
La cifra de muertes por el brote de sarampión en México ascendió a 32, mientras que van 11 mil 062 casos confirmados durante el periodo 2025-2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con el informe más reciente del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, los fallecimientos se han registrado en nueve estados de la República, siendo Chihuahua la entidad más afectada por el brote con 21 muertes.
Le siguen Jalisco con 3 decesos y Durango con 2. Posteriormente, se ubican Sonora, Michoacán, Tlaxcala, la Ciudad de México, Chiapas y Guerrero, reportando una defunción cada uno.

En tanto, a nivel general, los contagios se han esparcido por todo el territorio, abarcando 386 municipios en los 32 estados.
En cuanto a la población afectada, la Secretaría de Salud informó que la emergencia sanitaria tiene un mayor impacto en los menores de edad, pues el grupo que concentra más número de contagios es el de los niños de 1 a 4 años con mil 556 casos confirmados, seguido por el rango de 5 a 9 años con mil 344 casos, y los jóvenes de 25 a 29 años con mil 243 positivos.
No obstante, la tasa de incidencia más alarmante se ubica en los bebés menores de un año, quienes presentan un nivel de riesgo de 58.37 contagios por cada 100 mil habitantes.
Los datos oficiales de la dependencia también revelaron que actualmente el brote está afectando en una proporción exacta del 50 % a hombres y 50 % a mujeres.
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El pasado 4 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica ante la persistencia y el aumento sostenido de casos de sarampión en la región de las Américas e instó a los países miembros a intensificar la vacunación y la vigilancia para proteger a las poblaciones vulnerables.
Mediante un comunicado, la organización señaló que la alerta destaca “la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar en 2026”.
Ante el aumento de casos y registro de fallecimientos, la organización señaló a México como el país más afectado de la región, seguido por Canadá y Estados Unidos.
Asimismo, frente al panorama por la enfermedad y de cara al Mundial de Fútbol 2026 y otros eventos de gran afluencia, la OPS recomendó a los países incrementar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia.
Días después, el gobierno mexicano implementó una estrategia de vacunación con prioridad en los 11 estados donde la tasa de casos es mayor a 1 por cada 100 mil habitantes.

En ese sentido, indicó que los estados en donde se deben vacunar las personas de acuerdo con la estrategia prioritaria son:
La Secretaría de Salud enfatizó que la estrategia nacional para controlar el sarampión es la vacunación e indicó que el gobierno cuenta con 27 millones de vacunas disponibles para aplicarse, adicionales a las 16.2 millones que ya se han colocado entre 2025 y 2026.

El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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