Registran 7 mil mdp en contratos con empresa de socio del yerno de Nahle en Compranet; se trató de un error, dice IMSS
El sistema de registro de compras del gobierno federal, Compranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción, cuya titular es Raquel Buenrostro, registró “por error” al menos 7 mil 200 millones de pesos en contratos a nombre de Ethomedical, S. A. de C. V., cuyos dueños son socios del yerno de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.
El supuesto “error” no fue demostrado, pero el IMSS aseguró que se trató de una equivocación a la hora del registro de los contratos y que habían sido realizados por menores montos o que no habían existido. Sin embargo, fueron registrados con número de procedimiento y tienen un folio único.
Además, por primera vez en 26 años de funcionamiento, Compranet estuvo caída en tres ocasiones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y, aún restaurada, los contratos de esta empresa estuvieron “desaparecidos” de la plataforma, lo que impidió su acceso por al menos dos meses.
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Al preguntar a la Secretaría Anticorrupción la razón por la que los contratos de Ethomedical no estaban disponibles, el área de prensa respondió que se trataba de adjudicaciones directas, “por lo que los documentos adicionales están bajo control de la Unidad Contratante”.
Diseño: Darien Cruz @darien_cl
Sin embargo, esto habría sido una violación a la Ley de Adquisiciones. La legislación, vigente entonces, obligaba a la administración pública a difundir todos los procedimientos de compra pagados con recursos federales, incluyendo las adjudicaciones directas.
Animal Político reveló este martes que el IMSS y Birmex entregaron 1 mil 198 millones de pesos en contratos a las empresas Ethomedical, S. A. de C. V. y Abastecedora de Medicinas y Materiales, S. A. de C. V., propiedad de la familia de Aldo Pérez, socio de Fernando Bilbao, yerno de la gobernadora Nahle.
Con las adjudicaciones disponibles a finales de año en la plataforma, los restablecidos en marzo, y decenas de solicitudes de transparencia se pudo comprobar que las empresas vendieron hasta 885 % más caras las medicinas.
Aunque en el desarrollo de esta investigación se detectaron inconsistencias en los contratos registrados a nombre de la empresa con vínculos con el yerno de una gobernadora morenista, no es el único ‘error’.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en una revisión a las compras realizadas en 2020 –el segundo año del gobierno de AMLO–, que registraron 2 mil 902 contratos donde los proveedores no coinciden en sus números de contratos; y en 2 mil 201 contratos hay errores en el importe.
Los “errores” con Ethomedical
Con base en la revisión de los listados de Excel públicos donde se registran todos los contratos de la administración pública realizados durante los últimos seis años, se detectó que Ethomedical habría recibido 8 mil 427 millones de pesos en contratos de adjudicación directa entre 2020 y 2024.
El contrato más oneroso, por 4 mil 800 millones de pesos, estaba registrado en el procedimiento AA-050GYR029-E475-2021 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS (OOAD) de Sinaloa. E incluso el contrato tenía un folio único (2692277) en Compranet.
Al solicitar la comprobación de esta compra vía transparencia, el Órgano de Sinaloa únicamente entregó pedidos, entregas y facturas por 4 millones 700 mil pesos, con inconsistencias.
Una de ellas fue la discrepancia entre la factura por 156 piezas del tratamiento contra cáncer, Bleomicina por un costo unitario de 2 mil 580 pesos, mientras en el reporte de entrega a farmacias se registró un precio de 19.60 pesos de cada pieza.
Los otros tres contratos más onerosos eran por 1 mil 231 millones de pesos; 835 millones de pesos y 416 millones de pesos. Todos, de la delegación de Sinaloa y con números de folio únicos.
Al solicitar entrevista al IMSS sobre esta investigación, respondió en una carta que dichos contratos eran “errores de registro”, toda vez que al preguntarle a la delegación Sinaloa y revisar en su sistema interno de pagos, los contratos en realidad eran por 11 millones de pesos; 1 millón y 600 mil pesos, respectivamente, mientras que en un cuarto proceso no había ningún pago a Ethomedical.
Sin embargo, desde 2021 –fecha en que se registraron– y hasta 2025, no había ningún reporte sobre estas inconsistencias, aún cuando los errores sumaron 7 mil 200 millones de pesos en una fuente de información oficial.
Funcionarios del IMSS explicaron que suelen ocurrir errores de registro en Compranet sin ser corregidos porque la antigua plataforma no permitía hacer modificaciones una vez publicada la información.
Animal Político verificó la información con las facturas entregadas vía transparencia por el IMSS y se confirmó en la Cuenta Pública que Sinaloa gastó 2 mil 608 millones de pesos en la compra de medicinas ese año.
De ahí que, para esta investigación, se descartaron estos cuatro contratos a la hora de contabilizar los recursos entregados a Ethomedical. Únicamente se consideraron los 1 mil 134 millones de pesos de 756 contratos cuya existencia se pudo confirmar a través de Compranet, solicitudes de información y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Legalización de la opacidad
La detección de estos errores no es cosa menor. Compranet había sido una fuente confiable y esencial para vigilar las contrataciones públicas desde su creación, en 1996, toda vez que la herramienta fue la sustitución de las negociaciones en lo privado entre funcionarios y empresarios.
En Compranet, por obligación de la Ley de Adquisiciones, se debían publicar todos los documentos referentes a cada contratación: convocatoria, junta de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo y contratos. Y todos los involucrados y ciudadanos podían vigilar las 460 contrataciones diarias que hace el gobierno Federal en tiempo real.
Gracias a esta herramienta de acceso público se pudo documentar periodísticamente los casos de corrupción a través de licitaciones amañadas, contrataciones a empresas fantasma, entre otros, en los últimos cuatro sexenios.
Sin embargo, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum propuso una reforma a Compranet que legalizó la opacidad.
Esto porque la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios facultó a la Secretaría Anticorrupción para autorizar que existan procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma; es decir, sin que los procedimientos sean publicados y abiertos. Además, sin explicar exactamente cuáles serían esos casos de excepción.
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Pero aún cuando se establecieran los parámetros para las excepciones, por primera vez en tres décadas se volvió a permitir que las negociaciones de contratación del gobierno sean de forma privada, sólo con la participación de ciertos funcionarios con empresarios, y sin que los ciudadanos puedan vigilar cada paso del proceso en tiempo real.
“En casos excepcionales y justificados, la Secretaría podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta ley”, establece el artículo 74 de la Ley de Obras reformada.
También habrá excepción de transparencia de contratos dentro de Compranet para el Ejército cuando ejecuten obras en el marco de convenios intergubernamentales para “proyectos prioritarios”.
Además se incluye una nueva figura llamada “diálogo competitivo”, donde la institución entabla un diálogo con los proveedores interesados para dar a conocer información sobre los bienes o servicios que se busquen adquirir. La negociación continuará hasta alcanzar un acuerdo benéfico para la institución.
Aunque este método se ocuparía para bienes o servicios especializados para generar un proceso de contratación colaborativo, el Instituto Mexicaro para la Competitividad (IMCO) alertó la necesidad de realizar un monitoreo constante, debido a que los diálogos entre funcionarios y empresas incrementa el espacio de contacto y el riesgo de corrupción.
Estas adecuaciones son contrarias a los criterios de máxima transparencia impulsados en 20 años de reformas en la materia, que consideraba que todo ciudadano tenía derecho a conocer absolutamente todo lo referente a cualquier contratación pagada con recursos públicos; salvo excepciones como afectar la seguridad nacional en caso de que la información se hiciera pública.
Con la reforma de la presidenta también se eliminó Compranet y en su lugar crearon la Plataforma Digital de Contrataciones, aunque especialistas advirtieron la falta de certeza sobre el traspaso del archivo histórico de contrataciones de 30 años y que abarcan los gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Tampoco hay seguridad de que cualquier persona pueda obtener información vía transparencia de las negociaciones, por ejemplo, en los “diálogos estratégicos” o de aquellos contratos que no se publiquen en Compranet.
El gobierno de Sheinbaum desapareció el INAI, el organismo autónomo de acceso a la información. Aunque supuestamente el derecho a la información seguirá siendo ejercido a través del nuevo organismo, Transparencia para el pueblo, éste estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción. Es decir, el gobierno será juez y parte para definir si entrega o no información.
De ahí que desde hace 22 años, académicos, activistas y periodistas impulsaron la creación de un organismo autónomo para dirimir estas controversias de acuerdo a la Ley de Transparencia. Por ejemplo, si una dependencia se negaba a entregar información a un ciudadano que la solicitaba, el INAI analizaba la solicitud y en caso de que las personas tuvieran la razón, obligaba a los funcionarios públicos a entregar la información pública.
Ahora, un ciudadano podrá solicitar información a través de Transparencia para el pueblo, pero si se la niegan, la única posibilidad de obtenerla será interponiendo juicios ante tribunales.
Las fallas de Compranet
Por primera vez en 26 años, Compranet estuvo fuera de servicio durante meses en dos ocasiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno decidió pasar la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, cuando la Oficial Mayor era Raquel Buenrostro, y quien ahora es titular de la la Secretaría Anticorrupción, desde donde nuevamente estará a cargo del registro de contratos públicos.
Compranet colapsó y estuvo fuera de funcionamiento durante 17 días en julio de 2022. Luego sumó más intermitencias en 2023 y en 2024 pasó meses sin funcionar. Al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, no se podía consultar las contrataciones previas a 2022, lo que incluía todos los procedimientos de compra durante la pandemia de Covid.
En 2022, tras una primera caída del sistema, Hacienda aseguró que se debía a problemas técnicos, pero Animal Político reveló que la empresa Bravosolution México, a cargo de la operación de Compranet durante los 12 años previos, dejó de proveer el servicio desde el 31 de diciembre de ese año debido a la falta de pagos.
En 2020, tras la decisión de pasar Compranet a responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación detectó “debilidades en el registro”. En 32 mil 661 contratos, lo que representó 21.2 % del total de procedimientos realizados ese año, presentó “al menos 1 de sus 24 características sin información”.
Además, en 2 mil 902 contratos que representan 5.4 % del total de contratos de 2020, los proveedores no coinciden en sus números de contratos y en 2 mil 201 (5.7 %) son diferentes en la cantidad de importe de contrato.
Por ello, la Auditoría recomendó al gobierno implementar “mecanismos de seguimiento y control que permitan asegurar que se cuente con información fidedigna, confiable y relevante que contribuya a la transparencia, honradez y eficiencia de las compras y contrataciones”.
Esto, “para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que, las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.
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Washington y Londres acordaron una reducción de aranceles y facilidades para la entrada de productos en ambos países. Sin embargo, el gobierno de Trump mantuvo un 10 % de impuestos general.
Estados Unidos y Reino Unido alcanzaron un acuerdo comercial por el cual Washington redujo los aranceles de un número determinado de automóviles de origen británico y permite la importación de un porcentaje de acero y aluminio británico sin aranceles.
El anuncio, hecho este jueves, supone un alivio para las principales industrias británicas frente a algunos de los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder en enero.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos mantiene en vigor un arancel del 10 % sobre la mayoría de los productos procedentes de Reino Unido.
Los analistas dijeron que las nuevas condiciones no parecían alterar significativamente los términos del comercio entre ambos países, tal y como estaban antes de la ofensiva arancelaria de Trump de las semanas previas.
El jueves no se firmó ningún acuerdo formal y ni Washington ni Londres dieron muchos detalles. Los líderes de ambos países, sin embargo, celebraron el nuevo entendimiento.
Desde una fábrica de Jaguar Land Rover en West Midlands, el primer ministro británico, Keir Starmer, describió el acuerdo como una “plataforma fantástica”.
En la Casa Blanca, Trump lo calificó como un “gran acuerdo” y rechazó las críticas que le acusaban de exagerar su importancia.
“Es un acuerdo que hemos llevado al máximo y que vamos a ampliar”, aseveró el mandatario estadounidense. Refirió que este era el primero de muchos acuerdos por venir.
¿Qué incluye el acuerdo?
Las dos partes dijeron que Estados Unidos había acordado reducir el impuesto a la importación de automóviles -que Trump había aumentado en un 25 % el mes pasado- al 10 % sobre unos 100 mil automóviles al año.
Esto ayudará a los fabricantes de automóviles de lujo como Jaguar Land Rover y Rolls Royce, pero podría limitar el crecimiento en los próximos años, ya que equivale aproximadamente a lo que Reino Unido exportó el año pasado.
Los aranceles sobre el acero y el aluminio, que Trump también había elevado a principios de este año al 25%, también se han recortado, según la Oficina del Primer Ministro.
Londres también dijo que las dos partes habían acordado un “acceso recíproco” para las exportaciones de carne bovina, con una cuota de 13 mil toneladas métricas para los agricultores británicos.
Estas cifras no fueron confirmadas por la Casa Blanca, que afirmó que esperaba ampliar sus ventas de carne bovina y etanol a Reino Unido, una antigua demanda por parte de Estados Unidos.
Estados Unidos dijo que el acuerdo crearía una “oportunidad” de negocios de US$5.000 millones para las exportaciones, incluidos US$700 millones en etanol y US$250 millones en otros productos agrícolas.
“No se puede subestimar la importancia de este acuerdo”, declaró Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense.
Dudas en la industria
El director general de la acerera UK Steel, Gareth Stace, acogió con satisfacción el acuerdo, afirmando que supondrá un “gran alivio” para el sector siderúrgico. “La serenidad y perseverancia del gobierno británico en las negociaciones con Estados Unidos han dado sus frutos”, declaró.
Otros grupos empresariales expresaron más incertidumbre.
“Es mejor que ayer, pero definitivamente no es mejor que hace cinco semanas”, dijo Duncan Edwards, director ejecutivo de BritishAmerican Business, que representa a empresas de los dos países y apoya el libre comercio.
“Intento estar entusiasmado, pero me cuesta un poco”.
El ministro británico de Comercio, Douglas Alexander, subrayó que el acuerdo “salvaba puestos de trabajo”.
¿Ganancia para los ganaderos estadounidenses?
Estados Unidos y Reino Unido llevan discutiendo un acuerdo comercial desde el primer mandato de Trump. Estuvieron cerca de firmar un acuerdo limitado en ese momento.
Pero Estados Unidos lleva tiempo presionando para que se introduzcan cambios que beneficien a sus agricultores y a las cuestiones farmacéuticas, algo que políticamente no había sido viable hasta ahora en Reino Unido.
No está claro hasta qué punto habían avanzado estas cuestiones.
La Asociación Nacional de Ganaderos de Bovinos afirmó que el acuerdo en principio había supuesto una “gran victoria” para los ganaderos estadounidenses, pero la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, que realiza un seguimiento de las barreras comerciales para los ganaderos de su país, declaró que aún estaba intentando obtener información sobre los cambios.
Por su parte, Reino Unido afirmó que no se debilitarían las normas alimentarias aplicables a las importaciones.
Aunque los británicos parecen haber asumido algunos compromisos, “el diablo estará en los detalles”, dijo Michael Pearce, economista jefe adjunto de Oxford Economics, que consideró que no modificaba sus previsiones económicas como consecuencia del anuncio.
También se avecinan otras cuestiones.
Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere gravar las importaciones de productos farmacéuticos, en un intento de garantizar que Estados Unidos tenga una base sólida de fabricación de medicamentos esenciales.
Reino Unido dijo que Estados Unidos había acordado dar a las empresas británicas un “trato preferencial”.
Pero Ewan Townsend, abogado de Arnold & Porter, que trabaja con empresas de atención sanitaria, dijo que la industria ahora “queda a la espera de ver exactamente lo que significará este trato preferencial”.
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