mil pesos. Para que no entre a prisión”.
Fallas en la reparación del daño
Huerta señaló que la resolución también hace “un pronunciamiento sin fundamento jurídico sobre la reparación del daño, en el que solo dicen que no se justifica, pero no tienen los conocimientos ni fundamento jurídico para justificar”.
Indicó que, aunque la reparación está sustentada en dictámenes de “dos especialistas y una perito certificada por el Consejo de la Judicatura Federal”, los magistrados declinaron competencia y dejaron el rubro al tribunal de ejecución.
Una sentencia histórica en México
Athos y Tango fueron envenenados en junio de 2021 con salchichas contaminadas con alcaloide arrojadas al domicilio de su entrenador, Édgar Martínez. En el ataque también resultó lesionado un tercer perro, Balam.
El caso culminó en el primer juicio con sentencia en México por maltrato animal. En 2022, Vicente N fue condenado a 10 años y seis meses de prisión y al pago de 2.4 millones de pesos como reparación del daño.
No obstante, en febrero de 2024 obtuvo un amparo del mismo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que consideró que la agravante por métodos crueles implicaba una doble sanción. Este criterio fue posteriormente rechazado por la SCJN.
La Corte estableció que la agravante sanciona métodos que “desvalorizan en mayor medida el bienestar animal”, por lo que no constituye doble enjuiciamiento y puede justificar penas mayores.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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