Creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya traerá expansión de megaproyectos, advierten organizaciones
Comunidades maya y organizaciones ambientalistas se pronuncian en conjunto por la creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya que los gobiernos de México, Guatemala y Belice anunciaron el pasado 15 de agosto, tras firmar un acuerdo con el que se comprometieron a proteger hasta 5.7 millones de hectáreas de selva y crear una Área Natural Protegida entre los tres países.
Las organizaciones ambientalistas lanzaron un comunicado en el que advierten que el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, más que ser una buena noticia, enciende las alarmas detrás de un discurso de conservación y desarrollo.
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En conjunto alertaron que este anuncio impulsa la expansión de megaproyectos extractivistas que amenazan la selva, los pueblos originarios y comunidades locales, y los sistemas reproductores de vida en el sureste de México y Centroamérica.
Comunidades, activistas, profesionistas y expertos recordaron que el memorándum que firmó México, Belice y Guatemala para crear el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya se realizó en el Hotel Mundo Maya, un edificio que se construyó de forma ilegal por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, una Área Natural Protegida que se encuentra en la Península de Yucatán.
El Corredor Biocultural Gran Selva Maya abarca 11 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en Belice, 27 en Guatemala y 12 en México.
Alertan sobre estrategia política para expandir megaproyectos
Organizaciones y colectivos firmantes del posicionamiento sobre la creación de este Corredor Biocultural en la selva maya exhiben que este anuncio es una estrategia política para expandir y legitimar los megaproyectos que ya están en marcha.
En el comunicado señalan que México anunció que la superficie del Corredor en su territorio sería de 2.4 millones de hectáreas; sin embargo, se omitió aclarar que el 82% de esa superficie ya es parte de una ANP.
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En un mapa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) muestran cuál será la zona de implementación de este Corredor Biocultural. En el caso de México, la secretaría señala tres Áreas Naturales Protegidas: Reserva de la Biosfera Balam Kú, Reserva de la Biosfera Calakmul y Reserva de la Biosfera Montes Azules.
“El anuncio, lejos de consolidar una apuesta seria de conservación, se perfila como una estrategia política para promover y legitimar megaproyectos ya en marcha. No es casual que, al mismo tiempo, el propio gobierno federal anunciara la expansión del Tren Maya hacia Belice, del Tren Interoceánico hacia Guatemala y la ampliación del programa Sembrando Vida a toda la región”, evidenciaron las organizaciones en su posicionamiento.
También recordaron que, desde inicios de 2024 el gobierno federal manifestó el interés de conectar ambos trenes con los países vecinos, y hoy la firma del memorándum del Corredor Biocultural confirma ese propósito.
Los megaproyectos que dominan el sureste mexicano
Las organizaciones firmantes enlistan los megaproyectos presentes en la Península de Yucatán que han impulsado una ocupación militar sin precedentes para las comunidades.
Lo anterior se debe a la ocupación que ha hecho la Sedena y la Guardia Nacional sobre el territorio por su participación en empresas paraestatales superando, sobremanera, las funciones que la ley ordena a las fuerzas armadas.
Tren Maya
Comunidades, ambientalistas y activistas advierten que el Tren Maya, más allá de ser un proyecto de transporte de pasajeros y de carga, éste apuntala la reconfiguración de los territorios al servicio de las industrias, en una región donde habita un tercio de los pueblos originarios de México.
En materia ambiental, este megaproyecto fragmentó ecosistemas y bienes naturales únicos.
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“Su construcción provocó violaciones graves a los derechos humanos y daños irreversibles a la naturaleza. El Tribunal Internacional de la Naturaleza lo sentenció en el 2023 como proyecto etnocida y ecocida”, señalaron.
Animal Político publicó una investigación sobre las proyecciones que el Tren Maya provocará en 2050 gracias al acceso que tuvo de los peritajes que presentaron investigadores de la UNAM sobre conservación y restauración.
En las periciales advierten sobre un cambio significativo en el uso de suelo: un aumento en áreas agrícolas (64%), ganaderas (37%) y de asentamientos humanos (24%).
Puerta del Sureste y Mayakán
Otro de los proyectos presentes en la península es Puerta del Sureste, un proyecto de combustibles fósiles que consiste en la construcción de un gasoducto submarino que transportará gas natural, conectando el abasto desde Tuxpan, Veracruz, a puntos de entrega en Coatzacoalcos, Veracruz, y en Paraíso, Tabasco.
Puerta del Sureste cruza aproximadamente 715 kilómetros frente a las costas de Veracruz, donde atraviesa zonas marinas que albergan tres sistemas de arrecifes protegidos y que sustentan manglares, pastos marinos, corales y numerosas especies.
En cambio, con la ampliación de Mayakán se duplicará el suministro de gas para alimentar nuevas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pese a que el gobierno de México justifica este proyecto como una solución a los apagones en la Península, organizaciones y colectivos advierten que este proyecto solo impulsará un turismo masivo e industrias que antes, no era viable que operaran.
También analizaron que en México se genera más del 60% de su electricidad con gas fósil y el 90% de este gas proviene de Estados Unidos. Por ello, estos gasoductos recrudecerán la dependencia energética con el país del norte.
Corredor Biocultural no es una política de conservación
Pese a que el anuncio de un Corredor Biocultural en la selva maya se presentó como una política ambiental de conservación en la que México, Guatemala y Bélice se comprometieron a proteger; comunidades, organizaciones y activistas alertan que este memorándum gubernamental sólo muestra las bases sobre la consolidación de un modelo que reconfigura territorios enteros en función del capital transnacional, la militarización y la infraestructura energética y turística.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes, advierten que el Corredor Biocultural Gran Selva Maya no representa una política real de conservación, sino un mecanismo para legitimar la expansión de megaproyectos.
Incluso, recordaron que los megaproyectos como Tren Maya ya generaron despojo de tierras, criminalización de la defensa del territorio, violaciones a los derechos humanos y daños irreversibles a ecosistemas. Expandirlo a Centroamérica sólo ampliará y profundizará los impactos ya visibles en los territorios.
También subrayan que la conservación efectiva de la naturaleza mediante el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas requiere de cuatro ejes esenciales:
- Un presupuesto suficiente destinado a las ANP y un fortalecimiento institucional a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
- El reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas y comunidades locales en la gobernanza y formas de conservación de estas áreas.
- La cancelación de proyectos ilegales dentro de las ANP, como Puerta al Mar, y la garantía del cumplimiento de los Programas de Manejo y Conservación de las mismas.
- Los recursos para Cambio Climático del Presupuesto de la Federación deben dirigirse a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la resiliencia de los territorios, no a financiar megaproyectos que profundizan la crisis socioambiental.
Entre las organizaciones y colectividades firmantes se encuentran Conexiones Climáticas, SOS Cenotes, Cenotes Urbanos, Kanan Derechos Humanos, Territorios Diversos para la Vida, Casa Colibrí, Utsil Kuxtal, entre otros.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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