Tren Interoceánico: peritajes, detenciones y exigencias de transparencia a un mes del descarrilamiento
El 28 de diciembre de 2025, un tren de pasajeros que recorría el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec descarriló con 250 personas a bordo; el saldo, 14 personas murieron. Un mes después, el caso ha transitado por hallazgos técnicos, acciones penales, procesos de reparación y las demandas de víctimas que buscan no quedar al margen de la investigación.
Las primeras reacciones y apertura de investigaciones
Tras el accidente, la Semar expresó sus condolencias y afirmó que brindaría apoyo inmediato a los afectados “con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley”. De forma paralela, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro.
El caso generó atención adicional cuando se recordó que Gonzalo López Obrador, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, había recibido un cargo honorífico para supervisar obras del Tren Interoceánico durante la administración anterior.
También se retomó el papel del almirante Raymundo Pedro Morales, actual secretario de Marina, quien estuvo a cargo del proyecto en el sexenio anterior. En este contexto, legisladores como la diputada Kenia López Rabadán pidieron conformar una comisión especial de investigación.
La postura de las víctimas y la presentación de denuncias
El 5 de enero, tres pasajeros de la misma familia —Juan Manuel Iglesias López, Flor del Carmen Temich Cinta y Alexis Iglesias Temich— presentaron una querella por lesiones culposas y otros delitos. Sus representantes legales, del despacho Vega Mac Gregor Arellano, señalaron después que no recibieron información de la fiscalía sobre el número de carpeta ni sobre los avances de la investigación.
“El 5 de enero presentamos la querella (…) sin embargo, hasta el día de hoy no nos han notificado del número de carpeta de investigación y mucho menos nos han dicho parte de la investigación principal que lleva a cabo la fiscalía”, explicó el abogado Adrián Arellano en entrevista con Animal Político.
Ante la falta de respuesta, el 27 de enero solicitaron una audiencia de control por omisión al amparo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reiterando su petición de acceso a la investigación. También solicitaron información al Centro de Justicia Penal Federal, luego de conocer por medios de comunicación que podría celebrarse una audiencia inicial sin que las víctimas hubieran sido notificadas.
Según Arellano, sus representados buscan coadyuvar en la indagatoria. “Lo que buscamos es ser partícipes de la investigación, coadyuvar con el Ministerio Público y que se esclarezca el hecho a través de la información directa hacia las víctimas”, expuso.
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Las lesiones reportadas en esta familia incluyen un esguince de grado tres en la pierna para el padre, una lesión en el cérvix para la madre y una fractura del brazo derecho para el hijo. Aunque las autoridades han dado seguimiento médico, el abogado indicó que no han recibido atención psicológica.
La causa oficial: la operación del ferrocarril
El martes pasado, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó las conclusiones iniciales derivadas del análisis de la caja negra de la locomotora. Los datos, de acuerdo con la funcionaria, indicaron que “el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra”, precisando que el límite de velocidad en esa curva era de 50 km/h.
Un exceso de 15 km/h que, según la fiscalía, fue determinante.
“El exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque”, explicó la fiscal.
El informe técnico descartó, de momento, fallas en la infraestructura o en los componentes mecánicos del tren, que fue inspeccionado en sus ruedas, frenos y acoples. La causa, según la FGR, se atribuyó a la operación del ferrocarril.
Acción penal y las primeras detenciones
Como consecuencia directa, la FGR anunció que ejercería acción penal contra las “personas directamente responsables de la operación del tren” por la probable comisión de homicidio culposo y lesiones culposas. Las diligencias llevaron a las primeras detenciones.
El lunes, Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista del tren, fue aprehendido en Palenque, Chiapas, y trasladado a la FGR en Tuxtla Gutiérrez.
Al día siguiente fue detenido el despachador del tren, Ricardo Mendoza Cerón, en Coatzacoalcos, Veracruz, siendo trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas.
De acuerdo con el abogado Arellano, sus representados no han sido notificados oficialmente de estas detenciones ni de una posible audiencia inicial, de la que se enteraron, afirmó, a través de los medios de comunicación.
El camino hacia la reparación
Mientras la vía penal avanza, el gobierno federal anunció un proceso paralelo de reparación integral del daño. Este miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, explicó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum que las indemnizaciones serían diferenciadas según las circunstancias específicas de cada víctima.
Medina informó que se contactará a 225 personas afectadas y a familiares de quienes perdieron la vida. Detalló que un grupo institucional acudirá a comunidades de Veracruz y Oaxaca para comenzar los procedimientos sin necesidad de que las víctimas se trasladaran a la Ciudad de México, y señaló que “eliminaremos trámites innecesarios, no habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y muy rápida”.
Añadió que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la FGR y que cada víctima sería acompañada por asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la FGR y representantes del mecanismo alternativo de solución de controversias. En esa mesa se presentaría también una propuesta de la aseguradora.
Por su parte, Sheinbaum explicó que este procedimiento corresponde a una de las “salidas alternativas de justicia” y que la reparación debe ser aceptada por las víctimas. Señaló que servidores públicos mantenían contacto con familias que tuvieron integrantes hospitalizados, y que solo una persona permanecía internada en ese momento.
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Sobre este tema, el abogado Arellano comentó que sus representados aún no habían sido contactados, aunque consideró probable que eso ocurrirá en los días siguientes. Enfatizó que serán las propias víctimas quienes decidirán si aceptan o no ese proceso.
En lo personal, dijo Arellano, “Juan Manuel ha rendido entrevistas, ha señalado que él tiene la intención de continuar la denuncia y toda la cuestión legal para que esto no se olvide y sobre todo no suceda en un futuro”.
Indicó además que la familia ya se encuentra en Ciudad Juárez “intentando retomar su vida”, aunque sin atención psicológica, algo que, espera, se solicitará pronto.
Certificación internacional antes del reinicio de operaciones
En cuanto al futuro del Tren Interoceánico, el gobierno federal adelantó que el transporte de pasajeros no reanudará operaciones hasta que concluya una certificación internacional de la vía y se implementen las recomendaciones resultantes.
El pasado viernes, la presidenta Sheinbaum informó sobre el planteamiento de una certificación internacional para el reinicio de operaciones del Tren Interoceánico, particularmente para el servicio de pasajeros.
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Señaló que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario consideraba necesaria esta certificación una vez concluidos los dictámenes e investigaciones, con el objetivo de confirmar que la vía era segura.
“Una vez que liberen las vías, que se determinen que están en condiciones, podrá utilizarlas el transporte de carga bajo ciertos mecanismos, pero el transporte de pasajeros los hará hasta que venga la certificación internacional, se hagan las recomendaciones y se lleven a cabo, entonces iniciará de nuevo el transporte de pasajeros”, explicó. Indicó también que la certificación podría incluir recomendaciones adicionales.
Investigaciones en curso y un antecedente de denuncia
El caso también mantiene abiertas otras líneas de revisión. El 14 de enero la Secretaría de la Función Pública afirmó tener investigaciones en curso sobre posibles omisiones de servidores públicos o proveedores en el proceso. Su titular, Raquel Buenrostro, señaló que se realizaría un análisis “más detallado, más específico”.
Esta inquietud ya había sido plasmada en la denuncia penal presentada el 5 de enero por la familia Iglesias Temich, que, basándose en informes de la Auditoría Superior de la Federación, denunció presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones de funcionarios y empresas constructoras vinculadas a la obra.
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Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
Capacidad reducida
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
“Una gota en el océano”
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Los escándalos
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Miedo y desconfianza
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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