Arropada por Morena, cuestionada por la oposición y con reservas de aliados, la reforma electoral inicia su ruta en el Congreso
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión su propuesta de reforma electoral que fue recibida con las consignas “¡No estás sola!” y “¡Es un honor estar con Claudia hoy!” por los integrantes de Morena en la Cámara de Diputados. Coros que evidenciaron el respaldo de su partido y, al mismo tiempo, el rechazo de otros grupos a la iniciativa, incluidos sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En la modificación a 11 artículos constitucionales, el proyecto propone reducir el número de senadores, quitar el control que las dirigencias partidistas tienen sobre las diputaciones de representación proporcional, recortar el financiamiento a partidos, fiscalizar el dinero en campañas y regular la propaganda alterada con inteligencia artificial.
También reduce el tiempo del Instituto Nacional Electoral (INE) en radio y televisión, y establece que ningún funcionario de los órganos electorales puede ganar más que la presidenta. Además, plantea que los cómputos de las elecciones inicien el mismo día de la jornada electoral, desde la recepción del primer paquete en cada Consejo Distrital.
Al llegar al Congreso, sin que el oficialismo tenga asegurada la mayoría calificada para cambios constitucionales, el avance de la reforma dependerá de los acuerdos que Morena logre con fuerzas políticas aliadas y con la oposición. En su exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que busca fortalecer la representación y la participación ciudadana, así como reducir los costos del sistema electoral, mientras la oposición advierte que se intenta establecer un retroceso democrático.
La modificación de las plurinominales
Como lo había adelantado la presidenta, la iniciativa propone cambios con el objetivo de quitarle a las dirigencias partidistas el control sobre las listas de legisladores plurinominales y les reduce los recursos, esquemas que tanto el PT como el Partido Verde han rechazado.
La iniciativa elimina las 32 senadurías de representación proporcional y reduce la integración de esa Cámara de 128 a 96 integrantes, con un modelo basado únicamente en mayoría relativa y primera minoría por entidad federativa, sin listas nacionales para asignar escaños.
Para la Cámara de Diputados, la iniciativa conserva 500 legisladores: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Sin embargo, replantea la forma de asignar esos espacios plurinominales.
Divide esas 200 curules en dos bolsas: 100 se otorgarían a candidaturas que no ganaron su distrito, pero que representan los mejores porcentajes para su partido; y otras 100 serían elegidas mediante listas regionales por cada una de las cinco circunscripciones en las que está dividido el territorio nacional. Dentro de ese esquema, el proyecto incluye diputaciones vinculadas a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.
Recorte de financiamiento, fiscalización y dinero extranjero
Otro eje central es la disminución de dinero a los partidos. La reforma mantiene el esquema de financiamiento a los grupos: que 30 % de la bolsa se entregue en partes iguales a todos los partidos y 70 % sea en proporción a los votos obtenidos en la elección previa de diputados federales, lo que ha derivado en más dinero para Morena. Sin embargo, reduce el porcentaje usado para calcular ese dinero. Plantea reducir de 65 a 48.75 el porcentaje de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) que se multiplica por el número de registros en el padrón electoral.
La contrapropuesta que han realizado tanto el PT como el Partido Verde es que, si se reduce el recurso a los partidos, todos reciban la misma cantidad.
La iniciativa presidencial incorpora un modelo de fiscalización con reportes cotidianos confidenciales de todas las operaciones financieras vinculadas a partidos y candidaturas durante precampañas y campañas, con el fin de fortalecer el rastreo de ingresos, egresos y movimientos financieros.
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El texto también contempla obligaciones de reportes asociadas a actividades legales consideradas vulnerables de realizarse con recursos de procedencia ilícita.
Además, prohíbe que las aportaciones privadas se realicen en efectivo y establece que las monetarias se hagan a través del sistema financiero mediante transferencias o títulos de crédito. En ese mismo bloque fija una prohibición expresa: partidos, precandidaturas y candidaturas no podrán recibir ni ejercer para campañas recursos en dinero o especie provenientes del extranjero, sean gobiernos, fondos, organismos, personas físicas o empresas, ni de personas que residan fuera del territorio nacional.
Sin establecer detalles, la iniciativa plantea que las autoridades de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera se coordinen con el INE para proporcionar información relacionada con el registro de las candidaturas.
Propaganda, consultas populares y participación ciudadana
En propaganda electoral, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum establece que el material modificado con IA debe identificarse, y que existan obligaciones para concesionarios y plataformas respecto de contenido no identificado, además de sanciones.
Reduce el tiempo que el INE administra en radio y televisión durante los periodos electorales. Hoy el tiempo disponible es de 48 minutos diarios; con la reforma bajaría a 35 minutos desde el inicio de precampañas y hasta el día de la jornada electoral, para su distribución entre partidos y autoridades. Esta medida ha sido criticada incluso por el senador morenista Javier Corral, ante la posibilidad de abrir la puerta a una reconfiguración de los medios de comunicación frente al Estado.
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En democracia directa, el proyecto habilita el uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto en consultas populares. A la par, reconoce mecanismos de democracia directa en estados y municipios, como plebiscitos y referéndums a solicitud de máximo 2 % de las personas inscritas en la lista nominal, y fija que sus resultados serán vinculantes si participa al menos el 40 % de los electores.
La iniciativa permite que autoridades de los tres órdenes de gobierno puedan promover la participación ciudadana en estos mecanismos, pero sin influir en el sentido del voto, y también eleva a rango constitucional la obligación de que partidos y órganos electorales garanticen acciones afirmativas a favor de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como grupos históricamente subrepresentados en la selección y postulación de candidaturas a cargos de elección popular.
Lo que la reforma no contempla
Algunas medidas solicitadas por los legisladores que no fueron contempladas en la iniciativa son la eliminación del fuero, promovida por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar; tampoco introduce candados adicionales contra el financiamiento del crimen organizado en campañas, más allá de reiterar la prohibición de usar recursos de procedencia ilícita.
Oposición mantiene rechazo y “aliados” aguardan posicionamiento
Ni el PAN ni el PRI modificaron la postura que habían adelantado previo a la publicación de la iniciativa. El PAN evitó debatir sobre las propuestas y centró su crítica sobre algo que no está incluido. Reiteró que van en contra porque no se propone que los partidos pierdan su registro si se les comprueba que las candidaturas recibieron dinero del crimen organizado.
“Esa era nuestra exigencia, no lo cumplieron, no vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia esta farsa de reforma, que no atiende el problema central”, dijo el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.
Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados: “Esta reforma electoral no tendrá un solo voto del Partido Acción Nacional”, afirmó su coordinador, Elías Lixa, quien dijo que respaldarla sería “validar una simulación”.
En el caso del PRI, el senador Manuel Añorve también evitó profundizar sobre los cambios propuestos. Insistió en que se trata de una especie de “Ley Maduro”, que significa un “retroceso democrático”, el mismo concepto usado por el PT.
En tanto, Movimiento Ciudadano había adelantado que, con base en los ejes dados a conocer por la presidenta, lo más probable es que rechazaría la propuesta presidencial. MC presentará su propia iniciativa de reforma constitucional este jueves 5 de marzo.
