Eliminan registros de 7 desaparecidos de Guerra Sucia en el censo de AMLO y 9 aparecen como “ubicados”
A más de siete sexenios de su desaparición, 23 años de ser consideradas como posibles víctimas de desaparición forzada y a sólo cinco años de ser incluidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, autoridades borraron los registros de 7 militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre del nuevo censo de desaparecidos del presidente Andrés Manuel López Obrador y reclasificaron 14, considerando que en 9 casos hay indicios de su ubicación sin dar mayores detalles y en 5 más faltan datos de su reporte.
Entre la lista de los datos borrados están los de Adolfo Tecla Parra, Roberto Antonio Gallangos Cruz, Abel Estrada Camarillo, Carmen Vargas Pérez, Leonardo Jiménez Alvarado, Wenceslao José García y Ana María Parra de Tecla que desaparecieron a manos de la llamada Brigada Blanca entre los años de 1975 y 1979, durante los sexenios de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, en el periodo conocido como la Guerra Sucia.
Los nombres de estos siete integrantes de la Liga Comunista aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero en el nuevo censo de personas desaparecidas de AMLO -dado a conocer en diciembre pasado con el nombre Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada– no fueron incluidos. Familiares exigen que el Gobierno esclarezca su estatus, pues ellos nunca fueron censados ni sus familiares han vuelto a casa.
“Esta investigación me parece es una muestra evidente de que se ha roto o se ha modificado el Protocolo Homologado de Búsqueda, incluyendo a todo el funcionariado que participó [….] es una muestra de las omisiones o de lo que se ha estado haciendo mal”, dice en entrevista con Animal Político la abogada Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista, desaparecida el 5 de enero de 1978 y cuyos datos fueron eliminados del censo hasta este 22 de enero de 2024.
Borran del nuevo censo a Alicia de los Ríos, desaparecida en la “guerra sucia”
En el reportaje Tiene censo de AMLO otros datos… equivocados sobre desaparecidos en México, publicado este lunes, se documentó que los datos de Alicia de los Ríos Merino no estaban incluidos en el nuevo censo de AMLO, pese a que su hija tramitó la denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República en 2002. Luego de la publicación, Alicia se quejó de la eliminación de los datos de su madre, por lo que las autoridades subieron la información al censo.
“Siendo las 15:26 (horas) de hoy 22 de enero de 2024 acaban de subir el registro de mi mamá al nuevo censo, después de la denuncia que hice”, publicó Alicia en su cuenta de X, antes Twitter.
Pese a lo anterior, Alicia de los Ríos pide no desviar el foco ni tampoco la atención de lo verdaderamente importante en el caso de sus familiares desaparecidos “y eso es que hay instituciones que no están funcionando”.
“Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desde su inicio no ha tenido los dientes suficientes para desplegar las búsquedas y mucho menos en el caso de la contrainsurgencia o de la Guerra Sucia, porque justo la barrera que es muy semejante a la del caso Ayotzinapa y es justo el Ejército mexicano […] Ellos y ellas (los padres de los 43) han tenido que estar acordando y dialogando con autoridades de facto, de los territorios, estoy hablando de la criminalidad, pero nosotros no hemos podido justo entrar a los espacios donde sabemos que desaparecieron nuestras familias, en este caso los campos militares”, agrega.
A esto se suma el hecho de que la CNB redujo el equipo de búsqueda de víctimas de desaparición durante la Guerra Sucia, esto como parte de una “reestructuración interna” instrumentada por la nueva titular del organismo, Teresa Guadalupe Reyes.
Lo anterior incluso provocó que Javier Yankelevich, quien también era el director de Operaciones de Búsqueda de la CNB, hiciera pública en una carta a los familiares de personas desaparecidas que el 31 de enero será su último día en la Comisión.
Autoridades dan por ‘ubicados’ a nueve y buscan información de otros cinco
Además de los 7 registros borrados, el nuevo censo del presidente López Obrador ha reclasificado otros 14 casos, dando por “ubicados” a otros 9 integrantes de la Liga Comunista “con indicios” que, según el Gobierno, podrían llevar a su eventual localización.
Se trata de Mario Alberto Ortiz Vallejo, Rafael Ramírez Duarte, José Luis Torres Ontiveros, Raymundo López Chavarría, Benjamín Maldonado Santos, Eduardo Hernández Vargas, José Bonilla Ortega, Roque Reyes García y Rubén Hernández Padrón, desaparecidos entre 1974 y 1981.
En la gran mayoría de estos casos, en la consulta pública del Registro Nacional de Búsqueda, la CNB señaló que la circunstancia de su desaparición tiene que ver con que “se le privó de la libertad por una corporación policiaca o militar”.
En tanto Pedro Gorgonio Santiago, Jorge Hermelindo Varela Varela, José Guadalupe Salas García y Gerardo López Chavarría están catalogados dentro del nuevo censo en la categoría de “se requieren datos de identidad” y uno más, Luis Benito Espinoza Lucero, aparece con identidad en el nuevo censo, pero “sin datos adicionales”, por lo que las autoridades buscan a su “reportante”.
Precisamente, sobre estas nuevas clasificaciones del Gobierno para catalogar a las personas desaparecidas del país, Mara Navarro Fierro, hija de Jorge Hermelindo Varela Varela, considera que las autoridades deberían tener un “poco más de comunicación” con las familias de las personas desaparecidas, “porque después de 40 años -en nuestros casos de la Liga Comunista y los movimientos armados de los 70’s- seguimos esperando que haya solución”.
“Porque no nada más es un ciclo que afecta a padres a hijos, sino que son generaciones enteras que todavía traen esas situaciones, ese pesar de no saber dónde está su familia, parte de su familia, por lo que sería importante el que se busque a todos sin especular, hasta que se dé con ellos, hasta que se entregue el qué pasó con ellos. Sé que suena un poco ilógico, pero muchas personas todavía después de 40 años tenemos la esperanza de que quizá puedan estar todavía con vida, de que quizá puedan estar bien y todavía queremos cerrar ese ciclo de si están unos (con vida), cuál es su estatus, cómo están o conocer realmente qué fue lo que pasó, lo que llaman la verdad histórica”, dice.
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El caso de Hermelindo Varela tiene una singularidad. Es uno de los tres casos de esta lista de personas desaparecidas cuyos datos aparecen en el censo con datos “confidenciales”, por ser “información reservada por la FGR”, cambio que Mara Navarro asegura jamás le comunicaron ni ella tampoco solicitó.
Animal Político buscó a la CNB, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para solicitar información sobre los datos eliminados y reclasificados de los 22 casos que se documentan en este trabajo, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta.
“Han transcurrido 16 mil 780 días sin mamá”: la lucha de Alicia de los Ríos por encontrar a su madre
El pasado 10 de enero de 2024, Alicia de los Ríos acudió a instalaciones de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México para participar en el primer foro llamado “Fallas en el sistema de justicia”, dentro de los llamados Diálogos por la Transformación, eventos convocados por el ministro en retiro Arturo Zaldívar, que tienen como finalidad llevar a cabo la reforma al Poder Judicial encargado por la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum.
“Soy hija de Alicia de los Ríos Merino, una militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que desapareció a manos de la Brigada Especial, mejor conocida como la Brigada Blanca, el 5 de enero de 1978 en la colonia Vallejo, en el norte de la Ciudad de México”, dijo Alicia aquel día a modo de presentación.
La Brigada Especial, explicó, fue una coordinación entre la Dirección Federal de Seguridad (DFS) -en el caso de su madre dirigida entonces por Javier García Paniagua-, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia -corporación secreta de seguridad de la Ciudad de México- y la policía militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras corporaciones, que integraron lo que Alicia calificó como “el circuito de la desaparición forzada en este país”.
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“Han transcurrido 16 mil 780 días sin mamá. Hasta ahora sabemos que permaneció 6 meses en el Campo Militar número 1. Es una de las personas que ha sido más vista por testigos sobrevivientes […] Alicia fue trasladada a la base aérea número 7 en Pie de la Cuesta en la Costa de Guerrero los primeros días de junio de 1978”, dijo Alicia, ante un panel que fue antecedido por una mesa de diálogo conformada por personajes como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en 2010.
¿Qué ha pasado con el caso de desaparición de Alicia de los Ríos durante la “guerra sucia”?
Ahí también relató que en 1990 el gobierno creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), justamente para ayudar a combatir los excesos y abusos del poder que culminaron en graves violaciones a derechos humanos, por lo que en 1999 este organismo inició con el programa de “presuntos desaparecidos”.
“Pero se tardó 11 años en hacer una recomendación. En 2001, la CNDH concluyó que casi 300 personas había indicios para declararlas víctimas de desaparición forzada, entre ellas mi madre, en la recomendación 26/2001”, dijo.
Un año después, en el sexenio de Vicente Fox, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Fue hasta entonces que la familia de Alicia de los Ríos y el Centro Prodh pudieron denunciar y la PGR abrió una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de su madre.
De este documento surgió la lista entera de las personas desaparecidas de la Liga Comunista que fue consultada para este trabajo.
“Actualmente, el equipo jurídico del Centro Prodh y yo analizamos un expediente de cerca de 40 mil fojas de la investigación sobre narcotráfico, investigando a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro Escapite, así como el mayor Francisco Barquín, donde encontramos la bitácora del avión con fecha del 8 de junio de 1978 que registró un viaje nocturno conocido como un vuelo de la muerte”, cuenta Alicia.
Pese a lo anterior, no fue sino hasta el año 2019 cuando le asignaron a Alicia de los Ríos Merino el número 771 del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas de este país. La 771 de más de 113 mil personas.
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Por ello, aquel día en la Ibero, Alicia aprovechó la oportunidad no solo para exponer el caso de su madre, sino también para lanzar fuertes críticas contra el Estado y todas sus instituciones de seguridad y justicia.
“De niña debí comprender qué significaba ser una desaparecida política y una insurgencia comunista. Las violencias del Estado mexicano nos han obligado históricamente a buscar, a investigar y a litigar. También nos ha obligado a argumentar por qué nuestros padres y madres son víctimas de violaciones graves de derechos humanos pese a que fueran militantes radicales […] La obstrucción para investigar se ha ordenado siempre desde el alto funcionariado de este país”.
FGR y fiscalías locales, instituciones enemigas para el acceso a la justicia
“¿Durante tu participación en estas mesas de diálogo pudiste plantearle esta situación al ministro Arturo Zaldívar o alguna de las personas convocantes?”, se le preguntó.
“No, fíjate que no, lo que sí alcancé a decirle a Zaldívar es que la Fiscalía General de la República (FGR), que es la que tendría que estarnos representado, para poder judicializar a los posibles responsables, pues se ha convertido en un obstáculo para nuestro derecho humano a la justicia”, responde.
Lo anterior se evidencia con el amparo que tuvo que tramitar en contra de la FGR, su representación social, para que realice peritajes en el Campo Militar número 1 y en la Base Aérea de Pie de la Cuesta para seguir indagando en la desaparición de su mamá.
“También me he amparado en contra del Centro Nacional de Información y de la Sedena para que no destruya archivos y los ponga a consideración para ser consultados. ¿Alguien podría convencerme de que en México la justicia es expedita, pronta, efectiva y de calidad?”, cuestionó aquel día.
Por eso, frente al ministro en retiro Arturo Zaldívar, Alicia de los Ríos no dudó en asegurar que “una institución enemiga para el acceso de justicia y de verdad para cualquier víctima de este país es la Fiscalía General de la República (FGR) y cualquier fiscalía local”.
“Ahorita lo que nosotros urgimos para la próxima administración, porque con esta ya no hay posibilidades, es que tengamos por lo menos la garantía de tener una representación social que sí investigue y no este monstruo al que nos hemos estado enfrentando durante toda la administración de López Obrador”, asegura.
También espera que en estas mesas de diálogo y foros se reconstruya la relación con las familias buscadoras y con las organizaciones de derechos humanos que se han roto en esta administración.
“Pese al horizonte desesperanzador, nosotros no nos iremos, somos unas profesionales de la paciencia. Tarde que temprano las personas desaparecidas en este país colapsarán la negación, la impunidad y la desmemoria oficial y la sociedad toda se preguntará horrorizada cómo permitió la catástrofe. La reflexión develará el futuro donde la vida sí importe y la no repetición sea posible. Habrá valido entonces la pena no sucumbir a la soledad, al desprecio, la incertidumbre, la frustración y la tristeza”, concluyó.
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Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“La acusación es exagerada”
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
1.977 casos de tráfico de drogas
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
Muertes relacionadas con las drogas
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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