EU y México: Trump despliega en un año ofensiva “antiterrorista” contra cárteles y eleva a 79 mdd recompensas por capos
Para entender mejor
La relación de seguridad entre Estados Unidos y México entró en una fase sin precedentes bajo la segunda administración del presidente Donald Trump, quien en tan solo un año, transformó la lucha contra las drogas en su país en una ofensiva “antiterrorista” contra los principales cárteles de la droga mexicanos.
Recurriendo a todas las herramientas legales y financieras que tiene EU contra el terrorismo, Trump desplegó una estrategia desde varios frentes en la que destaca también una inversión de al menos 79 millones de dólares en recompensas a cambio de figuras clave del crimen organizado.
La incertidumbre en la que esta situación mantenía, de por sí, la relación bilateral se agravó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuando Trump advirtió que su gobierno atacaría vía terrestre a los cárteles de la droga mexicanos, insistiendo en que estos grupos “gobiernan México”.
Este martes, Trump retomó el tema durante un encuentro en la Casa Blanca en el que habló sobre su primer año de gobierno en este segundo periodo presidencial. “Pronto vamos a comenzar a detener a las drogas que llegan por tierra, es más fácil hacerlo por tierra”, dijo ante reporteros.
“Estamos asegurando casi 100 % de las drogas que llegan por mar y muy pronto lo vamos a hacer con las drogas que llegan por tierra; sabemos exactamente de dónde vienen”, añadió sin referirse expresamente a México.
Designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras
La base de la nueva política “antidrogas” de Trump se estableció el 20 de enero de 2025, cuando en su discurso de toma de posesión, anunció la firma de una serie de “órdenes ejecutivas históricas”.
Estos decretos incluían la Orden Ejecutiva 14157, que formalizó la intención de designar a los cárteles mexicanos y de diversas partes del mundo como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs).
Un mes después, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado concretó el cambio conceptual al designar oficialmente a una lista de grupos como FTOs y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs).
La lista incluye a seis organizaciones mexicanas: Cártel del Golfo (CDG), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), Cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos (CU) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM); además de grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador y el Tren de Aragua (TdA) de Venezuela.
Esta designación, al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978, elevó para Estados Unidos la amenaza percibida, a una que según las autoridades estadounidenses, “va más allá del alcance del crimen organizado tradicional”, permitiendo al país del norte incidir de forma directa en los países que ve como “amenazas”.
El frente financiero: recompensas de 79 mdd por líderes de cárteles
El Departamento de Estado de los Estados Unidos respaldó la postura de Trump con una agresiva política de recompensas, sumando un total de al menos 79 millones de dólares dirigidos a desmantelar la cúpula de los grupos designados.
La joya de la corona para los Estados Unidos es Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cofundador y líder del CJNG, por quien EU ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a cambio de información que lleve a su arresto o condena, debido a que es señalado por “tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas”.
En esa misma lista de “objetivos prioritarios” destaca la recompensa ofrecida por Audías Flores Silva, alias “Jardinero”, “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” o “Mata Jefes”, a quien EU identifica por tener una “estrecha relación con el líder del CJNG” y por quien ofrece 5 millones de dólares.
En la misma lista de objetivos prioritarios están “Los Chapitos”: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa, considerados “líderes fugitivos” del cártel que fundó su padre y por quienes Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por cada uno.
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Del mismo Cártel de Sinaloa, aunque de la facción rival a “Los Chapitos”, Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por Juan José Ponce Félix, alias “Jesús Alexandro Sánchez Félix” o “el Ruso”, quien según el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) es fundador y líder del grupo conocido como “Los Rusos”, el principal brazo armado de “La Mayiza”.
Desde mediados de 2024, el Cártel de Sinaloa vive en una guerra interna entre los familiares de Ismael “El Mayo” Zambada, mejor conocidos como “Los Mayos”, y los hijos de “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”; un conflicto que comenzó a raíz de la supuesta entrega del primero a Estados Unidos por los hijos del segundo.
El 15 de abril de 2025, el Departamento de Estado informó también que ofrecía una recompensa de hasta 8 millones de dólares por información de dos líderes de La Nueva Familia Michoacana, considerada también como una “organización terrorista”.
En particular, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por el narcotraficante Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y de hasta tres millones de dólares por su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, supuestos líderes de este cártel.
Sorprendentemente, la mayor recompensa colectiva de la ofensiva se dirige a los líderes de Cárteles Unidos por un total de 26 millones de dólares, señalando la importancia estratégica de este grupo, a pesar de tener menor perfil internacional que el CJNG o el Cártel de Sinaloa.
Sanciones contra el CJNG: ataque a redes de fentanilo, fraudes y robo de combustible
Con el Departamento del Tesoro enfocándose en desmantelar las estructuras financieras criminales, queda claro que la ofensiva va más allá de las recompensas. Las sanciones impuestas al CJNG, el grupo más mencionado en el último año por EU, revelan una estrategia que apunta a la diversificación de sus actividades ilícitas.
Un ejemplo, es la sanción del 1 de mayo de 2025, a una red clave del CJNG involucrada en el tráfico de fentanilo, pero también en el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo, actividades que golpean directamente la economía mexicana.
El 13 de agosto de 2025, las sanciones se extendieron a los líderes del CJNG que operan fraudes en relación con propiedades de tiempo compartido, mejor conocido en Estados Unidos como timeshare, atacando delitos que impactan directamente a ciudadanos estadounidenses.
Diplomacia binacional: entrega de operadores criminales
A nivel diplomático, la ofensiva se ha llevado a cabo en paralelo con encuentros de alto nivel que evidencian la cooperación.
Apenas una semana después de la designación masiva de cárteles como terroristas, el 27 de febrero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio sostuvo una reunión con una delegación mexicana para abordar asuntos de seguridad y agradeció a nuestro país por la “expulsión de 29 importantes figuras de los cárteles”, indicando un esfuerzo coordinado en la entrega de objetivos.
Meses más tarde, el 12 de agosto de 2025 México llevó a cabo la segunda entrega masiva de personas con supuestos vínculos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa, incluyendo a personajes como el líder de los “Cuinis”, “La Tuta” y cercanos a “Los Chapitos”.
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El 3 de septiembre de 2025, el secretario Rubio viajó a México para reunirse con la presidenta Sheinbaum. El encuentro culminó con una Declaración conjunta sobre cooperación en materia de seguridad y una conferencia de prensa que reafirmó el compromiso de ambas naciones.
Este martes 20 de enero de 2026, México realizó la tercera entrega masiva de otras 37 personas con supuestos vínculos criminales a los Estados Unidos en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, para sumar un total de 92 expulsadas del país.
En un año, con la designación de los cárteles mexicanos como terroristas y los millones de dólares ofrecidos en recompensas, la administración Trump sienta un precedente en la lucha contra los grupos criminales: eleva el conflicto del ámbito de la seguridad pública al de la seguridad nacional y redefine el crimen organizado en México como una amenaza global que podría combatir con todas las herramientas a su alcance.
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Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la suspensión comenzará el 21 de enero y que la medida busca que se nieguen visas a personas que puedan depender de recursos públicos en algún punto.
El gobierno de EE.UU. congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado “revise sus procedimientos” migratorios.
El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.
También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.
Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.
Y añadió: “El procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.
Tras la detención en noviembre de un inmigrante afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., la administración prohibió o restringió la entrada de ciudadanos de 19 países.
En diciembre, amplió la prohibición de viajes a personas de otros cinco países y a quienes viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Los casos de asilo, la tramitación de la ciudadanía y las solicitudes de residencia permanente para inmigrantes de los 19 países inicialmente afectados por la prohibición también han sido suspendidos.
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