Coloradas de la Virgen, la comunidad de la Sierra Tarahumara con defensores asesinados y familias desplazadas
José Trinidad Baldenegro tenía 11 años cuando se quedó huérfano de padre. Fue en 1986 cuando asesinaron a Julio Baldenegro, indígena rarámuri y gobernador tradicional de Coloradas de la Virgen que se oponía a que despojaran a su comunidad de su bosque y territorio.
Treinta y años después de la muerte de su papá, José Trinidad sufrió el asesinato de su hermano. A Isidro Baldenegro lo mataron en enero de 2017. Años antes, en 2005, había recibió el Premio Goldman —conocido como el Nobel ambientalista— por la defensa de los bosques de su comunidad en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, al norte de México.
El asesinato del padre y hermano de José Trinidad vislumbró lo que se intensificaría después: en Coloradas de la Virgen defender el bosque y resistirse al despojo se ha convertido en una sentencia de muerte.
El pasado lunes 7 de marzo, el nombre de José Trinidad Baldenegro, de 47 años, se unió a la lista de defensores del bosque y territorio de Coloradas de la Virgen que han sido asesinados. En esa lista, además de los hombres de la familia Baldenegro, también están Víctor Carrillo, a quien mataron en febrero de 2016, y su padre Julián Carrillo Martínez, quien era presidente de bienes comunales cuando lo asesinaron en octubre de 2018.
La mañana del primer lunes de marzo de 2022, cuando iba a rumbo a su milpa, José Trinidad recibió los disparos que lo mataron. Su hija, sus dos nietos y su sobrino escucharon las detonaciones; ellos salieron de su casa con lo que traían puesto. Los hombres que dispararon también le prendieron fuego a su vivienda.
“Creemos que lo mataron porque quieren apoderarse de las tierras”, dice vía telefónica uno de los familiares de José Trinidad que, por seguridad, pide que no se publique su nombre. “Esto lo hemos vivido desde que yo soy yo. Los que se quieren apoderar de la comunidad, siempre eliminan a quien se resiste”.
Las denuncias que por años han hecho los habitantes de esta comunidad de la Sierra Tarahumara no han logrado detener las balas, las amenazas y los desplazamientos.
En la actualidad hay ocho carpetas de investigación por homicidios, varias más por despojo y, por lo menos, 200 personas desplazadas de Coloradas de la Virgen, de acuerdo con datos de Alianza Sierra Madre, organización no gubernamental que acompaña a la comunidad rarámuri y ódami que se forma por pequeñas rancherías dispersas entre las montañas del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.
Un reclamo añejo
Hace tres años, en febrero de 2019, José Trinidad Baldenegro, su esposa e hijos estaban desplazados en Baborigame, Chihuahua. Ahí construyeron una pequeña casa de madera; ahí fue donde hablaron sobre lo que se vivía en Coloradas de la Virgen. Sus palabras, como las de otras personas originarias de esa comunidad, permitieron construir el texto “Sin territorio no somos nada” que se publicó en abril de 2019, como parte del especial Tierra de Resistentes.
La comunidad indígena de Coloradas de la Virgen tiene una larga lucha por el reconocimiento de su territorio. Es una historia que también refleja lo que se vive en otras comunidades de la Sierra Tarahumara.
Desde 1934, los indígenas de Coloradas de la Virgen reclaman al Estado mexicano el reconocimiento de su territorio. Para 1953, cuando ya habían fallecido varios de los primeros pobladores indígenas que impulsaron el reconocimiento de sus tierras, funcionarios de ese entonces registraron como ejido a buena parte de la zona forestal que se encuentra dentro del territorio ancestral de Coloradas de la Virgen. El resto del área quedó como una comunidad agraria.
Quienes hoy están desplazados de Coloradas de la Virgen cuentan que en 1992 se realizó una asamblea para depurar la lista de ejidatarios, porque varios ya habían fallecido. Años después Julián Carrillo y otros habitantes de la comunidad denunciaron que en esa asamblea se presentaron varias irregularidades: en el acta de acuerdos había firmas y huellas digitales de indígenas que, para esas fechas, ya estaban muertos. Así fue como se incluyó a 78 nuevos miembros del ejido, muchos de ellos integrantes de familias de caciques de la zona, a sus trabajadores y a quienes, para entonces, controlaban la siembra de amapola en esa región.
Los conflictos entre nuevos ejidatarios y la comunidad agraria —integrada por indígenas rarámuri y ódamis— se intensificaron en 2007, cuando las autoridades federales entregaron al ejido permisos para aprovechamiento forestal. Fue entonces cuando las autoridades tradicionales de Coloradas de la Virgen, con el acompañamiento de organizaciones civiles, empezaron su lucha legal para cancelar esos permisos. Fue también cuando aumentaron las amenazas, los homicidios y la presencia de grupos armados.
Además de los permisos forestales, el Estado mexicano entregó varias concesiones para la exploración minera en la zona. Una de ellas, otorgada en 2010, se encuentra dentro del territorio que la comunidad agraria de Coloradas de la Virgen reclama como parte de sus tierras ancestrales. Hasta ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha cancelado esas concesiones que se dieron en sexenios pasados.
“Esas personas a las que les dieron esos permisos, esas concesiones, son personas que no tienen nada que ver dentro de esos territorios… Por lo que estaba luchando Isidro, lo que luchaba mi papá y lo que luchaba Julián es para un reconocimiento del territorio”, comentó José Trinidad en febrero de 2019.
Defender ese lugar al que se pertenece
En ese febrero, José Trinidad nos llevó al panteón de Baborigame para mostrarnos la tumba de su hermano Isidro. Ahí, con una voz que parecía un susurro, habló de lo difícil que era estar desplazado, estar fuera del territorio: “Allá uno puede sembrar, uno puede criar animales. Fuera de allá no pude hacer nada”.
—¿Para usted qué es el territorio?
—El territorio es para los indígenas el lugar donde pertenecen. La mayoría de la gente de allá no está dispuesta a vivir en otros lugares. Es muy difícil para la gente abandonar esas tierras. Para la gente de allá es muy necesario que no se tale el bosque y que si se hiciera, se hiciera conforme marcan las leyes, en orden, no que se haga una tala así, sin control —decía José Trinidad.
Como su padre, su hermano y otros indígenas que crecieron en una tierra habitada por pinos, José Trinidad hablaba de la importancia del bosque: “La madera (árboles) significa mucho para el territorio, porque es lo que mantiene la estabilidad de las aguas. El agua que cae de las nubes se filtra y ahí dura el agua. De otra manera, cuando se derriba la madera sin responsabilidad se hace un desastre, se quema el bosque. Llegan las aguas y se lleva todo, ya no hay dónde se detenga, dónde se filtre. Se va el agua”.
José Trinidad fue uno de los testigos que participó en el juicio en contra de los asesinos de Julián Carrillo en febrero de 2021. Él decía que “a estas personas que están asesinando deben investigarlas, ver si hay personas atrás y castigarlas. Al no hacerlo así, a cualquier persona que esté defendiendo la comunidad van a querer hacerle lo mismo”.
El familiar de José Trinidad que pide el anonimato menciona que “Trini no era dirigente de la comunidad, pero sí quería defender y quería hacer algo para la comunidad”. Y también pide lo que antes han reclamado varios más: “Que ya agarren a esos hombres, porque además de quitarle la vida a Trini se la han quitado a otras personas”.
La familia de José Trinidad se sumó, una vez más, a las cifras de personas desplazadas de Coloradas de la Virgen y de otras comunidades de la Sierra Tarahumara que se han visto obligadas a dejar su tierra por amenazas de los grupos armados ligados a la producción y tráfico de drogas.
Irma Villanueva, quien estuvo al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Chihuahua hasta septiembre de 2021 y hoy forma parte de la organización Transforma A.C., menciona que los primeros episodios de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara se registraron en 2011 y desde entonces no se han detenido. Uno de los más recientes ocurrió entre agosto y octubre de 2021 cuando alrededor de 100 personas de la zona del Barranco, en el municipio de Guadalupe y Calvo, salieron de sus comunidades por amenazas de grupos criminales.
En el caso de Coloradas de la Virgen, señala, “los homicidios que se han dado en contra de familias que defienden el territorio ha sido una de las causas de desplazamiento. Estos grupos que los atacan buscan despojarlos de su territorio”.
Villanueva reconoce que el problema no se ha atendido a fondo, no se ha visto como un asunto de seguridad. Lo que ha pasado con la familia Baldomero, dice, “es la historia de muchas familias en la Sierra: sus reclamos parece que se los lleva el viento”.
Sierra Tarahumara: impunidad y olvido estatal
El 11 de marzo de 2022, cuatro días después del asesinato de José Trinidad, la Fiscalía del Distrito Zona Sur del Estado de Chihuahua informó que activó un operativo para esclarecer el homicidio. Además, aseguró que se desplegaron acciones para brindar seguridad, recibir denuncias y brindar atención a los habitantes de la región.
Cuando asesinaron a Julián Carrillo, en 2018, también se habló de operativos y de acciones para brindar seguridad.
En el informe Entre Balas y olvido, publicado en abril de 2019, Amnistía Internacional ya advertía que el Estado mexicano “ha fallado en garantizar un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras, en particular, debido a que las medidas no son las adecuadas para el riesgo enfrentado por la comunidad (Coloradas de la Virgen), dado que esta cuenta con baja presencia estatal y una fuerte presencia de grupos del crimen organizado”.
En marzo de 2021, en la sentencia que se emitió por el asesinato de Julián Carrillo y de su hijo Víctor, los jueces también señalaron que el Estado mexicano falló en brindar la protección a los defensores del territorio. Además, señalaron que ahora se tenía la obligación de reparar el daño a las personas desplazadas de Coloradas de la Virgen y garantizar las condiciones para que las familias tuvieran un regreso digno y seguro a su comunidad. El asesinato de José Trinidad muestra que nada de eso ha sucedido.
La abogada Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que acompaña a la comunidad de Coloradas de la Virgen en los procesos legales, explica que aún no está firme la sentencia por el asesinato de Julián Carrillo, ya que el abogado de uno de los acusados presentó una apelación.
Además de que la sentencia aún no se ratifica, Fierro explica que los gobiernos de todos los niveles —estatal y federal— pusieron una especie de pausa en la atención del caso Coloradas de la Virgen: “La impunidad está instalada desde hace mucho en la comunidad. No se ha atendido el problema por la disputa del territorio ni se ha reconocido el territorio ancestral de la comunidad”.
Isela González, de la organización Alianza Sierra Madre, señala que el recién asesinato de José Trinidad muestra que en Coloradas de la Virgen hay una ausencia del Estado. “No existen las condiciones de seguridad para que las familias desplazadas regresen”, señala.
González recordó que, desde 2016, debido a las amenazas que han recibido, personas desplazadas de la comunidad de Coloradas de la Virgen e integrantes de Alianza Sierra madre están bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pero poco se ha avanzado para cumplir con el plan de protección.
Mongabay Latam solicitó una entrevista al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pero no se tuvo respuesta.
En enero pasado, después de varios meses en los que no se había convocado a ninguna reunión, dependencias estatales y federales realizaron una mesa de seguimiento del mecanismo de protección para el caso de Coloradas de la Virgen. “Nosotros asistimos bajo protesta —dice González— porque sabíamos que no iban a haber funcionarios con capacidad de decisión. El mecanismo solo da medidas reactivas, como un botón de alerta, pero no se atiende el problema estructural. No se atiende la impunidad ni el despojo que padece la gente de Coloradas”.
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El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
Marsella, en estado de “psicosis”
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
La acción policial
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
Reclutamiento infantil
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
¿Soluciones?
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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