
Para entender mejor
14 auxiliares de actuarios que formaban parte de los Tribunales Colegiados en la Ciudad de México, así como dos jefes de la Unidad de Notificadores, fueron inhabilitados por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), pues ejercían actos de acoso y violencia laboral en contra de sus compañeros de trabajo.
“El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas sustentó su indagatoria ante la Comisión de Disciplina con pruebas que demuestran que las personas servidoras públicas denunciadas ejercían de manera reiterada actos de violencia laboral en contra de sus subalternas, subalternos y demás compañeras y compañeros de trabajo, mediante el uso de lenguaje altisonante, así como comportamientos agresivos, amenazantes, intimidatorios y ofensivos”, destacó el Órgano de Administración Judicial (OAJ)
En sesión ordinaria, el magistrado Rufino H. León Tovar, indicó que las denuncias fueron de “carácter misógino y de connotación sexual no consentida”, por lo que vulneraron la esfera íntima de las personas afectadas a través de contacto físico indebido.

“Quedó acreditado que las personas denunciadas ejercían, de forma sistemática, acoso laboral, ya que grababan, fotografiaban, seguían y vigilaban a compañeras y compañeros de trabajo, así como a un superior jerárquico, sin su consentimiento”, explicó.
El magistrado agregó que uno de los servidores públicos sancionados incurrió en conductas de acoso sexual al emitir comentarios y realizar acercamientos de connotación física no consentidos y reiterados, lo que generó un entorno laboral hostil para una funcionaria judicial.
“Finalmente, se demostró que los implicados empleaban indebidamente a personas ajenas al Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo notificaciones, a fin de evadir sus responsabilidades laborales; que no acataban las órdenes de sus superiores jerárquicos y que, en ocasiones, se presentaban a trabajar en condiciones inaceptables para el servicio público”, indicó el magistrado.
Aseguró que después de un análisis, la Comisión de Disciplina concluyó que las personas involucradas no preservaron el profesionalismo que exige la función judicial.
En ese sentido, sancionó a trece servidores públicos con suspensiones de entre treinta y noventa días de su actual cargo, así como con la inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un término de tres meses a un año, mientras que otros tres servidores públicos fueron destituidos de su cargo por diferentes causas previstas en la ley.
El Magistrado Rufino H León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina del TDJ, sostuvo que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay intocables, por lo que se aplicará todo el peso de la ley a quienes realicen actos de maltrato, incurran en conductas que vulneren la correcta impartición de justicia o alteren el ambiente laboral libre de violencia que debe prevalecer en los centros de trabajo.
En septiembre de 2025, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), de diversos niveles y estados del país, denunciaron ante las autoridades supuestos actos de hostigamiento y acoso laboral presuntamente cometidos por nuevas juezas y magistradas federales, que resultaron ganadoras tras la elección judicial.

Las primeras denuncias se concentran particularmente en los estados de Veracruz y Sinaloa, donde personas juzgadoras electas supuestamente realizaron “presiones indebidas” para obligar a las y los trabajadores a renunciar, violando así la reforma judicial que decretó en su artículo décimo transitorio que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.
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Estas “presiones” ocurren a pesar del llamado del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pidió a las y los nuevos jueces y magistrados federales del país no “desechar” o “despedir” a los trabajadores que ya estaban en el Poder Judicial, quienes aseguró cuentan con formación y experiencia que “hay que aprovechar”.
Los trabajadores solicitan la “intervención inmediata” de las autoridades para que cesen las violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF, en diversos escritos dirigidos a autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro presidente Hugo Aguilar e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).