Las omisiones de Gertz Manero en la FGR: sin Plan de Procuración de Justicia y bases de datos clave abandonadas
Durante los más de seis años de su gestión, el fiscal general Alejandro Gertz Manero no solo evadió comparecer y rendir informes ante el Congreso de la Unión —obligaciones constitucionales—, tampoco presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, una omisión grave al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Estas omisiones de Gertz Manero en la FGR incluyen el abandono total de bases de datos nacionales en materia forense, de tortura y feminicidios, elementos clave que profundizan la crisis forense en México y que, en su conjunto, ameritaban su destitución al frente de la FGR.
Además, Gertz Manero omitió proponer iniciativas de ley o reformas constitucionales y legales significativas de su competencia, una atribución “indelegable”, según la propia Ley de la FGR, lo que evidenció su desdén por respetar los mecanismos de control legislativo, y no tuvo casos o sentencias “paradigmáticas” de interés ciudadano, lo que según especialistas en procuración de justicia refleja un incumplimiento “sistemático” de sus obligaciones legales que se tradujo en ineficacia institucional y falta de transparencia.
A pesar de lo anterior, el pasado 27 de noviembre de 2025, Alejandro Gertz Manero renunció como titular de la FGR para ser embajador de México en el extranjero por invitación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin que se le haya abierto ningún procedimiento de responsabilidad administrativa por la omisión en su cargo o comisión. Estas son algunas de ellas.
Sin plan de procuración de justicia no hay “eje rector” para otras autoridades: especialistas
La principal atribución de la FGR es investigar y perseguir delitos del fuero federal, que en su mayoría involucran actividades de delincuencia organizada, como narcotráfico, tortura, extorsión, huachicol.
Es poco sabido que también tiene otras atribuciones para participar activamente en el desarrollo de la “política criminal” del país —consistente en todas aquellas estrategias, instrumentos y acciones implementadas por parte del Estado para controlar y prevenir delitos—, así como trabajar con las fiscalías estatales en casos relevantes o de apoyo en materia de capacitación y coordinación.
Por este motivo, para cumplir con dicho objetivo, en los artículos 19, 20 y 88 de la Ley de la Fiscalía General de la República quedó establecido que entre las facultades y “atribuciones indelegables” de la persona titular de esta dependencia estaría autorizar la publicación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, una ley que fue publicada el 20 de mayo de 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en mutuo acuerdo con el entonces fiscal Gertz Manero.
Así, en el artículo décimo segundo transitorio de dicha Ley se estableció que la persona titular de la FGR contaría con un plazo de un año para emitir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, con el que se conduciría la “labor sustantiva de la Institución”, plan que se actualizará cada tres años con la opinión de un Consejo Ciudadano y que este sería presentado ante el Senado de la República.
Precisamente, la falta de presentación de este Plan Estratégico de Procuración de Justicia fue considerada por legisladores como una “omisión grave” que ameritaba la remoción del fiscal Alejandro Gertz Manero, en caso de que no hubiera renunciado, según una nota publicada por el periódico La Jornada.
Sin embargo, el hecho de que el fiscal Gertz Manero no haya publicado este plan en seis años tiene una trascendencia aún mayor, según especialistas, pues al no existir un “plan rector” o un documento que establezca una guía general de participación y colaboración en las políticas de procuración de justicia, otras autoridades clave —como las fiscalías locales, la policía y la Guardia Nacional, tras las reformas constitucionales— carecen de un eje rector.
“Al no tener este tipo de documentos, no hay certeza ni directriz para que las mismas fiscalías locales y otras autoridades definan sus actividades y establezcan políticas de coordinación. Esto es crucial porque la participación y coordinación entre todas las fiscalías requiere de un plan que venga de la Fiscalía General de la República y de otras instituciones encargadas de definir la política criminal y las prioridades de investigación”, señala la abogada Leslie Jiménez, especialista en derecho penal, en entrevista con Animal Político.
Al respecto, en el artículo 102, apartado A, último párrafo de la Constitución Federal se establece que el fiscal y sus agentes “serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones”.
Por este motivo, la abogada Leslie Jiménez considera que de manera muy general se le podría establecer alguna responsabilidad administrativa a Gertz Manero por omisión en su cargo o comisión.
“Sí tendría que haber voluntad política de darle intervención a la contraloría (Órgano Interno de Control de la FGR) precisamente por estas omisiones, pero dudo que de todo lo que hizo (el fiscal) esta sea la omisión más grave que realmente les interesaría investigar”, señala.
Abandono de bases de datos nacionales de la FGR
El artículo 40 de la Ley de la FGR establece que es facultad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, organizadas en la Fiscalía General, garantizar a las personas víctimas o sus familiares la consulta de la información genética de sus familiares resguardada en las bases de datos que conforman el Banco Nacional de Datos Forenses, para la identificación de cuerpos o restos humanos, en el caso de personas desaparecidas.
Mientras que en el artículo quinto transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura publicada en 2017 quedó establecido que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —que más tarde sustituyó en funciones la FGR— contaría con un plazo para “contar con la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura”.
No obstante, pese a los reclamos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, e incluso la interposición de juicios de amparo tramitados por particulares y ONGs para obligar a la FGR a implementar y echar a andar estas dos bases de datos nacionales, hasta la fecha ninguna de las dos funciona adecuadamente.
“El hecho de que, por ejemplo, no se hayan encaminado estas dos bases es no solamente deficiente en el término de lo que puede hacer la propia Fiscalía General, sino que además te da una perspectiva de cómo están las demás fiscalías locales. No tener este tipo de bases, este tipo de almacenamiento o este tipo de desarrollo pericial, habla de la falta de importancia que tiene el Estado mexicano hacia lo que hace las fiscalías”, señala Leslie Jiménez.
Aunado a lo anterior, la especialista recuerda que es fecha en que el Estado mexicano no tiene una base de datos científicos y periciales con lo que tiene que ver con el delito de feminicidio.
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“Y esto fue mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia contra México en el caso González y otras (Campo Algodonero) por feminicidio y violencia de género. Y se supondría que esto tenía que estar operada desde la misma Fiscalía General de la República y esas instituciones federales, pero no lo tenemos. ¿Algún día lo tendremos? No lo sé”.
La especialista señala que cuando los peritos no tienen estas herramientas científicas se limita la capacidad de las autoridades para integrar carpetas de investigación en delitos federales complejos.
“No se integran carpetas de investigación y el grosor de las que conoce la Fiscalía General de la República son delitos que involucran delincuencia organizada. Si no tienes un fortalecimiento en tus peritos, ¿cómo vas a integrar una carpeta de índole científica cuando la investigación del sistema de justicia penal tiene un trasfondo científico?”, cuestiona.
Las otras obligaciones no cumplidas… por el Senado
Durante los días previos a la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR, arreciaron las especulaciones en torno de la decisión del funcionario para dejar de ser el máximo fiscal de la nación. La especulación más grande giró en torno de la decisión de no presentar sus últimos informes de actividades ante el Congreso de la Unión.
Sin embargo, dentro de toda esa jornada de especulaciones no se recordó que también existen obligaciones no cumplidas por parte del Senado, como la conformación de un Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, organismo que emitiría también una opinión sobre el Plan Estratégico de Procuración de Justicia.
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En el artículo 98 de la Ley de la FGR también se estableció que este Consejo Ciudadano estaría integrado por cinco personas de “probidad y prestigio”, que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, quienes sesionarían por lo menos una vez al mes para dar su “opinión y visto bueno” de temas relevantes para la FGR.
La falta de integración de este organismo también ha resultado en la falta de un mecanismo clave para la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y la participación ciudadana y de víctimas en la institución, omisión que fue vista como una consecuencia de la implementación de la Ley Orgánica de la FGR.
“Porque desde el origen de la ley se advirtió esta nula comprensión, empatía y atención de todas las autoridades hacia un modelo nuevo de procuración de justicia, y ese es el resultado, ¿no? Una fiscalía que nunca fue autónoma, una fiscalía que nunca tuvo el desarrollo de aptitudes científicas que se estaban exigiendo en el momento, y de la participación de ciudadanos y de víctimas, especialmente en delitos que tengan que ver con ellos. Había muchas críticas de las víctimas a la fiscalía, que antes era SIEDO, por los tratos, el maltrato, el nulo acompañamiento, y eso no cambió con este modelo”, señala Jiménez.
Ante este panorama, concluye que la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR solo se puede considerar como un “síntoma cínico, de la falla de las instituciones” y de la nula autonomía efectiva de la fiscalía, advirtiendo que, si la cabeza de la institución carece de transparencia, menos se puede esperar de las fiscalías locales.
“Creo que todo esto que está pasando con Gertz Manero y el cambio de la fiscalía es un síntoma más, incluso hasta más cínico, de la falla de las instituciones, del nulo interés político, eso es para todos los partidos. Porque incluso la iniciativa #FiscalíaQueSirva se discutió cuando Morena no era mayoría en la Cámara de Diputados, y a los diputados del PRI y del PAN les valió completamente… Lo preocupante ahora es qué van a hacer con esto las demás fiscalías. Porque si la FGR no tiene transparencia ni rendición de cuentas en su cambio de titular, ¿qué nos podemos esperar de las fiscalías de Tlaxcala, de Veracruz, de Tabasco?”.
