INE propone asegurar presupuesto, separar la elección judicial y fortalecer la fiscalización en la reforma electoral
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entregaron a Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un documento con 241 propuestas con las que el organismo busca blindar su presupuesto, modificar la fecha para la elección de cargos del Poder Judicial y fortalecer la fiscalización para seguir el dinero en campañas sin obstáculos, como el “secreto ministerial”.
La propuesta, entregada este lunes, está organizada en 10 ejes, pero el propio INE puso el acento en tres: dinero suficiente para operar, reglas específicas para la elección judicial y mayor capacidad para investigar el financiamiento de la política.
En su posicionamiento el INE sostuvo que “no propone una reforma para sí mismo, sino para preservar la calidad democrática del país, garantizar elecciones íntegras y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía en un entorno cada vez más complejo”, señalan.
El documento se integró con la información recabada durante el proceso electoral 2023–2024 y en la elección extraordinaria del Poder Judicial 2024–2025, con la intención de hacer ajustes rumbo a los procesos 2026–2027.
En él, el INE propone llevar a la Constitución un piso mínimo de recursos que se actualice cada año y que se mueva con variables como el PIB y el tamaño del padrón, para evitar recortes que, a su juicio, complican tareas básicas, como la instalación de casillas, capacitación, padrón y fiscalización. Para defender que el gasto no es el problema central del presupuesto público, agrega que su financiamiento anual representa entre 0.2 % y 0.5 % del Presupuesto de Egresos, mientras que el de los partidos equivale a 0.08 %.
Sobre la elección de cargos del Poder Judicial, propone separarla temporalmente de los comicios ordinarios y fijar un calendario. Que las campañas se realicen en agosto-septiembre y la jornada electoral el último domingo de octubre. También plantea, para hacer viable ese proceso, un rediseño territorial con 60 distritos judiciales electorales, un máximo de 1,000 electores por casilla.
Además, propone permitir que las candidaturas judiciales puedan recibir financiamiento privado (aportaciones propias y de simpatizantes) y no depender solo del gasto personal, con límites y reglas de control para evitar disparidades.
En fiscalización, el INE no solo pide que el “secreto ministerial” no pueda usarse para negarle información, sino que esa regla quede en la Constitución, que haya sanciones para funcionarios que la incumplan y que las autoridades estén obligadas a responder en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Además, plantea crear un capítulo específico para vigilar gasto y propaganda digital, con la posibilidad de exigir datos directamente a proveedores y plataformas, incluidas las que operan desde el extranjero, obligarlas a tener representación u oficina en México para notificaciones y, en caso de incumplimiento reiterado, permitir que el INE solicite a la autoridad digital un bloqueo temporal de la plataforma con alcance definido.
Además, plantea modernizar la forma de votar con una ruta gradual hacia el voto electrónico y modalidades mixtas (por internet y mecanismos presenciales), bajo criterios de seguridad y verificabilidad. En el mismo paquete incluye medidas de paridad y combate a la violencia política, como garantizar que 50 % del financiamiento llegue efectivamente a candidatas mujeres y tipificar violencia digital.
Las 241 propuestas del INE están agrupadas en 10 ejes que recorren todo el sistema electoral: libertades políticas (competencia equitativa y derechos políticos), representación política (reglas para asignar cargos), sistema de partidos (funcionamiento democrático interno), financiamiento y fiscalización (transparencia y trazabilidad de recursos), efectividad del sufragio (voto electrónico y nuevas modalidades), comunicación política (equidad en entornos digitales), autoridades electorales (fortalecimiento del INE y los OPLES), justicia electoral (certeza jurídica y resolución de conflictos), elegibilidad e inmunidades (requisitos y responsabilidades), y democracia participativa (consultas y revocación de mandato).
