A un año de la sentencia de la Corte IDH por el caso Antonio González, el Estado mexicano todavía no cumple sus obligaciones
El Estado mexicano todavía no cumple la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió hace un año sobre el caso Antonio González Méndez, zapatista desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en el municipio de Sabanilla, Chiapas.
El 12 de diciembre de 2024, la corte internacional encontró al Estado mexicano responsable de la desaparición del indígena chol y reconoció que no fue un hecho aislado, sino consecuencia de una política estatal contrainsurgente finalizada a reprimir el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994, a través del uso de agrupaciones paramilitares.
“Tales grupos operaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado, con el objetivo de neutralizar fuerzas u organizaciones consideradas enemigas, como el EZLN”, escribió la Corte IDH en su sentencia.
La familia de Antonio González Méndez, los sobrevivientes de la guerra contrainsurgente de los años noventa en Chiapas y las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de un fallo histórico, pues el Estado mexicano siempre negó que las violencias de aquella época fueran consecuencias de una política de estado, alegando que derivaban de conflictos entre comunidades.
El fallo por el caso de González Méndez y los incumplimientos del Estado
Los dos pilares del fallo de la Corte IDH son la obligación, por parte del Estado mexicano, de buscar a Antonio González Méndez y de investigar penalmente su desaparición forzada, sancionando a los culpables. La representación legal de su familia desea que las investigaciones abarquen no solo las responsabilidades de los paramilitares, sino también de los militares y políticos que colaboraron con estos grupos o permitieron su actuación con impunidad.
La sentencia de la Corte IDH ordena, además, la desclasificación de los archivos del caso, la implementación de un programa de formación de agentes del estado de Chiapas sobre la debida investigación y juzgamiento de presuntos hechos de desaparición, además de la creación un registro único y actualizado de personas desaparecidas. Establece también que la familia de Antonio González Méndez reciba reparaciones económicas y simbólicas, como la creación de una placa en su memoria.
Pese al fallo de la corte internacional, aún hay incumplimientos por parte del Estado mexicano para acatar la orden respecto al caso de González Méndez.
“No estamos viendo la voluntad política por parte del Estado mexicano para cumplir con lo que le ordenó la Corte IDH. Hasta ahora lo único que se realizó cabalmente son la indemnización económica, algunas publicaciones de difusión de la sentencia y la organización del evento de inauguración de la placa en memoria de Antonio”, afirmó Chloé Stevenson del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), durante el conversatorio que se llevó a cabo el 9 de octubre de 2025 en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en San Cristóbal de Las Casas, tras la develación en sus instalaciones de la placa en memoria del zapatista desaparecido.
“Saludamos estas acciones, son pasos positivos, pero notamos que las dos obligaciones más importantes para la familia y la sociedad, que son la búsqueda de Antonio y la investigación de las circunstancias de su desaparición, todavía no han sido atendidas con seriedad”, afirmó Chloé Stevenson.
De acuerdo con la integrante del Frayba, para tener una hipótesis de búsqueda sólida y encontrar a Antonio habría antes que llegar a la verdad de los hechos. Sin embargo, el plan de investigación de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares no tiene una estrategia y presenta solo acciones desorganizadas.
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“En su plan de investigación, la Fiscalía se pregunta si se trató de desaparición forzada o si fue cometida por particulares, cuando la sentencia de la Corte IDH dice algo muy claro: el estado es responsable, fue desaparición forzada y fue cometida porque Antonio era un militante del EZLN”, dijo Chloé Stevenson a los estudiantes de derecho en San Cristóbal de Las Casas. “¿Por qué es muy claro que Antonio fue desaparecido por ser zapatista? Porque era una política de Estado, coordinada y decidida desde el más alto nivel y que fue plasmada en el documento Plan de Campaña Chiapas ‘94”, afirmó Stevenson.
También compartió que, en abril de 2025, por primera vez la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con el apoyo de otras instituciones, organizó unas jornadas de búsqueda en Sabanilla, que en realidad fueron más como una prospección finalizada al conocimiento del terreno. “Fue un primer golpe para la familia porque los invitaron a una búsqueda, generando muchas expectativas que fueron decepcionadas”, dijo Chloé Stevenson.
La búsqueda sigue
Durante el conversatorio en la facultad de derecho de la UNACH, Magdalena González López, hija de Antonio, se dijo agradecida de que la placa en memoria de su padre ha sido instalada en el pasillo de la universidad.
También habló de la tenacidad de su madre, Zonia López Juárez, que tras la desaparición de su esposo no dejó de luchar para salir adelante con sus cuatro hijos: vendía leña, pollo, cortaba café. A pesar de las dificultades, la mujer chol nunca se rindió y hasta vendió una hectárea de su cafetal para solventar los gastos relacionados con la búsqueda. De esta forma, avanzando poco a poco y con muchos esfuerzos, llegó hasta la corte internacional.
“Saliendo de la escuela traíamos leña y maíz, bajo la lluvia y el sol. Es muy duro crecer sin papá, sin su calor y cariño”, dijo Magdalena González López a los estudiantes de la UNACH. “No tuve la oportunidad de seguir estudiando, pero sé que algún día mis hijos, los nietos de mi papá, van a llegar a estudiar en este lugar”.
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Magdalena parece haber heredado la misma firmeza y perseverancia de su madre. “Seguiremos en la búsqueda para encontrar mi papá vivo o muerto. Aunque sean los restos, para decir a mis hijos que lo mataron. Ahora no lo podemos afirmar, simplemente lo desaparecieron”, dijo.
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Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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