El sistema de registro de compras del gobierno federal, Compranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción, cuya titular es Raquel Buenrostro, registró “por error” al menos 7 mil 200 millones de pesos en contratos a nombre de Ethomedical, S. A. de C. V., cuyos dueños son socios del yerno de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. 

El supuesto “error” no fue demostrado, pero el IMSS aseguró que se trató de una equivocación a la hora del registro de los contratos y que habían sido realizados por menores montos o que no habían existido. Sin embargo, fueron registrados con número de procedimiento y tienen un folio único. 

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Diseño: Darien Cruz  @darien_cl

Sin embargo, esto habría sido una violación a la Ley de Adquisiciones. La legislación, vigente entonces, obligaba a la administración pública a difundir todos los procedimientos de compra pagados con recursos federales, incluyendo las adjudicaciones directas. 

Con las adjudicaciones disponibles a finales de año en la plataforma, los restablecidos en marzo, y decenas de solicitudes de transparencia se pudo comprobar que las empresas vendieron hasta 885 % más caras las medicinas. 

Aunque en el desarrollo de esta investigación se detectaron inconsistencias en los contratos registrados a nombre de la empresa con vínculos con el yerno de una gobernadora morenista, no es el único ‘error’. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en una revisión a las compras realizadas en 2020 –el segundo año del gobierno de AMLO–, que registraron 2 mil 902 contratos donde los proveedores no coinciden en sus números de contratos; y en 2 mil 201 contratos hay errores en el importe. 

Los “errores” con Ethomedical

El contrato más oneroso, por 4 mil 800 millones de pesos, estaba registrado en el procedimiento AA-050GYR029-E475-2021 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS (OOAD) de Sinaloa. E incluso el contrato tenía un folio único (2692277) en Compranet. 

Al solicitar la comprobación de esta compra vía transparencia, el Órgano de Sinaloa únicamente entregó pedidos, entregas y facturas por 4 millones 700 mil pesos, con inconsistencias. 

Una de ellas fue la discrepancia entre la factura por 156 piezas del tratamiento contra cáncer, Bleomicina por un costo unitario de 2 mil 580 pesos, mientras en el reporte de entrega a farmacias se registró un precio de 19.60 pesos de cada pieza.

Los otros tres contratos más onerosos eran por 1 mil 231 millones de pesos; 835 millones de pesos y 416 millones de pesos. Todos, de la delegación de Sinaloa y con números de folio únicos. 

Al solicitar entrevista al IMSS sobre esta investigación, respondió en una carta que dichos contratos eran “errores de registro”, toda vez que al preguntarle a la delegación Sinaloa y revisar en su sistema interno de pagos, los contratos en realidad eran por 11 millones de pesos; 1 millón y 600 mil pesos, respectivamente, mientras que en un cuarto proceso no había ningún pago a Ethomedical.

Sin embargo, desde 2021 –fecha en que se registraron– y hasta 2025, no había ningún reporte sobre estas inconsistencias, aún cuando los errores sumaron 7 mil 200 millones de pesos en una fuente de información oficial. 

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Funcionarios del IMSS explicaron que suelen ocurrir errores de registro en Compranet sin ser corregidos porque la antigua plataforma no permitía hacer modificaciones una vez publicada la información. 

Animal Político verificó la información con las facturas entregadas vía transparencia por el IMSS y se confirmó en la Cuenta Pública que Sinaloa gastó 2 mil 608 millones de pesos en la compra de medicinas ese año. 

De ahí que, para esta investigación, se descartaron estos cuatro contratos a la hora de contabilizar los recursos entregados a Ethomedical. Únicamente se consideraron los 1 mil 134 millones de pesos de 756 contratos cuya existencia se pudo confirmar a través de Compranet, solicitudes de información y la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Legalización de la opacidad

La detección de estos errores no es cosa menor. Compranet había sido una fuente confiable y esencial para vigilar las contrataciones públicas desde su creación, en 1996, toda vez que la herramienta fue la sustitución de las negociaciones en lo privado entre funcionarios y empresarios. 

En Compranet, por obligación de la Ley de Adquisiciones, se debían publicar todos los documentos referentes a cada contratación: convocatoria, junta de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo y contratos. Y todos los involucrados y ciudadanos podían vigilar las 460 contrataciones diarias que hace el gobierno Federal en tiempo real. 

Gracias a esta herramienta de acceso público se pudo documentar periodísticamente los casos de corrupción a través de licitaciones amañadas, contrataciones a empresas fantasma, entre otros, en los últimos cuatro sexenios. 

Sin embargo, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum propuso una reforma a Compranet que legalizó la opacidad. 

Esto porque la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios facultó a la Secretaría Anticorrupción para autorizar que existan procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma; es decir, sin que los procedimientos sean publicados y abiertos. Además, sin explicar exactamente cuáles serían esos casos de excepción. 

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Pero aún cuando se establecieran los parámetros para las excepciones, por primera vez en tres décadas se volvió a permitir que las negociaciones de contratación del gobierno sean de forma privada, sólo con la participación de ciertos funcionarios con empresarios, y sin que los ciudadanos puedan vigilar cada paso del proceso en tiempo real. 

“En casos excepcionales y justificados, la Secretaría podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta ley”, establece el artículo 74 de la Ley de Obras reformada. 

También habrá excepción de transparencia de contratos dentro de Compranet para el Ejército cuando ejecuten obras en el marco de convenios intergubernamentales para “proyectos prioritarios”. 

Además se incluye una nueva figura llamada “diálogo competitivo”, donde la institución entabla un diálogo con los proveedores interesados para dar a conocer información sobre los bienes o servicios que se busquen adquirir. La negociación continuará hasta alcanzar un acuerdo benéfico para la institución. 

Aunque este método se ocuparía para bienes o servicios especializados para generar un proceso de contratación colaborativo, el Instituto Mexicaro para la Competitividad (IMCO) alertó la necesidad de realizar un monitoreo constante, debido a que los diálogos entre funcionarios y empresas incrementa el espacio de contacto y  el riesgo de corrupción.

Estas adecuaciones son contrarias a los criterios de máxima transparencia impulsados en 20 años de reformas en la materia, que consideraba que todo ciudadano tenía derecho a conocer absolutamente todo lo referente a cualquier contratación pagada con recursos públicos; salvo excepciones como afectar la seguridad nacional en caso de que la información se hiciera pública. 

Con la reforma de la presidenta también se eliminó Compranet y en su lugar crearon la Plataforma Digital de Contrataciones, aunque especialistas advirtieron la falta de certeza sobre el traspaso del archivo histórico de contrataciones de 30 años y que abarcan los gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco hay seguridad de que cualquier persona pueda obtener información vía transparencia de las negociaciones, por ejemplo, en los “diálogos estratégicos” o de aquellos contratos que no se publiquen en Compranet. 

El gobierno de Sheinbaum desapareció el INAI, el organismo autónomo de acceso a la información. Aunque supuestamente el derecho a la información seguirá siendo ejercido a través del nuevo organismo, Transparencia para el pueblo, éste estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción. Es decir, el gobierno será juez y parte para definir si entrega o no información. 

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De ahí que desde hace 22 años, académicos, activistas y periodistas impulsaron la creación de un organismo autónomo para dirimir estas controversias de acuerdo a la Ley de Transparencia. Por ejemplo, si una dependencia se negaba a entregar información a un ciudadano que la solicitaba, el INAI analizaba la solicitud y en caso de que las personas tuvieran la razón, obligaba a los funcionarios públicos a entregar la información pública. 

Ahora, un ciudadano podrá solicitar información a través de Transparencia para el pueblo, pero si se la niegan, la única posibilidad de obtenerla será interponiendo juicios ante tribunales. 

Las fallas de Compranet

Por primera vez en 26 años, Compranet estuvo fuera de servicio durante meses en dos ocasiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno decidió pasar la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, cuando la Oficial Mayor era Raquel Buenrostro, y quien ahora es titular de la la Secretaría Anticorrupción, desde donde nuevamente estará a cargo del registro de contratos públicos. 

Compranet colapsó y estuvo fuera de funcionamiento durante 17 días en julio de 2022. Luego sumó más intermitencias en 2023 y en 2024 pasó meses sin funcionar. Al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, no se podía consultar las contrataciones previas a 2022, lo que incluía todos los procedimientos de compra durante la pandemia de Covid.

En 2022, tras una primera caída del sistema, Hacienda aseguró que se debía a problemas técnicos, pero Animal Político reveló que la empresa Bravosolution México, a cargo de la operación de Compranet durante los 12 años previos, dejó de proveer el servicio desde el 31 de diciembre de ese año debido a la falta de pagos.

En 2020, tras la decisión de pasar Compranet a responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación detectó “debilidades en el registro”. En 32 mil 661 contratos, lo que representó 21.2 % del total de procedimientos realizados ese año, presentó “al menos 1 de sus 24 características sin información”. 

Además, en 2 mil 902 contratos que representan 5.4 % del total de contratos de 2020, los  proveedores no coinciden en sus números de contratos y en 2 mil 201 (5.7 %) son diferentes en la cantidad de importe de contrato.

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Por ello, la Auditoría recomendó al gobierno implementar “mecanismos de seguimiento y control que permitan asegurar que se cuente con información fidedigna, confiable y relevante que contribuya a la transparencia, honradez y eficiencia de las compras y contrataciones”. 

Esto, “para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que, las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.