Corte cita a víctimas del caso García Rodríguez, pero los separa y desaira; colectivo lamenta ‘desdén’ de ministros
Luego de que solicitaran una audiencia pública para debatir en torno a la figura de la prisión preventiva oficiosa, considerada como violatoria de derechos humanos por organismos internacionales, autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) citaron a las dos víctimas del caso García Rodríguez y otros vs México, pero al llegar al máximo tribunal del país los separaron y desairaron, según denunciaron sus abogados.
Por este motivo, el colectivo Pena Sin Culpa lamentó el ‘desdén’ de las ministras y ministros de la Corte para atender a las víctimas del caso y denunció que a cuatro meses de la solicitud de audiencia para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) aún no hay respuesta del máximo tribunal.
“Lamentamos la forma de conducirse de las y los ministros de la Suprema Corte hacia las víctimas, la falta de respuesta formal a la solicitud de audiencias, la selectividad y discrecionalidad para atender a personas que acuden al Máximo Tribunal y que, hasta ahora, un asunto de la mayor importancia para la justicia constitucional, objeto de una condena internacional, sea atendido con desdén”, denunció mediante un comunicado.
El desaire a García Rodríguez en la Corte
Desde el 9 de octubre de 2025, el colectivo Pena Sin Culpa solicitó al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, declarar impedidas a las ministras María Estela Ríos González y Jasmín Esquivel Mossa para conocer dos expedientes relativos al caso García Rodríguez vs México, por el que la CoIDH condenó al Estado mexicano al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Ese mismo día, el abogado Simón Hernández León, representante del caso García Rodríguez, señaló que entre sus solicitudes también estaba una convocatoria a una audiencia pública con la Corte —nuevo esquema de participación ciudadana regulado por el máximo tribunal del país en septiembre—, que tiene por objeto realizar una convocatoria abierta a todos los sectores involucrados en el tema sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con el colectivo, en respuesta desde el pasado viernes 28 de noviembre, la Corte informó a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz —vía correo electrónico— que había sido aceptada su cita para el trámite de “comparecencias” del área de la Secretaría General de Acuerdos, organismo que depende directamente de la Presidencia de la Corte, encabezada por el ministro Hugo Aguilar.
De esta forma ambos fueron citados para ser recibidos en el edificio sede de la Suprema Corte a las 08:00 horas de este miércoles 3 de diciembre de 2025, bajo los folios de cita F202511543 y F202511544, respectivamente, aunque sin indicar el motivo específico de la reunión ni contemplar a su equipo legal.
A pesar de lo anterior, el día de hoy tanto Daniel García Rodríguez como Reyes Alpízar Ortiz acudieron puntualmente a la reunión, pero el primero no fue recibido.
“En el acceso fueron separados, solo se recibió a Reyes Alpízar. Por su parte, Daniel García no fue recibido y se retiró después de una hora. A cuatro meses de haber hecho solicitudes formales para audiencias personales, las y los ministros no han aceptado recibir a las víctimas de este caso y escucharles para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana”, denunciaron miembros de su equipo legal.
Incluso, Daniel García Rodríguez redactó un escrito para dejar constancia que autoridades de la Secretaría General de Acuerdos no lo habían recibido:
“C. Titular de la Secretaría General de Acuerdos. Quien suscribe, Daniel García Rodríguez, le informa que de acuerdo con la cita que me fue asignada con número de folio F202511543 con código de acceso uH4h8ecD, a las 8 de la mañana del día de hoy tres de diciembre, nadie me atendió. La puerta estuvo cerrada hasta las 8:55, por lo que me retiré”, se puede leer en el documento que fue sellado por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte.
Por su parte, a Reyes Ortiz se le indicó que el objeto de la cita era formular alegatos en el marco del impedimento 60/2025, – relativo a la ministra Estela Ríos a quien le fue turnado el Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023– , quien a consideración de los abogados del caso debe excusarse de proyectar el asunto porque en 2022, como Consejera Jurídica de la Presidencia, pidió a la Suprema Corte mantener la figura de prisión preventiva oficiosa y con ello, incumplir la sentencia interamericana.
Colectivo denuncia que Corte continúa postergando cumplimiento de sentencia de la CoIDH
Por este motivo, el Colectivo Pena sin Culpa emitió un comunicado en el que lamentó que a dos meses de haber solicitado audiencias personales con el ministro presidente, Hugo Aguilar, y con las y los integrantes del Pleno de la Corte, no haya sido atendida esta solicitud, que tiene por objeto que escuchen de manera directa a las víctimas del caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz vs México.
En dicho caso, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la privación de la libertad por más de 17 años de ambas víctimas, un proceso judicial de 20 años sostenido con pruebas bajo tortura, las cuales no fueron excluidas y que la investigación sobre los autores materiales e intelectuales del Estado no hubiera avanzado en dos décadas.
El colectivo Pena Sin Culpa también aseguró que la promesa de una “justicia abierta al pueblo” se ve comprometida en el ‘trato desinteresado mostrado hasta ahora’, pero indicaron que Daniel García y Reyes Alpízar, así como el equipo de Pena sin Culpa, continuarán evidenciando la actuación ‘arbitraria’ del Estado mexicano ante las instancias internacionales.
Más de 4 meses sin responder petición de audiencia con ministras/os de @SCJN para cumplir sentencia de la @CorteIDH sobre #PrisiónPreventivaOficiosa; hoy no se recibió a Daniel García.@HugoAguilarOrti@YasminEsquivel_@Giovanni_F_M@AristidesRodri@LeniaBatres@lorettaortiza pic.twitter.com/uypli7Bi1j
— Colectivo Pena Sin Culpa (@penasinculpa) December 3, 2025
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La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
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En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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