“No queremos que estos casos se repitan”: Sheinbaum sobre muerte de Fernando Alan en Culiacán
Autoridades estatales y federales continúan con las investigaciones por la muerte de Fernando Alan, estudiante universitario de 23 años, ocurrida el 13 de enero en Culiacán, Sinaloa, en medio de un intercambio de disparos entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en hechos como este intervienen tanto la justicia militar como el ministerio público y que, de encontrarse responsabilidades, “evidentemente se actúa en consecuencia”. Añadió que no quiere “que estos casos se repitan”, que debe sancionarse a los responsables y que también se brinda apoyo a las familias.
En la misma línea, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que el hecho ocurrió cuando personal militar perseguía a delincuentes que realizaban disparos en la ciudad.
Durante ese intercambio, explicó, Fernando Alan y su novia, Rosa Guadalupe, se trasladaban en otro vehículo y “al parecer, durante el intercambio de disparos es donde fallece uno de estos jóvenes”. Aseguró que se realizan las investigaciones, se actúa conforme a derecho y existe contacto con la familia.
De acuerdo con la información, Fernando Alan viajaba en un automóvil Mazda 6 blanco junto con su novia, Rosa Guadalupe, quien resultó herida, cuando ambos quedaron en medio de una persecución. En la zona, presuntamente, circulaba un Honda Accord blanco en el que viajaban civiles armados que huían tras ser perseguidos por elementos de la Guardia Nacional.
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La Fiscalía General de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar responsabilidades. El caso ha sido revisado en las mesas de seguridad y se mantiene bajo seguimiento, informaron autoridades estatales.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa inició una investigación de oficio y exigió a las autoridades esclarecer el homicidio de manera pública y transparente, ante versiones que señalan al joven como una presunta víctima colateral.
“Yo creo que la autoridad, por el bien de toda la sociedad, sí debe salir y debe aclarar plenamente esta situación”, señaló el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, quien advirtió que negar u ocultar información solo profundiza la desconfianza social. Añadió que el buen nombre de la víctima debe ser reivindicado si se demuestra que no tenía vínculo con actividades delictivas.
Gobernador de Sinaloa se pronuncia por caso Fernando Alan
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, evitó adelantar conclusiones y afirmó que corresponde a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública esclarecer lo ocurrido. “Yo no puedo evaluar ninguna versión”, expresó, al tratarse de un hecho reciente.
El mandatario aseguró que el gobierno de Sinaloa se mantendrá atento a que se investigue a fondo el caso y a que se brinde atención a la familia del joven a través de las áreas de atención a víctimas y derechos humanos.
El tema también fue abordado en el Congreso del Estado durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino. Legisladores de oposición señalaron posibles responsabilidades de autoridades y cuestionaron la estrategia de seguridad.
Familia de Fernando Alan exige justicia y convoca a marcha
A través de un comunicado, la familia de Fernando Alan reiteró que el joven “perdió la vida de manera injusta” y que ningún “error” puede justificar la pérdida de una vida inocente. A la vez, agradecieron las muestras de apoyo ciudadano y mediático que han permitido mantener visible el caso.
“Su nombre merece ser recordado con respeto, dignidad y verdad”, expresaron, al subrayar que su exigencia no busca confrontación, sino el esclarecimiento de los hechos, el respeto a la verdad y la garantía de justicia.
Asimismo, pidieron que la memoria del joven no sea afectada por versiones imprecisas ni por la desinformación, y afirmaron que la solidaridad social ha evitado que su historia sea silenciada.
Como parte de las acciones para exigir justicia, familiares y amigos anunciaron una marcha pacífica que se realizará el domingo 25 de enero, con salida desde la Catedral de Culiacán hacia el santuario de La Lomita.
Con información de Noroeste.
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Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la suspensión comenzará el 21 de enero y que la medida busca que se nieguen visas a personas que puedan depender de recursos públicos en algún punto.
El gobierno de EE.UU. congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado “revise sus procedimientos” migratorios.
El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.
También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.
Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.
Y añadió: “El procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.
Tras la detención en noviembre de un inmigrante afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., la administración prohibió o restringió la entrada de ciudadanos de 19 países.
En diciembre, amplió la prohibición de viajes a personas de otros cinco países y a quienes viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Los casos de asilo, la tramitación de la ciudadanía y las solicitudes de residencia permanente para inmigrantes de los 19 países inicialmente afectados por la prohibición también han sido suspendidos.
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