A cinco años de la masacre en Camargo, familias rechazan cierre del caso y demandan reparación del Estado mexicano
A cinco años de la masacre de 19 personas en Camargo —16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos— ocurrida el 22 de enero de 2021, las familias de las víctimas denuncian que, pese a que la FGR anunció el cierre del caso tras la sentencia de 50 años de prisión contra 12 policías de Tamaulipas, el crimen sigue sin esclarecerse a fondo y no han recibido reparación ni una disculpa pública del Estado mexicano.
Las familias realizaron este jueves en Comitancillo, San Marcos, Guatemala, una caminata de memoria para honrar a quienes fueron asesinados, partiendo del cementerio local hacia la iglesia de la Santa Cruz.
En el templo, familias colocaron fotografías de las víctimas y participaron en una misa en su honor. Después, en el atrio, dieron lectura a un comunicado en el que reiteraron que, a cinco años de los hechos, “las familias de las víctimas siguen esperando verdad y reparación”.
En el comunicado, las familias recordaron que los 19 cuerpos calcinados fueron hallados el 23 de enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas. Tras la indignación internacional que provocó la masacre, los gobiernos de México y Guatemala establecieron en marzo de 2021 un Mecanismo de Acompañamiento Binacional para coadyuvar en la investigación y gestionar la repatriación de los restos.
Pero tras la restitución, afirmaron, “las familias se enfrentaron al abandono institucional y siguieron su proceso de búsqueda de justicia, sumando fuerzas entre ellas y con el acompañamiento de la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala”.
Ese acompañamiento derivó en un proceso que las familias calificaron como una articulación transnacional “sin precedentes”, en el que las familias guatemaltecas incluso participaron en el juicio oral desde sus comunidades de origen.
También lee: Policías involucrados en masacre de Camargo piden ampliar plazo para presentar pruebas a su favor
La sentencia de 2023: justicia parcial
El 25 de octubre de 2023, tras tres meses y medio de juicio, un juez condenó a 12 policías estatales de Tamaulipas, ocho de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).
La decisión se fundamentó en elementos como los relatos de testigos, casquillos encontrados en la zona, la geolocalización de vehículos y celulares de los imputados, y pruebas de uso de armas asignadas el día de los hechos.
El comunicado de las familias reconoce la sentencia como un paso importante: “La sentencia condenatoria en contra de los 12 policías de Tamaulipas se reconoce como un acto de justicia”.
Sin embargo, advierten que “la sentencia no permitió esclarecer el motivo de la persecución, ejecución y calcinación de las víctimas, ni develar la estructura criminal, intereses, corrupción y autoría intelectual detrás de los hechos”.
Puedes leer: Sentencian a 50 años de prisión a 12 policías por la masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas, en 2021
La FGR cierra su carpeta; familias denuncian caso inconcluso
En el comunicado leído este jueves, las familias informaron que la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, de la FGR, requerida por tratarse de delitos de carácter “masivo, transnacional y macro criminal”, “acaba de notificar a los asesores de las víctimas, el cierre del caso”.
Las familias rechazan esa determinación y subrayan que el expediente judicial no está completo: “El caso sigue inconcluso. Las familias no han sido reparadas ni el Estado mexicano ha presentado disculpa pública por lo ocurrido”.
Reparación pendiente, disculpa ausente
Las familias recordaron que, desde febrero de 2021, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, les aseguró durante una reunión con autoridades guatemaltecas que se repararía “el daño con una compensación para ayudar a reconstruir un proyecto de vida, no por ponerle precio a la vida humana, sino como medida de mitigación y en seguimiento a estándares internacionales”.
Sin embargo, hasta hoy —subrayan en su comunicado— nada de eso se ha cumplido.
También mencionaron la Recomendación 168VG/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue aceptada por las autoridades mexicanas y que estableció derechos para las víctimas, entre ellos: “atención psicológica y tanatológica especializada, continua y gratuita; atención médica; compensación económica; así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición”.
Las familias enfatizaron: “Hasta la fecha, ninguna de estas medidas ha sido cumplida”.
La masacre que marcó a dos países
La masacre ocurrió el 22 de enero de 2021, cuando 19 cuerpos calcinados fueron encontrados dentro de un vehículo baleado en Santa Anita, Camargo. La Fiscalía de Tamaulipas determinó que los policías estatales persiguieron, dispararon, ejecutaron y calcinaron a las víctimas para intentar ocultar pruebas.
“Nos están disparando”, alcanzó a avisar por teléfono una de las víctimas a su familia antes de ser asesinado, de acuerdo con la reconstrucción judicial.
Las víctimas eran 16 guatemaltecas —muchas originarias de Comitancillo—, un salvadoreño y dos mexicanos que trabajaban ayudando a migrantes a cruzar la frontera.
“Mi hijo Élfego viajó para darle una mejor vida a sus hijos”, dijo en aquella ocasión doña Adelina Díaz, madre de Élfego Miranda.
Relacionado
Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Sale a la luz el video filmado por el agente de ICE que mató a tiros a una mujer en Mineápolis
- Qué es y qué poderes tiene ICE, la agencia de EE.UU. encargada de la deportación masiva de migrantes que impulsa el gobierno de Trump
- Análisis: cómo la muerte de una mujer a manos de ICE en Mineápolis pone al descubierto la profunda división política en EE.UU.
