
Desde el 2022, el emporio hotelero Marriott demandó en Estados Unidos a una de las empresas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el fraude a ciudadanos estadounidenses a quienes ofrecían tiempos compartidos utilizando su marca. Dos años después, la compañía turística ganó el juicio por 8 millones de dólares.
El esquema fraudulento operó entre 2018 y mayo de 2022 e incluyó 66 millones de llamadas automáticas a nombre de Marriott para ofrecer estadías en México como parte de supuestas promociones en Black Friday o el Día de la Independencia de EU, según consta en documentos judiciales públicos del Tribunal de Distrito de Virginia.

Entre las empresas demandadas por Marriott está Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V., una de las 17 compañías identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que conformaron una red para llevar a cabo este fraude. Dicha red operaba para el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue capturado y resultó muerto este domingo en un operativo del Ejército Mexicano con apoyo en labores de inteligencia del gobierno de EU.
Aunque la empresa vinculada a la organización criminal estuvo demandada desde 2022, el gobierno estadounidense la sancionó hasta el 19 de febrero de 2026 por este fraude, al que catalogó como “una diversificación” de los “negocios ilícitos” del grupo “terrorista” Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores en México (SRE) también supo de la demanda del emporio hotelero, toda vez que el Tribunal de Virginia le solicitó ayuda en 2022 para notificar a ésta y otras empresas mexicanas involucradas en el fraude.
En el anuncio de la sanción, el Departamento del Tesoro de EU explicó que, de acuerdo con el FBI, aproximadamente 6 mil víctimas estadounidenses reportaron haber perdido casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 en esquemas de fraude de tiempo compartido en México.
Solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI recibió casi 900 quejas relacionadas con estos esquemas, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares. Sin embargo, explicó la autoridad, estas cifras probablemente subestiman las pérdidas totales, ya que la gran mayoría de las víctimas no reportan la estafa por vergüenza.

“Gracias por elegir Marriott Hotels, su número fue seleccionado para recibir una estadía gratuita”. “Su membresía fue seleccionada para recibir una estadía complementaria”. Estos eran algunos de los mensajes en las llamadas que miles de estadounidenses comenzaron a recibir desde 2019.
En realidad se trataba de una estafa que los usuarios reclamaron directamente a Marriott. El emporio hotelero comenzó a investigar y descubrió el esquema de fraude, el cual —alegó— le generó daños a su imagen al utilizar su marca, además de pérdidas económicas de no menos de 50 mil dólares por el pago de servicios legales.
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El 18 de mayo de 2021, Marriot llevó la denuncia al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, acusando “falsificación de marca, prácticas de telemercadeo engañosas y publicidad engañosa”, según se advierte en la denuncia del caso 1:21-cv-00610-AJT-JFA.
Un año después, el 17 de mayo de 2022, en la ampliación de la denuncia, Marriott identificó a 10 empresas participantes en el fraude para dirigir la demanda a ellas: Dynasty Marketing Group LLC; Whisl Telecom LLC; PrestigeDRVoIP.Com Inc.; Vacancy Rewards, LLC; Cancun Ink Corp., S.A. de C.V.; Parrot Caribbean S.A. de C.V.; Club Caribe Villa Del Palmar, S.A. de C.V.; Tafer Resorts; ResortCom International, LLC.
Y también, Deep Blue Desarrollos S. de R.L. de C.V., a la que identificaron como “Vallarta Gardens”.

De acuerdo con la denuncia, Vallarta Gardens (Deep Blue Desarrollos) utilizó a Cancun Ink con fines de marketing para iniciar las llamadas automáticas. Cancun Ink firmó un contrato marco de servicios con Prestige para sus servicios. En conjunto, entre el 12 de octubre de 2018 y mayo de 2022, los demandados realizaron 66 millones de llamadas automáticas”.
Cancun Ink llamaba a los clientes de Marriott y les hacía creer que, por haber sido huéspedes de esta cadena hotelera, se habían ganado un paquete turístico a precio especial o con alguna cortesía. Los turistas estadounidenses aceptaban realizar un pago para su próximo viaje, sin saber que su estancia no sería en un inmueble de Marriott, sino en el Covay Gardens, un complejo hotelero ligado al Cártel Jalisco en el estado de Nayarit.
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Cancun Ink lograba contactar a los clientes de la cadena Marriott con ayuda de otra empresa estadounidense llamada PrestigeDRVoIP. Com Inc., que tenía la capacidad de realizar millones de llamadas telefónicas automatizadas para enganchar a los turistas.
Estas llamadas siempre iniciaban con una presentación a nombre de Marriott y un agradecimiento a sus probables víctimas por haber sido huéspedes de esta cadena hotelera en el pasado. A continuación se les decía que habían sido elegidos para tener una estancia de tiempo compartido con cortesía y se les pedía presionar una tecla para continuar. Si los turistas lo hacían, la llamada era redirigida con un trabajador de Cancun Ink que les indicaba cómo realizar el pago para consumar el fraude.
La cadena Marriott no pudo estimar el impacto económico de este fraude, pero sí señaló en su denuncia que recibió quejas de sus clientes por “vacaciones de calidad inferior” y por los tipos de paquetes que les eran ofrecidos, lo que dañó su imagen y provocó que algunas personas ya no quisieran hospedarse en sus hoteles.
El 24 de junio de 2022, Marriott compartió la demanda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y pidió su ayuda para notificar a las empresas mexicanas involucradas. La Cancillería envió los documentos a jueces de distrito para que notificaran a las compañías, pero ni así lo lograron.

Marriot llegó a un acuerdo con ocho compañías involucradas en el caso. Sin embargo, Blue Desarrollos y Cancun Ink fueron las únicas con las que ni siquiera pudo tener un contacto durante el desarrollo del juicio.
De ahí que el 23 de septiembre de 2024, el Tribunal de Distrito del estado de Virginia emitiera una sentencia contra Cancun Ink, a quien ordenó pagar 6 millones de dólares por realizar las llamadas telefónicas con las que se ejecutaron los fraudes, así como 2 millones de dólares a Deep Blue Desarrollos por beneficiarse de este delito.
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Hasta el pasado 16 de enero, el caso aún se encontraba en proceso, toda vez que entre los documentos judiciales se encuentra un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que respondió a una “carta rogatoria” emitida por la Corte estadounidense.
Se trata de un mecanismo de cooperación judicial internacional, mediante el cual un juez solicita a una autoridad de otro país la práctica de diligencias que no puede realizar fuera de su jurisdicción. En este caso, la gestión pudo implicar la notificación formal de resoluciones judiciales y actuaciones relacionadas con la ejecución de la sentencia en territorio mexicano.

Los analistas coinciden en que en los casi 17 meses que lleva al frente del gobierno mexicano, la sucesora y heredera política de AMLO ha tratado de desmarcarse de él con sus acciones. La presión de EE.UU. ha hecho el resto.
Al referirse al operativo que llevó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, Claudia Sheinbaum volvió a reivindicar la soberanía de México en la lucha contra el narcotráfico.
“Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales (mexicanas). No hay participación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información”, aseguró este lunes la presidenta.
Asimismo, al dar los detalles de las operaciones que el domingo acabaron con quien era el narcotraficante más buscado por México y EE.UU., y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el Ricardo Trevilla Trejo, remarcó que las ejecutaron militares mexicanos en suelo mexicano.
“¿Qué es lo que se demostró?”, se preguntó el general, visiblemente afectado por la muerte de 25 guardias nacionales en enfrentamientos con miembros del CJNG.
“La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, dijo.
Pero sobre lo que los expertos tampoco dudan es del papel que la presión del gobierno estadounidense ha jugado, no solo en la caída de “El Mencho”, sino en la estrategia general contra el narco de Sheinbaum, de mayor confrontación que la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
“Esa acción fue muy seria y a muy gran escala”, le dijo a la BBC Jon Benjamin, quien fuera el embajador de Reino Unido en México entre 2021 y 2024, sobre la captura y posterior muerte de “El Mencho”.
“El presidente Trump ha designado a los carteles como organizaciones terroristas y México le ha entregado a decenas de narcotraficantes. El factor Trump es muy importante en lo que está ocurriendo”, aseguró.
Con el diplomático concuerdan los analistas mexicanos expertos en seguridad David Mora y David Saucedo, quienes, consultados por BBC Mundo, describen dicha presión como “decisiva”.
Tras más de una década de fracasos y violencia en la guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, López Obrador llegó al poder en 2018 con la idea de que, en lugar de luchar contra el crimen organizado, era más adecuado atender las causas de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, y promover el diálogo entre los grupos de poder establecidos.
“Abrazos, no balazos”, se le llamó al nuevo enfoque.
En sus comparecencias ante la prensa, Sheinbaum defiende siempre el legado de López Obrador, a pesar de que durante sus años en el poder se rompieran récords de homicidios y estructuras como la que lideraba “El Mencho”, consolidaran su presencia en prácticamente todo el país.
Sin embargo, los analistas coinciden en que en los casi 17 meses que lleva al frente del gobierno mexicano, la sucesora y heredera política de AMLO ha tratado de desmarcarse de él en su actuar, aunque no en sus discursos.
Y, en esa línea, muchas voces señalan que el operativo de este domingo habría sido la estocada final a la política de “abrazos, no balazos”.
El consultor Saucedo lo matiza, aclarando que esa estrategia ya se había empezado a quebrar en la recta final del mandato de AMLO.
“La política de no confrontación con el narco solo duró hasta la mitad del sexenio de AMLO, cuando el entonces presidente estadounidense Joe Biden presionó al gobierno de México para que se incrementaran los decomisos, el desmantelamiento de los narcolaboratorios y las capturas de narcotraficantes de alto perfil”, destaca el experto.
“De hecho, el episodio popularmente conocido como el ‘Culiacanazo’ se da en la época de López Obrador. Eso fue de balazos y de amenazas de ataques de narcoterrorismo”, agrega.
Se refiere con ello a la sangrienta balacera que se desató en 2019 en la capital del estado de Sinaloa tras la captura —y posterior puesta en libertad— de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del legendario capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Saucedo señala que, “con Sheinbaum como presidenta, se empiezan a cruzar líneas como no se había hecho antes, con la extradición masiva de narcotraficantes o los macrodecomisos de droga”.
Mucho del giro en la política antidrogas tiene que ver con la llegada a la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, el expolicía que mientras Sheinbaum fue alcaldesa de Ciudad de México, logró reducir los homicidios en la capital y mejorar la sensación de inseguridad.
Lo que marcó un antes y un después en el combate del crimen y la delincuencia en la ciudad, fue un atentado contra García Harfuch, ordenado según la versión oficial por “El Mencho” y llevado a cabo por elementos del CJNG en mayo de 2020 en uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana.
Ya como secretario de Seguridad de la federación, en la rueda de prensa que dio en octubre de 2025 para exponer los resultados del primer año de gobierno de Sheinbaum, Harfuch marcó distancia discursiva y operativa respecto al sexenio anterior.
Sin tono triunfalista y subrayando que la materia que lo ocupa continúa siendo una asignatura pendiente, Harfuch habló de una reducción del 32% en los homicidios dolosos hasta alcanzar el nivel más bajo en una década, con disminuciones “notables” en 23 de los 31 estados en el país.
También reportó la detención de 35.817 personas por “delitos de alto impacto”, el decomiso de 18.274 armas de fuego y de 288 toneladas de droga, incluidos cuatro millones de pastillas de fentanilo —la principal causa de las decenas de miles de muertes anuales por sobredosis en EE.UU.— y más de 48 toneladas de cocaína en alta mar, así como el desmantelamiento de 1.597 narcolaboratorios en 22 estados.
“La presión que Trump ha ejercido sobre su administración ha sido una fuerza que ella (Sheinbaum) ha aprovechado”, le dijo a The New York Times Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano que estudia las relaciones entre los dos países vecinos.
“Quería cambiar la seguridad en México y Trump llegó en un momento muy interesante para impulsarla”.
“En el año y meses de administración de Sheinbaum, hemos visto fuerzas armadas más combativas contra los grupos del crimen organizado que operan en el país”, subraya asimismo David Mora, analista sénior en México del International Crisis Group.
“Y eso es muy importante leerlo con los lentes de la relación bilateral con EE.UU.“, le dijo a BBC Mundo.
“Trump detectó hace tiempo que el talón de Aquiles de México es el tema de la seguridad, y lo ha utilizado para presionar a Sheinbaum en materia comercial, arancelaria y migratoria, además de en combate al crimen”, dice el experto.
“Como México también tiene un cáncer, que es la narcopolítica, la penetración del crimen organizado en nuestro régimen democrático, Trump rápidamente encuentra pretextos y excusas, aunque muy fundamentadas, para intervenir de manera cotidiana en las decisiones de México en distintos ámbitos”, prosigue Mora.
En ese sentido, Saucedo recuerda que el republicano fue elegido por segunda vez para la presidencia estadounidense con una plataforma sostenida sobre una mejora en la economía doméstica, el fin de la inmigración irregular y el combate al crimen organizado por la responsabilidad de este en las muertes por sobredosis de fentanilo.
“En todos estos temas, México, al ser el vecino, está involucrado y Trump lo identifica como fuente de muchos de los males que acechan a su país”, sigue el especialista. “Así que, para poder avanzar en su agenda, utiliza el tema de la seguridad para presionar al gobierno de Sheinbaum”.
Así, nada más volver a la Casa Blanca en enero, Trump designó a varios carteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, al igual que había hecho antes con el Tren de Aragua, una banda surgida en Venezuela, y con la Mara Salvatrucha o MS-13, una pandilla nacida en Los Ángeles.
“Los carteles están librando una guerra en EE.UU. y ya es hora de que EE.UU. les declare la guerra, algo que ya estamos haciendo”, clamó ante el Congreso en marzo, en su primer discurso como presidente, al tiempo que llamaba a México a “hacer más” al respecto.
Ante la declaración de la emergencia nacional por parte de Trump en el área limítrofe entre ambos países, Sheinbaum respondió con la Operación Frontera Norte, destinando 10.000 efectivos a la zona.
“Estamos incautando en México, evitando que pase del otro lado”, comentaba la presidenta en una reciente conferencia de prensa. “Quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no?”, se preguntaba.
Desde entonces las autoridades mexicanas también han enviado a EE.UU. a casi 100 personas señaladas como criminales clave, 37 de ellas hace apenas un mes.
Son muchos los expertos que han planteado dudas sobre los fundamentos jurídicos de los traslados, al haberse realizado al margen del proceso normal de extradición. Mientras, el secretario Harfuch ha defendido su legalidad, señalando que, de acuerdo con el Departamento de Justicia Estadounidense, no se les aplicaría la pena de muerte (algo prohibido en México).
Dichos movimientos forman parte de un esfuerzo más amplio para apaciguar a Trump, mientras el mandatario amenaza con ataques unilaterales dentro del territorio mexicano, algo que Sheinbaum rechaza, remarcando que sería una violación de la soberanía de su país.
Pero analistas señalan que quizá el elemento más obvio de presión han sido los ataques de las fuerzas estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que empezaron en septiembre.
“No es una estrategia ganadora, francamente, pero infunde miedo en los corazones”, evaluaba en ese sentido Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico.
“Es en muchos sentidos un aviso para México, diciendo: ‘Tómense esto en serio, porque ustedes pueden ser los siguientes'”, agregaba.
“Hay presión por parte de la Casa Blanca de acciones militares conjuntas con fuerzas de EE.UU., y la presidenta Sheinbaum y el gobierno de México reiteran que la fórmula que le proponen a EE.UU. funciona”, dice el analista Mora.
“¿Cuál es esa fórmula? Cooperemos, compartamos información, compartamos inteligencia, pero México está a cargo de las acciones en el terreno”, aclara. Un enfoque que la propia Sheinbaum ha definido como “coordinación sin subordinación”, tanto en temas de seguridad como en otras materias.
En esa línea, la Secretaría de Defensa Nacional informó este lunes que la operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera contó con “información complementaria” del gobierno de EE.UU. “dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral” con ese país.
Asimismo, Fuentes del Pentágono le dijeron a la cadena CBS, socia en EE.UU. de la BBC, que hubo apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticarteles, que colabora habitualmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de EE.UU.
“El Departamento de Estado exigía “resultados significativos” de México”, apuntaba en esa línea Mora.
“Pero estos resultados, como descabezar Jalisco y matar a ‘El Mencho’, pueden traer efectos que van en contra del objetivo de la presidenta de pacificar México”, subraya.
“Es un balance que el gobierno de México tiene que encontrar: qué tanto cede a la presión por descabezar a los grupos, sin que eso signifique que aumente la violencia. Porque para la población, para los votantes en México, el problema es la violencia”.
*Con reporteo adicional de Gerardo Lissardy.
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