A diferencia de otros servicios federales de salud que siguen negándolo, a partir de hoy el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá proveer el servicio de aborto en los estados donde éste ha sido despenalizado, según lo establece un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de enero.
Desde que la interrupción legal del embarazo fue despenalizada por primera vez a nivel local en la Ciudad de México en 2007, el ISSSTE y el IMSS se negaban a practicarla debido a la omisión del Congreso de la Unión de legislar reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, que rigen a los servicios federales, pese a que existe una iniciativa en ese sentido desde 2021.
El servicio de aborto era negado comúnmente también cuando se trataba de causales contempladas en leyes locales, porque el Código Penal Federal solo considera cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando existe peligro de muerte de la mujer embarazada o cuando el aborto es espontáneo o accidental. Por lo tanto, el acceso en los servicios federales seguía siendo restringido y no correspondía a la realidad de cada estado.
“El Instituto garantizará que el procedimiento que se practique con motivo de la ILE sea parte de los servicios de salud otorgados bajo un marco legal, que asegure el máximo nivel de bienestar físico, psicológico y social de la persona usuaria, eliminando barreras estigmatizantes a los derechos de la libertad reproductiva, informándola y acompañándola en todo momento por un profesional, asegurando que la decisión sea informada y libre de presiones externas”, establece el instituto en el acuerdo.
En el documento, el organismo define la interrupción legal del embarazo (ILE) como el procedimiento médico realizado por personal de salud capacitado, que interrumpe el proceso de gestación en el periodo comprendido entre el momento de la implantación y las 12 semanas completas de gestación, que debe realizarse bajo condiciones legales y médicas que resguarden la integridad de la persona usuaria.
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“La ILE está protegida por el marco legal en cada entidad federativa que ha reformado su legislación en la materia. Este procedimiento se realiza a petición expresa de la persona usuaria en ejercicio voluntario, libre y en pleno ejercicio de su autonomía reproductiva”, agrega el acuerdo.
“Estamos celebrando esto porque este problema que tenemos con el ISSSTE, el IMSS y el ISSFAM viene desde la despenalización de la Ciudad de México, donde ellos han dicho que el código que les aplica es el Código Penal Federal, y aunque te encontraras en Ciudad de México o en algún otro estado que haya despenalizado, no podías acceder a estos servicios porque a ellos les rige este código que hasta la fecha, y a pesar de que la Suprema Corte ya le dio la orden al Congreso de despenalizar el aborto, no se ha reformado”, señala en entrevista Ninde MolRe, integrante de AbortistasMx y Necesito Abortar.
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Al mismo tiempo, la activista advierte que esa situación pone en un estado de alta vulnerabilidad a las mujeres que habitan los estados donde ya hay despenalización y son beneficiarias de servicios de salud federales. Sin embargo, advierte que aunque se trata de un primer paso valioso que demuestra que cuando hay voluntad política e intención, suceden avances, al mismo tiempo es problemático.
Previamente, el ISSSTE ya había sido sancionado en 2019 por haber negado el acceso a un aborto por la causal de salud por no haber estado contemplada en un código penal, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había respondido que más allá de regulaciones específicas, era necesario atenerse al artículo 4 constitucional que garantiza el derecho a la salud.
“Si lo vemos a la distancia, pareciera que las autoridades lo que están haciendo es poner sobre la Constitución un código penal, y eso es lo que está pasando un poco (con el acuerdo), porque aunque se da esta orden, solamente es para los estados que han despenalizado, lo cual pone en una situación de desigualdad a las personas trabajadoras que son beneficiarias del ISSSTE”, sostiene MolRe.
Esto puede causar confusión en las personas usuarias, lo cual incluso llega a ser extensivo a derechohabientes de otros institutos federales, que se preguntarán por qué en estos no se puede acceder a ese derecho. Al mismo tiempo, gracias a la definición que se establece en el documento y abarca las 12 semanas, también puede preverse un impacto positivo en estados como Aguascalientes, en donde se retrocedió el periodo permitido a seis semanas.
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Sin embargo, el artículo 5 del acuerdo señala que será obligatorio solo para las unidades médicas de los estados que han despenalizado, mientras que el 7 consigna que la dirección médica hará público el listado de unidades médicas del instituto que cuentan con el servicio para practicar la ILE. Esto, indica, MolRe, limita a que el servicio no se preste en todo el país.
Además, recuerda que el resto de los servicios federales, como el IMSS, el IMSS Bienestar y Pemex no han hecho ningún pronunciamiento que garantice el acceso al aborto. “Hay que recordar que en México hay muchos seguros, incluso seguros de trabajadores del Estado a nivel estatal y municipal que no necesariamente son el ISSSTE, y esas normativas en los estados por lo general no se han reformado y los trabajadores no tienen acceso a este derecho”, apunta.
Varios de ellos siguen utilizando como excusa la falta de reforma al Código Penal Federal, por lo que MolRe subraya que también sería necesario destacar que la SCJN en 2021, con la acción de inconstitucionalidad de Coahuila, ya estableció que el derecho a decidir es un derecho humano, por lo que no puede dársele preeminencia a un código penal sobre la Constitución, más en una administración que se ha apegado a reformas constitucionales.
Hasta ahora, el aborto se ha despenalizado en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Puebla, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán. En tanto, la Suprema Corte ya ha ordenado al congreso federal y al de Yucatán derogar los artículos que criminalizan el aborto de manera absoluta; de la misma manera sucedió, por parte de tribunales colegiados, en Nayarit y Zacatecas, pero los congresos no han cumplido con estas resoluciones.
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En agosto de 2024, la despenalización en Aguascalientes, que se había logrado mediante orden judicial en diciembre de 2023, se redujo a un periodo de seis semanas de gestación, lo que las organizaciones han calificado como una prohibición disfrazada. De las entidades que han despenalizado, solo en ocho –de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- se ha incorporado la regulación de la interrupción del embarazo en las leyes locales de salud, mientras que únicamente Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz han publicado un programa para la atención del aborto.
El nuevo aeropuerto Jorge Chávez quiere mejorar las conexiones de la capital peruana y ser vanguardia en la región.
El nuevo aeropuerto Jorge Chávez de Lima comienza a funcionar a pleno rendimiento este primero de junio con la promesa de convertirse en uno de los aeródromos más modernos y con más tránsito de Sudamérica.
Después de varias semanas de pruebas, en las que un grupo reducido de aerolíneas internacionales han estado operando vuelos en las nuevas instalaciones, el nuevo Jorge Chávez entrará plenamente en funcionamiento con el objetivo de mejorar la capacidad de atracción de visitantes y la conectividad de Perú.
Tras su inauguración oficial este viernes 30 de mayo, en un acto en que se espera la participación de la presidenta Dina Boluarte, el domingo a la 1pm hora local el aeropuerto estará totalmente operativo.
El camino hasta la inauguración del nuevo aeropuerto no ha sido fácil ni ha estado exento de retrasos y contratiempos. Estaba inicialmente prevista para diciembre de 2024, pero se aplazó hasta junio de este año para garantizar la seguridad y un eficiente desarrollo de las operaciones.
Y han surgido dudas sobre el impacto de algunas carencias aún no resueltas, como el escaso espacio destinado a los funcionarios de Inmigración, que podría provocar retrasos en la admisión de pasajeros al país, las esperas por la acumulación de vuelos tras las horas sin actividad del primer día o la falta de un acceso peatonal a la terminal.
Pese a todo, el nuevo aeropuerto tendrá previsiblemente un gran impacto en Perú y en su capital, así como en el transporte aéreo en Sudamérica.
Según Raúl Pérez Reyes, ministro peruano de Transportes, “la inauguración de este moderno aeropuerto marcará un hito para el desarrollo económico y turístico del país”.
El nuevo aeropuerto es el resultado básicamente del agotamiento de la capacidad del antiguo aeródromo, que entró en funcionamiento en 1960.
“En 2014 ya comprobamos que el número de pasajeros estaba creciendo a un ritmo superior a lo de que se había planeado para la infraestructura”, le cuenta a BBC Mundo Norbert Onkelbach, jefe comercial de Lima Airport Partners, la empresa de capital alemán que tiene la concesión de la explotación del aeropuerto.
En 2017, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano y la empresa concesionaria acordaron una extensión de la concesión hasta 2041 con el compromiso de que esta construiría una nueva terminal.
Para entonces el viejo Jorge Chávez ya recibía unos 17 millones de pasajeros al año.
Con más de US$2.000 millones de inversión, el nuevo Jorge Chávez tiene 270.000 metros cuadrados de superficie y 46 puertas de embarque.
Con capacidad para 40 millones de pasajeros anuales, futuras ampliaciones podrían elevar esa cifra hasta los 50 millones anuales.
La segunda pista construida, que se suma a la del viejo aeropuerto, que seguirá operativa, ha dejado a la nueva terminal en medio de dos pistas que pueden utilizarse simultánea y coordinadamente.
“Esto nos permitirá llegar a los 54 movimientos por hora, desde los 35 que ahora se realizan”, señala Onkelbach.
La nueva terminal cuenta con avances que deberían facilitar el tránsito y la experiencia de los pasajeros, como equipos de tomografía computerizada tridimensional que permiten inspeccionar los equipajes en el control de seguridad sin que haya que sacar los dispositivos electrónicos de su interior, como ahora sucede en muchos aeropuertos del mundo.
También contará con puntos de control electrónicos en los que peruanos y extranjeros residentes en el país podrán completar el trámite migratorio tan solo con mostrar sus documentos ante un escáner.
El viejo Jorge Chávez dejará de recibir pasajeros y sus instalaciones se convertirán en áreas de estacionamiento y mantenimiento de las aeronaves, y dependencias administrativas y logísticas de las aerolíneas y otros agentes aeroportuarios.
Para Perú, país donde el comercio exterior y el turismo representan un 2,9% de su Producto Interno Bruto anual, contar con un aeropuerto moderno y con gran capacidad en su capital es un asunto de gran importancia.
La compañía que opera el de Lima tiene como objetivo llegar a los 38 millones de pasajeros en 2030, lo que acercaría el nuevo Jorge Chávez a los 40 millones que pasan cada año por el aeropuerto de Sao Paulo, o los 46 del aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, actual líder en la región.
El objetivo, dice Onkelbach, “es convertir al de Lima en el aeropuerto que conecta Norteamérica y Sudamérica”.
Actualmente, solo alrededor de un 10% de quienes aterrizan en Lima toman después un vuelo de conexión y Lima Airport Partners quiere elevar esa cifra hasta el 30 ó 35% con el nuevo aeródromo. “Aunque eso dependerá las condiciones de mercado de las aerolíneas con las que trabajamos”, advierte Onkelbach.
La chilena Latam es la principal usuaria y se espera que su actividad y presencia aumenten.
Lima tiene algunas ventajas para las aerolíneas.
Por su ubicación geográfica, les permite alcanzar destinos desde Canadá hasta Chile y Argentina con aviones de fuselaje estrecho, lo que les permite un mejor aprovechamiento de su flota sin tener que recurrir a aparatos más grandes habitualmente utilizadas en vuelos de larga distancia.
Su clima, caracterizado por una casi total ausencia de lluvias, facilita las operaciones y la puntualidad de los vuelos.
Sin embargo, el aeropuerto tendrá que superar algunos hándicaps propios de la zona en la que se ubica.
Los atascos y problemas de movilidad son habituales en el área urbana de Lima-El Callao, lo que obliga a los pasajeros a trasladarse con mucha antelación hacia el aeropuerto si quieren llegar a tiempo.
Y los críticos señalan que las autoridades deberán mejorar los accesos si quieren evitarse las filas de autos y escenas de caos circulatorio que formaban parte del día a día en el viejo aeropuerto.
Tanto las autoridades peruanas como la compañía concesionaria se muestran optimistas sobre el futuro del nuevo aeropuerto.
El ministro Pérez Reyes creen que colocará a Perú como “un hub más competitivo en la región”.
Sin embargo, su entrada en funcionamiento no tendría por qué ser una amenaza para otros “hubs” consolidados como Bogotá, Ciudad de Panamá o Sao Paulo.
“Podemos conectar con las ciudades secundarias de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. No vamos a quitarle cuota de mercado a nadie porque en Sudamérica hay margen de crecimiento para todos siempre que no se produzca una recesión”, dice Onkelbach.
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