“Es un optimismo cauteloso lo que tenemos”: amnistía a presos políticos aviva la esperanza en Venezuela
El anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela llega en medio de la incertidumbre de lo que vendrá para el país, tras la intervención militar de Estados Unidos sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero. Aun así, la esperanza es inevitable para quienes han vivido en carne propia violaciones a los derechos humanos por parte del régimen o bien, tienen familiares presos o cuyo paradero se desconoce.
“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente”, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez el viernes 30 de diciembre en un acto en el Tribunal Supremo de Justicia.
Para el periodista y activista venezolano Luis Carlos Díaz se trata de un suceso que mueve todas las fibras sensibles imaginables en un país donde por mucho tiempo a la población se le ha inhibido de participar en la actividad política por temor a ser perseguido y castigado.
“Entonces, claro, se vive con una intensidad gigante y además hay un sentido de comunidad que también es muy grande”, explica a Animal Político. “No conocemos a la mayoría de los presos políticos, pero nos preocupan como si fuesen nuestros hermanos, como si fuesen nuestros amigos, como si fuese, bueno, gente, que es lo que son: gente a la que le ha pasado algo muy, muy injusto y que tiene que ser reparado cuanto antes”, señaló.
El propio Luis Carlos forma parte de esa “gente” a la que se refiere. El 11 de marzo de 2019, fue detenido en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). De acuerdo con el periodista, lo interceptaron después de salir de su trabajo en Unión Radio Noticias, lo encapucharon y lo trasladaron a un “centro de tortura clandestina” donde pretendían que se autoinculpara de un apagón nacional.
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“Luis Carlos Díaz está detenido única y exclusivamente por su reconocido trabajo de difusión de las demandas por una vida digna en el país (…) Es un preso de conciencia y exigimos su liberación inmediata e incondicional”, señaló entonces en un pronunciamiento la organización Amnistía Internacional.
Más de 24 horas después, Díaz fue liberado de forma condicional, imputado por instigación para delinquir. Le prohibieron salir del país y le impusieron una medida de censura para evitar que hablara de su caso.
“Que haya presos políticos en el siglo XXI en América Latina es una vergüenza para todo el continente, sobre todo porque significa que mucha gente no hizo su trabajo y no ha habido la presión suficiente de quienes se hacen llamar demócratas para que esto no ocurra ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela”, afirma.
Lágrimas afuera de los centros de detención
La noticia de la amnistía fue recibida con lágrimas por las familias venezolanas que están cumpliendo casi un mes en vigilia, durmiendo en la calle y en casas de campaña afuera de centros penitenciarios como Rodeo 1, Zona 7 y El Helicoide, a la expectativa de información oficial sobre la situación de las personas detenidas, alguna prueba de vida y listas confirmadas de las excarcelaciones que se van dando. Vecinos y personas solidarias les llevan comida y agua para apoyarles.
“Es un optimismo cauteloso lo que nosotros tenemos con esta iniciativa”, dice Diego Casanova, un joven integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), en un testimonio recogido por la propia organización. “Nosotros tenemos una lista de más de mil 200 personas que están todavía detenidas por razones políticas en estas cárceles del régimen y por supuesto todas las medidas, todos los anuncios que vayan en función de liberarlos a ellos van a llenarnos de optimismo”, afirma.
Casanova, quien viste una playera blanca con la leyenda “Liberen a todos los presos políticos”, advierte que la amnistía tiene que ser una medida que repare el daño, más no un perdón de delitos que nunca se cometieron en procesos en los que ni siquiera se respetó el derecho a la presunción de inocencia. Considera también que tendría que ser una oportunidad para que se anulen las restricciones impuestas a quienes han sido excarcelados, como prohibiciones para salir del país o hablar, o bien estar bajo un régimen de presentación.
De acuerdo con el anuncio de Delcy Rodríguez —quien asumió el poder en Venezuela, bajo presión de EU tras la captura y destitución de facto de Maduro— la ley de amnistía busca “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”, así como “reencauzar la justicia y la convivencia entre venezolanas y venezolanos”.
En esa línea, la presidenta encargada y antes vicepresidencia ejecutiva del gobierno, dio a conocer el cierre de El Helicoide, sede el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), considerado el mayor centro de tortura del país.
“En el Helicoide murió mi papá y mi hermano fue brutalmente torturado, como muchos. Y pues bueno (el cierre) representa, no te puedo decir alegría o alivio, pero sí siento que es un paso para el cambio que tanto hemos estado esperando”, dice Margareth Baduel, otra integrante de Clippve. “Hace falta que realmente exista justicia, reparación para que no vuelva a ocurrir lo que hemos estado viviendo de que se criminalice la disidencia”.
No será fácil desarticular al chavismo
El periodista Luis Carlos Díaz no ve fácil la desarticulación del “aparato represor” del chavismo, aún con la captura de Maduro, pues desde que llegó Hugo Chávez al poder siempre hubo presos políticos. “Esto ha sido genético y estructural del chavismo”, advierte.
“Siguen sin dar su brazo a torcer, necesitaron más presión, presión continua y aun así no han cumplido. Ni siquiera han hecho pública la lista de excarcelados y a los que sacaron de prisión los mantienen con juicios abiertos”, afirma. “Tampoco tendría sentido que celebremos que liberen a 700 y que luego capturen a otra gente”.
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De cualquier manera, y ante la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días, para Luis Carlos Díaz la noticia de la amnistía en Venezuela “es una alegría que emociona y hace que puedas tener dos lagrimitas, abrazarte y, en paralelo, celebrarlo y esperar que todos regresen a su casa”.
“Lo segundo —dice— es que, por detrás, hay otra capa de emoción y es que también puede significar el fin de la dictadura”.
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La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
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