Organizaciones acusan patrón de violencia contra personas buscadoras tras el asesinato Rubí Patricia en Mazatlán
El asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, ocurrido el 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, generó una ola de condenas de organizaciones nacionales e internacionales que advirtieron que su muerte no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia contra personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México.
Rubí Patricia comenzó a buscar a su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, tras su desaparición el 25 de mayo de 2025. Con el paso de los meses se integró al colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, desde donde acompañó a otras familias y participó en jornadas de búsqueda en Mazatlán y otras zonas del estado.
La desaparición de su hijo marcó un punto de quiebre en su vida. Como muchas madres en México, asumió la búsqueda como una tarea cotidiana: acudir a reuniones, insistir ante autoridades, salir al campo manteniendo la esperanza de encontrarlo. Su historia acompaña a otras miles de mujeres que, ante la insuficiencia institucional, han convertido el duelo en exigencia pública de verdad y justicia.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el cuerpo de Rubí Patriciar fue localizado al interior de su domicilio en Mazatlán y presentaba lesiones producidas presuntamente por arma punzocortante. La autoridad informó que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, pero hasta el momento no ha dado a conocer más información.
“No es un hecho aislado”
Artículo 19 —organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos— condenó el asesinato y subrayó que el crimen “se inscribe en un patrón de violencia contra las personas buscadoras en el país”, quienes enfrentan amenazas, desapariciones y asesinatos en un contexto de impunidad estructural.
La organización recordó que, durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheimbaum, ha documentado 14 agresiones letales contra personas buscadoras: seis desapariciones y ocho asesinatos. En ese registro se incluyen otros casos en Sinaloa, entidad que en los últimos años ha enfrentado una profunda crisis de violencia.
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Por su parte, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México señaló que el asesinato de Rubí Patricia es el primero de una persona buscadora en 2026 y se suma a una lista de 34 familiares asesinados desde 2010 por su labor de búsqueda. La institución advirtió que el crimen ocurre en un estado que registra altos índices de desaparición y homicidio, lo que refleja un entorno de riesgo persistente para quienes exigen verdad y justicia.
Amnistía Internacional —organización global que monitorea violaciones a derechos humanos en distintos países— también condenó el asesinato y sostuvo que el crimen “profundiza la grave situación de riesgo que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México”, otorgando al caso una dimensión internacional.
Además colectivas y organizaciones de familiares en distintos estados del país expresaron su solidaridad con la familia de Rubí Patricia y exigieron garantías de no repetición, así como medidas efectivas de protección para quienes integran colectivos de búsqueda.
Buscadoras en riesgo
En México, la búsqueda de un familiar desaparecido no sólo implica recorrer oficinas, hospitales o zonas de hallazgo: también supone enfrentar amenazas y agresiones. Así lo documentó en 2024 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una articulación que agrupa a más de 90 colectivos en el país. El informe señala que son principalmente mujeres —muchas de ellas madres— quienes sostienen estas labores en un contexto de violencia y ante la insuficiencia institucional para dar respuesta a la crisis de desapariciones.
El informe también detalla que las labores de los colectivos no se limitan a las búsquedas en campo. Las familias realizan asesoría jurídica, participan en mesas de incidencia política, acompañan emocionalmente a otras víctimas y presentan denuncias ante instancias nacionales e internacionales, tareas que amplían su exposición y las colocan en escenarios de mayor riesgo.
Frente a este contexto, organizaciones civiles han reiterado que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar medidas de protección efectivas para las personas buscadoras, reconocidas como defensoras de derechos humanos por su labor en la exigencia de verdad y justicia.
Un mensaje de alarma
El asesinato de Rubí Patricia ocurrió en el contexto de la visita oficial a Sinaloa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Para varias organizaciones civiles, el crimen envía un mensaje alarmante: incluso en momentos de presencia institucional de alto nivel, la seguridad de las personas buscadoras no está garantizada.
En un país que enfrenta una crisis prolongada de desapariciones, las madres, hermanas y familiares que salen a buscar no sólo cargan con el dolor y la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos, sino también con el riesgo creciente de ser agredidas por ejercer su derecho a la verdad y a la justicia.
De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se mantienen más de 115 mil personas desaparecidas hasta 2025, una cifra que refleja la dimensión estructural de la crisis y el tamaño del desafío que enfrentan las familias que buscan.
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Hombre de confianza de “El Mencho”, Hugo César Macías Ureña había ascendido en el Cartel Jalisco Nueva Generación gracias a su control de los sicarios y su capacidad de reclutamiento.
Llegó a ofrecer 20.000 pesos (US$1.150) por cada militar abatido en los disturbios.
Mandó bloquear carreteras y vías de comunicación, quemar carros y otros vehículos, atacar cuarteles y negocios y sembrar el caos tras el operativo militar que este domingo descabezó al peligroso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) matando a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Su mano derecha, Hugo César Macías Ureña, alías “El Tuli” o “El Tulipán”, fue identificado por las autoridades mexicanas como coordinador de células armadas y operador financiero del CJNG, y como el autor intelectual de los bloqueos y disturbios que siguieron a la muerte de “El Mencho”, y en los que 25 miembros de la Guardia Nacional y tres civiles fallecieron.
El propio Macías Ureña también perdió la vida en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, así como otros 33 presuntos criminales ligados al CJNG.
“Con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo ‘H’, alias ‘El Tuli’, quien era el operador logístico, financiero y la principal persona de confianza de ‘El Mencho’ se encontraba en El Grullo, Jalisco”, aseguró el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, en la conferencia de prensa en la que se detalló la cronología del operativo contra el CJNG.
Desde El Grullo “él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etcétera. Y ofrecía, además, 20.000 pesos por cada militar que asesinara a todo el personal de este grupo delincuencial”, reveló el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En respuesta, se desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, explicó Trevilla Trejo.
Al ser localizado, “El Tuli” intentó escapar en un vehículo y presuntamente abrió fuego contra los efectivos desplegados para capturarlo, que respondieron matando al que se consideraba como uno de los más estrechos colaboradores de “El Mencho”, también conocido como “El señor de los gallos”.
Macías Ureña tenía en su poder varias armas, más de 7,2 millones de pesos y casi US$1 millón.
Quién era “El Tuli”
Hugo César Macías Ureña aparece en investigaciones ministeriales e informes de inteligencia como uno de los mandos operativos más cercanos al ahora fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, según el diario “Milenio”.
Así lo revelan incluso varios narcocorridos dedicados a “El Tuli”, ese género musical popular en algunas zonas de México que ensalza las figuras de los narcos y ofrece detalles sobre sus vidas.
En “El Tulipán”, de Martín Castillo, se señala, por ejemplo que “el 5”, como también era conocido Macías Ureña, es “compadre de mucha confianza para aquel Señor de los Gallos, en las buenas y en las malas, nunca lo han dejado abajo, y en las peores batallas siempre han salido ganando”.
“No diré a qué se dedica, no quiero malentendidos”, continúa Martín Castillo, “pero es compadre de Mencho y quiere mucho a sus hijos”.
“El Tuli” fue, al parecer, señalado como jefe directo de células de choque con influencia en la operación territorial, según la información que proporcionaron sicarios detenidos y documentos filtrados, según “Milenio”.
Las autoridades aclararon que Macías Ureña no había sido oficialmente nombrado sucesor de “El Mencho”, pero asumió rápidamente el control operacional del cartel tras la muerte del líder.
Durante la etapa de expansión del grupo en el oeste mexicano, “El Tuli” formaba parte de la segunda línea operativa del cartel, momento en el que consolidó su modelo basado en células móviles fuertemente armadas.
Tres factores habían hecho, según el rotativo, que Macías Ureña consolidara su crecimiento dentro de la estructura del CJNG: la capacidad que tenía para reclutar a nuevos miembros, el control de grupos de sicarios y la coordinación táctica en campo.
Estos son atributos que el pasado domingo pudo demostrar cuando tomó las riendas de la respuesta del cartel al operativo militar contra “El Mencho”
La detención en el pasado de miembros del cartel como Juan Francisco Aguilar Santana, alias “Juan Pistolas”, lo sitúan como mando regional con acceso a la estructura central del CJNG.
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