
El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, informó este domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, una decisión que se enmarcó en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.
Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citatorios de un gran jurado relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.
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Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto de renovación, calificándolos de “pretextos”.
“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell en el comunicado.
Para Powell, esta citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente las tasas de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2 %.
Trump acusó a la Fed de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, al considerar que podría haber casos de fraude, y planteó que hubo un costo total de 3 mil 100 millones de dólares cuando se fijaron 2 mil 700 millones inicialmente, una cifra que desmintió Powell.
Antes de su reelección, Trump acusó al presidente de la Fed, a quien apoda “demasiado tarde” Powell, de no bajar lo suficientemente rápido las tasas de interés y de actuar por motivos políticos y no económicos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano mantiene la presión sobre la institución, y en particular sobre Powell, a quien ha amenazado con despedirlo.
“He servido en la Fed bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cada vez, cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos, centrado únicamente en nuestro mandato”, agregó Powell.
El mandato del presidente de la Fed debe concluir en mayo, lo que permitirá reemplazarlo, potencialmente, por su principal asesor económico, Kevin Hassett, considerado por los analistas como el favorito.
La Reserva Federal tiene el doble mandato de mantener una inflación controlada y un bajo nivel de desempleo. Su principal herramienta para hacerlo es a través de las tasas de interés.

Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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