
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley de financiación que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno, provocado por desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre una reforma de la policía de inmigración.
La decisión dejó aparcada para futuras negociaciones la exigencia de los demócratas de reformar el ICE, el servicio de migración que lleva a cabo la campaña de expulsiones ordenada por el presidente Donald Trump.
Se espera que Trump firme rápidamente la legislación, que fue aprobada por 217 votos frente a 214 en contra en la Cámara, controlada por los republicanos.

Veintiún demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación, igual número de legisladores republicanos que se opuso a un proyecto de la oposición para reformar el ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los demócratas se negaron a aprobar la financiación del DHS, después de que dos manifestantes murieran a manos de agentes de inmigración en Mineápolis, causando masivas protestas.
El Senado aprobó el viernes un paquete de financiación para la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, y acordaron negociar el presupuesto del ICE y su departamento en las próximas dos semanas.
Ante el plantón de los demócratas, varios legisladores republicanos amenazaron con votar en contra del proyecto de ley porque se negaban categóricamente a renegociar el presupuesto del DHS.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pasó gran parte del lunes negociando con los legisladores de su partido para evitar que esto sucediera.
Trump salió al paso el lunes para convencer a sus partidarios: “Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley”.
“Trabajaremos juntos de buena fe para abordar las cuestiones que se han planteado, pero no podemos permitir otro cierre prolongado, inútil y destructivo que perjudique tanto a nuestro país”, afirmó Trump en una publicación en Truth Social, en referencia a los 43 días que duró el anterior “shutdown”, en el verano pasado.
Los demócratas habían mostrado su negativa a votar cualquier presupuesto para el DHS sin que se reformen los protocolos del ICE, como el uso de cámaras corporales para los agentes, la prohibición de vestir pasamontañas y que toda detención vaya precedida de una orden judicial.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el lunes que los agentes federales en Mineápolis portarán cámaras corporales “con efecto inmediato”, una medida que se “ampliaría a todo el país”.

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“Nadie está por encima de la ley. Los agentes del ICE deberían estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro miembro de las fuerzas del orden de este país”, declaró Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes.

Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas.
China ejecutó a 11 miembros de una conocida familia mafiosa que dirigía centros de estafa en Myanmar, a lo largo de su frontera nororiental, según informan los medios de comunicación estatales.
Los miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre por diversos delitos, entre ellos homicidio, detención ilegal, fraude y gestión de casas de juego, por un tribunal de la provincia china de Zhejiang.
Los Ming eran uno de los muchos clanes que controlaban la ciudad de Laukkaing, transformando una urbe empobrecida y aislada en un llamativo centro de casinos y barrios rojos.
Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas que habían tomado el control de Laukkaing durante una escalada de su conflicto con el ejército de Myanmar.
Con estas ejecuciones, Pekín está enviando un mensaje disuasorio a los posibles estafadores. Pero el negocio se ha trasladado ahora a la frontera de Myanmar con Tailandia, y a Camboya y Laos, donde China tiene mucha menos influencia.
Según estimaciones de Naciones Unidas, cientos de miles de personas han sido víctimas de la trata para llevar a cabo fraudes en línea en Myanmar y otros lugares del sudeste asiático.
Entre ellas hay miles de chinos, y sus víctimas, a las que estafan miles de millones de dólares, también son principalmente chinas.
Frustrado por la negativa del ejército de Myanmar a poner fin al negocio de las estafas, del que presuntamente se beneficiaba, Pekín respaldó tácitamente una ofensiva de una alianza insurgente étnica en el estado de Shan a fines de 2023.
La alianza arrebató un territorio significativo al ejército y tomó Laukkaing, una importante ciudad fronteriza.
Los once miembros de la familia Ming son los primeros jefes de esquemas fraudulentos de Myanmar en ser ejecutados por China.
Pero no serán los últimos. Cinco miembros de la familia Bai también fueron condenados a muerte en noviembre, y los juicios de otros dos grupos de acusados de las familias Wei y Liu aún no han concluido.
El juicio de la familia Ming se celebró a puerta cerrada, aunque el año pasado se permitió la asistencia de más de 160 personas a la audiencia para dictar sentencia, entre ellas familiares de las víctimas.
Las operaciones fraudulentas y las casas de juego de la mafia Ming generaron más de 10.000 millones de yuanes (US$1.400 millones) entre 2015 y 2023, según el tribunal supremo de China, que rechazó sus apelaciones en noviembre.
Sus delitos provocaron la muerte de 14 ciudadanos chinos y lesiones a muchos otros, según el tribunal.
Más de 20 miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre a penas de cárcel que iban de cinco años a cadena perpetua. Ming Xuechang, el patriarca del clan, se suicidó en 2023 mientras intentaba evitar su detención, según informó entonces el ejército de Myanmar.
Las confesiones de los detenidos se difundieron en documentales de los medios de comunicación estatales, para subrayar la determinación de las autoridades chinas de erradicar las redes de estafa.
Los Ming estaban entre un puñado de familias al estilo “El Padrino” que ascendieron al poder en Laukkaing a comienzos de la década de 2000.
Esto ocurrió después de que el entonces “señor de la guerra” de la ciudad fuera derrocado en una operación militar encabezada por Min Aung Hlaing, quien se convirtió en líder del gobierno militar de Myanmar tras el golpe de 2021.
El cabeza de familia, Ming Xuechang, dirigía uno de los centros de estafas más infames de Laukkaing, Crouching Tiger Villa.
Al principio, el juego y la prostitución eran las principales fuentes de ingresos de estas familias, pero con el tiempo comenzaron a dedicarse al fraude en línea, con personal compuesto en su mayoría por personas secuestradas y obligadas a llevar a cabo estos delitos.
Dentro de los muros de los extensos y bien vigilados recintos se desarrollaba una cultura de violencia. Las palizas y las torturas eran habituales, según los testimonios recogidos de los trabajadores liberados.
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