
El Congreso de Estados Unidos condicionó la asignación de fondos de asistencia para México, hasta que se certifique la entrega de agua procedente del río Bravo y se cubra el adeudo correspondiente. En este supuesto, quedaron excentos los recursos destinados al cobate a las drogas sintéticas y el fentanilo.
De acuerdo con la Ley de Gastos del Departamento de Estado para 2026 avalada por el Capitolio el martes y posteriormente firmada por el presidente Donald Trump, de no cumplirse se verían afectadas las ayudas a proyectos en México.
“Ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición por esta Ley podrá destinarse a asistencia al Gobierno de México hasta que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignación que dicho Gobierno está entregando el agua que México adeuda a los Estados Unidos, según lo prescrito en el Artículo 4, Sección B del Tratado entre los Estados Unidos de América y México relativo a la Utilización de las Aguas de los Ríos Colorado y Tijuana y del Río Bravo, 3 de febrero de 1944”.
Se agrega que dicha certificación incluirá una evaluación de si México está entregando agua de conformidad con todos los términos establecidos en los acuerdos bilaterales que abordan los déficits de suministro.
“Disponiéndose además que la limitación de este párrafo no se aplicará a los fondos puestos a disposición para contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia los Estados Unidos”.
Se estima que el Gobierno de México adeuda más de mil 100 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Río Bravo que debieron suministrarse entre 2025 y 2025, sin embargo, no se llevó a cabo debido a las condiciones de sequía extrema, según ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum.

Otra de las condiciones previstas en la Ley de Gastos del Departamento de Estado para 2026 tiene que ver con la cooperación de México en el combate al narcotráfico en el último año, pues el gobierno norteamiericano pide que se avalen las actividades de las autoridades mexicanas para reducir el tráfico de fentanilo y combatir a los cárteles.
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“De los fondos asignados por esta Ley bajo el Título IV que se ponen a disposición para asistencia a México, el 30 por ciento solo podrá ser obligado después de que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que, en los últimos 12 meses, el Gobierno de México ha tomado medidas para reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera entre Estados Unidos y México; desmantelar y responsabilizar a las organizaciones criminales transnacionales; apoyar operaciones conjuntas antinarcóticos e intercambiar inteligencia con sus homólogos estadounidenses; atender las solicitudes de extradición de delincuentes buscados por Estados Unidos; y aumentar la participación en la lucha contra el narcotráfico tanto a nivel federal como estatal”.
Apenas el 3 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la entrega de agua de la cuenca del río Bravo “en un contexto de sequía extrema que afecta a la región”. Ambos gobiernos se encontraban negociando la retribución por el déficit en el suministro de México en el ciclo anterior.
Este plan es resultado de “un trabajo técnico y político sostenido con respeto a la soberanía de ambos países” en el marco del Tratado de Aguas de 1994, resaltó la cancillería en un comunicado. Además, asegura en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país”.
“México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola”, señaló.
La Secretaría aseguró que este plan técnico permitirá “fortalecer la gestión ordenada” del recurso en la cuenca del río Bravo, y avanzar en la planeación y responsabilidad compartida ante los efectos de la sequía, con la incorporación de infraestructura y acciones a largo plazo.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos informó que México acordó suministrar un mínimo de 350 mil acres-pies de agua al año durante el actual ciclo quinquenal y se comprometió a “elaborar un plan detallado para reembolsar íntegramente toda la deuda pendiente acumulada durante el ciclo anterior”.

“Se trata de una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses, y agradecemos los constantes esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum por hacer cumplir las responsabilidades de México en virtud del Tratado sobre el Agua de 1944″, dijo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump había amenazado con imponer un arancel de 5 % a los productos mexicanos si no se cumplían las entregas de agua. El mandatario acusó que México “sigue violando” el acuerdo y exigió más de 200 millones de metros cúbicos antes de que terminara el año.
El Tratado de 1944 establece obligaciones recíprocas. Estados Unidos debe entregar mil 850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado a México, mientras que México debe aportar 432 millones de metros cúbicos del Río Bravo.

El pastor Sergio Amezcua asegura que su iglesia distribuye comida a unas 100 mil personas en Minesota, en su mayoría migrantes que se niegan a abandonar sus casas para evitar ser detenidos en las redadas de las autoridades migratorias de EU
El pastor Sergio Amezcua recibió una llamada de emergencia. Un muchacho se lanzó desde un tercer piso cuando descubrió que agentes uniformados recorrían el edificio donde vivía para detener a migrantes indocumentados.
Amezcua, de 46 años, recuerda que pidió detalles: dónde estaba el muchacho, cómo se encontraba, qué se podía hacer para ayudarlo. Su interlocutor respondió que el joven había resultado herido en la caída.
“El muchacho estaba lavando su ropa en el cuarto de lavandería y cuando escuchó el ruido en el pasillo, rompió la ventana y se tiró para escapar”, explica en una llamada telefónica desde Mineápolis, donde lidera la iglesia evangélica Dios Habla Hoy.
El migrante caminó alrededor de un kilómetro hasta que unos vecinos le dieron refugio, cuenta el pastor. “Cuando se le ayudó, estaba sin zapatos ni camisa, andaba en shorts en temperaturas bajo cero, tocando puertas y llorando”.
Amezcua asegura que recibe llamadas sobre casos diferentes todos los días desde la primera semana de diciembre del año pasado, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) inició las redadas en Minesota.
Una mujer de su congregación se arrodilló con su bebé en brazos ante uniformados de ICE para pedir que no se llevaran a su esposo, un gesto que quedó grabado en un video que se volvió viral en las redes sociales.
En otro caso, un hombre permaneció escondido en una construcción durante cuatro horas, en temperaturas bajo cero, para escapar de una redada de ICE.
“Me llaman para pedir que ayudemos a localizar a familiares que fueron detenidos, para ver si les podemos conseguir un abogado o para pedir comida, leche y pañales”, detalla Amezcua. “Muchas veces nos piden asistencia para pagar la renta”.
“Los agentes están cazando a la gente común y corriente cuando sale de los apartamentos a tirar la basura. Es muy feo lo que se está viviendo en Minesota”.
En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que más de 2,5 millones de migrantes irregulares abandonaron Estados Unidos en 2025.
Más de 605.000 fueron deportados, en medio de una ofensiva nacional que lanzó el gobierno del presidente Donald Trump contra los migrantes indocumentados.
Amezcua nació en México. Llegó a Minesota hace 24 años y obtuvo la ciudadanía estadounidense. Hace más de una década, fundó una iglesia evangélica que oficia servicios en inglés y en español para una feligresía mayoritariamente latina.
En mayo del año pasado, la mayor comunidad de migrantes de Minesota provenía de México, con 59.137 habitantes, seguida por ciudadanos somalíes (42.503) e indios (30.632), de acuerdo con cifras de la legislatura estatal.
Aunque Minesota alberga menos del 1% de los cerca de 14 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, según estimaciones del Migration Policy Institute, el gobierno de Trump ordenó el mayor despliegue de ICE precisamente en este estado fronterizo con Canadá.
La Operación Metro Surge supuso la movilización de más de 2.000 agentes federales en Mineápolis desde diciembre del año pasado, con el objetivo de capturar y deportar a migrantes indocumentados.
Esta decisión fue anunciada después de que estallaran varios escándalos de presuntos fraudes de fondos públicos que involucraban a miembros de la comunidad somalí de Minesota.
En uno de estos casos, un YouTuber partidario de Trump mostró en un video supuestas guarderías administradas por somalíes que no estaban operativas, a pesar de que recibían dinero público.
En respuesta a la polémica, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que ICE haría una investigación “puerta a puerta” en medio del “fraude” de las guarderías en Minesota.
Sin embargo, los habitantes de Mineápolis salieron a protestar contra la presencia de ICE, especialmente después de que agentes federales dispararan y mataran a Renee Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero, dos ciudadanos estadounidenses que se resistieron a la detención de los migrantes.
La indignación provocada por estos casos se agravó luego de que un transeúnte fotografiara a un funcionario de ICE cuando sujetaba por la mochila a Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años que fue arrestado junto con su padre el 20 de enero a las puertas de su casa, también en Mineápolis.
“¿Por qué detienen a un niño de 5 años? No me digan que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”, cuestionó en su momento Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights.
“ICE NO tenía como objetivo a un niño”, replicó DHS en un comunicado difundido en X.
Días después, Liam y su padre fueron liberados del centro de detención de Texas al que fueron transferidos y regresaron a Mineápolis.
Más allá del debate público, Amezcua advierte que los migrantes han optado por replegarse en sus casas y limitar sus movimientos para evitar toparse con patrullas de ICE, una decisión que repercute incluso en la vida espiritual de los habitantes de Mineápolis.
“El 80% de los feligreses no se están congregando por temor a ICE. Estoy hablando de gente ciudadana, legal, de todo tipo, porque han arrestado ciudadanos y la gente no quiere que sus hijos pasen el trauma de esa experiencia”.
El pastor percibe el temor incluso dentro de su casa, a través de sus hijas adolescentes. “Cuando llega un paquete de Amazon a mi casa, muchas veces los repartidores van con las caras cubiertas por el frío y mis hijas se asustan porque piensan que es ICE”.
“El trauma es colectivo y atraviesa a todas las personas, no solamente a los migrantes sino también a la gente nacida acá”.
Amezcua se enfrentó al reto de coordinar ayuda humanitaria para los miembros de la iglesia por primera vez durante la pandemia, cuando las familias se vieron obligadas a permanecer en casa debido al confinamiento.
Pero desde que ICE recorre las calles de Mineápolis, el pastor lidera una operación masiva para llevar comida a los migrantes que temen correr el riesgo de ser capturados en las calles y luego ser deportados a sus países de origen.
La ayuda se anuncia a través de las cuentas de la iglesia en redes sociales. Y desde su chat personal, el pastor responde con un mensaje que invita a inscribirse en una lista para recibir una despensa de comida en los próximos siete días.
“Estamos apoyando a más de 100.000 personas en nuestra comunidad, repartiendo entre 175 a 200 toneladas de comida a la semana”, explica. Los alimentos son costeados por miembros de la iglesia, bancos de comida y fundaciones que los apoyan.
Amezcua asegura que la iglesia entrena a los voluntarios que se ofrecen a repartir la comida. En este momento, 4.000 personas colaboran con esta tarea.
“No puedo dar detalles pero si ellos ven que ICE los está siguiendo, se regresan y no entregan la comida”.
La ayuda para una familia contiene vegetales, frutas, pastas, salsas, proteína, leche y queso.
“Varía un poco todos los días, pero incluye: tortillas, harina, masa, aceite, azúcar, sal, jabón, pañales, fórmula y papel de rollo”.
El reto que busca superar la mañana que conversamos es conseguir un camión propio o rentado y una bodega para almacenar los productos.
“Hay mucha ayuda y no tenemos dónde poner toda esa materia prima”.
Los feligreses no sólo evitan ir al supermercado. Muchos también dejaron de enviar a sus hijos a las escuelas y no acuden al hospital cuando caen enfermos.
“Es un esfuerzo colectivo”, dice el pastor. “Estamos aquí para ayudar, no para hacerle frente a ningún gobierno. No preguntamos quién tiene documentos. Al que pide ayuda, se le ayuda”.
Aunque prefiere no dar mayores detalles sobre el migrante que se lanzó del tercer piso, el pastor asegura que sobrevivió y se está recuperando.
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