
Integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR) se plantaron este 25N en un zócalo amurallado para exigir recursos que les permitan continuar atendiendo a mujeres víctimas de violencia, ante la incertidumbre presupuestal que enfrentan pese a que el número de solicitudes de atención que reciben va en aumento.
Wendy Figueroa, directora de la RNR, reclamó que a un mes de terminar el 2025, la Secretaría de las Mujeres no ha entregado la totalidad de los recursos que le correspondían a los refugios para operar este año, y para el siguiente no saben cuánto dinero les asignarán, debido a la desaparición del programa en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF).

“Nosotras no priorizamos la fotografía ni los discursos gubernamentales, sino las voces de las mujeres, niñas y adolescentes que acompañamos, por eso queremos hacer de este 25N un espacio de exigencia y de denuncia de las violencias que son consecuencia de un Estado que no garantiza derechos ni protege la vida“, señaló Figueroa.
A pesar de la falta de recursos, afirmó que a la fecha ningún refugio ha suspendido actividades, e incluso han atendido a un 40 % más de mujeres víctimas de violencia, “que previamente se acercaron a instituciones gubernamentales y no fueron escuchadas“. Con ese compromiso llegaron hasta el zócalo capitalino para acercar sus servicios a las manifestantes que salieron a las calles para denunciar las vejaciones que han vivido.
Entre consignas como “¡Refugios sí, feminicidios no!” y “Ni una asesinada más” compartieron botellas de agua, folletos informativos y un megáfono para hacer eco de las luchas que convergieron frente a un Palacio Nacional de puertas cerradas.

Para Elsa Simón, directora de un refugio ubicado en Tapachula, Chiapas, este 25 de noviembre “es una conmemoración muy triste: vivimos violencia económica porque no nos han dado el presupuesto que tendrían que otorgarnos”.
“No podemos arriesgar la atención de las usuarias, por eso hemos sobrevivido buscando créditos y hablando con el personal para que nos den chance en lo que nos dan el dinero, aunque por parte de las autoridades sólo recibimos un silencio total”, expresó Simón.
Frente a este panorama, calificó como “lamentable” el que se esté dando esta falta de diálogo y de apoyo para los refugios en el gobierno de la primera mujer presidenta, a quien cuestionó la frase con la que llegó al poder con la que aseguró que “llegamos todas“, algo que rechazó, “porque somos nosotras como sociedad quienes estamos apechugando para apoyar a quienes tienen necesidad de un refugio”.

Josefina Figueroa, quien dirige un refugio ubicado en el estado de Morelos, coincidió en que este 25N la Red de Refugios “llega con zozobra e incertidumbre, pero aún sin recursos, seguimos al pie del cañón”.
“Justo hoy estuve viendo con la contadora qué podemos hacer porque no llegan los recursos, cómo vamos a cubrir la alimentación, atenciones médicas y medicamentos, pero lamentablemente el panorama es muy desesperanzador“, por lo que insistió en que esperan que la Secretaría de las Mujeres les dé respuesta sobre los recursos que les deben este año y los que tendrán para el siguiente.
Los contingentes avanzan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo durante la marcha por el #25N para visibilizar las violencias que enfrentan y exigir justicia y políticas públicas para atenderlas.
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— Animal Político (@Pajaropolitico) November 25, 2025
La defensora subrayó que esta incertidumbre “es un tipo de violencia simbólica y muy corrosiva porque es el Estado quien no asegura los recursos para nuestros servicios que brindan la atención que él mismo no da, pese a la alta tasa de feminicidios. Sólo ponen una fachada muy bonita de discurso, detrás de la cual no hay más que escombros”.

La directora de la RNR recordó que los refugios para mujeres víctimas de violencia son espacios reconocidos a nivel internacional, por la necesidad de su existencia y por los resultados que han tenido desde su creación, por lo que indicó que ya se encuentran en diálogos con expertas de la CEDAW para llevar la exigencia de presupuesto ante organismos exteriores.
“Estamos amplificando nuestras demandas y afortunadamente hemos tenido buenas respuestas desde otros espacios y territorios en los que se está visibilizando lo que el patriarcado quiere ocultar, porque debe quedar claro que no daremos ni un paso atrás cuando se trata de la vida y la seguridad de las mujeres”, sentenció.
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En medio de las dificultades por falta de recursos, Wendy celebró que la red estuviera presente en la movilización por el 25N en la Ciudad de México, “porque es necesario recuperar la raíz política de este día y mantenerlo con un carácter de denuncia ante un sistema que precariza, violenta a mujeres y perpetúa el patriarcado”.

Jacibe, quien estuvo brindando escucha e información a diversas asistentes a la marcha como parte del contingente de la RNR, se dijo conmovida ante las experiencias que le compartieron, “porque muchas tuvieron un tipo de catarsis al identificar y nombrar las violencias que vivieron“.
Pese a la incertidumbre que tienen con el tema del dinero, aseguró que se quedan “con la esperanza y la fortaleza de seguir luchando y exigiendo algo que es un derecho para las mujeres, sus hijas e hijos. Estos espacios nos dan coraje y fuerza para apoyar a quienes en otros espacios institucionales no han recibido la respuesta que necesitan”.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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